La Junta comprará terrenos privados para construir VPO

La propuesta llegará en septiembre a los promotores.Los consistorios tendrán un plan de asesoramiento para identificar los suelos.

La Empresa Pública de Suelos de Andalucía comprará a partir de septiembre, por un valor de 150 millones de euros, suelos urbanizables a promotores privados si los ayuntamientos no tuviesen la oferta suficiente para poder construir las 10.000 viviendas protegidas del Plan Andaluz de Vivienda. Así lo señaló ayer el consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, quien afirmó que lanzará un "paquete importante de oferta pública para adquirir suelos" tras la reunión mantenida ayer con 67 ayuntamientos andaluces de más de 50.000 habitantes y que presentan una demanda insuficiente de suelos públicos urbanizables.

De este modo, Espadas dijo que la reunión tuvo dos objetivos, señalando que el primero era darle la máxima difusión al plan para que los ayuntamientos acometan las acciones pertinentes con planes municipales de vivienda o la identificación de los suelos donde se edifiquen las VPO así como para ofrecerles el máximo conocimiento de las ayudas para la adquisición del plan. El segundo objetivo del encuentro fue el de "aprovechar" que los municipios con los que se reunió ayer, y que están gobernados por todos los partidos políticos, son los de mayor número de demanda de VPO pues se concentra allí más del 65 por ciento de la población.

Espadas anunció que se pondrá un "plan intenso de trabajo" adaptado parcialmente, con un margen que permite de tres a cuatro meses y pone treinta equipos de apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos para que en diciembre tengan ubicado dónde esta el suelo en el que construir las viviendas.

Para el consejero, este plan "solo se conseguirá" si los trabajos se hacen de manera coordinada entre los ayuntamientos, diputaciones y Junta, con convenios y avances comunes, aunque recalcó que se "necesitará una fórmula más estrecha de colaboración", motivo por el que se ha planteado esta iniciativa, coordinada por la Federación de Municipios de Andalucía (FAM).

Estos 150 millones de euros de los que EPSA dispondrá para adquirir suelos, pertenecen a una primera fase para la construcción de 10.000 viviendas e impulsar el plan.

DIARIO CÓRDOBA

Las compras se utilizarán para construir viviendas de protección oficial.

Hace pocos días teníamos la noticia que el estado pasaba a ser deficitario otra vez.

1) En este país no se necesitan más viviendas, si quieren que compren viviendas construidas a precio de vivienda VPO.

2) La inversión en vivienda no será de 300 M€ puesto que habrá que construirlas, ¿ganará o perderá dinero el Estado con la construcción? Si pierde, la inversión será de más de 300 M€.

3) ¿Desde cuando el Estado compra terreno (especialmente para viviendas) por concurso? ¡Ala! donde caigan. van a dar prioridad a los terrenos que defiendan los ayuntamientos ¿Argumentarán los ayuntamientos en función de utilidad o de amiguismo?

4) El estado está en deficit, ¿tiene que hacer inversiones en temas inmobiliarios? Especialmente antes de que los precios de los pisos toquen fondo?¿Serán necesarias VPO cuando los pisos toquen fondo?

¿Tiene algún sentido que el Gobierno hable de construir viviendas cuando el sector se está dando un batcazo monumental?¿Tiene sentido que el Gobierno aumente la oferta de viviendas ahora?¿tiene sentido que compre activos ligados a las viviendas cuando los particulares no los compra?

¿Debe el ICO rescatar a Martinsa?

Menudo Semestre,… esperemos a otoño

Jesús Caldera sigue en sus trece, a ver si perdemos competitividad

Seamos optimistas, que el batacazo de los precios inmobiliarios sea rápido

El precio de la vivienda, datos muy preocupantes

Durante su intervención en el Foro Cinco Días, Corredor explicó que en septiembre el Ministerio de Vivienda se reunirá con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, cuya compra será a través de la entidad estatal de suelo SEPES.

No obstante, adelantó que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata, así como aquellos que se encuentren en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.

El plazo para presentar las ofertas estará abierto durante tres meses (entre octubre y diciembre) y al término SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos.

Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.

Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta.

Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones.

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.

Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.

Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos.

Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesario para conseguir un mercado fuerte".

Una confianza que es recíproca, según Corredor, quien reconoció que los empresarios del sector han tenido que convivir en los últimos años con "oportunistas y especuladores profanos que aprovechando la bonanza económica acudieron al mercado inmobiliario para enriquecerse"

Fuente. EFE Diario Información 23/07/08

La estructura correspondiente a las plantas de vivienda (de la primera a la octava) y los cerramientos de fachada se han resuelto con sistemas industrializados utilizando elementos de hormigón prefabricado.

Para ello, en la adjudicación de la obra se tomó como premisa buscar un equipo formado por contratista y fabricante de hormigón prefabricado con el fin de buscar una forma de trabajo colaborativa que integrase a todos los agentes con el objetivo común de materializar una obra con una nueva filosofía de construcción. Finalmente la obra se adjudicó al tándem formado por Sukia (contratista) y Norten PH (fabricante de prefabricados de hormigón) completando así el equipo de obra con Visesa, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A (promotor) y Pich-Aguilera (dirección de obra).

Fruto de la "Beca de Investigación sobre estructuras industrializadas en edificios de vivienda colectiva", presentada por Visesa, el estudio catalán Pich-Aguilera desarrolló como ganador de la beca, el proyecto para la construcción de 156 VPOs en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz.

Los aspectos técnicos más destacados que nos transmitieron referentes al sistema industrializado empleado son:

1. Estructura resuelta con pórticos isostáticos arriostrados mediante un sistema de tirantes metálicos y forjados rigidizados con la capa de compresión hormigonada in-situ.
2. Pilares de hasta 12 metros de altura y 12 toneladas de peso ensamblados con pernos y hormigón de alta resistencia. Con las ménsulas y las placas alveolares de 30cm de canto se obtienen cuatro niveles en cada pilar. En las plantas superiores se reduce la sección del pilar de 60x60 cm a 50x50.
3. Las escaleras también son prefabricadas y llegan a obra terminadas para apoyarlas entre las vigas de la estructura evitando posteriores trabajos y mejorando la seguridad en la obra.
4. El peso aproximado de toda la estructura contemplando forjados, vigas y pilares es de unos 800 kg/m2.
5. Rendimiento de montaje de forjado en obra en torno a los 1000 m2/semana suponiendo un incremento del 200 % respecto a los 500 m2/semana que se dan en la construcción tradicional utilizando para ello la mitad de personal en la fase de estructura.
6. Los paneles de fachada con un peso de 250 kg/m2 y 10 cm de canto se montan a un ritmo de 80 m2/semana y se anclan a los forjados superior e inferior por medio de unas escuadras metálicas atornilladas. El sistema de anclaje es el mismo para los distintos paneles haciendo que el tiempo necesario para montar sea el mismo para unidades grandes y pequeñas. Por lo tanto, uno de los aspectos detectado como posible optimización del sistema sería el empleo únicamente de los paneles mayores.
7. En una obra de estas características y con piezas de pesos considerables resultan fundamentales las grúas y los gruístas. Concretamente las grúas utilizadas en esta obra necesarias para elevar hasta 7 toneladas en punta, son bastante más potentes que las utilizadas habitualmente lo que incluso puede llegar a dar problemas con el suministro eléctrico necesario para hacerlas trabajar.

Finalmente agradecer tanto a Visesa, Pich-Aguilera, Sukia y Norten PH por su hospitalidad en la visita.

Ver el resto de las las fotos de la visita

Ya llego el "dia D". Tan esperado por muchos. Hemos sido mas de 500 personas, no se exactamente los expedientes, pero superaba con creces a la oferta en Galizano y Loredo de 25 viviendas.

Sobre el VPO hay mucho escrito y parece que a los que no han sido agraciados no han de perder la esperanza puesto que el 30% de las viviendas que se construyan a partir del año proximo ha de ser de este tipo segun el nuevo plan nacional de Vivienda

A destacar tambien la cruda realidad de las VPO. Un derecho que es de todos, se ve sorteado, pues quizñas no hay otra forma, pero es muy triste. Muy triste. Y a todos los premiados, advertirles que esten al tanto de lo que ocurra, no vaya a suceder lo de Nueva Montaña, o lo de El Astillero recientemente.

Y aunque el alcalde ha demostrado su interés y sus ganas de promover mas iniciativas, y ha dejado claro que el ayuntamiento es el único que cede suelo para la construcción de este tipo de viviendas en un lugar tan paradisiaco, lo cierto es que sabe a poco. Había demasiada gente. No se si entre esa gente se ocultan los picaros que teniendo viviendas a nombre de otras personas, intentan hacer un ¿negocio? con la necesidad y el derecho de todos.. pero para eso supongo que la administración se estará poniendo las pilas para detectar los fraudes que se cometen y se comenteran. Entre todos tendremos que evitarlos.

Bien para los afortunados, aqui les dejare la información cuando consiga encontrarla. Primero llamo al Call Center del web que hay creado al efecto por la Consejeria. Desconocen totalmente el asunto, ni sorteo, ni informacion alguna. Me dan el telefon ode la Of. vivienda del Gobierno, y me indican que el el ayuntamiento el que se ha encargado de todo, asi que llamo al Ayuntamiento. Por cierto que en la obsoleta y antigua web del ayuntamiento no se encuentra nada a mano, y se echa en falta un sistema de noticias en condiciones por lo menos. En finss!! que la carta de bienvenida del alcalde como contenido en uan web ya paso a la historia, la gente lo que quiere es encontrar rapido la información, y un buscador seria fundamental. Sugerencia: consulten y contraten a algun asesor de ebusiness que casualmente vive en el ayuntamiento muy amiguete mio, claro que si. Asi que espero a que me llamen, pues no tengo ni idea sobre las condiciones, si es en compra, en alquiler con derecho a compra, los planos, cuanto tardarán, etc.. etc.. Si alguien tiene mas información que lo diga.

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Alicante ha aplicado por primera vez la Ley sobre la Usura contra una sociedad de "Préstamos Privados".Es decir no los otorga un Banco ni una financiera regulada por el Banco de España.

Normalmente acuden a éstas empresas, personas que se encuentran en el en el Rai y/o ASNEF.

Precisamente el próximo 23 de julio esta normativa cumplirá 200 años desde su entrada en vigor.

Esta Ley, actualizada por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, declara que "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

Se trata de una de las grandes preocupaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, que ante la necesidad de crédito que pueda producir la actual situación de recesión económica ha incluido entre sus prioridades de inspección a las empresas de intermediación financiera, y establecimientos de agrupación de créditos y efectuará controles sobre la información que se da al usuario de servicios financieros ofertados como créditos rápidos, de reunificación de deudas y otros.

Atención: La característica principal de éstos "préstamos" son:

1. cliente: incluido en el RAI y/o Asnef, existe una situación de necesidad del demandante, retrasos en pago de letras de hipotecas, préstamos etc.
2. cliente: sin medios para justificar "ingresos" como nóminas etc.,(cualquier banco o entidad financiera regulada por el Banco de España es lo primero que solicita a la hora de demandar un préstamo y/o crédito.)
3. Prestamista: Rapidez en la gestión.
4. Prestamista: no existe riesgo para el prestatario, Garantía Real, es decir una propiedad que avala al "prestamista" el préstamo acordado.
5. Alto interés ,normalmente triplican ,sí triplican la suma a devolver.
6. el plazo para devolver el dinero es excesivamente reducido; normalmente seis meses , llegado el día del vencimiento , vuelven a aplicar intereses.

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La economía española está a las puertas de la recesión, después de que en el segundo trimestre no creciera o incluso sufriera un descenso mínimo. Así, al menos, lo estiman dos de las principales entidades financieras del país, BBVA y Caja Madrid, que apuntan como claves de este desplome -en el mismo período del año pasado el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB) rozó el punto porcentual- los malos datos registrados entre mayo y junio en la producción industrial, el consumo y el empleo. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo «respetar» estos cálculos, pero evitó pronunciarse sobre este posible nuevo revés para la actividad económica hasta que, en su caso, llegue a ser confirmado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), algo que no ocurrirá hasta el próximo 14 de agosto (si bien para conocer el detalle de las cifras habrá que esperar hasta el día 27 del mismo mes), pese a que la fundación de las cajas de ahorro (Funcas) ya ha vuelto a revisar a la baja sus previsiones consciente de que corren tiempos peores.

Fuente:Larioja.com

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Agencias | 14:15 - 20/06/2008

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el texto refundido de la Ley de Suelo, cuyo objetivo principal es, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" la corrupción urbanística. Corredor ha asegurado que la política de vivienda contará con la dotación "correspondiente" y no se va a "resentir" por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Corredor destacó que esta norma recoge para evitar la corrupción urbanística, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.

Los convenios urbanísticos

En segundo lugar, añadió, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que la regulación somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento de formación que los planes urbanísticos generales.

Además, recordó que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, indicó Corredor, tiene que someterse a los registros públicos.

"Igualmente, existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".

El caso de Estepona

Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor señaló que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.

El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la FEMP y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.

De esta forma, el Gobierno cumple los plazos de aprobación del texto integrado, que expiraban el próximo 1 de julio, fecha en la que la Ley de Suelo cumple su primer aniversario desde su entrada en vigor.

Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio "sostenible", para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.

Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.

Austeridad presupuestaria

La política de vivienda contará con la dotación "correspondiente" y no se va a "resentir" por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos, aseguró Corredor. "En cualquier caso, la promoción de 1,5 millones de viviendas protegidas a diez años es un compromiso que podemos mantener", explicó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, Corredor recordó que para el desarrollo de este objetivo Vivienda cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos en los respectivos territorios.

La titular de Vivienda también se refirió al papel que la promoción de este tipo de pisos, junto a la rehabilitación de áreas urbanas, para absorber trabajadores que se queden sin trabajo en la edificación de viviendas libres. "Una de las políticas que el Gobierno quiere impulsar para que los trabajadores tengan una salida es la potenciación de la vivienda de protección oficial (VPO), y además en estos momentos se da una coyuntura muy adecuada para ser impulsada", subrayó la ministra.

En cuanto a la rehabilitación de áreas urbanas, Corredor destacó que presenta una posibilidad de absorber mano de obra y materiales de construcción de empresas auxiliares "incluso más intensiva que la construcción nueva".

Me quedé de piedra especulada cuando vi esta campaña.

No dudé ni un instante, envíe de seguida un mesaje benéfico para ayudar a esta pobre gente, si es que no tienen para vivir, sólo recordar que en los últimos 10 años el precio de la vivienda en Baleares ha subido sólo más del 200%. AYÚDALES tu también, yo creo el Govern ahora que no está en crisis debería comprar todas esas casas pagándoles esas miserias que piden para luego convertirlas a VPO, claro que sí, endeudarse con el dinero de los contribuyentes para llenar los estómagos de estos famélicos.

Está en tus manos ayudar a estos altruistas, depende de ti que siga bien gorda la burbuja, envía ya el sms.

Ahh, se me olvidaba, si mandas más de 5 mensajes te envían gratis este juego:

• Autor: Por ELENA V. IZQUIERDO
• Fecha de publicación: 2 de mayo de 2008

Aumento del fraude

- Imagen: Irene A. -

"Si te toca el piso se lo puedes dejar a tu hermano"; "escrituramos a mi nombre para que puedas acceder tú como mi pareja a una VPO y luego vendemos la vivienda libre". Frases como ésta suelen ser habituales ante la posibilidad de acceder a una vivienda protegida mediante sorteo. Una práctica delictiva que supone la pérdida inmediata de la casa de protección oficial. Ceder la vivienda protegida a otra persona, utilizarla sólo para disfrutar de ella sólo varios meses al año, vender el piso sin que supere el período necesario para descalificarlo, o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las distintas administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas bastante elevadas, y los fraudes o incumplimientos contractuales más graves implican la pérdida de la Vivienda de Protección Oficial.

La subida en el precio de la vivienda durante la última década y las diferencias entre lo que hay que pagar por una casa en el mercado libre y por una de protección oficial -que en ocasiones puede ser tres veces más recibiendo las mismas prestaciones- son algunos de los factores que han provocado un aumento del fraude en la compraventa de viviendas protegidas. Las acciones ilegales en este ámbito son tan frecuentes que desde muchos sectores se ven con normalidad y se toleran en el entorno social del comprador y el vendedor.

Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar los servicios de inspección. Uno de los objetivos que persiguen es poner freno a la especulación, lo que permitiría conservar el parque de vivienda pública y favorecer a quienes realmente necesitan esta ayuda.

Derechos y obligaciones

Las personas que optan a una vivienda de protección oficial han de cumplir una serie de condiciones, que pueden ser diferentes en cada comunidad autónoma. En general han de ser ciudadanos que no superen una determinada renta, no estén en posesión de otra vivienda, reúnan una serie de requisitos sociales o familiares y formen parte de la lista de demandantes. Es importante recordar que, a la hora de firmar el contrato de compra o alquiler de la VPO, no sólo se adquiere una vivienda con los derechos que esto conlleva, sino que se ha de cumplir con una serie de obligaciones. Una persona puede, efectivamente, perder su piso, pero solamente si no observa las normas establecidas en el contrato. Cada consejería o departamento de Vivienda puede actuar de manera distinta, y lo que supondría la expropiación del piso en una región, en otra podría quedar reducido al pago de una multa.

Cuando se otorga una VPO hay que pagar el 20% de su coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca

Muchos de los demandantes de un piso protegido desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar el 20% del coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. Por tanto, si un piso protegido cuesta 180.000 euros, hay que pagar 36.000 euros de entrada. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona, la siguiente en la lista

INSPECCIONES CONTRA EL FRAUDE

Para atajar el fraude en las Viviendas de Protección Oficial, las comunidades autónomas están creando servicios especiales que se dedican exclusivamente a la inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.

Uno de los servicios más efectivos es el que se lleva a cabo en el País Vasco. A finales del año pasado se habían inspeccionado más 22.000 pisos protegidos de los 55.000 que forman parte del parque público. De hecho, entre 2006 y 2007, tras estas revisiones, se encontraron 2.525 posibles fraudes, se impusieron 262 sanciones con una cuantía media de 2.238 euros y se recuperaron 37 viviendas protegidas. En treinta casos fueron sus propios dueños quienes pusieron el piso a disposición pública tras pagar la correspondiente sanción, y los siete restantes fueron expropiados. Todos ellos se adjudican después a personas demandantes de vivienda protegida. Los inspectores pueden hacer visitas directas a las viviendas, mirar los buzones, preguntar a los vecinos, consultar a la Cámara de Propiedad o el Registro de Viviendas de Protección Oficial. Además de estas funciones, el servicio también se dedica a instruir los expedientes informativos y sancionadores, a la atención de los recursos y a llevar los procesos de expropiación.

Otras medidas de este departamento son la adjudicación por sorteo de todas las viviendas, la calificación de los pisos de por vida para que no se pueda especular con ellos y la aplicación del tanteo -utilizado ya en muchas autonomías-, que permite a la comunidad en cuestión comprar las viviendas protegidas a los propietarios a precio tasado para que no puedan venderse por una cantidad mayor. En 2007, se habían recuperado en el País Vasco un total de 275 VPO por la vía del tanteo y retracto.

Las infracciones

- Imagen: Juan Pellicer -

Entre los compromisos que adquiere la persona que compra una VPO se encuentra el de vivir en ella de manera habitual y utilizarla como primera residencia. Solamente se pueden pasar fuera tres meses al año, aunque dependiendo de la región en que se habite este período puede variar. Sólo en circunstancias muy especiales, y tras comunicárselo previamente a la consejería o departamento correspondiente, puede incumplirse este requisito. Para ello, las comunidades autónomas hacen inspecciones periódicas. Es más común de lo que se piensa que el titular del piso de protección oficial infractor tenga otras residencias adquiridas posteriormente -a su nombre o al de otras personas- y que utilice la primera como lugar de vacaciones, lo que se considera una falta muy grave.

También se puede dar el caso de que la vivienda permanezca vacía. Cuando se firma el contrato, las cláusulas reflejan la obligación de entrar a vivir en el piso en un período de tiempo determinado. Si el titular no cumple con estos requisitos, puede perder la propiedad. Es muy llamativa la cantidad de información que puede revelar una persiana bajada durante un mes, el buzón lleno de correspondencia o el contador de la luz, el agua o el gas a cero. Tirando de estos hilos, los inspectores pueden preguntar a los vecinos, y visitar en varias ocasiones la casa hasta llegar a la conclusión de que está vacía. Muchas viviendas ya han sido retiradas por este motivo.

Otro de los fraudes que se comete con frecuencia es vender la vivienda protegida sin estar autorizado a hacerlo. Quien adquiere una VPO sabe que no puede transferirla a otro dueño hasta que pase un período de tiempo determinado, que varía según la legislación de cada autonomía. Para venderla, ha de solicitar previamente su descalificación y que ésta se lleve a cabo. El fraude consiste en poner a la venta la vivienda por el precio máximo que permite la comunidad autónoma y añadir un importe que el comprador paga en dinero negro. Suele ser una cantidad bastante elevada pero que, sumada a lo que cuesta el piso, no asciende a lo que se paga en el mercado libre. De este modo, tanto el comprador como el vendedor, resultan beneficiados. Las únicas que pierden son las personas que esperan obtener la vivienda protegida. Hasta hace un par de años estaba tan extendida esta práctica que hay quien asegura que los propios bancos tasaban el precio por un valor muy superior al legal. La venta del piso de forma fraudulenta es una de las prácticas más graves según la normativa.

La VPO puede ser expropiada si permanece vacía y si se cede o alquila de manera fraudulenta

Es muy común que los titulares de la vivienda protegida la cedan a familiares o amigos bien de manera gratuita o recibiendo un dinero mediante fórmulas que se alejan de la legalidad. Muchas veces esta ilegalidad se advierte a través de las facturas de la luz, el gas o la correspondencia certificada que llega al buzón con el nombre de personas que no son titulares de la casa. Cada vez más autonomías cuentan con inspectores que se dedican al control de las viviendas protegidas, y los fraudes que encuentran no son pocos.

Tampoco se puede alquilar un piso protegido sin un permiso previo. En todo caso, si el arrendamiento se permite, ha de ser a precio de VPO y no del mercado, ya que el titular no puede lucrarse con esta vivienda ni utilizarla para especular. Muchas veces, cuando el inspector visita la casa y se encuentra con el inquilino ilegal, éste finge no hablar el idioma, dice que es familiar del dueño y que se encuentra allí pasando unos días. Los trucos son múltiples, pero no es fácil engañar a la inspección. Si en un momento dado el titular desea vender esta propiedad sin que se haya cumplido el tiempo estipulado para hacerlo, puede que tenga que contar con el visto bueno del inquilino porque la vivienda pasará a ser libre, y también el alquiler.

Por supuesto, si el solicitante ha falsificado los documentos para cumplir los requisitos de acceso a la VPO y el fraude se descubre tendrá que devolver la vivienda. Es complicado engañar con datos como los que se extraen de las diferentes cuentas, ya que las empresas envían anualmente a la Agencia Tributaria las retenciones practicadas a sus trabajadores. Incluso se investigan los datos de la unidad familiar, uno de los aspectos que más se manipula por parte de las familias interesadas en acceder a la vivienda protegida, ya que las familias numerosas pueden acceder a este tipo de viviendas de 120 metros cuadrados, cuando el tope para el resto es de 90-. Se llega a dar el caso de solicitantes que aseguran reunir estos requisitos haciendo constar que un hijo vive en la unidad familiar cuando realmente reside en otro lugar de manera independiente.

Otra obligación es pagar puntualmente todas las cuotas, tanto si se trata de un piso de alquiler como si se ha comprado mediante un crédito hipotecario. No obstante, cuando la infracción es cometida por familias en una situación económica o social "en riesgo de exclusión", los servicios sociales de la comunidad pueden tenerlo en cuenta a la hora de tolerar ciertos retrasos. Pero esto no se debe tomar como norma sino como algo puntual.

Asimismo, las personas que optan a una vivienda de protección oficial deben saber que ésta se compra para vivir en ella de manera habitual y, en ningún caso, el titular está autorizado a montar allí un negocio. No puede convertirse en una oficina, un comercio, o una asesoría, como se ha producido en alguna ocasión. Tampoco está permitido llevar a cabo en ella actividades que puedan resultar peligrosas, tóxicas o molestas.

It also stated that VPO's are issued based on the lesser of the two levels of burden of proof or BP.

The two levels are

Preponderance of the Evidence. Preponderance requires that the judge/jury (judge for VPO's) make a bench assessment on the case that, with the evidence presented to him by both sides, the defendant did or did not commit the actions alleged against him.

and

Beyond a REasonable Doubt. First of I want to point out the word REASONABLE. On TV you hear Shadow of a doubt. There is no legitimate legal usage of this term. Beyond a Reasonable doubt requirest that the judge/jury determine guilt based on evidence presented to them. This includes both Testimony (spoken) and Fact usually forensic. There will always be doubt in guilt, but whether the doubt is reasonable is the question. I mean God really could have punished the US for the sin of homosexuality (as asserted by the Good Rev. Jerry Fallwell) by having jihadist terrorist crash to Boeings into the World trade Center but is that reasonable?

With a VPO, the burden of proof is perponderance. The priest had to submit more than just one affidaivit to get the VPO against the Race family. he had to establish 1) a pattern of behavior and 2) that that behavior caused legitimate concern for the safey of the worship environment (becuase this was a Public gathering spot) by more than one, ie the priest, individual.

El consejero de Fomento y el alcalde de Miranda de Ebro han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo este Plan Regional de Actuaciones de Urbanización

El Plan Regional "La Arboleda" desarrolla un nuevo sector de la ciudad de Miranda de Ebro hacia el Sur con protagonismo absoluto de la vivienda protegida y más de 200.000 metros cuadrados de superficie en la que se construirán 466 viviendas protegidas, casi un 54% del total de las viviendas previstas.

Se trata de una de las áreas incluidas en el Plan Regional de Actuaciones de Urbanización que va a permitir a la Administración regional actuar como agente urbanizador permitiendo crear suelo destinado a vivienda, en el que al menos un 50% sea protegida. Con ello se conseguirá poner en el mercado parcelas para al menos 15.000 pisos en 16 grandes municipios de la región, algunas de estas actuaciones se llevaran a cabo en Salamanca, Ponferrada y ahora Miranda de Ebro.

Esta iniciativa responde al lema de la Consejería de Fomento de "Hacer Ciudad" para el bienestar de los ciudadanos, desde la perspectiva de compatibilizar el desarrollo urbano con el desarrollo sostenible, la calidad de vida y el bienestar social.

Además está previsto llevar a cabo el área de rehabilitación integrada de Miranda de Ebro por la que se rehabilitarán y mejorarán 372 viviendas del casco histórico de la ciudad con una inversión global de 11,2 millones de euros.

La política de vivienda es una prioridad para la Junta de Castilla y León y prueba de ello son las más de 19.000 familias burgalesas que en el período 2003-2007 se han beneficiado de las múltiples actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda.

PLAN REGIONAL "LA ARBOLEDA". DATOS BÁSICOS:

Superficie: 201.205 m²

Plazas de aparcamiento: 1.734

Viviendas VPO: 466 (53,81 %)

o VPO Régimen General: 120

o Vivienda Joven: 346

Viviendas Libres: 400

Total Viviendas: 866

Sistemas Generales: 33.835 m²

Zonas Verdes y espacios libres: 23.277 m²

Equipamiento deportivo: 17.195 m²

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La Administración aragonesa debería de dejarse de poner excusas de falta de medios, mirando constantemente para otro lado, y empezar en serio a controlar el tema. Ya se pusieron a controlar el sobrecoste de los precios de las VPO en dinero negro a raíz de lo ocurrido en Parque Goya. Ahora toca remangarse y empezar a inspeccionar las nóminas, movimientos de cuentas y escrituras de las personas que han sido afortunadas con la adjudicación de un piso de protección, por lo tanto, por definición, para personas de recursos (económicos) limitados que no puedan por sus ingresos llegar a pagar una vivienda en el mercado libre.

Y deberá ser la Administración la que tome cartas en el asunto, porque está más que comprobado que en la conciencia social de las personas, salvo honradas excepciones, no se puede confiar. Y es que ahí están los casos reales que conoces de primera mano:

1) Personas con capacidad para comprarse un piso libre, de hecho se lo compran (supongo que lo escriturarán a nombre de algún padre), y al ser afortunados en un sorteo del Toc-Toc lo revenden y se quedan con el de protección, además de con la revalorización del mismo en el momento de auge que vivía la construcción.

2) Parejas unidas matrimonialmente a las que a uno de sus miembros les toca una VPO. Hasta ahí todo ok, pero ¿si en algún momento formalizan su situación (trabajando los dos) y superan con creces el umbral máximo de ingresos?

3) Gente que acude a reuniones de cooperativas de VPO con todoterrenos y garajes en Valdespartera ocupados por coches de lujo. Cada uno con su dinero, obviamente, hace lo que quiere, pero creo que moralmente no está admitido. Si no hay dinero para comprarse una casa, menos habrá, digo yo, para comprarse un carro de 5, 6 ó 7 millones de pesetas (y mantenerlo).

4) Reuniones de comunidades de propietarios de VPO dónde hay mayorías que pactan hacer cambios en el mobiliario básico de la casa (puertas, suelos, armarios de cocina) para ponerse uno de un nivel bastante superior (previo pago de la diferencia de coste). Las VPO no debes ser viviendas de baja calidad, pero dadas las condiciones económicas supuestas de los que optan a ella, tampoco deberían tener materiales de casi lujo.

Es decir, una serie de prácticas que habría que cortar en pos de una utilización de la VPO por personas que realmente la necesiten por no poder acceder a la vivienda libre.

Alternativas para ello:

1) Que las VPO sorteadas sean en alquiler social con opción a compra en unos determinados años.

2) Que anualmente se controlen los ingresos (vía declaración IRPF) del o de los propietarios durante el período de alquiler del piso. En caso de superar los límites, esa vivienda debería pasar a gente que tenga los ingresos por debajo de dicho límite máximo.

3) Control de la situación familiar del propietario. Es decir, los ingresos en una casa no son los mismos si vives solo ó lo haces con tu pareja, también trabajadora. Ésta última puede hacer que la unidad familiar supere el umbral de ingresos máximos.

Tan sólo son unas ideas (faltarían más, claro) que por supuesto habría que limar dado que yo no tengo todos los datos ni conozco cómo funciona en entramadado de la adjudicación de VPO, pero que servirían, bajo mi modesta opinión, para que no hubieran más casos indeseables como los relatados anteriormente.

Pues bien, eso ha debido pensar el Ayuntamiento de Santander (PP), que esta semana ha sacado a subasta 4 viviendas con garaje, y otras cinco plazas de garaje sueltas. La suma del precio de salida de los nueve lotes: 1.263.270 euros. El precio medio de las viviendas es de 287.000 euros.

No estoy seguro de qué forma se ha hecho el Ayuntamiento con ese patrimonio, pero imagino que será gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas previstas en la normativa reguladora del suelo (aquí seguro que arkimia nos puede iluminar).

Cuando en Vitoria las inmobiliarias están haciendo subastas "a la holandesa" (el precio de salida es el máximo, y las ofertas se hacen a la baja), el Ayuntamiento de Santander subasta pisos, y las ofertas serán al alza. Y me sorprende que, en lugar de dedicar esas viviendas a emergencias sociales del Ayuntamiento, al alquiler social, a la protección oficial..., lo que pretenda sea embolsarse más de un millón de euros. No consta que ese dinero que van a ingresar lo vayan a destinar a vivienda protegida, que sería lo lógico.

¿Qué se habría hecho en el País Vasco, en esa situación? La Ley del Suelo establece que el 75% de las viviendas levantadas en suelo urbanizable sea de VPO. Así que esas cinco viviendas no serían libres, sino de VPO y su precio de venta sería la mitad del precio de salida. Y además, no solo se habrían levantado 5 vpo's en esa operación, sino seguramente, unas cuantas más (habría que conocer exactamente la operación para cuantificarlo con precisión). Esas viviendas se cederían en régimen de derecho de superficie (el suelo sigue siendo de una institución pública) o en alquiler social.

Foto: Generation X-Ray

DIJOUS, 22 DE MAIG A LES 20 HORES

SALA GENERALITAT. L'ALCUDIA DE CRESPINS

"LA PROBLEMATICA DE LA VIVENDA Y SOLUCIÓNS"

PONENT: MARIA JOSÉ SALVADOR  (GRUP SOCIALISTA)

DIPUTADA AUTONÓMICA PER CASTELLÓ A LES CORTS VALENCIANES

El Instituto de Crédito Oficial comunicó el miércoles el primer reparto provisional de los 5.000 millones de euros que conforman la línea de avales para titulación de préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de VPO a 44 entidades de crédito solicitantes. La medida va dirigida a aquellos bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y sucursales abiertas en España por entidades de crédito extranjeras, que estén sometidas a la supervisión del Banco de España, que la hayan solicitado. El principal requisito consiste en que los Fondos de Titulación de Activos a los que se destina la ayuda dispongan entre el 80% y el 100% de préstamos hipotecarios dedicados a vivienda protegida. Los beneficiarios tienen que reinvertir la plusvalía obtenida por el tramo en más financiación de VPO. Por lo tanto, hasta un 20% puede dedicarse a vivienda libre.

Estas entidades deben confirmar antes del 21 de mayo si continúan en el proceso y el 29 de mayo el ICO comunicará el reparto definitivo. Esta medida, que tiene como objetivo aportar liquidez al sector financiero tiene una comisión para el órgano público del 0,3% sobre el importe total del tramo avalado, pagaderos por adelantado. Por el momento, el sector inmobiliario se muestra satisfecho, aunque considera que las medidas deberían tener mayor calado para agilizar la tensión crediticia y la retracción de inversores internacionales.

Fuentes de la APCE apuntan a que se trata de una "medida inteligente" y quieren dejar claro que esta disposición del ICO no consiste en dar financiación a las empresas promotoras. Las propuestas del sector han ido destinadas desde el principio a demandar mayor flexibilidad en la financiación de los compradores tanto de vivienda libre como de protegida que permitan reinventir esos préstamos hipotecarios. Por su parte, el presidente del ICO, Aurelio Martínez, declaró el lunes que el reparto de los 5.000 millones se hará en función de "variables objetivas" sobre la capacidad de cada entidad para la financiación de crédito. La petición originaria de las entidades solicitantes eran avales por un saldo de 25.112 millones de euros, un 84,5% del saldo estimado de VPO del sistema financiero nacional, que asciende a 29.721 millones de euros.

Esta medida busca impulsar la vivivienda protegida y, según Martínez, nació de la iniciativa del Gobierno de potenciar un sector que aún cuenta con una importante demanda nacional. "Hay una demanda muy importante de crédito que viene a confirmar la creencia de que estamos ante una crisis más financiera que inmobiliaria", explica Eduardo Vallejo, director técnico del departamento de Suelo de la División Residencial de King Sturge.

Los promotores consideran que esta iniciativa es buena, ya que la promoción de vivienda pública o privada es una actividad supeditada a la exisitencia de crédito. Este segmento se ha convertido en un refugio dada las dificultades derivadas de la caída de ventas en la vivienda libre. Este primer impulso gubernamental se ve con buenos ojos, "como primer paso es favorable", apuntan desde Detinsa. Además, los profesionales consideran que España cuenta con entidades de crédito muy solventes y que el ICO debe apoyarlas para impulsar la financiación de los compradores, cuyas condiciones hipotecarias se han vuelto en poco tiempo muy restrictivas.

El sector siempre ha querido lanzar un mensaje diáfano, lejos de exigencias particulares, solicitando una inyección de liquidez en los bancos para que aporten financiación a todos los agentes implicados en el mercado inmobiliario: empresarios, cooperativas, gestores y, por supuesto, consumidores finales.

"Toda medida en este sentido será una ayuda significativa y resultará mucho más rentable para las arcas públicas que permitir una caída de un sector tan intensivo en mano de obra y determinante para las industrias auxiliares", comenta Lorenzo Manteca, presidente de Adrisa, que considera que 5.000 millones en avales son insuficientes, ya que el costo del desempleo y el descenso de recaudación de ayuntamientos, comunidades autónomas y Hacienda son gastos muy superiores a los que supondría el incremento de 5.000 a 25.000 millones de euros en avales.

Otro partidario de medidas para flexibilizar el crédito es Jesús Martín del Prado, presidente de Larcovi, promotora que también apuesta por la VPO, si bien considera que la verdadera limitación a la promoción de viviendas con algún tipo de protección es la disponibilidad de suelos". "Si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no ponen en el mercado suelo, la promoción pública es imposible con o sin financiación", apunta. Respecto a los 5.000 millones, Martín de Prado cree que no debería ser una cantidad cerrada, sino una primera partida que debe ser cuestionada antes de que conceda otra nueva.

FINANCIACIÓN 100%

Los permisos de construcción de viviendas bajan un 60% en el primer trimestre de 2008

Las licencias de viviendas -los visados o permisos necesarios para la construcción de casas- registradas por el Consejo Superior de Arquitectos de España bajaron un 60,71% en el primer trimestre de 2008 respecto a los acumulados en el mismo periodo del año anterior, 85.523 frente a los 217.689 de hace un año. La estadística publicada hoy por el máximo órgano colegial de los arquitectos alimenta la tendencia bajista de los últimos datos publicados por el CSCAE durante los últimos meses.

El dato interanual tampoco es muy esperanzador: entre abril de 2007 y marzo de 2008, los colegios de arquitectos españoles visaron 450.000 viviendas menos -de 920.777 unidades a 471.205- que en los doce meses precedentes, un descenso más que considerable, sobre todo, porque no todos los proyectos que se visan acaban ejecutándose.

Girona (-83,75%), Almería (-83,74%) y Lugo (-82,90%) son las provincias españolas con un descenso trimestral más pronunciado en la relación presentada por el CSCAE, mientras que Pontevedra (-3,43%) es la única provincia española donde las licencias bajan por debajo de dos dígitos. Por CC. AA., Catalunya (-77,42%), Cantabria (63,93%) y Murcia (62,58%) son las que caen con más rotundidad.

Hernández Pezzi pide más VPO y guarderías

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España ha hecho un llamamiento para que se reactiven los planes nacionales y autonómicos de vivienda pública, de vivienda en alquiler y de rehabilitación.

Su presidente, Carlos Hernández Pezzi, manifestó en rueda de prensa en Madrid que "no podemos pensar que todo el sector va a estar constantemente haciendo vivienda, ya que tendrá que hacer equipamientos, así como guarderías, centros de salud, centros de mayores y de apoyo a la dependencia, y eso es un trabajo, claramente, de los arquitectos".

"Se prometieron 350.000 plazas de guardería", continuó, "y esas plazas van a tener que ser construidas, porque no están en los sitios adecuados, así como los planes de construcción de nuevos centros de la tercera edad y centros de dependencia. Tanto su creación como su necesaria modernización es trabajo que no puede esperar y que, por mucha crisis que haya, hay que empezar desde ya".

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El presidente andaluz, Manuel Chaves, que lo anunció, podría hacer lo propio en Andalucía en los próximos días, aunque, curiosamente, se ha encontrado con la oposición de PP, IU y CCOO, porque supondrá una "subida encubierta de precios", según la portavoz de vivienda del PP. Castilla-La Mancha y Aragón también barajan introducir la medida.

El primero en poner los medios legales para poner en marcha la medida ha sido el Gobierno murciano, aunque la finalidad de las modificaciones contenidas en el nuevo decreto es incorporar la reforma realizada por el Gobierno central en materia de vivienda a la normativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Las líneas básicas del nuevo texto se centran en la promoción de vivienda protegida, incluyendo la calificación como tal de vivienda libre; la adecuación de los precios máximos de venta y de renta de viviendas protegidas; y la modificación de las áreas geográficas en las que están encuadrados los municipios.

El decreto permite convertir una vivienda libre en protegida, para lo cual se establecen dos procedimientos: por un lado, calificar viviendas libres individuales cuya promoción esté iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, bien que estén en construcción, bien que lleven finalizadas un año.

Por otra parte, calificar promociones completas de viviendas que estén iniciadas como libres. Los requisitos para cumplimentar estas líneas de actuación los establece el Plan de Vivienda 2005-2008.

Según el Gobierno murciano, la posibilidad de convertir una vivienda libre en protegida incrementará el número de viviendas protegidas a disposición de los ciudadanos y permitirá atender la demanda de viviendas de la población que, por sus características, no puede acceder a otro tipo de vivienda.

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Se trata de casas en alquiler para jóvenes sin derecho a compra

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado hoy miércoles el concurso de la Empresa Municipal de la Vivienda para la construcción de 35 viviendas en alquiler para jóvenes en el barrio de Azucaica. El presupuesto base de licitación supera los dos millones y medio de euros. La renta inicial prevista es de 290 euros al mes.

El concurso convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda contempla la redacción del proyecto básico y la ejecución de obras, con un presupuesto base de licitación de 2.529.474,19 euros. Las previsiones son que las obras puedan comenzar en el último trimestre de 2008 y puedan comenzar a ser ocupadas en el último trimestre de 2010.

Estas viviendas, cuya superficie será de 65 metros cuadrados, serán arrendadas a jóvenes menores de 35 años sin opción a compra. Dispondrán de plaza de garaje y trastero. La previsión inicial es que el importe del alquiler sea de 290 euros al mes. Los solicitantes deberán estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Castilla-La Mancha y sus ingresos deberán estar comprendidos entre 0,5 y 3,5 veces el IPREM.

Las treinta y cinco viviendas se construirán en las calles Camino Viejo, arenal y la Torre, en el barrio de Azucaica.

]]> http://elinformadorinmobiliario.wordpress.com/?p=159 Wed, 30 Apr 2008 22:36:10 +0000 elinformadorinmobiliario http://elinformadorinmobiliario.wordpress.com/?p=159 29-04-2008 Ministerio de Vivienda

UGT y CCOO consideran fundamentales las prioridades marcadas por el Ministerio para reactivar el sector

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor se ha reunido hoy con los secretarios de Construcción de UGT, Manuel Fernández Lito y de CCOO, Fernando Serrano en un clima de buena sintonía y ánimo de estrecha colaboración.

Ambos representantes sindicales , que han coincido en el diagnóstico sobre el estado actual del sector, han expresado a la ministra su voluntad de colaborar para alcanzar un gran Pacto de Estado por la vivienda que el Ministerio quiere impulsar entre todos los agentes y administraciones públicas.

UGT y CCOO consideran fundamentales las prioridades marcadas por este Ministerio para reactivar el sector, en especial el impulso de la vivienda de protección oficial y la rehabilitación de inmuebles. Se muestran además a favor de dar una salida al stock de vivienda libre sin vender siempre que coincida con las necesidades de VPO para dar satisfacción a los ciudadanos que demandan este tipo de vivienda.

Manuel Fernández Lito y Fernando Serrano han trasladado a la ministra la necesidad de cambiar el patrón de crecimiento de la economía española para disminuir el peso del sector de la construcción en el PIB nacional.

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