Días atrás hemos tenido conocimiento del convenio firmado entre la Consejería de Sanidad  de la Comunidad madrileña y la Iglesia católica en el que se incluye a los sacerdotes en los Comités de Ética de las instituciones sanitarias.

La Iglesia, con la connivencia de Esperanza Aguirre y el fundamentalista obispo madrileño ha logrado una vez más estar por encima de nuestros principios constitucionales. Hoy en la comunidad de Madrid el aborto o los cuidados paliativos no dependen tanto de la Ley como de la “moral” del obispo de turno.

La pinza PP-Iglesia, empleando a fondo su corrosiva táctica de continuo ataque sobre los pilares del sistema, logra así implantar prácticas injustificables en un estado aconfesional.

Me viene a la memoria la persecución a las clínicas privadas que practican abortos, la denuncia anónima que mancilló vergonzosamente la imagen del Dr. Luis Montes y sus compañeros del Severo Ochoa, las declaraciones del obispo de Pamplona Fernando Sebastián Aguilar, arremetiendo contra la eutanasia, los cuidados paliativos y ya de paso contra la laicidad, etc, etc..

El convenio de la Comunidad de Madrid con su episcopado, sometiendo la legalidad a la influencia de la iglesia católica, se encuadra dentro de la ráfaga de ataques que cada día intentan alterar la “normalidad” democrática.

Naturalmente el PSOE e IU  han reclamado la 'retirada inmediata' del convenio existente.

Nada raro que el PSOE se lleve las manos a la cabeza, y haga aspavientos por este acuerdo. Lo escandaloso es que hace pocos días los ministros del Gobierno socialistas prometieran sus cargos frente a una Biblia y un crucifijo, sin que ninguno de ellos pareciera inmutarse. Lo raro es que se mantengan los convenios para colocar a los curas en hospitales, cuarteles y centros de enseñanza. Lo raro es que se renueven una y otra vez unos acuerdos preconstitucionales con la Iglesia que nos supeditan descaradamente a ella, impidiéndonos una verdadera separación Iglesia –Estado, obligándonos a su financiación, y haciendo imposible la necesaria neutralidad de las instituciones en materia religiosa que garantice el derecho a la libertad de Conciencia otorgado por nuestras leyes.

Cáceres Laica se siente indignada por este estado de intromisión continua de la iglesia en el poder político, y así mismo manifiesta su más enérgica protesta por el acuerdo firmado en la Comunidad madrileña, sumándose en su denuncia al resto de las asociaciones laicistas y ateas del Estado.

Milagrosa Carrero Sánchez