"Libertad es el derecho de vivir sin hipocresía".

José Martí

Hace algunos días el empresario Alfredo Harp Helú difundió y publicó un desplegado en los periódicos en el que describía el calvario de Alejandro Martí, padre de Fernando, el joven de 14 años secuestrado y asesinado por la llamada banda de la flor. En el escrito Harp pronunciaba un "Ya basta" para los actos de violencia que han agraviado a tantas familias mexicanas. Días después el Consejo Coordinador Empresarial colocó también en los periódicos un desplegado en el que ofrecía su propia exigencia a las autoridades para actuar contra la ola de delincuencia que sufre nuestro país.

Me pregunto si a Harp y al CCE se les hubiera sancionado en caso de haber contratado no páginas de diarios sino espacios de radio y televisión para su protesta. El artículo 41 de la Constitución, el 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el séptimo del Reglamento de Radio y Televisión del IFE prohíben la contratación por cualquier persona física o moral de "propaganda" en radio y televisión -mas no en periódicos, revistas o internet- "dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular".

¿Sería permisible contratar tiempo de radio y televisión para exigir a las autoridades que tomen medidas para combatir el secuestro? Estas exigencias a los distintos órdenes de gobierno pueden, por supuesto, influir sobre las preferencias electorales de los ciudadanos. Bien lo entendió Andrés Manuel López Obrador en el 2004, cuando descalificó la gran manifestación contra la inseguridad pública como una marcha de "pirrurris" e hizo todo lo posible por disminuir su impacto político.

¿Cuál sería la actitud del actual IFE, que desde que se aprobó la nueva ley electoral ha preferido pecar del lado de la censura que de la libertad de expresión? El IFE castigó un anuncio en que el Frente Amplio Progresista invitaba a los ciudadanos no a votar sino a acudir al Zócalo para una asamblea que discutiría una estrategia contra la reforma petrolera del presidente Felipe Calderón. Sancionó también al Partido Acción Nacional por difundir un spot que cuestionaba la toma de las tribunas del Congreso de la Unión. Y censuró el uso de la expresión "presidente legítimo" de los anuncios del FAP para referirse a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no habría el IFE de censurar un anuncio del CCE o de un ciudadano como Harp Helú en que se exige a gobiernos electos cumplir con su principal responsabilidad, la de proteger a los ciudadanos?

Uno de los argumentos que los legisladores utilizaron para prohibir los anuncios políticos de "personas físicas o morales" en radio y televisión es que buscaban evitar la dictadura del dinero. No sabían, quizá, que un anuncio en radio puede costar muy poco, incluso sólo 20 pesos en algunas estaciones en ciudades pequeñas, una cifra miles de veces inferior a la que cobran por desplegados los grandes diarios y revistas del país.

Otro argumento es que con la nueva legislación se eliminaba la "espotización" de la política. El resultado, sin embargo, ha sido reducir toda la propaganda de los partidos y candidatos en radio y televisión a spots de unos cuantos segundos de duración. La ley, de hecho, ha prohibido la contratación de espacios prolongados como los que usó Andrés Manuel López Obrador en el 2006 para presentar sus propuestas en detalle.

La Suprema Corte de Justicia habrá de juzgar en algunas semanas si es legal que se prohíba la contratación de tiempos de radio y televisión para expresar ideas políticas. Pero los dados están fuertemente cargados en contra de las demandas de amparo de organizaciones ciudadanas. Tradicionalmente la Corte ha considerado que cualquier enmienda de la Constitución es legal siempre y cuando sea aprobada con el procedimiento que la propia carta magna prescribe. Poco importa lo que contenga. Sería constitucional, me dicen, aun cuando ordenara la ejecución de todas las personas de una determinada etnia.

Muchos mexicanos no se dan cuenta de lo mucho que hemos perdido con esta nueva y restrictiva legislación. Dejar a los políticos el monopolio de los mensajes políticos en radio y televisión es muy preocupante, especialmente porque no hay forma de definir qué puede o no influir sobre las preferencias electorales. Muy bajo ha llegado una sociedad en la que, al parecer, ya no se puede lanzar un "Ya basta" desesperado ante los homicidios, secuestros y robos que sufren los ciudadanos.

Consejeros

Me llama el consejero Marco Gómez para decirme que es falso, como lo publicó el periódico Reforma, que él haya retado a golpes a su colega Arturo Sánchez en una sesión del Comité de Radio y Televisión del IFE. "Sí hubo retos, pero yo no los hice", me dice y continúa: "Las discusiones en el comité se han vuelto muy álgidas por la falta de recursos". El IFE pidió originalmente un presupuesto de 8 mil 613 millones de pesos, pero el Congreso lo recortó a 7 mil 967 millones, con instrucciones de no afectar las prerrogativas de los partidos. Los legisladores también aprobaron una reforma electoral que dijeron ahorraría dinero, pero el IFE pidió por ella un aumento a su presupuesto de mil 453 millones. Hacienda sólo concedió 350 millones de pesos. La consecuente falta de dinero parece haber llevado a que los consejeros se reten a golpes como niños de secundaria.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma electoral ha sido el que tiene que ver con si el nuevo modelo de comunicación política (centrado en la prohibición absoluta de compra de publicidad electoral y en el uso de los tiempos del Estado para que los partidos accedan equitativamente a la radio y la televisión) vulnera indebidamente o no la libertad de expresión.

De hecho, ese ha sido uno de los principales argumentos de los detractores de la reforma que han recurrido a las instancias de la justicia federal por la vía del amparo. A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que conoce en revisión de varios de esos recursos) se pronuncie al respecto, vale la pena hacer algunas breves consideraciones sobre este punto.

Va, primero, una reflexión teórica: en las democracias constitucionales no existen libertades absolutas. En el caso del derecho a la libre expresión de las ideas, existen dos tipos de restricciones, una intrínseca al propio derecho y otra extrínseca al mismo. Las limitaciones intrínsecas son las que tienen que ver con el ejercicio “responsable” de ese derecho, es decir, con su uso en un contexto social, lo que implica que no puede ejercerse perjudicando indebidamente a los demás. Esas mismas limitaciones están reconocidas en el texto del artículo sexto constitucional cuando se establecen como frontera de la manifestación de las ideas el “que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público”.

Pero, además, cuando los derechos fundamentales se ejercen en un contexto determinado, el político-electoral, se ven sometidos a una serie de restricciones extrínsecas, adicionales a las que les son propias, y que resultan del respeto a las reglas fundamentales del régimen democrático. En este sentido, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la SCJN (tesis 2/2004), el ejercicio de los derechos fundamentales debe correlacionarse con los principios que rigen al sistema electoral, lo que supone la validez de eventuales restricciones adicionales que no lleguen a desnaturalizar el derecho de que se trata.

En ese sentido, la prohibición de que se contrate por parte de terceros propaganda electoral a favor o en contra de partido o candidato alguno es una restricción válida a la luz de uno de los principios rectores de la contienda democrática: el de la equidad en la competencia.

Por otra parte, debe insistirse en algo: nadie les impide a quienes hoy tienen posibilidad de gastar cantidades ingentes de dinero en contratar publicidad, tratando de incidir por esa vía en la voluntad de los demás ciudadanos, que ejerzan su libertad de opinar (como cualquier otro ciudadano) expresándose en las calles, escribiendo en los medios, dando entrevistas, participando en debates públicos, etcétera. Lo único que ya no podrán hacer es comprar espacios en radio y tv (uno de los múltiples canales —y de hecho el que menos debería importar en la democracia— para expresar sus ideas). Desde esa óptica, lo que se restringe, más que la libertad de expresión, es la libertad o capacidad de contratación, subordinando así a un principio democrático un derecho patrimonial.

Insisto en algo de lo que estoy firmemente convencido, la decisión de la reforma es sumamente positiva pues restringe el peso del dinero en la vida democrática. A fin de cuentas la intención de esos cambios fue fortalecer a la democracia, así haya sido en perjuicio de los poderes plutocráticos que pretenden incidir en ella.

Jaime Hernández Gómez

CON LA RESOLUCIÓN de la Corte en torno a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos políticos —Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, y Verde Ecologista de México—, la reforma electoral efectuada de manera constitucional y en el Código Electoral avanza, a pesar de las impugnaciones y críticas que han efectuado en contra de ella un sector de los empresarios, televisoras, intelectuales y los mismos partidos políticos.

En sesiones efectuadas el tres, siete y ocho de julio de éste año, el máximo tribunal declaró constitucional los siguientes preceptos:

los partidos, candidatos, y precandidatos no pueden contratar publicidad electoral. Según la impugnación, en la Constitución se prohíbe a los partidos pero no a los candidatos y precandidatos a contratar tiempo aire, además se pregunta qué pasaría si un candidato promociona una pasta de dientes, en ese sentido la Corte validó (6 votos a cinco) el artículo 49 párrafo III del Cofipe donde además se elimina la posibilidad que dirigentes y afiliados a un partido, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales pueda contratar espacios en la radio y televisión. Con ello se evita que cualquier persona pueda contratar publicidad para autopromocionarse, aunque utilice recursos propios.

La Corte señaló que la reforma electoral no va en contra de la libertad de expresión de la sociedad civil puesto que ésta podrá difundir su opinión a través de cualquier medio, ya sea radio y televisión, lo que se prohibió es la contratación, es decir la mercantilización de espacios mediáticos para fines electorales.

La prohibición de las candidaturas independientes. Se validó el procedimiento legislativo seguido para aprobar las reformas al Cofipe, así como la exclusividad de los partidos políticos nacionales de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

Sólo se podrán crear partidos cada seis años. Se validó el nuevo plazo para solicitar la creación de partidos políticos, que anteriormente era de tres años, pero a partir de la reforma será de seis y se deberá informar al IFE sólo en el mes de enero posterior a la elección presidencial. Con esto se elimina la posibilidad que algún personaje (Andrés Manuel López Obrador) pueda crear un partido con fines de competir en la elección presidencia del 2012, en todo caso se podrá para el 2018.

Lo positivo de la nueva regla es que se evita la proliferación de partidos políticos efímeros o temporales cada tres años. La crítica es que se restringe en gran medida la formación de partidos y se refuerza los ya existentes, en especial a los mayores.

El régimen de financiamiento público para actividades específicas de los partidos políticos. La corte no discutió el tema pues sólo se trasladó la disposición constitucional al Cofipe. En este caso a los partidos les tocará el 3% de lo que reciben por financiamiento público ordinario.  

La ausencia de financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales y los requisitos para observadores electorales.

Por su parte, declaró inconstitucional lo siguientes preceptos:

La cláusula de vida eterna de los partidos. También llamada por el ministro Gudiño Pelayo como “transfusión piadosa de votos”, es decir la norma (artículo 96, párrafo V) que autoriza que, en caso de las coaliciones, el partido que obtenga más votos pueda ceder parte de sus sufragios a otro u otras organizaciones políticas con las que se aliaron, con el propósito de alcanzar el 2% de la votación nacional que se requiere para mantener su registro ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Con ello, de ahora en adelante, cualquier partido, aunque haga coalición con otro deberá obtener como mínimo 2% del total (900 mil votos).

La multa fija señalada en las fracciones II y III del artículo 354 del Cofipe. La fracción quedice: “con el doble del precio comercial de dicho tiempo para personas físicas o morales que violen la prohibición de contratar tiempo en radio y televisión, para la difusión de propaganda política o electoral, por tratarse del establecimiento de una multa fija agravada.”

Cabe señalar que los ministros no eliminaron la multa “para los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y para las personas morales con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en el Cofipe, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral.” El problema es que en las sanciones no se deben poner cuotas fijas, sino mínimos y máximos o incluso sólo los últimos.

Los requisitos de elegibilidad que regulan los estatutos de los partidos políticos. Se menciona que “sólo podrán establecerse las exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y sentencia ejecutoria en materia penal” sin embargo no se especifican si dichos términos  son para el ingreso al organismo político, para ser dirigente del mismo o para ser postulado a un cargo de elección popular.

Con la resolución de la Corte, se avanza en la resolución de elementos criticados de la reforma electoral, ahora habrá que esperar lo que resuelva sobre los amparos interpuestos el grupo de “intelectuales” y los empresarios, los cuales serán analizados por el Tribunal en el mes de agosto, sin embargo, con los elementos mostrados todo indica que la reforma electoral sigue adelante.

Lo que opinan los especialistas sobre el tema:

Lorenzo Córdova Vianello (UNAM): “Seguramente, al final del día, de concretarse lo que hoy parece inevitable, muchos de los hoy quejosos acudirán a las instancias internacionales, pero esa será otra historia. Por lo pronto, lo que hoy interesa es que, con el aval histórico de la Suprema Corte, la reforma va y, no nos cansaremos de decirlo, la calidad de nuestra democracia se fortalece, aunque les pese a algunos.”

Mauricio Merino (CIDE): “El nuevo régimen político mexicano es el régimen de partidos. Ese es el producto neto de nuestra transición a la democracia. Si queremos cambiarlo, perfeccionarlo, abrirlo o atacarlo, lo primero que debemos hacer es asumir ese desenlace, que ya está concluido. La Corte lo está haciendo, a despecho de las opiniones personales de los ministros. A los demás quizá nos llevará mucho más tiempo.”

Fabian Aguinaco (representantes de los intelectuales): la reforma electoral es inconstitucional porque "inhibe y frustra el pleno ejercicio de la libertad de expresión de las ideas, a que tienen derecho los ciudadanos; porque restringen la garantía de acceso y aliento a la vida democrática deliberativa; porque modifica los valores constitucionales del régimen democrático deliberativo; reduce el campo de la libertad para deliberar e ir más allá del rol de votante, espectador y encuestado, arranca y eliminan de dicha esfera el derecho de los ciudadanos comunes para acceder a los medios masivos de comunicación, con igualdad y equidad".

Que hace más de tres semanas, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, se reunió con Agustín Carsten, en Palacio Nacional, para “cerrar” la negociación sobre la ampliación presupuestal para el esquema de administración y monitoreo de los tiempos en radio y televisión que la reforma electoral otorga a los partidos políticos, a las autoridades electorales locales y al propio instituto.

Valdés explicó a Carstens que, para iniciar las licitaciones públicas que permitan al IFE cumplir la ley, es necesario que Hacienda responda… antes de que termine julio.

Traición, censura y olvido

En La broma, Milán Kundera narra cómo uno de los héroes de la Revolución checa fue borrado de las fotos oficiales porque en un momento de su vida entró en contradicción con el Partido Comunista. Sin recato ni rubor, algunos operadores del partido lo borraron de la foto del triunfo de la Revolución. De los tres héroes que aparecían en el balcón nomás quedaron dos. Fue tan burdo que el mensaje pasó clarísimo a todos los camaradas checos: la traición se paga con olvido.

Lo que hizo Televisa al borrar a Santiago Creel de un video se llama censura; no hay que darle vueltas. Fue un error haberlo hecho, de eso nadie tiene duda, pero no fue “un error de edición”. Un error de edición habría sido que cortaran la toma antes de que saliera Santiago Creel; un error de edición habría sido que pusieran mal el nombre de las personas que estaban en la toma; un error de edición habría sido que se colaran tomas de otro tema. Etcétera. No es un asunto de un clic mal dado o una tecla apretada por error; es un proceso que requiere conciencia y laboriosidad. Borrar deliberadamente a alguien es censura, no error de edición.

Lo que pudo haber sucedido es que la decisión de borrar a Creel de ese video específico la haya tomado un jefe de edición (por eso dicen que es “error de edición”) y no haya sido una orden expresa de ningún conductor o jefe de noticieros. Pero ningún jefe de edición, ninguno, hace eso “nomás por joder” (para citar a un clásico del buen decir nacional, hoy secretario de Agricultura). La decisión se operó así porque lo más probable es que se haya dado la orden en Televisa de no sacar a cuadro a Santiago Creel y este operador se la tomó demasiado en serio. Es decir, sí había la orden de borrar a Santiago Creel del mapa político y nunca falta quien se tome las metáforas al pie de la letra.

¿Cuántas veces se han tomado decisiones similares? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que vemos en la televisión se parece someramente a lo que sucedió? ¿Tenemos derecho los televidentes a algo más que a cambiarle de canal? (que, me queda claro, sigue siendo el peor de los castigos para cualquier televisora). La reforma que hicieron los partidos para, según ellos, eliminar la perversión de las televisoras de los procesos electorales no resuelve el problema de fondo. Se quitaron de encima la presión comercial, que en 2006 fue bárbara, pero no le quitaron a las televisoras nacionales la capacidad de chantaje que sigue siendo el arma más poderosa. Hicieron una reforma para resolver sus problemas inmediatos y no para solucionar el tema de fondo, que es medios y democracia (periódicos e internet incluidos).

En Colombia hicieron obligatorio que todos los medios electrónicos, que utilizan una concesión del Estado, tengan un defensor de las audiencias o del televidente, según el caso. Esta obligatoriedad tiene un sustento muy sencillo: la primera es que al ser el espectro propiedad del Estado, éste debe velar por el buen uso de estas concesiones, y la segunda, que el derecho a la información requiere mecanismos de observación y vigilancia que ayudan a mejorar la calidad de la información que recibe el usuario. En México la instancia encargada de vigilar estos temas es una dependencia de la Secretaría de Gobernación llamada Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) que antes, en los tiempos del partidazo y de los secretarios de Gobernación con dientes, era algo así como el organismo censor; ahora es, para bien y para mal, un órgano de vigilancia y advertencia.

Sería gravísimo que el tema del difuminado Creel quedara en un simple “ahí disculpe”; fue un error pero venga para que lo entrevistemos. No estamos ante un caso de censura del Estado ni ante una autocensura por temor, sino ante un ejercicio deliberado de alteración de la realidad.

Sólo hay dos caminos, el primero es una vigilancia estrecha del Estado en materia informativa, lo cual es el peor de los mundos (lo único peor que un editor que acata metáforas a rajatabla es un burócrata con poder). El segundo es el poder del dedo gordo, ese que puede cambiar de canal en el momento que quiera, y apostar a que la regulación informativa se dé por la vía del mercado. Esta opción, que suena bonita, requiere más que licitar una concesión de cadena nacional, porque esta que llaman la tercera cadena en realidad no sería la tercera sino la séptima, pues una televisora tiene dos redes nacionales y la otra cuatro, con lo que cualquier competidor nuevo estaría condenado a competir en desigualdad de dos a uno o cuatro a uno frente a lo actuales jugadores.

La secuela traición-censura-y-olvido no puede quedar en anécdota. Fue el síntoma de una enfermedad muy grave que se llama concentración de poder y que en una democracia, parafraseando las leyendas de las cajetillas de cigarros, es causa de muerte.

Un grupo de amigos y colegas de la Amedi ha hecho un alegato público contra el amparo que 15 ciudadanos elevamos a la Suprema Corte por el reformado artículo 41 de la Constitución, que a nuestro juicio restringe la libertad de expresión y otras garantías constitucionales.

La prensa del día presentó el asunto como un reto a debatir públicamente (MILENIO, 12/07/08). Siendo uno de los retados, me declaro dispuesto a debatir, y aquí mismo apunto unas primeras ideas.

Creo que nuestra diferencia fundamental con los críticos del amparo es de énfasis, lo que no quiere decir que sea pequeña. Ellos ponen el acento en la equidad; nuestro amparo lo pone en la libertad.

Si entiendo bien, tenemos al menos una diferencia de orden práctico y otra de orden teórico.

En el orden práctico, los críticos del amparo subrayan que la prohibición del artículo 41 no afecta los derechos de todos sino de una minoría: impide que en materia electoral los ricos influyan más que los no ricos.

Lo cierto es que las tarifas reales de radio y televisión no son tan prohibitivas como se cree (hay spots de radio de 80 pesos). Millones de mexicanos, no sólo una minoría de ricos, podrían ejercer la libertad que el artículo 41 les suprime.

La prohibición del artículo 41 conjura un fantasma, pues no ha sido el caso que la gente de dinero ponga su fortuna detrás de una campaña publicitaria para favorecer a un candidato: le apuestan a todos. Mucho menos es verdad que anuncios pagados por gente de dinero hayan decidido quién llega al poder en México.

El alegato teórico de nuestros críticos plantea que la equidad que se consigue mediante la prohibición del artículo 41 es un bien superior a la libertad que se suprime. La equidad sale beneficiada sin que se restrinjan las libertades reales de la mayoría de la población.

Mi convicción es que no se deben restringir libertades para igualar derechos a la baja. Mucho menos prohibir libertades universales porque no pueden disfrutarlas todos.

Si todo fuese a legislarse para garantizar equidad en el disfrute de los derechos, tendríamos que prohibir todo lo que no puede disfrutar el más desposeído de los ciudadanos. Sería una aberración incluso para el más desposeído, pues le impediría disfrutar alguna vez más de lo que tiene.

Igualar a la baja las libertades y los derechos es rebajarlos, no protegerlos. La única igualdad alcanzable en este mundo acaso pueda ser la de la igualdad de los derechos y libertades para todos, independientemente de quién pueda disfrutarlas más o menos.

Siempre será delicada cualquier incursión de los órganos del Estado en el campo de las libertades individuales; en este caso más delicada aún, porque sin libertad de expresión el resto de las libertades estarán en peligro.

La restricción de la publicidad en radio y televisión ha recibido pocas criticas en los medios impresos, pues creen que ellos estarán a salvo de esas restricciones. Se equivocan: ya empezaron las restricciones a la propaganda política en los medios impresos. Hoy en el Congreso de Querétaro discuten una iniciativa que dará al Instituto Electoral el poder de controlar la publicidad política de los medios impresos.

Esto apenas empieza: la reforma electoral tan presumida como un gran progreso va a significar un gran retroceso. A nombre de una presunta democracia limitará la libertad de expresión en todos los medios; el gobierno ya no controlará a los medios, ahora a los medios los controlaran los partidos políticos a través del IFE.

Nos alcanzó el futuro, aunque pensando bien quizá lo que nos alcanzó fue el pasado.

Ciudad de México  (11 de julio de 2007).-   Por unanimidad y luego de casi tres horas de discusión, los consejeros electorales del IFE aprobaron en la madrugada de este viernes el reglamento que regula el acceso de los partidos y autoridades electorales a los tiempos oficiales de radio y televisión.

Con ello se puso fin a una sesión de más de 13 horas ininterrumpidas en donde el Consejo General del IFE validó en total una veintena de reglamentos con los que ajustó su estructura para cumplir con los cambios exigidos por las nuevas atribuciones y responsabilidades derivadas de la reforma electoral reciente.

El Consejo General dio luz verde al reglamento en donde se reitera que el IFE es el único administrador de los tiempos oficiales de radio y televisión del Estado para todos los partidos políticos y las autoridades electorales nacionales y estatales.

El documento aprobado al filo de las 00:30 horas incluyó algunas propuestas realizadas por los partidos políticos, en particular un artículo transitorio para que, en un plazo que no exceda los 60 días, se realice un estudio jurídico y técnico para estipular el tratamiento que se dará a la televisión por cable dentro de este mismo ordenamiento.

También se fijó un plazo similar de 60 días para determinar los criterios que se incorporarán al reglamento sobre la libertad de expresión vinculada al artículo 134 constitucional que regula a los servidores públicos y prohibe su promoción personalizada.

Además, se incorporaron algunas sugerencias del PRI y del PAN para estudiar y precisar posteriormente algunos aspectos relacionados con los spots de los partidos durante los procesos electorales estatales.

Leonardo Valdéz, Consejero Presidente del IFE, destacó ante el Consejo la importancia de lo que llamó cumplir en tiempo y forma el plazo establecido en un artículo transitorio de la reforma de la Ley Electoral que estableció 180 días para que el Instituto ajustara sus reglamentos.

"Tenemos el consenso para continuar trabajando en el perfeccionamiento de esta norma", dijo Valdés momentos antes de someter a votación el reglamento.

Reconoció que el debate sobre radio y televisión abrió "una ruta cierta para continuar el trabajo normativo".

En la sesión que inició el jueves a las 11:00 horas y terminó en los primeros minutos de este viernes se aprobaron los nuevos reglamentos del IFE en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como los que ordenan el trabajo de los diferentes órganos ejecutivos del IFE.

Héctor Aguilar Camín, Milenio

Los ministros de la Corte desestimaron ayer, por mayoría, un criterio sugerido por el ministro José Ramón Cossío que podría hacerles falta en el futuro.

Ese criterio sugería hacer una lectura armonizadora de la contradicción que hay entre el artículo 6° constitucional, que garantiza la libertad de expresión, y la restricción que le impone el artículo 41, recientemente reformado, al prohibir a partidos y ciudadanos comprar tiempos en la radio y la televisión para hacer propaganda político- electoral.

Cossío sugirió hacer una lectura restrictiva del artículo 41, que sólo prohíbe la “propaganda” –mensaje sistemático y pautado– pero no los mensajes políticos en general.

Según el criterio de Cossío habrían podido quedar exentos de la prohibición los mensajes políticos que no fueran sistemáticos y pautados.

Reparó también Cossío en que la prohibición del artículo 41 constitucional no incluye expresamente a candidatos y precandidatos. Sugirió, por tanto, declarar inconstitucional el párrafo del artículo 49 de la ley secundaria, el Cofipe, que lo prohíbe expresamente.

La ley secundaria, sostuvo Cossío, no puede ir más allá de lo que marca el texto constitucional por lo que puede juzgársele inconstitucional.

Si entiendo bien, de aprobarse el criterio de Cossío, habría quedado abierta la posibilidad de mantener la prohibición constitucional a los partidos y abrirla a ciudadanos, así como a candidatos y precandidatos.

Se buscaba balancear la garantía de la libre expresión del artículo 6° con las restricciones impuestas en el artículo 41.

La propuesta fue aplazada en su discusión. El hecho anuncia la previsible negativa de la Corte a los amparos promovidos en la materia.

La negativa de los ministros a discutir el criterio de Cossío revela quizá una reticencia mayoritaria en la Suprema Corte a juzgar los cambios constitucionales que el Congreso aprueba, es decir, a erigirse en jueces constitucionales en sentido amplio.

Es una reticencia que aplaza el día en que la Suprema Corte deberá asumirse a plenitud como tribunal constitucional, es decir, como defensor activo de los derechos fundamentales frente a las decisiones del Congreso y del Ejecutivo, poderes más sensibles a las urgencias de la coyuntura política que a la obligación de cuidar las reglas básicas de nuestra convivencia.

Los ministros han desaprovechado una oportunidad de pronunciarse sobre los alcances del artículo 41 y de asumirse como jueces del fondo de la Constitución. Habrá otras.

A la hora de escribir estas líneas ya se puede hacer un balance del análisis y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los cuestionamientos que, principalmente bajo la forma de acciones de inconstitucionalidad, varios partidos políticos interpusieron ante los tribunales de justicia. Como decíamos en nuestra entrega anterior, una primera certeza fue la plena constitucionalidad de la reforma en materia electoral.

El segundo tema de análisis se refería a la constitucionalidad del Cofipe y, en particular, a dos cuestiones: la que alude al llamado “seguro de vida eterna” para los partidos pequeños, y el que se refiere a la constitucionalidad de las prohibiciones para que los partidos políticos por un lado, y los particulares por otro, pudieran comprar por sí mismos o a través de terceros propaganda política en radio y televisión. Que son prácticamente las mismas normas contra las que algunos particulares (grupos empresariales y destacados intelectuales) se han amparado por considerarlas violatorias a la libertad de expresión que consagra el artículo 6° constitucional.

De más está subrayar la importancia de la resolución de la Corte en el sentido de la plena congruencia entre esta disposición del Cofipe y lo que establece el artículo 41 (reformado) de la Constitución. No sólo por lo que significa en el establecimiento de un nuevo modelo de relación entre partidos políticos y medios electrónicos de comunicación, donde no sea el dinero el factor determinante, sino también porque adelanta lo que muy probablemente será la resolución del supremo tribunal sobre los amparos interpuestos por los particulares; esto es; la Corte coincide con el Congreso de la Unión en que la libertad de expresión siendo un valor fundamental tiene que equilibrarse con otro principio fundamental de la democracia: la equidad en la competencia política.

En cuanto a la llamada “vida eterna”, la Corte estableció con gran fuerza (esto es: por unanimidad) la inconstitucionalidad de “traspasar” votos de un partido a otro, para garantizar la permanencia de su registro como tal partido político. Impugnadores de la reforma los partidos “emergentes” están pagando caro el costo de su incongruencia, pues lo que buscaban no era verse obligados a competir bajo sus propios emblemas, aún bajo la figura de coalición electoral.

Realmente perseguían volver a la fórmula anterior según la cual el criterio de cuántos votos y por tanto cuántas diputaciones o senadurías le correspondían a cada partido, era producto no de un resultado electoral previo, sino de un acuerdo discrecional previo con el partido coaligante. Eso ya no será posible y ahora cada partido deberá, en este punto, luchar por sus votos, lo cual nos entregará una imagen más precisa de la verdadera correlación de fuerzas y del peso de cada partido en el electorado.

Otro tema importante que quedó saldado en definitiva fue el de las candidaturas independientes: no tendrán vigencia a nivel federal, y sólo los partidos políticos nacionales, de acuerdo al Cofipe, pueden registrar candidaturas. Con esta decisión de la Corte, se fortalece el régimen de partidos en la joven democracia mexicana.

En otros temas se echó abajo la parte que se refiere a la multa a particulares por contratar propaganda electoral, que se había establecido de hasta el doble del precio comercial, “porque no prevé parámetros para su aplicación”. Hubo otras definiciones de la Corte, pero éstas serían las fundamentales.

Así, con estas resoluciones la Suprema Corte sigue cumpliendo con su papel de dar certeza jurídica para la acción de los actores de la escena política. Al IFE por ejemplo le otorga claves y certidumbre para interpretar la nueva normatividad electoral.

Las adecuaciones pendientes, como a la Ley Federal de Radio y Televisión, al Código Penal Federal en materia de delitos electorales, la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, o la Reglamentaria del 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental, son asuntos que sin lugar a dudas habrán de realizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.

En la medida que el Congreso ha sido omiso en la adecuación de la Ley Federal de Radio y Televisión, esta presente la posibilidad de que el IFE elabore, como lo ha anunciado, un reglamento en la materia que después pudiera contradecirse con el texto de la ley. Al respecto, quizá lo prudente sea esperar a que el Congreso concluya su tarea antes que emitir un Reglamento en la materia que pueda ser objeto de litigios por insuficiente base legal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer las multas que el Instituto Federal Electoral (IFE) podía aplicar a ciudadanos, empresas o partidos políticos que violen la prohibición de contratar propaganda electoral en radio o televisión.

Esta multa, prevista en el artículo 354 inciso D del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), equivalía al doble del costo del tiempo comercial contratado, pero los ministros la invalidaron con el argumento de que es una sanción fija que no prevé parámetros para su aplicación.

No obstante, los ministros mantuvieron la sanción hasta de 100 mil días de salarios mínimos para las empresas de radio y televisión que transmitan ese tipo de mensajes, ya que, a diferencia de la multa que se aplicaría en el primero de los casos, ésta sí establece un límite.

Ayer, después de una maratónica sesión de cuatro horas, los ministros concluyeron 90 por ciento del análisis de las cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos pequeños contra la reforma electoral que entró en vigor hace seis meses, y sólo invalidó dos porciones normativas del Cofipe que en esencia no modifican el marco jurídico electoral vigente.

La Corte se manifestó en favor de la inconstitucionalidad de dos aspectos del Cofipe. El primero es el relativo a la multa antes mencionada. El otro tema que fue declarado inconstitucional tiene que ver con los requisitos de elegibilidad de los candidatos a puestos de elección popular, ya que los ministros coincidieron en que los legisladores redactaron este tema de manera poco clara, lo cual genera incertidumbre jurídica.

Respecto del financiamiento público de actividades específicas, la exclusión de las agrupaciones políticas nacionales para recibir dicho financiamiento, los requisitos destinados a la creación de nuevos partidos y los mecanismos con que se designará a observadores electorales, los ministros determinaron que son aspectos constitucionales.

La Corte sólo tiene pendiente para discutir en su sesión de hoy el tema central de la reforma electoral, que se refiere a la prohibición de contratar propaganda electoral en medios de comunicación electrónica.

Luego de una ronda de seis votaciones, el pleno del máximo tribunal rechazó la mayoría de los argumentos planteados en acciones de inconstitucionalidad por los llamados partidos pequeños: PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y PSD. Estos institutos políticos pretendían echar abajo diversos artículos de la ley secundaria que reglamenta la reforma constitucional en materia electoral, promulgada en noviembre de 2007.

Al analizar el tema de las multas que aplica el Instituto Federal Electoral a quienes infringen el Cofipe, los ministros avalaron por 10 votos contra uno todas las sanciones económicas, salvo la que se aplicaría a partidos políticos, afiliados, dirigentes y cualquier persona física o moral que contratara propaganda en radio y televisión, debido a que equivalía al doble del costo del tiempo comercial contratado.

Existen jurisprudencias relacionadas con la validez de multas que puede cobrar el IFE, pero el pleno de la Corte rechazó ayer que se puedan aplicar estas sanciones relativas a la contratación de propaganda política en radio y televisión, simplemente por el hecho de que los tiempos comerciales varían según el medio y el horario en que se transmite un promocional.

La resolución de los ministros no significa que ya no habrá multas para ciudadanos, empresas o partidos políticos, sino que los legisladores tendrán que redactar un nuevo artículo del Cofipe que defina los parámetros de aplicación de las sanciones económicas que deberán pagar quienes contraten propaganda política en radio y televisión.

Otro tema que generó debate en la sesión fue el relativo a los requisitos para la creación de nuevos partidos. Con un voto de diferencia (seis contra cinco), los ministros aprobaron el nuevo plazo para solicitar la creación de institutos políticos, que ya no será de tres, sino de seis años después de cada elección presidencial.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Genaro Góngora Pimentel fue quien planteó que cerrar los espacios para la creación de nuevos partidos políticos es restringir el derecho constitucional de libre asociación. Incluso, refirió que “no es el pluralismo lo que ha hecho daño al sistema político mexicano, sino la corrupción”.

Su colega Sergio Salvador Aguirre Anguiano refutó la idea de Góngora parafraseando al escritor Miguel de Cervantes, quien decía, en crítica a algunos de sus contemporáneos, que hay quien hace libros como si fueran buñuelos. “Yo creo que algunos quieren hacer partidos políticos como si fueran buñuelos”, dijo.

Los ministros también avalaron el régimen de financiamiento para actividades específicas de los partidos, la ausencia de financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales y los requisitos para observadores electorales.

En la sesión de la semana pasada, la Corte invalidó el artículo 96 párrafo quinto del Cofipe, que permitía a PRI, PAN o PRD “transferir” votos a sus aliados en una coalición, lo que les permitía mantener su registro ante el IFE.

El proyecto de reglamento de radio y televisión del IFE –que revisan consejeros y partidos– libera a la televisión por cable de la obligación constitucional de difundir spots de los partidos políticos, y se busca aprobar el jueves próximo.

"Los concesionarios de televisión restringida no serán objeto de pautados por parte del Instituto dentro de su programación para la difusión de mensajes y programas. Estarán obligados a respetar los pautados transmitidos en televisión abierta que se retransmitan dentro de la concesión de televisión restringida", señala el artículo 59 de la propuesta de reglamento que pretende aprobar el Consejo General del IFE el próximo jueves.

La reglamentación sobre el uso de los tiempos del "Estado Mexicano" también se excluye a las cadenas nacionales de radio y televisión, generalmente utilizadas para mensajes de la Presidencia de la República.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá esta misma semana los juicios de amparo que promovieron diversos grupos de empresarios y de “intelectuales” en contra de las reformas a la Constitución en materia electoral que se aprobaron el año pasado.

Pero dichos amparos —en los que se alega que las reformas atentan contra la libertad de expresión por no permitir a los particulares comprar espacios en radio y televisión para manifestarse en favor o en contra de algún candidato— serán resueltos hasta el segundo periodo de sesiones del máximo tribunal del país, que inicia en agosto.

Se espera que la facultad de atracción sea ejercida en la sesión que realizará la Primera Sala del alto tribunal el miércoles 9 de julio próximo, a petición del ministro Fernando Franco González Salas.

No es el primer caso que atrae relacionado con esta temática, el mes pasado también atrajo los juicios de amparo que se promovieron en contra de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El hecho de que la Corte atraiga los juicios no garantiza que al final les vaya a conceder la razón a los empresarios e “intelectuales”.

En la última reforma electoral se prohibió en la Constitución que cualquier persona u organización social pueda comprar anuncios de radio y televisión dirigidos “a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. De acuerdo con José Woldenberg, defensor de esta prohibición, el “sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad”.

En su argumentación, el ex presidente del IFE nos invita a un ejercicio de “(poca) imaginación” donde “un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir”. Ergo, debe prohibirse que cualquier ciudadano, con mucho o poco dinero, compre spots de radio y televisión, ya sea de los caros o de los baratos.

¿Impedir una plutocracia?

Me parece que en el fondo los defensores de esta restricción tienen el temor de que nuestra incipiente democracia se convierta en una plutocracia. Que los grandes capitalistas utilicen su poder económico en los medios para desequilibrar el juego político a favor de un candidato que les conviene. Sobre todo en un país como México donde hay empresarios monopolistas y oligopolistas con mucho poder económico. Para el interés general de la sociedad, resulta mejor prohibirles a estos grupos que participen en el debate político con anuncios de radio y televisión.

En este lapso se me trono (espero que sea un termino correcto) la dirección de correo electrónico ra_n_mar@hotmail.com por lo cual a partir de hace días la dirección a la cual estaré a sus órdenes sera ranmar@prodigy.net.mx o la del congreso de Nuevo León rmartinez@congreso-nl.gob.mx .

Durante el presente período se siguio sesionando los lunes, martes y miércoles, a exepción de la ultima semana completa de junio en la cual se sesiono hasta el jueves, cerrandose el actual período el lunes 30 de junio aproximadamente hasta los primeros minutos del martes 1 de julio, hora en la que se instaló la Diputación Permanente en la que al igual que en la pasada un servidor fue electo a pertenecer a la misma por el receso hasta que de inicio el siguiente período ordinario el 1 de septiembre próximo.  

Durante este lapso estuve participando en las sesiones presentando posicionamientos, puntos de acuerdo y defendiendo dictamenes, de tal manera que en cada una de las semanas tuve dos o más participaciones en tribuna.

Se siguieron realizando reuniones de nuestra Fracción Legislativa para tomar los acuerdos sobre los temas a tratarse en el pleno y en comisiones.

Adicionalmente se le dió continuidad al trabajo sobre el análisis de las Cuentas Públicas, con el proposito de empezar a trabajarlas en comisiones, este punto requirio tiempo y dedicación pues a un servidor le toca cooordinar hacia el interior de nuestra bancada el seguimiento de dichas Cuentas Públicas, reuniendome en varias ocasiones con los asesores económicos que nos brindan apoyo técnico a los Diputados.  También se convoco a reuniones extraordinarisas de los Diputados que pertenecen a la Subcoordinación Económica que me toca encabezar, especialmente a quienes presiden comisiones hacendarias municipales y la del Estado, con el propósito de establecer en lo posible criterios uniformes sobre el tratamiento de las cuentas públicas de acuerdo al análisis de los diputados apoyados por los resultados arrojados tanto por el Centro de Estudios Legislativos como por los asesores económicos de nuestro grupo legislativo.  Lo anterior permitio que estuvieramos en la posibilidad de aprobar algunas cuentas casi al finalizar el período y dejar otras en posibilidades de su pronta aprobación primero en comisiones y después en el Pleno, ya sea en los próximos períodos extraordinarios que se tendrán que convocar para completar la Reforma Electoral o bien en el siguiente período ordinario.

 La reforma Constitucional en materia electoral  se voto en segunda vuelta lo que permite abrir el camino para reformas a las Leyes electorales.  Lo relevante sobre este tema es que a final de cuentas no se incorporaron ni las candidaturas de Diputados de lista ni las candidaturas conurbadas en las alcaldías, temas en los que evidentemente no había respaldo ciudadano. cerando con ello proximamente la otra pagina abierta en este BLOG referente al tema.

Se convoco en cada uno de las semanas de junio a reuniones de la subcoordinación económica para tratar los asuntos del área, en las que adicionalmente se trataba lo de las cuentas públicas.

También se llevaron a cabo reuniones de la Fracción en cada una de las semanas de junio con el propósito de analizar y discutir los asuntos legislativos en su generalidad.

Año 2012. México se encuentra envuelto en una tensa contienda electoral. Millones de electores se preparan para ir a las urnas y elegir al presidente de la República, 500 diputados, 128 senadores, tres gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, 10 congresos locales, centenares de ayuntamientos, la Asamblea Legislativa y los jefes delegacionales del DF. Tres candidatos a la Presidencia, postulados por el PRI, PAN y PRD y sus respectivos aliados, recorren el país en busca de votos. El IFE y los institutos electorales locales cuidan que todos los eslabones del proceso estén bien afinados: desde el padrón hasta el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pasando por la capacitación de los ciudadanos que serán funcionarios en las casillas o la confección de las actas, boletas, urnas y demás materiales necesarios para que el día de la elección se instalen 135 mil casillas. El Tribunal desahoga distintos recursos interpuestos por los partidos. Los medios intentan hacer una cobertura equilibrada, profesional y objetiva de los planteamientos de los candidatos. El IFE, mes a mes, entrega a los partidos el financiamiento público a que tienen derecho, establece los topes a los gastos de campaña y se esmera en hacer realidad el acceso equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación electrónicos. "Los partidos políticos -dice la Constitución- en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión". De tal suerte que será a través de los tiempos de Estado que podrán difundir sus mensajes. Con ello se busca generar condiciones equitativas en la contienda y abaratar su costo.

Ahora bien, supongamos siguiendo este ejercicio de (poca) imaginación, que un grupo (o un individuo) decide gastar (¿invertir?) un buen número de millones de pesos para respaldar a un candidato y descalificar a sus oponentes. Llena las pantallas de televisión y a las emisiones de radio con sus mensajes. Y así, de esa manera, ejerciendo su libertad y gastando su dinero acaba desequilibrando las condiciones de la contienda electoral que tanto esfuerzo ha costado construir. Recordemos, como si hiciera falta, que el país solamente ha vivido comicios medianamente parejos en las últimas cuatro contiendas federales (1997-2006).

Es por ello que la propia Constitución establece: "Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular". Su sentido es claro: impedir que una persona o un grupo de ciudadanos disloquen uno de los pilares de cualquier contienda democrática: la equidad.

Por cierto, se trata de una norma que casi con las mismas palabras ya estaba contemplada en el Cofipe, pero que como fue violada durante el proceso electoral del 2006, el legislador juzgó necesario elevarla a rango constitucional.

Se entiende -aunque no se justifica- que los dueños de las televisoras y radiodifusoras se encuentren molestos por esa disposición (y también por la que impide a los partidos comprar tiempos en esos medios de comunicación), porque sin duda merman sus ingresos. Pero esas normas resultan necesarias y pertinentes si se desea que el terreno de la competencia sea medianamente parejo. Sobra decir que cuando esa condición no existe, difícilmente se puede hablar de una competencia democrática y los grados de irritación de los perjudicados tienden a elevarse de manera considerable.

También un grupo de intelectuales ha recurrido a la vía del amparo para intentar revertir esa disposición a la que consideran violatoria de la libertad de expresión. Están en su derecho pero (creo) no tienen razón. Podrán (la mayoría de ellos tienen espacios en la prensa y un buen número en radio y televisión) expresar con absoluta libertad sus opiniones sobre candidatos y partidos, sus juicios sobre dichos y hechos, militar activamente a favor o en contra de quien deseen, es decir, podrán ejercer su libertad de expresión sin más límites que los que fija la ley. Ahora bien, lo que no podrán hacer es comprar tiempo en radio y televisión para hacer eso mismo. Y esa restricción se justifica por lo anteriormente señalado y que vuelvo a repetir: la búsqueda de equidad en la contienda.

Las elecciones son reconocidas por todas las fuerzas políticas significativas del país como la única vía legítima para llegar a ocupar cargos de gobierno y legislativos. Y esa convicción es parte del basamento que permite la convivencia y competencia de la pluralidad que cruza a México. Pero los procesos electorales libres, equitativos, legales y legítimos son una construcción. No son fruto de la inercia. Se trata de una cadena en la que todos los eslabones deben estar perfectamente alineados para lograr que el proceso sea reconocido como justo y limpio. Y uno de los eslabones más significativos es el de las condiciones en las que transcurre la competencia. Si las condiciones son equitativas la vía electoral y la coexistencia de la diversidad tienden a fortalecerse, pero si ello no es así, si existen ventajas flagrantes para uno de los contendientes, la espiral de conflictos y la deslegitimación de las propias elecciones toman el relevo.

Las normas deben leerse y analizarse en su contexto. Y es en el conjunto de las disposiciones constitucionales y legales en donde estamos obligados a evaluar la pertinente prohibición para que "terceros" compren publicidad electoral en radio y televisión.

Hete aquí que el juez Tercero de Distrito de Veracruz, con sede en Boca del Río, le acaba de conceder un amparo al Centro Empresarial de la Entidad Federativa, filial de la Coparmex, contra el nuevo escenario que plantea la reforma electoral con carácter constitucional.

El punto fino apunta a la imposibilidad de que los particulares puedan contratar spots en medios electrónicos para denostar o alabar a los candidatos a puesto de elección popular.

La victoria, pues, resultó estéril.

En el contexto de las notas sobre el amparo que quince ciudadanos promovimos contra el artículo 41 constitucional, porque a nuestro juicio restringe la libertad de expresión, se ha propagado en los medios, particularmente en Tv Azteca, una posición que creo que dista de ser la nuestra y, desde luego, no es la mía.

Para Tv Azteca, el artículo referido pone al país al borde de una dictadura comparable a la Argentina de los setentas o el Chile de Pinochet.

Soy uno de los quince solicitantes del amparo y debo decir que no comparto esa opinión. No me sumé al amparo porque me parezca que está en riesgo la libertad de expresión como un todo, sino una modalidad específica de ella, que adquirirá importancia decisiva con el tiempo: la libertad de comprar espacios en la radio y la televisión para difundir opiniones políticas.

Es esta libertad específica la que está en juego, no la libertad de expresión en su conjunto. Esta goza de cabal salud en México, como puede constatarse todos los días en el mismo noticiero de Tv Azteca, donde campea la libertad de decir lo que quieren .

Lo mismo sucede con la libertad de expresión de los firmantes del desplegado, figuras públicas con acceso a los medios, donde se caracterizan por hablar sin cortapisas en ejercicio de su libertad.

De modo que no estamos hablando de la supresión de la libertad de expresión en México, sino de una restricción específica a esa libertad, restricción que no parece grave a muchos pero que cobra su verdadera importancia cuando empezamos a ver las tristes consecuencias del resto de la reforma.

Una parte defendible de la reforma es que buscaba acotar el poder que alcanzaron las televisoras durante la elección del año 2006.

Pero bajo ese paraguas los legisladores hicieron cambios cuyos rasgos negativos crecen cada día: deshuesaron al IFE, amordazaron las campañas políticas y restringieron el acceso de los ciudadanos a los medios.

La reforma constitucional, por serlo, es inatacable legalmente salvo, quizá, en la rendija que hemos tratado de ocupar con nuestro amparo instando a la Suprema Corte a actuar como tribunal constitucional y a poner un freno al Congreso en materia del artículo 41.

Este es nuestro pleito, no el temor al advenimiento de una dictadura argentina o pinochetiana. Añado que hago este deslinde en la misma calidad con que firmé la petición de amparo: a título estrictamente personal.

El culpable no es el IFE. Tampoco la SCJN. La responsable del nuevo régimen de restricciones a las garantías individuales y a la libertad de expresión es la clase política, que a través de diputados y senadores ha impulsado leyes que el IFE y la Suprema Corte tienen que cumplir. El IFE es una institución como tantas otras en nuestro país. Cuenta con una cúpula dirigente, compuesta por nueve consejeros y otros funcionarios, muchos comprometidos con causas buenas, pero que tiene que aplicar una ley pésima como la que tenemos en la actualidad. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 11 ministros, la mayoría juristas que han dejado la vida en la defensa de las leyes de nuestro país. Su función no es fallar sobre la base de lo que ellos quisieran para el país, sino de aplicar la Constitución.

Los responsables de proporcionarnos una ley electoral perversa, una legislación que coarta la libertad de expresión, que impide a Andrés Manuel López Obrador presentarse como "presidente legítimo" de México y protestar así por lo que considera un fraude electoral, que prohíbe a los particulares contratar tiempos de radio y televisión para expresar sus puntos de vista, que impide al PAN calificar como acto violento la toma de tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado por los legisladores del Frente Amplio Progresista, y que prohíbe al propio FAP el promover una reunión política para hablar sobre el tema de la reforma petrolera han sido los legisladores.

Ayer, precisamente, le platicábamos en esta columna acerca de nuestra preocupación por la pasividad de la sociedad civil ante los ataques a la libertad de expresión. Ayer el Consejo de la Abogacía, encabezado por Miguel Arroyo, hizo un llamado para que la sociedad reaccione ante esta clara ofensa que está sufriendo.

Cada vez son más organizaciones civiles las que levantan la voz contra los atropellos que desde los tres principales partidos políticos se pretende hacer con la libertad de expresión. A la exigencia de los intelectuales representados por Isabel Turrent, el CCE, que encabeza Armando Paredes, y la Coparmex, que lidera Ricardo González Sada, ahora apunte la del Consejo Nacional de la Abogacía. Éste repudió ayer la iniciativa alrededor de la reforma electoral y convocó a la ciudadanía a iniciar un movimiento nacional en defensa de los derechos consagrados en la Constitución. Con este esfuerzo el consejo que preside Miguel Arroyo mostrará al Legislativo que la sociedad rechaza la mordaza que desde el Congreso se ha legalizado y no cejará hasta que los mexicanos recuperen el pleno uso de sus derechos.

En materia de contratación de tiempos y propaganda con fines políticos o electorales en televisión y radio la Constitución establece tres medidas:

1. Impide, en todo tiempo y circunstancia, a los partidos políticos contratar tiempos en esos medios; 2. Prohíbe a los particulares contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular; y 3. Obliga a los partidos políticos a abstenerse, en su propaganda política o electoral, de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

La primera de las prohibiciones es la otra cara de la decisión de utilizar el tiempo de que el Estado dispone en radio y televisión para que el IFE asigne a los partidos mensajes en dichos medios, a la par que se les redujo de manera sustancial el financiamiento de campaña.

La segunda prohibición existía en el Cofipe desde 1993, sin sanción para los infractores. Lo que hizo la reforma fue llevar la norma a la Constitución y reglamentar su aplicación y sanciones en el código comicial. Se trata de una prohibición a los particulares para la contratación y pago de propaganda con fines políticos o electorales cuyo fundamento es el principio de equidad en la contienda.

En efecto, si uno o varios particulares deciden apoyar o atacar a un partido o candidato, pagando la difusión de spots en radio o televisión, estarán realizando una ilegal aportación en especie, que altera las condiciones de la competencia al favorecer a un partido en perjuicio de los demás.

La tercera de las prohibiciones citadas comprende exclusivamente a los partidos políticos, no a los particulares ni a los comunicadores, cuya libertad de expresión está plenamente garantizada y protegida por la propia Constitución, como lo demuestran los hechos.

En esta columna hemos sostenido que para que México y sus habitantes puedan ser prósperos es necesario que se respeten las garantías individuales y se frene a aquellos quienes extrañan al Estado totalitario o pretenden crear una partidocracia.

He recibido algunos correos, generalmente anónimos, en los cuales se acusa a este columnista de ser una suerte de pluma a sueldo de la iniciativa privada y, lejos de defender los intereses de los ciudadanos, mi actuación corresponde a la de un vocero oficial de Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial o, en abstracto, al empresariado.

Sin embargo, lo que se defiende en este espacio es el derecho de los ciudadanos. Convencido de que la persona debe generar, con base en su esfuerzo, mejores condiciones de vida sin esperar dádivas del gobierno o que otros hagan lo que a la persona le toca.

La reforma electoral que entró en vigor en noviembre, el Cofipe y la torcida interpretación que ha hecho el IFE de estos ordenamientos, van en contra de las garantías constitucionales y los derechos de las personas. Preocupa que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no esté a la altura de los ciudadanos y parezca más motivada por una malentendida idea de supervivencia ante un poder político que no sólo maneja el presupuesto sino que ya los amenazó con borrarlos del mapa.

A los ciudadanos debe preocuparles lo que está sucediendo y lo que podría pasar hoy cuando la SCJN dé vista al juicio de amparo promovido por Convergencia y Nueva Alianza en contra del Cofipe, donde tendrá que analizar todos y cada uno de los conceptos de violación.

También debe preocupar el que se va a determinar si esta semana, como confía la iniciativa privada, los ministros van a ver si tienen facultad de atracción en los juicios de amparo interpuestos en un tema que han alargado ya indebidamente.

Las afectaciones para los ciudadanos con la reforma electoral y el Cofipe son las siguientes:

Primera. Se coarta la libertad de expresión de los ciudadanos, hoy es en un tema político-electoral, mañana podría ser en cualquier otro ámbito que los legisladores decidieran.

Hay simplistas que creen que los afectados son los medios de comunicación, pero en realidad el ciudadano es el dañado, puesto que se viola el primer artículo de la Constitución, en el cual se garantiza que las personas podrán expresar libremente sus ideas y opiniones. Con la reforma se vuelve a un Estado represor que puede determinar, a través de sus órganos, qué opiniones pueden dar los ciudadanos.

Segundo. Se limita la libertad de los ciudadanos para asociarse y reunirse libremente, como lo garantiza el artículo 9 de la Constitución. Con las reformas, los ciudadanos no pueden participar en los medios de comunicación o convocar a reuniones, porque resulta que son prohibidas. No importa si el ciudadano paga el espacio o acude libremente.

Tercera. Se viola el artículo 35 de la Constitución, en la cual se garantiza el derecho a votar y ser votado. Se impide a las personas ser candidatos a puestos de elección popular si no son miembros de un partido político. Convergencia y el PAN son dos instituciones que, al menos en el discurso, promueven abiertamente esta vía y se contradicen en los hechos.

Cuarta. Se impide a los ciudadanos conocer quiénes son los candidatos a los puestos de elección popular. Las restricciones que se imponen no sólo a las campañas sucias sino a la propagación de la hoja de vida de los candidatos disminuye la posibilidad de tomar una decisión informada.

Llama la atención y preocupa la pasividad de la sociedad civil, puesto que no se trata de un tema de medios, empresas, grupos de iniciativa privada o intelectuales, sino de uno que daña los derechos fundamentales de los mexicanos.

En diciembre del año pasado, un grupo de ciudadanos con presencia pública, la mayor parte de los cuales participan habitualmente en los medios de comunicación, electrónica o impresa; así como el Consejo Coordinador Empresarial, solicitaron amparo contra la reforma de noviembre, por considerar que inhibe la participación social y atenta contra la libertad de expresión al prohibir la contratación de mensajes políticos y electorales en radio y televisión y reservar tal género de difusión sólo a los partidos a través del Instituto Federal Electoral, que lo hace en los tiempos del Estado. Tras la demanda del CCE presentaron las suyas, hasta sumar 80, otras organizaciones empresariales, como la Coparmex (y sus centros en toda la República) y civiles como México Unido Contra la Delincuencia. Se comprende que el CCE hubiera trazado el guión para esa acción judicial, pues la reforma constitucional se concibió en buena medida para evitar en lo futuro actuaciones como la de esa cúpula empresarial en el proceso de 2006 que fue cuestionada, sin consecuencias, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los intelectuales son asesorados por Fabián Aguinaco, ex presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, conocedor como pocos de los procedimientos de amparo. Por eso únicamente como una presión política se puede interpretar su apremio a la Corte. Les parece prolongado el lapso entre el 27 de febrero en que ese tribunal atrajo su caso y el final de junio, cuando urgieron su resolución. La Corte es parsimoniosa y cuando no está sujeta a términos procesales se toma su tiempo para resolver, como lo muestran los ejemplos recientes del amparo a los comisionados de la Cofetel, cuyo juicio duró dos años, y el iniciado contra la Ley del ISSSTE, que comenzó en mayo de 2007.

La urgencia de esos grupos a la resolución de sus amparos parece tener que ver con el 3 de julio, cuando se cierra la posibilidad de reformas electorales ante el proceso de 2009. Pero el término se aplica a legisladores y no afecta a los quejosos.