En un comunicado, la FIDH instó "a los comités cívicos y a sus afines a regresar a un ejercicio político de su derecho a la oposición".

La Federación solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) que se sumen a la condena de los "hechos de violencia" y respalden "el Gobierno legítimamente constituido" del presidente boliviano, Evo Morales.

Los líderes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca exigen a Morales que restituya a esas cinco regiones los ingresos petroleros que el Gobierno nacional les recortó en enero pasado para el pago de un bono de ayuda a los mayores de 60 años.

Asimismo, llamó al conjunto de la comunidad internacional a prestar su ayuda para "restablecer el diálogo entre las partes y permitir la estabilidad del Estado boliviano".

Morales denunció esta semana que en Bolivia se ha puesto en marcha "un golpe civil", cuyo "primer capítulo es la toma de instituciones públicas por parte de grupos de choque financiados por las prefecturas" opositoras.

El mandatario convocó el pasado 28 de agosto, vía decreto supremo, un referendo para someter a consulta popular la nueva Constitución, lo que desató una nueva tormenta política en el país e incrementó las protestas de las cinco regiones opositoras que han incluido el intento de toma de instituciones públicas.

Choquehuanca explicó a la prensa que también representantes de la Organización de Estados Americanos manifestaron su disposición de colaborar en esas conversaciones y dar solución de manera pacífica a recientes enfrentamientos en cuatro regiones. El ministro, quien fue citado este jueves al Senado para informar sobre la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas, señaló que es importante apostar al diálogo y no ir a la violencia como está ocurriendo en algunos territorios (Beni, Pando, Santa cruz y Tarija).

Gobierno boliviano avizora mediación internacional en conflictos

En tanto, la OEA, Argentina, Brasil y Colombia se comprometieron ayer a facilitar el diálogo con la oposición, luego que el vicepresidente Álvaro García Linera aceptara convocar por ley un referendo constitucional.

Bolivia reforzó el control militar en los campos de gas

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, insistió ayer en su llamado al diálogo en Bolivia y reiteró la disposición del organismo interamericano a colaborar en la promoción del entendimiento entre el Gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores.

El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo este planteamiento en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo.

En esa sesión, el jefe de la Misión de Observación Electoral para el referéndum revocatorio en Bolivia, Eduardo Stein, presentó su informe verbal sobre esos comicios, celebrados el pasado 10 de agosto.

Insulza destacó que ha acogido con "muy buena voluntad, con mucho afecto y mucho agradecimiento" la solicitud del presidente boliviano, Evo Morales, y de los prefectos (gobernadores regionales) opositores de que la OEA siga actuando como mediadora para facilitar el diálogo político entre ambas partes.

El máximo responsable de la OEA consideró que este esfuerzo merece la pena porque, a su juicio, "el entendimiento es la única forma para que Bolivia pueda salir airosa" de la crisis que arrastra desde hace varios meses.

Se refirió también al próximo referendo sobre el proyecto de nueva Constitución, así como al deseo del país suramericano de "poner límites a las desigualdades y de poder vivir en paz y armonía en una sociedad en la que tengan cabida todos los bolivianos".

El 7 de diciembre los bolivianos acudirán de nuevo a las urnas para decidir si ratifican la nueva Carta Magna mediante dos consultas: una sobre el texto en su conjunto y otra sobre el artículo que regula la extensión de los latifundios expropiables, que quedó sin acuerdo en la Asamblea Constituyente.

No obstante, la decisión de Morales de convocar por decreto a las dos consultas constitucionales ha sido rechazada de forma frontal por los prefectos y los líderes cívicos opositores, que tratarán de impedir la celebración de esos referendos en sus regiones.

Por su parte, Stein, ex vicepresidente de Guatemala, también reiteró la voluntad de la OEA de "co-ayudar en todo lo que quiera el Gobierno boliviano para facilitar un diálogo constructivo y sustantivo", y con el "estricto respeto al pueblo boliviano".

A juicio de Stein, el resultado del referéndum revocatorio, del que salieron reforzados tanto Morales como los principales prefectos opositores, "refleja nítidamente la voluntad de los bolivianos de conciliar sus posiciones".

El referéndum "obliga a la conciliación de las autonomías con el proyecto nacional", agregó.

El referendo ratificó en su cargo a Morales (con un respaldo del 67,4 por ciento), y a los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, mientras que quedaron revocados los también opositores de La Paz y Cochabamba.

"Los que salieron victoriosos del referéndum revocatorio pueden sentirse legítimamente halagados, pero el vigor renovado del voto (...) no debe ser para golpearse con más fuerza, sino en aras de lograr la concertación que toda la ciudadanía les está pidiendo", resaltó Stein.

"Ninguno de ellos puede desconocer que el fruto de su triunfo en el referéndum debe ser en beneficio de la unidad nacional", concluyó.

Fuente: La Nación

Después de escuchar un reporte preliminar de la misión de observación que visitó Bolivia durante el referendo revocatorio de agosto, Insulza afirmó que "el entendimiento es la única forma" para superar el enfrentamiento entre el gobierno central y las provincias que buscan mayor autonomía.

Insulza "confía plenamente" en democracia boliviana

A través de una carta abierta remitida a Insulza, la organización no gubernamental aseguró que el responsable de la OEA es "incapaz" de hacer cumplir el mandato de la Carta Democrática Interamericana en defensa de la democracia en el continente americano.

En el texto, HRF asegura que los Gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela "vienen violando sistemáticamente los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Interamericana".

Entre esas "violaciones", cita el cierre de uno de los principales canales televisivos en Venezuela y la nacionalización de tres estaciones transmisoras de televisión y radio en Ecuador.

HRF señala también "más de 40 muertos en Bolivia como producto de la violencia política y la aprobación arbitraria de un proyecto de Constitución que legaliza los linchamientos" en ese país.

Otras "violaciones sistemáticas de los elementos esenciales de la democracia" por parte de esos estados son, según HRF, la "eliminación de la independencia del poder judicial en Venezuela y Bolivia y el cierre del Congreso en Ecuador", así como "la creciente persecución política y los discursos gubernamentales que incitan a la violencia en esos tres países".

"Con su inactividad, el señor Insulza no sólo incumple su mandato, sino que también parece simpatizar con el comportamiento de estos Gobiernos", añade la ONG.

Recuerda además que la Carta Interamericana contempla un mecanismo para sancionar a "los gobiernos democráticamente electos que aprovechan dicha condición para violar los derechos humanos mientras aparentan legitimidad".

"A pesar de tantas violaciones por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela, el señor Insulza continúa negando públicamente e incumpliendo su mandato de activar la cláusula democrática", asegura la organización, que cree que su falta de actividad "agrava la situación de los derechos humanos en el continente".

"La OEA reconoció plenamente la validez del referéndum revocatorio que confirma al presidente Evo Morales" aunque "aún se esperan los resultados oficiales", dijo Insulza en una nota de prensa emitida por la secretaría general del organismo en Washington.

OEA reitera que convalida la validez de referéndum en Bolivia

El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Stein, informó ayer que en algunas comunidades indígenas del país se detectó que hubo “un acuerdo comunitario” que orientó la votación.

Sin embargo, señaló que las características del voto en estas zonas no pueden ser interpretadas como violaciones al derecho del voto individual y secreto, pues se constituyen en parte de una estructura y acción cultural.

“En el caso de algunas comunidades indígenas...el voto se decide colectivamente; es decir la comunidad se reúne, delibera y acuerda cómo va a votar la comunidad; entonces, no consideran por razones culturales que la secretividad...deba observarse de manera individual”, explicó.

A esto se suma el hecho de que las condiciones de infraestructura de algunos de los recintos electorales sean poco seguras para la emisión del voto secreto. La OEA publicó un informe en el que señala que en el 91 por ciento de las mesas observadas se garantizó el voto secreto.

Esta situación es parte de 40 observaciones que identificó la misión en la recolección de información de 125 observadores distribuidos en el país. Entre ellas también se encuentra la denuncia del “secuestro a algunas personas para impedirles votar” y el robo de material electoral.

Según Stein, los casos de irregularidades reportados no ponen en duda el proceso registrado el domingo, incluso ante la posibilidad de que el número se incremente a 50. “No son, por el grado de diversidad y alcance geográfico de la muestra, un motivo de inquietud que nos permita inferir que el proceso en general pudo estar seriamente contaminado”, insistió el delegado de la OEA.

El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, quien recibió ayer de manos de Stein el informe preliminar del proceso electoral, aseguró que tomarán en cuenta las recomendaciones de la OEA, aunque insistió en que “el proceso técnico fue impecable”.

El jefe de la misión internacional reiteró que “ningún proceso es 100 por ciento a prueba de todo; todos los procesos electorales en América Latina son mejorables, perfectibles y sujetos de ir dando mayor confianza institucional a la ciudadanía”.

En criterio de Stein, las situaciones irregulares detectadas hubieran merecido “un examen muchísimo más minucioso” si es que los resultados a nivel departamental o nacional hubieran tenido centésimas de diferencias.

EL INFORME

Derecho • “En el 91 por ciento de las mesas observadas por el organismo electoral se garantizó el voto secreto”.

Campaña • “En el 30% del interior y alrededores de recintos de votación hubo evidencia de propaganda electoral”.

Cómputo • “En el 89% de las mesas de sufragio observadas se realizó el escrutinio de acuerdo con procedimientos legales”.

La organización pidió asimismo que el ejemplo de los bolivianos sea tomado por los líderes ratificados para iniciar el proceso de consenso.

"No es suficiente la expresión jubilosa que expresaron el domingo los ganadores en el referendo revocatorio que de manera magnánima hablen de negociar, es indispensable que en poco tiempo, pocos días, se planteen reglas claras de cómo llegar a ese diálogo", afirmó en conferencia el jefe de la misión de observadores de la OEA, el guatemalteco Eduardo Stein.

OEA demanda el diálogo entre oficialismo y oposición en Bolivia

También:  Insulza afirma OEA seguirá apoyando "todo esfuerzo" de negociación en Bolivia

El sentido del humor es lo último que se pierde. Los partidos de oposición venezolanos entregaron un documento ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que rechazan la "inseguridad jurídica" en Venezuela, ante las 26 nuevas leyes decretadas por el dictador Hugo Chávez, según publica hoy la prensa; la mayoría de ellas diseñadas para controlar a la población limitando el acceso a los alimentos.

El diario "El Nacional" indica que la comunicación va dirigida al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza y se refiere a la situación del sistema jurídico venezolano. Lo que indica que los pobres venezolanos no tienen idea que Insulza es más chavista que Chávez.

El presidente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), Antonio Ledezma, sostuvo que las 26 leyes-decretos constituyen un "golpe" contra el Estado de derecho y una "barbaridad" contra la Constitución.

"Alertamos a la OEA, de cómo aquí se usan los recursos que se le entregan al Presidente de la República", expresó Ledezma, quien instó a la comunidad internacional a fijar una posición al respecto.

Los venezolanos deben estar bastante desesperados para pedirle a que vivió de sobresueldos y que obstruyó investigaciones sobre la corrupción del MOP, se escandalice porque Chávez desvía recursos.

Asimismo, indicó que en el escrito plantearon el tema de las inhabilitaciones políticas que impuso el Contralor, Clodosbaldo Russián, a 272 personas, situación que les impide inscribirse como candidatos a las elecciones regionales del 23 de noviembre.

"(La inhabilitación) es un elemento palmario de cómo aquí se usan los entes públicos para perseguir políticamente a los candidatos", dijo.

Ledezma destacó que en la comunicación también se planteó la situación de los presos políticos y las personas despedidas de la estatal Petróleos de Venezuela, tras firmar contra Chávez para solicitar la activación del referéndum revocatorio presidencial en 2004.

El documento fue suscrito por los partidos Acción Democrática, Bandera Roja, Proyecto Venezuela y Alianza al Bravo Pueblo.

Soñar es gratis.

Foi destaque no site da C-FAM - Catholic Family and Human Rights Institute:

«(Nova Iorque - C-FAM) O movimento homossexual mundial conquistou um avanço considerável na Organização dos Estados Americanos (OEA) com a aprovação de uma resolução que se aproxima de tornar a orientação sexual uma categoria sob proteção de direitos humanos. Recentemente, a 38ª Assembléia Geral da OEA aprovou a resolução entitulada "Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identidy" (Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero), apresentada pela delegação Brasileira.

(...)

Esta não é a primeira vez que o Brasil promove a agenda pró-homossexualismo a nível internacional. Em 2003, na Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos em Gênova, o Brasil introduziu uma resolução que tentava tornar a "orientação sexual" como parte da lista de categorias protegidas contra discriminação. Tal medida falhou devido à sólida resistência por parte dos estados membros das Nações Unidas que temiam que tornar a orientação sexual uma categoria protegida contra discriminação poderia levar à imposição de direitos legais especiais baseados na "orientação sexual" e a imposição pelas cortes do "casamento" homossexual, o que poderia incluir a prisão de líderes religiosos por pregar contra a homossexualidade.» -- [Tradução livre. Notícia original aqui.]

Já faz muito tempo que muitos cristãos de olhos abertos estão alertando a nossa população sobra onda anti-vida e anti-família que assola nosso mundo moderno, de modo especial a América Latina, devido ao impulso tomado pelos governos esquerdistas nos últimos anos.

O Pe. Paulo Ricardo denuncia o chamado "marxismo cultural" (ouça a palestra), que está profundamente arraigado na nossa sociedade, promovendo a cultura da morte, a destruição da família e a derrocada da Fé cristã e, com ela, de todos os princípios e valores morais judaico-cristãos, que são responsáveis por manter a civilização de pé.

O Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz, alma forte, do Movimento Pró-Vida de Anápolis, também tem feito numerosos alertas sobre a agenda da militância GLBT, por exemplo, quando denunciou a ideologia de gênero.

Está claro que os governos esquerdistas da América Latina (inclui-se aí o Lula e seu PT), estão desveladamente empenhados na destruição da moral e dos direitos humanos, com a promoção da agenda gay e do aborto.

Nós, cristãos católicos, precisamos tomar consciência política, e começar a lutar contra essa força marxista. Precisamos formar famílias santas e conscientes de sua missão no mundo, conforme o Papa João Paulo II expressa em sua Familiaris Consortio, para que nossas famílias sejam verdadeiramente sal da terra e luz para esse mundo onde as trevas cada vez mais tentam avançar.

Paz e Bem!

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Leia também:

• Os Tentáculos do Monstro Gayzista (por Jorge Ferraz - Deus lo Vult!);
• O "casamento" homossexual ameaça a nação e a Fé (P.A.);
• Líder gay ataca ativistas pró-família (P.A.);
• AIDS: OMS finalmente admite o que as ONGs e o lobby gay esconderam por 25 anos (por Reinaldo Azevedo);
• Os grupos de risco existem (por Jorge Ferraz - Deus lo Vult!).

Evo Morales encabezó los actos cívicos en La Paz, y los opositores se concentraron en Sucre y Santa Cruz. En Cochabamba hubo conflictos. La OEA está preocupada

Los actos conmemorativos del 183 aniversario patrio reflejaron ayer división en el país y un ambiente de tensión en ascenso, producto de los conflictos sociales y políticos, y la cercanía del referéndum revocatorio.

El Congreso Nacional fracturado y los sectores sociales dispersos en dos bloques antagónicos reflejaron este panorama, que provocó llamados de reflexión de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica.

En La Paz, el mandatario Evo Morales encabezó los actos oficiales, a los que no asistieron los parlamentarios de la oposición ni el prefecto, José Luis Paredes.

Paredes reveló que una noche antes recibió la visita de dos enviados del Jefe de Estado, quienes le recomendaron no asistir a los actos cívicos para evitar incidentes. “He entendido esa solicitud y acepté no participar, pese a que nosotros hemos organizado los actos”, explicó.

En el acto principal, aunque la plaza Murillo estuvo abarrotada por funcionarios públicos que gritaban a favor de Morales, algunos funcionarios de la Prefectura le gritaron “¡dictador!”, “¡asesino!”, esto último en referencia a los dos muertos durante los enfrentamientos del martes entre mineros y policías en la localidad de Caihuasi, asunto que el Jefe de Estado omitió durante su escueto mensaje a la nación.

En Sucre, los senadores y diputados de la oposición asistieron a una atípica sesión en un salón de la Prefectura. La Casa de la Libertad, donde históricamente se realiza la sesión parlamentaria por el aniversario patrio, fue cerrada a los opositores por una orden que llegó de La Paz, según fuentes oficiales.

Los parlamentarios oficialistas se trasladaron a sus regiones para asistir a eventos que combinaron la conmemoración del aniversario patrio con movilizaciones de respaldo a Morales, como ocurrió en La Paz, donde los asistentes a los actos en la plaza Murillo llevaron pancartas y afiches de respaldo al Jefe de Estado.

En Santa Cruz también hubo tensión. En medio del desfile patrio, un grupo de vecinos vestidos de negro y encabezados por el presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Rodolfo Landívar, llegó hasta la plaza 24 de Septiembre y agredió con petardos y gritos a los policías y militares que asistieron al acto acusándolos de “vendidos” y “asesinos”.

En la tarde, Morales llegó hasta el aeropuerto El Trompillo, pero una movilización similar a la que un día antes se produjo en la ciudad de Tarija impidió que salga de esa estación aérea y asista a un acto deportivo.

En Cochabamba, los actos cívicos también fueron empañados de tensión y enfrentamientos verbales entre grupos afines al prefecto Manfred Reyes Villa y al alcalde Gonzalo Terceros, aliado de MAS. “!Alcalde masista!”, “¡vendido!”, “¡maricón!”, fueron algunos de los epítetos lanzados contra Terceros. Ambas autoridades no se dirigieron la palabra.

En Sucre el panorama fue similar. Las organizaciones afiliadas a la COD se anticiparon al desfile y protagonizaron una marcha de protesta contra el Gobierno, que concluyó con un mitin en la Casa de la Libertad.

Al final de la tarde, en Trinidad (Beni) se produjo un enfrentamiento entre pobladores que rechazaban la visita de Morales y mototaxistas que lo defendieron.

La OEA está preocupada por el país

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó su “profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en la República de Bolivia”, informó ayer la oficina de prensa de ese organismo multinacional.

Según el comunicado, “la situación de violencia, confrontaciones y graves desacuerdos políticos” que anteceden al referéndum revocatorio ”pueden impedir que la crisis política actual encuentre un camino pacífico para su solución”.

En consecuencia, hizo un “llamado urgente” a las partes en conflicto “para que se aseguren las condiciones básicas para que el proceso electoral transcurra de manera pacífica”.

Insulza exhortó “a todos los bolivianos y bolivianas a realizar el mayor esfuerzo para evitar la violencia y encontrar —a pesar de las grandes dificultades— un camino que impida el deterioro de la situación nacional”, señala la oficina de la OEA.

En un comunicado, el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su "profunda preocupación" por la evolución de los acontecimientos en Bolivia en vísperas del referéndum revocatorio previsto para el próximo 10 de agosto.

Insulza advirtió que "la situación de violencia, confrontaciones y graves desacuerdos políticos puede impedir que la crisis política actual encuentre un camino pacífico para su solución".

Insulza pide a Bolivia que evite violencia e impida deterioro de situación

A constitutional amendment promoted by a teacher’s union would impose the largest unfunded mandate in Oklahoma history and could require massive budget cuts to vital agencies or enormous tax increases on working families. Rep Tad Jones (R-Claremore), vice-chair of the House Appropriation and Budget Committee and Chair of the House Education Committee:

“The Oklahoma Education Association’s proposed constitutional amendment would require major reductions in crucial needs such as roads, public safety and health care programs; increased taxes; or both. It’s completely unnecessary. The Legislature has provided record-setting appropriations for schools for several years in a row, including significant teacher pay increases, and our commitment to education remains strong.”

The OEA proposal would require a shift of at least $850 million extra to education.

Nearly 50 cents out of every Oklahoma state tax dollar currently goes to education. This year, total state, local and federal funding for public schools will exceed $4.15 billion and the National Education Association’s own figures show Oklahoma spends about $6,944 per student – more than the cost of a year’s tuition at either OU or OSU.

In fact, Oklahoma’s public school expenditures as a percentage of gross state product rank 17th highest in the nation, so Oklahomans actually devote a larger share of their available dollars to schools than most states.

"Aside from potential cuts, any tax increases indirectly required by the OEA initiative would be devastating to working families already struggling to get by. Oklahomans can’t afford higher taxes. We recently lowered income taxes and raised the standard deduction for working families and retirees. To reverse course at a time when Oklahomans are facing $4 gas would create a real hardship for many.”

The potential cuts to state programs forced by the OEA would be felt across the state. Rep. Mike Thompson (R-OKC), who chairs the House Transportation Committee:

“Oklahoma roads are in desperate need of repair and the eight-year plan approved this year will be imperiled if the OEA’s constitutional amendment is adopted. How will it help our economy to put more money into schools if our roads look like a minefield and our bridges are on the verge of collapse?”

A recent review by USA Today found that Oklahoma has more than 5,000 bridges considered deficient – the second-most in the nation.

Public safety programs could also be imperiled by the OEA’s plan. Rex Duncan (R-Sand Springs), who chairs the House Judiciary and Public Safety Committee:

“There are about 25,000 inmates in Oklahoma prisons and, contrary to the urban legends, those men aren’t ‘non-violent offenders;’ they’re murderers, rapists, child molesters and drug dealers. Recklessly cutting our public safety budget would literally endanger lives.”

The OEA plan could also endanger the future of many schools.

State Rep. Jeff Hickman (R-Dakoma), chairman of the House Rural Caucus, who represents five counties in northwest Oklahoma, noted that the OEA initiative is similar to one implemented in Arkansas that led to school consolidation even as lawmakers increased funding:

“It’s this simple: The states the OEA cites as models closed rural schools. And since the OEA plan is very similar to the Arkansas initiative that led to the consolidation of 57 schools, it’s hard to believe they don’t expect the same thing to happen in Oklahoma. Reducing educational opportunity does not help Oklahoma children. We need to support our schools, not close them.

“You don’t improve education by closing schools – particularly some of our best-performing districts. We don’t need to adopt the Arkansas model in Oklahoma.”

In Arkansas, lawmakers closed schools and increased taxes as they worked to hike school funding, yet failed to improve student performance. Hickman said it’s no surprise Oklahoma students continue to outscore Arkansas kids on the ACT.

Colombia denunció el jueves ante la comunidad interamericana el "directo apoyo'' del gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega a las FARC y rechazó el tratamiento de "hermanos'' que el gobernante ha dado a los miembros de esa guerrilla.

"Resulta ofensivo para la nación colombiana que se otorgue ese tratamiento a un grupo terrorista que comete crímenes de lesa humanidad, incluidos el secuestro, reclutamiento de menores, y utilización de minas antipersonas y armas no convenciones de efecto indiscriminado'', dijo el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina.

Ospina dijo que con las acciones de Ortega, quien se ha presentado con miembros de las FARC y los ha elogiado en público, Colombia tendría base para pedir sanciones internacionales contra Nicaragua por apoyar el terrorismo, pero indicó que su gobierno no lo haría por consideración al pueblo nicaragüense.

"Suficiente castigo es su gobierno'', dijo.

Esta ha sido la segunda vez que Colombia formula ese tipo de denuncia ante la OEA en menos de un mes. El 24 de junio, Ospina habló de las "actividades ilegales'' de Ortega acusándolo de proteger, promover y hacer apología de grupos terroristas y sus miembros.

Nicaragua, como en esa ocasión, no respondió a las denuncias colombianas. En junio, el embajador Denis Ronaldo Moncada había informado al Consejo Permanente de embajadores, el foro en sesión entonces y ahora, que requería de tiempo para preparar su respuesta.

Moncada intervino, sin embargo, en esta ocasión pero sólo para referirse al viejo diferendo marítimo caribeño entre Nicaragua y Colombia, denunciando "el constante desprecio y violación del derecho internacional'' de parte del gobierno colombiano al mantener fragatas de guerra en la zona en disputa.

El diplomático nicaragüense se refirió también al ataque de militares colombianos contra un puesto de las FARC en territorio ecuatoriano a comienzos de marzo calificándolo como "un acto de terrorismo de estado'', frase que empleó seis veces más durante su intervención luego de la denuncia de Ospina.

El embajador de Estados Unidos, Héctor Morales, hizo notar la falta de respuesta de Nicaragua, calificó como "lamentables'' las acciones de Ortega y reafirmó su apoyo a Colombia en su lucha contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia internacional.

Fuente: El Nacional

Los observadores anunciaron  "condiciones"  para dar legitimidad a la  ejecución de la votación durante la consulta y señalaron que  "la gente puede  sentirse tranquila"  frente a las acusaciones de fraude.

"No hay elementos específicos que le permitan a la misión determinar en un caso concreto que ha habido un intento de alteración del padrón" , dijo Eduardo  Stein en conferencia de prensa.

Misión de la OEA valida realización de referendo boliviano

También:   OEA no halla fraude para próximo referendo en Bolivia