¿Cuántos afiliados contarán con acceso a Internet para consultar los logros mediáticos de su fuerza sindical?

Cheque nomás el estilo de inserción pagada:

Nuestro Compañero Ing. Francisco Ontiveros Mota entregando uno de los bonitos obsequios a una mamita agraciada, el día del festejo en su honor.

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¡Que vivan las fuerzas vivas de la revolución!

A veces de tanto ver las cosas que están mal en nuestra ciudad se convierten en parte de nuestra normalidad cotidiana.

Esta mañana dos camionetitas conocidas como "peseras" competían por ganar pasajeros jugando con la velocidad y la vida de los pasajeros que ya transportaban y con la integridad de los otros conductores. El resultado: 19 lesionados en un choque en Insurgentes Sur y Eje 10 Sur.

Marcelo Ebrard ¿hasta cuando vas a sostener a un inepto de la talla de Armando Quintero, tu secretario de Transporte y Vialidad? y digo tu secretario porque la gente no merece tener que pagar, en este caso con su integridad, por tus componendas políticas. Porque tener ahí a Quintero es un favor político que tú le estás haciendo. Evidentemente, y eso lo puede notar cualquiera en cualquier parte del df, el trabajo de ese mafiosito de Iztacalco no se ve por ningún lado.

La pregunta entre estas dos mujeres protagonistas del día del maestro no es en torno a quién de ellas es más honesta, más capaz, ni siquiera, más carismática. No, no no no...

sino la pregunta es...

¿Quién de las dos está más fea?

Ustedes disculparán lo anodino de esta pregunta, pero me sacaron un susto y no estoy cierto de quién de ellas fue la que me espantó más. (Sus votos, libres y secretos, en los comentarios de este post.)

Y es que algunos medios electrónicos pasaron de largo el sorpresivo descuento a los jubilados y pensionados del SNTE, a ver quién es más frívolo.

La condecoración de Acosta Chaparro, un insulto para las víctimas de la guerra sucia y sus familiares:REDTDT

Las organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de la represión y de derechos humanos abajo firmantes, quienes durante varios años dimos seguimiento a la actuación de la Fiscalía para los delitos del pasado, y hemos insistido en la obligación del Estado Mexicano de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia, manifestamos nuestra indignación por la condecoración que el Ejército mexicano otorgó al General Arturo Acosta Chaparro recientemente.

Numerosos testimonios confirman que Arturo Acosta Chaparro, junto con otros militares como el fallecido Francisco Quiroz Hermosillo, participó en la tortura, desaparición y ejecuciones de decenas de campesinos y campesinas en el estado de Guerrero.

El gobierno de México, en contra de las diversas recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, dejó la investigación de estos delitos a cargo de la justicia militar que, como lo ha señalado el Relator sobre Tortura de Naciones Unidas, generalmente protege al personal militar.

Lo anterior fue constatado en este caso, ya que un juez militar absolvió a Acosta Chaparro por ?desvanecimiento de datos?, a pesar de las pruebas y testimonios en su contra.

Por lo anterior, es ofensivo e insultante para las víctimas, sus familiares y todos los mexicanos y mexicanas que ahora se condecore a este criminal por su ?patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones?.

Con esta acción, el gobierno de Calderón y la SEDENA muestran una vez más su desprecio por los derechos humanos y su falta de respeto para quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos durante la guerra sucia.

Como puede verse el Estado mexicano sigue con su incongruencia, mientras en el ámbito internacional México impulsó en 2005 la aprobación en las Naciones Unidas de los ?Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones?, dentro de México las desapariciones forzadas producto de la guerra sucia siguen sin ser adecuadamente investigadas y no se ha sancionado a ninguna autoridad por éstos crímenes, ni se ha reparado integralmente a las víctimas.

Según los Principios arriba mencionados, la reparación de los daños sufridos, que tiene por objeto promover la justicia, remediando las violaciones a los derechos humanos, incluye:

-La restitución: siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación.

-La indemnización: de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, por todos los perjuicios económicamente evaluables, tales como: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades; los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

-La rehabilitación: incluye atención médica y psicológica y servicios jurídicos y sociales.

-La satisfacción: incluye, cuando sea procedente: Medidas eficaces para que cesen las violaciones continuadas; verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de personas desaparecidas y de los cadáveres de las personas asesinadas; una declaración oficial o decisión judicial que reestablezca la dignidad.

La reputación y los derechos de la víctima y las personas estrechamente relacionadas con ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones administrativas y judiciales a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; exposición precisa de las violaciones ocurridas en el material didáctico de todos los niveles.

-Las garantías de no repetición: Incluyen, cuando proceda, el ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales; el fortalecimiento del poder judicial; la protección de los profesionales del derecho, la salud y asistencia sanitaria.

La información y los defensores de derechos humanos; la educación respecto a derechos humanos en todos los sectores de la sociedad y el gobierno; la promoción de la observancia de los códigos de conducta y norma éticas, en particular, las internacionales por parte de funcionarios públicos, personal de fuerzas de seguridad, establecimientos penitenciarios, medios de información, la salud, la psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; la promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales; la revisión y reforma de las leyes que contribuyan o permitan la violación de los derechos humanos.

Una condecoración como la otorgada por la SEDENA a Acosta Chaparro, va en contra de estos principios que México impulsó a nivel internacional.

Demandamos nuevamente al gobierno de Calderón que se investigue y sancione a los responsables por los cientos de casos de desaparición forzada ocurridos durante la guerra sucia.

Exigimos a la SEDENA, que también está obligada por los compromisos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, a que reconsidere y retire dicho reconocimiento a Acosta Chaparro, y proporcione la información necesaria para que la justicia civil lo enjuicie por los crímenes que cometió.

Organizaciones:

Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de Violaciones
a Derechos Humanos (AFADEM).

Fundación Diego Lucero A.C.

Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Hijos e Hijas Nacidos en la Tempestad.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
?Todos los Derechos para Todos y Todas?.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS"

Contacto:

Agnieszka Raczynska
Patricio Sanz 449
Colonia del Valle
03100 México, D. F.
52-(55) 5523-9992
www.redtdt.org.mx

TV Azteca informó que el juzgado décimo tercero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal emitió una resolución que suspende la multa impuesta por el IFE al no transmitir los spots de los partidos políticos en tiempo y forma.

Sin embargo, dicha resolución no le suspende la obligación de transmitir los spots de partidos políticos establecidas por el IFE, por lo que también adelantó que los transmitirá, pero que al mismo tiempo impugnará la resolución del Juez, y recurrirá a todas las instancias legales para obtener la suspensión de la pauta que de acuerdo con la televisora, le fue fijada “de manera unilateral e ilegal” por el órgano electoral.

El boletín de TV Azteca menciona que la resolución representa un "triunfo".

¿Pues no que ¡Ya basta! con la impunidad, los cochupos y la corrupción?

Con información de Radio 13

El ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, vuelve a ser noticia estos días, pero por la puerta de atrás. El general tiene mucho qué explicar en el tema de la batalla contra el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera. No se le puede adjudicar responsabilidad en la fuga del narcotraficante del Penal de Puente Grande, Jalisco, ocurrida a principios de 2001. Sin embargo, sí tiene cosas qué decir sobre una operación para recapturarlo en marzo del mismo año.

Don Rafael no ha dado argumentos sobre el porqué parar a los agentes federales que estuvieron a punto de arrestar a El Chapo. Vaya, lo tuvieron ubicado en el rancho Los Limones, en Santa Fe, Nayarit. Macedo dijo que le pasaran toda la operación al Ejército, que sin estar preparado demoró tres días en llegar a la propiedad. Para entonces, El Chapo había escapado en un helicóptero suministrado por Ismael El Mayo Zambada. La historia sigue abierta.

La semana de mayor aflicción en la guerra contra el narco coincidió con el lanzamiento del libro de Carlos Salinas de Gortari. Lejos de suavizar su plan mercadotécnico, Salinas hizo más fuego, esencialmente contra su obsesivo objetivo: Ernesto Zedillo. No aportó conocimiento y dudo que reflexión. Diseminó rencor, animado por el anhelo de reescribir en primera persona una historia donde aparece desautorizado desde casi ya década y media.

Fiel a su estilo, Zedillo dejó pasar los disparos. Algunos pensamos que una forma de respuesta se daría en la colaboración sabatina de uno de los más lúcidos y fieles zedillistas, Liébano Sáenz. Lejos de eso, el ex secretario particular dedicó su espacio en MILENIO para subrayar que México, no sólo su gobierno, pelea una cruenta guerra contra la delincuencia organizada, y que frente a ello la grandeza política reclama talento para identificar lo fundamental y lo importante.

Los acontecimientos de la última semana, escribió, son un llamado de atención a los políticos que no parecen comprender que el combate al crimen es una tarea de Estado. Y planteó “poner un alto a diferencias ociosas y a resistencias de quienes por sistema se oponen a todo lo que hace o proviene del gobierno”.

La propuesta de Liébano consiste, a grandes rasgos, en transitar hacia un acuerdo nacional que sume voluntades y reduzca “la pesada carga de rencor”.

Sí, es desastroso y desalentador para la cruzada contra esa forma de terrorismo mexicano del siglo XXI que es el narco, que mientras policías y soldados se juegan la vida, muchos políticos se siguen cobrando agravios personales, y/o apuestan a la demolición del presidencialismo y, a fin de cuentas, a que se pudra todo.

El jueves de la semana anterior les informaba que un día antes –7 de mayo– había recibido un mensaje del químico David Aguilar, de Orizaba, Veracruz, relacionado con una petición que presentó al IFAI y no había sido atendida: “Desde el día primero de marzo –decía– solicité al IFAI la totalidad de los contratos adjudicados a Ivancar (empresa de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo) por las diferentes empresas de Pemex. Nunca recibí notificación alguna de ampliación del plazo de respuesta, y ya pasó el máximo de tiempo para responder, que son 40 días. Mi solicitud es la número 301182. Estoy asqueado de vivir en esta simulación de democracia y manos limpias, y todavía como puntilla han borrado mi registro del sistema de cómputo, de tal forma que ni siquiera le puedo dar seguimiento alguno a mi requerimiento”. También comenté que había llegado a mi buzón, horas después del mensaje de nuestro lector veracruzano, la agenda de la sesión que el IFAI celebraría el mismo miércoles y venía incluido el asunto de los contratos de la familia Mouriño Terrazo. El expediente estaba en manos del comisionado Alonso Gómez Robledo. Parecía que la demora se corregiría.

Blanca paloma

La primera sorpresa fue que el tema de los contratos de la familia Mouriño Terrazo fue tumbado de la agenda de la sesión del IFAI en forma inexplicable. Una posible explicación surgió al día siguiente, jueves 8 de mayo, en la Cámara de Diputados. La comisión encargada de investigar los negocios del secretario de Gobernación –Juan Camilo, apoderado que fue del clan Mouriño al mismo tiempo que desempeñaba funciones incompatibles en el sector público– lo declaró inocente. Con una sospechosa unanimidad, los diputados Obdulio Ávila y Antonio Valladolid, del PAN; Raúl Cervantes, priísta de confianza de Don Gamboani; Armando García, de Alternativa; Miguel Ángel Jiménez, de la miss Elba Esther, y el presidente, Javier López Adame, de las huestes del Niño Muerde, concluyeron que es una blanca palomita. Con ironía, Carlos Monsiváis comentó que tal vez se hará acreedor a la medalla Belisario Domínguez.

Impunidad blindada

Hasta ahí, el asunto no era más que otra muestra de la cotidiana impunidad. El presidente del IFAI, Alonso Lujambio, del círculo cercano a Felipe Calderón, y el comisionado Alonso Gómez Robledo aparentemente habían hecho maromas para quitar de la agenda el tema Mouriño-Pemex, a fin de que no hiciera ruido con la exoneración que le obsequiarían en la Cámara de Diputados. Sólo que ayer apareció en La Jornada una carta enviada por Jaime Alcudia Goya, director general de Comunicación Social del IFAI, en la cual, entre otras cosas, dice que “dicho ciudadano –el veracruzano David Aguilar– no presentó, aunque él afirma que lo hizo, el recurso de revisión al que alude, el cual es el número 651/08 (sic)”. Aparte de la enredada redacción del texto, resulta impresionante hasta qué extremos puede llegar la clase política para encubrir a uno de sus más distinguidos miembros, el secretario de Gobernación. Sin embargo, el ciudadano afirma que su solicitud sí existe y para demostrarlo envía copia del acuse de recibo expedido por el propio IFAI el primero de marzo. Podría reproducir el texto, pero opté por darles a conocer un fragmento en forma gráfica, a fin de que no queden dudas. Si alguno de ustedes se interesa por el documento completo puedo enviárselo a su buzón. Ahora sí se pasaron: niegan que recibieron una solicitud de información cuando hay la prueba irrefutable de un acuse de recibo oficial del propio IFAI. Insisto: ¿cómo podremos tener acceso a la información relativa a las llamadas que el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información recibe de Bucareli y Los Pinos para que tape los asuntos espinosos?

EFE, Granada | Actualizado 17.04.2008 - 14:28

Hace unos días, el lunes 28 de abril, mi compañera de toda la vida y yo fuimos al mercado del barrio en que vivimos hace más de treinta años. Y como teníamos la idea de preparar para la comida una tortilla española de huevo y papa, compramos un kilogramo del sabroso tubérculo. Pagamos por ese kilo diez pesos.

Supongo que si hubiéramos ido a la central de abasto, con toda seguridad habríamos pagado por el kilito de patatas (como dicen los españoles) bastante menos de diez pesos. Ocho o siete, quizás.

Pero una semana después alguien sugirió para la comida pollo rostizado. O, dicho en buen español, pollo asado al pastor. Mi compañera, la Chinita, fiel a la añeja costumbre, tuvo a bien comprar las tradicionales papas en hojuelas. No había más que papitas fritas de marca. Y adquirimos una bolsa grande de 170 gramos por 23.50 pesos.

Casi sin saber por qué, empecé a hacer comparaciones entre el precio de las papas crudas en el mercado de la colonia y el precio de las fritas de bolsita. Y pude constatar que frente a los diez pesos del kilo de papas crudas, el de bolsita, de cualquier marca, cuesta 138 pesos. Trece veces más. Una diferencia de precios de 1380 por ciento. ¡Mil trescientos ochenta por ciento!

Y ocurre, como le consta a cualquiera, que es muy grande la demanda de papitas fritas de bolsa. Y quien dice alta demanda, dice alto consumo. Y quien dice alto consumo está diciendo que existen millones de personas con ingresos suficientes para comprar un alimento con un sobreprecio de más de mil por ciento.

Pero el enorme sobreprecio que paga el consumidor por ese kilo de papas (138 pesos) parece abismal cuando se sabe que el salario mínimo en México es de sólo (más o menos) cincuenta pesos. De modo que para adquirir un kilo de papas fritas de bolsa son necesarios casi tres días (2.76) de faena de un trabajador de salario mínimo.

Y si el amable lector coincide conmigo en que un sueldo más o menos normal de un empleado de oficina o de comercio es de alrededor de 4 mil pesos mensuales, ello quiere decir que gana por día 133 pesos. De modo que un día de salario no le alcanza para comprar ese kilo de papas fritas (138 contra 133).

Así que no entiendo cómo alguien puede quejarse de la carestía del arroz, del huevo, del frijol, de la leche o de la carne, y no repara y no se queja del bárbaro precio de un producto de enorme consumo popular. Algo, sin duda, anda mal en la economía nacional y mundial.

Y algo anda muy mal, sin duda, en nuestras propias cabezas. Algo que nos impide darnos cuenta del abuso del que somos víctimas. Y lo que es peor: un abuso del que somos gozosos cómplices.

Presentaron también una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violación a sus garantías.

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El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, se negó a pronunciarse en torno a las razones por las cuales será transferido a otro país.

Entrevistado en el marco de la presentación del Diagnóstico de los derechos humanos en el Distrito Federal,Incalcaterra se limitó a decir que el cambio “es una cosa normal” y evitó, bajo cualquier circunstancia, referirse a las versiones que señalan que fue el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el que presionó al organismo internacional para que fuera trasladado: “La noticia es el diagnóstico de los derechos humanos en el Distrito Federal. Ésa es la noticia y espero que se difunda. El diagnóstico es un ejercicio único, repito, no hay que desvalorar esta experiencia, que es un ejercicio que no se ha hecho en ninguna otra parte.

En una carta enviada al jefe del Ejecutivo, el organismo internacional señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó el procedimiento que en teoría se aplica a la remoción y designación de funcionarios de las Naciones Unidas. "Sin embargo no desmiente claramente que su gobierno haya interferido en el caso específico del señor Amerigo Incalcaterra".

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El appista Florentino López aseguró que se reclutaron lo mismo ex policías, porros y sicarios de los cárteles de la droga para "arremeter contra las voces que demandaban un viraje en la forma de conducir el gobierno y la ley en Oaxaca".

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Desde el 19 de septiembre pasado –según consta en dos querellas presentadas ese día ante el Ministerio Público capitalino por el campesino guerrerense Javier Torres Cruz y por su tío Isaías Torres Rosas, ambas en poder de La Jornada–, el caso del supuesto “suicidio simulado” de la defensora de los derechos humanos dio un vuelco.

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Al participar en la Conmemoración Internacional de la Libertad de Prensa, organizada por Naciones Unidas en México, Incalcaterra recordó las palabras que Louise Arbour –titular de dicho Alto Comisionado–, manifestó en febrero pasado en la sede la organización en el país:

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.El clan que nada toma en serio cuenta que para el ex gobernador del Edomex, Arturo Montiel, lo difícil no fue elegir entre El Santuario, frente al agua clara; Valle de Bravo, y el rancho San Diego, en Ixtapan de la Sal, para escenario de boda el próximo sábado. Lo rudo fue convencer a Norma Meraz, quien será su tercera esposa, de que tenía locura temporal cuando bautizó al Centro Médico en Metepec, al Instituto de la Mujer en Ecatepec, al Hospital General y al distribuidor vial de Atlacomulco: Lic. Maude Versini de Montiel. ¡Gulp!

En aquella ocasión, haciendo honor a Joseph Goebbles por aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, Salinas dedicó su discurso a criticar al gobierno de Ernesto Zedillo por el llamado "error de diciembre" y la fuga de capitales, el fobaproa y un largo bla, bla, bla, bla.

Unas horas antes tuve la oportunidad de ver fragmentos de la tibia y servil entrevista que le realizó a Salinas Jorge Fernández en Cadenatres.

¿Y qué creen?

Lo mismo que está diciendo ahora Carlos Salinas de Gortari, se lo dijo a Abraham en 2002 (ustedes lo pueden escuchar en la segunda opción de audio en el enlace referido).

Eso demuestra que el Chupacabras le sigue midiendo el agua a los camotes para limpiar su maltrecha imagen y operar de manera campante y sin vergüenza política.

¿Pero como nos vamos a quitar la imagen, en plena crisis del 95,  de esos niños haciendo malabares mientras la luz del semáforo estaba en rojo y veíamos al futuro de México moviendo las nalgas retacadas de globos y con la máscara de aquél que algún día nos dijo que los tiempos venideros no serían fáciles pero sí, llenos de esperanza?

¿Cómo vamos a olvidar que no solo engañó al pueblo de México sino a la comunidad económica internacional y al mismísimo Bill Clinton?

¿Cómo no recordar que Carlos Salinas de Gortari dejó la economía sostenida con alfileres?

¿Cómo olvidar el asesinato de Luis Donaldo Colosio?

¿Cómo olvidar a su súper secretario particular, el tenebroso, José Córdoba Montoya?
No Lic. Salinas de Gortari, no podrá engañarnos de nuevo. La herida de su corrupto legado aún está fresca.

Luego de tres meses de trabajo la Comisión "Mouriño", presidida por Antonio Javier López Adame, no encontró ningún indicio que apunte al tráfico de influencias en el caso de los contratos firmados por el entonces funcionario público y entonces apoderado legal de Ivancar.

Habrá que enviarles dos perros a los integrantes de dicha comisión; un perro sabueso y otro lazarillo.

Agradezco la gentileza para poder utilizar el mismo espacio donde se publicó la petición que formuló el Lic. Rommel Moreno Manjarrez, procurador General de Justicia del Estado, respecto al ofrecimiento de pruebas que demuestren la corrupción en la que incurren algunos elementos de ciertas corporaciones policiales de esta entidad federativa.

Inicialmente, hago de su conocimiento que soy un militar que durante toda mi carrera profesional, me he esmerado en realizar mis actividades con entusiasmo, responsabilidad, eficiencia y honestidad; pero además, en mi contacto con la sociedad, expreso mis ideas con claridad, veracidad y entereza; motivo por el cual, me he ganado la confianza y respeto de mis compañeros de armas; así como la credibilidad y apoyo de la población civil, sobre todo en las acciones realizadas contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad, debido a que son actividades que causan graves daños a la sociedad mexicana; por lo antes señalado, el hecho de no dar respuesta a su solicitud dañaría severamente la credibilidad que he obtenido debido a muchos años de esfuerzo, privaciones y riesgos.

En tal orden de ideas y en relación a la petición que usted formuló por conducto de los medios de comunicación, le menciono que ésta fue tardía, desconcertante e innecesaria, ya que una semana antes, en una ceremonia de incineración de enervantes, el suscrito, informó a la sociedad de Baja California, los resultados excelentes que el personal de la II región militar ha obtenido en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, mencionando entre otros datos que en el año 2007, fueron aseguradas 399 toneladas con 481 kilos de mariguana; 2 mil 723 kilos de cocaína; 251 de heroína; 223 de ‘crystal’; 467 vehículos y 595 armas de fuego; asimismo, fueron puestos a disposición de las autoridades federales, 570 individuos por delitos contra la salud y violación a ley federal de armas de fuego; igualmente, en los primeros meses del presente año, se han asegurado: 72 toneladas con 257 kilos de mariguana; 222 kilos de cocaína; 3 de ‘crystal’; 15 de metanfetamina; 398 vehículos; 528 armas de fuego; y se han puesto a disposición de las autoridades federales, 392 personas detenidas en flagrancia por diversos delitos.

Finalmente hice mención, que para obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, se debería continuar agilizando e impulsando las acciones para sanear algunas corporaciones policiacas, con el objeto de evitar que mediante la impunidad, se sigan desarrollando actividades delictivas en perjuicio de la sociedad, ya que desde la administración anterior, se han venido incrementando como se demuestra en las estadísticas contenidas en el programa integral de seguridad pública del estado de Baja California, mismas que revelan que la institución que usted representa, es la responsable de investigar y aportar las pruebas para evitar que mensualmente se sigan robando en Baja California 2 mil 682 vehículos, de los cuales el municipio de Tijuana resalta con mil 860 robos de automotores; Mexicali 484; Ensenada 192; Playas de Rosarito 77 y Tecate 69; también, le corresponde investigar los mil 120 robos mensuales a casas habitación que se registran en el Estado y que repercuten en el patrimonio de 437 familias de Tijuana; 276 de Mexicali; 128 de Ensenada; 26 de Playas de Rosarito y 56 de Tecate.

A su dependencia le corresponde investigar y esclarecer los 255 homicidios violentos que se registraron en Baja California durante el año 2007 y los 123 que se han presentado en lo que va del presente año, así como los numerosos secuestros y ‘levantones’ que tanto daño hacen a la sociedad de Baja California.

Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policíacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia, siendo estas sólo algunas:

A. El 2 de marzo del 2008, el personal militar en atención a una denuncia ciudadana, respecto a hechos delictivos que se desarrollaban en una casa de seguridad ubicada en calle Jícama número 546, fraccionamiento Villa Floresta, deleg. La Presa, Tijuana, B.C., se registró un intercambio de disparos en donde posteriormente elementos militares liberaron a una persona que mantenían secuestrada; asimismo, resultó muerto un delincuente de nombre Juan Alberto Becerra Trujillo y se detuvo a Mario Montemayor Covarrubias (a) “El Abuelo”; en el lugar de los hechos se aseguraron 4 vehículos, 16 armas largas, 2 armas cortas, 75 cargadores, así como equipo táctico policial, siendo puesto a disposición del a. MPF, donde se integró la indagatoria a.P./Pgr/B.C./Tij/03/08-m-iii, en la que se tiene conocimiento que el indiciado declaró que José Heredia González, jefe del Grupo Antisecuestros de la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tijuana, B.C. Junto con los agentes ministeriales Marco Javier Lujan Rosales y Arturo Quetzalcoatl Vargas Zermeño pertenecientes al mismo grupo antisecuestros y el policía municipal de Tijuana Gustavo Adolfo Rodríguez Magaña, eran los encargados de realizar secuestros y llevar a los plagiados a la casa de seguridad que estaba a su cargo, donde personalmente “El Abuelo” se los recibía, para que posteriormente estos policías ministeriales, realizaran las negociaciones para el cobro del rescate; incluso; cabe resaltar que como titular y responsable del grupo antisecuestros se encontraba el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, quien actualmente funge como su asesor en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿Que decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?

B. El 18 dic. 2007, con motivo del atentado en contra del cap. Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, B.C., donde resultó muerto el agente Guillermo Castro Corona, quien formaba parte de su escolta y herido el agente Leonel Pizaña Brit; fueron señalados los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal José Ines Lucas Rodríguez; José Luís Lugo Báez (detenido después por personal militar el 1 feb. 2008 por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), Marco Antonio Arias Hernández, José Luís Ballesteros Sánchez, Cesar Beltrán Saldívar, Eduardo Bustos Ramírez, Carlos Peraza Gerardo (detenido con dos personas mas el 3 de abril del 2008 por personal de la PEP, asegurándole 7 armas largas y equipo táctico policial); Manuel Miguel Díaz Ayala; Junior Ernesto Escobar Kigner; Karlo Omar Herrera Sánchez y Mario Alberto Herrera Sánchez, quienes en contubernio con algunos policías municipales de Tijuana, B.C., mantienen vínculos con los líderes del crimen organizado y también se dedicaban al secuestro, ‘levantones’, homicidios, así como dar protección al ‘narcomenudeo’, principalmente en la delegación Primo Tapia de Playas de Rosarito; es conveniente señalar además, que algunos de ellos planearon y llevaron a cabo la agresión en contra del capitán Montero; por su parte, la Procuraduría General de la República atrajo las indagatorias en contra de los señalados, al considerarlos probables responsables de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego, cuyas investigaciones y en especial las de pruebas de balística, revelaron que en tal atentado se utilizaron 22 diferentes armas de fuego, mismas que fueron empleadas en otros eventos violentos suscitados en el Estado, siendo los siguientes:

- El 19 dic. del 2006 el homicidio de Fernando Terán Álvarez y Noe Ríos Ortega, agentes de la PEP.

- El 22 sep. del 2007 el homicidio de Carlos Horacio Morales Méndez, agente de la PEP Y de Micael Rodríguez Hernández.

- El 30 oct. del 2007 en el enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Federal Preventiva con integrantes de la organización “Arellano Félix” en el negocio “Mariscos Godoy” ubicado en Tijuana, B.C.

- El 04 dic. del 2007 el homicidio de José Juan Soriano Pereyra, cmte. Pol. Mpal. Tecate.

- El 14 ene. 2008 en Tijuana, B.C., asalto a un camión de valores.

¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?

C. El 09 de feb. del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, B.C., por elementos de dicha coorporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm. marca browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al “correr” la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivó su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.

¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente?

D. El día 8 de enero del 2008 esta comandancia de región militar, mediante oficio no. 022, hizo del conocimiento que: José Antonio Rodríguez Uribe, agente de la Policía Ministerial del Estado, con base en Tecate, B.C., le ofreció al cap. 1/O. de infantería retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez, director de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, B.C., ayudarlo a controlar la plaza y pactar con los líderes de la delincuencia organizada, con el fin de mantener el control de las bandas de secuestradores, asaltos a casa habitación y robo de vehículos, con la condición de que gestionara la salida del personal militar y de la Policía Federal Preventiva del municipio.

Por otra parte, es conveniente mencionar que los funcionarios de la Policía Municipal de Tijuana que desempeñaron los cargos más importantes en la administración anterior, constantemente hacen invitaciones al teniente coronel Julián Leyzaola, actual director de la Policía Municipal de Tijuana, para tener “pláticas de acercamiento”, a lo cual, el teniente coronel no ha aceptado; por lo anteriormente señalado se hace del conocimiento que los directores de seguridad pública de procedencia militar no pactarán con la delincuencia sino que continuarán trabajando en beneficio de la sociedad de Baja California.

¿Que decepción?

E. El día 3 de mayo del 2007 en diversos medios de comunicación a nivel nacional se difundió un video donde el ahora occiso José Ramón Velásquez Molina, quien fuera agente de la Policía Ministerial del Estado, señaló a quien en ese entonces se desempeñaba como Procurador General de Justicia del Estado (Antonio Martínez Luna) junto con otros funcionarios entre estos: Martín Guzmán Montelongo (a) “El Caballo”, Macario Nacay Jiménez, Hernando Villegas Delgado, Valente Tizoc Núñez Soto, Alejandro Ruiz Chaparro, Adolfo Roa Lara y Jaime Arroyo Flores, José Salas Espinoza entre otros, la mayoría pertenecientes a esa institución a su cargo como responsables de dar protección a las organizaciones criminales, no omitiendo mencionar que el nulo avance de las investigaciones sobre la información aportada en el video, ha originado que algunos integrantes de “la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzosas y la Impunidad, A.C.”, se manifiesten públicamente para exigir que se esclarezcan las desapariciones de sus hijos, esposos y otros familiares, así como realizar por propia cuenta las investigaciones que a esa dependencia le corresponde; igualmente, algunos agraviados han hecho saber en forma personal al suscrito de la información que disponen, así como de la forma déspota e intimidatoria con la que fueron tratados por el Lic. Jesús Nelson Rodríguez, ex Subprocurador de la Unidad Especializada Antisecuestros en Tijuana, B.C. y actualmente su asesor para persuadirlos a no poner sus demandas; por cierto, el comandante de la Policía Ministerial Macario Nacay Jiménez señalado anteriormente por sus vínculos con la delincuencia organizada, asistía en representación de esa dependencia a su cargo a las juntas de coordinación de seguridad pública, en donde se enteraba de los asuntos y acuerdos establecidos.

¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios?

F. El 6 de febrero del presente año, en oficio número 124, se remitió información, a la primera autoridad administrativa de este municipio, en donde se hace del conocimiento que en denuncias ciudadanas, se menciona que Leocadio Núñez Meza (a) “Locadio” (hoy occiso), pertenecía a la Policía Municipal de Mexicali, B.C., trabajaba para la organización “Arellano Félix”, en coordinación con el comandante y 2/o. Cmte. de la base de intercepción aérea de la PGR: (Conocidos como “El Conejo” y “Cristian”) y con el Lic. David Flores Valenzuela, recibiendo una cuota mensual de 4 a 5 mil dólares para apoyar los descenso de aeronaves cargadas de drogas, así como abrirles el paso durante el traslado de enervantes hacia los EUA Y que en esta actividad también participaba José Fernando Funes López (a) “El Fune”, oficial de la DSPM de Mexicali inmediato superior del cmte. “Locadio”, quienes desde la pasada administración se han dedicado a actividades ilícitas, llegando a cargar las patrullas con enervantes, en complicidad con su superiores Jesús Samanias y Salas; por cierto, cabe mencionar que recientemente se suicido el ex subcomandante Leocadio Nuñez al reconocer su participación en los hechos delictivos.

G. El 13 nov. 2007 durante la carrera “Baja-1000”, se desplomó un helicóptero Bell-206-a1 sobre la carretera fed. no. 3, tramo Ensenada-San Felipe, B.C., a inmediaciones del Valle de San Matias, falleciendo el piloto Israel Romo Reyes y Pablo Gonzalez y resultando dos personas lesionadas, posteriormente a las 20:30 hrs., del día siguiente una persona que se identificó como Miguel Cortez Nuno y ser subinspector de la PFP División Caminos, pidió a las autoridades del fuero común, que le liberaran el cuerpo de Pablo González G., quien meses después las autoridades federales confirmarían que se trataba de Merardo León Ginojosa (a) “El Abulón”, por cierto, Miguel Cortez Nuno, subinspector de la PFP División caminos asistía a las juntas de coordinación del grupo Baja California y se enteraba de todos los asuntos tratados.

¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada?

H. El 19 abr. del presente año se tuvo conocimiento que Mario Alejandro Ramírez Dueñas, empleado en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, en contubernio con el agente del Ministerio Público del orden común de la agencia especializada de robos de vehículos y policías ministeriales, se encuentran vinculados con bandas dedicadas al robo de vehículos, siendo su modo de operar el siguiente:

Los vehículos son robados en los Estados Unidos de América e ingresados a nuestro país, posteriormente son presentados en la Unidad de Robo de Vehículos, en donde se extiende una constancia de no robo, aún cuando estos cuenten con el reporte respectivo en el extranjero; posteriormente referidos automotores son empeñados en diferentes casas; de lo anterior.

Existen como pruebas las constancias no. 0055/31155 de fecha 4 de enero del 2008, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos, Lic. Ezequiel García Torres, firmando también como inspector López Rivera José y la no. 0568/387542 de fecha 7 de marzo del presente año, firmada por el agente del Ministerio Público del orden común, adscrito a la Agencia Especializada de Robo de Vehículos; Lic. Norma Alicia Gutiérrez Sevilla, firmando también como inspector Armando Serrano Quintero.

¿Esto no es corrupción?

I. Recientemente personal de la Procuraduría General de la República aseguró en la ciudad de Mexicali, B.C. A una persona con más de 300 kilogramos de mariguana, siendo trasladado a las instalaciones de la subdelegación de la Procuraduría General de la República, donde posteriormente llegaron 4 elementos pertenecientes a la Policía Ministerial del Estado a tratar de liberar al detenido y la droga.

Es conveniente mencionar que existe un video que prueba estos hechos delictivos, motivo por el cual las autoridades pertenecientes a la Subdelegacion de la PGR Pusieron la demanda correspondiente.

J. El día 5 de sep. del 2007 fueron ejecutados con armas largas, en el estacionamiento del centro comercial Wal Mart de Mexicali, Jorge Rodríguez Mundo y Jorge David Carreón Valdez, comandante el primero y efectivo el segundo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cabe mencionar que a mediados del mes de diciembre del 2007 se presentó en este C.G una persona, de la cual se reserva su nombre por seguridad, para hacer del conocimiento que la ejecución antes mencionada se debió a que ambas autoridades se apropiaron de 100 mil dólares de gente de la organización de los “Arellano Félix”.

K. El 04 ene. 2008 los agentes de la DSPM de Tijuana, al atender un reporte del C-4 sobre una privación ilegal de la libertad de una persona, en el centro comercial “Las Palmas” en la Delegación de La Mesa, Tijuana, B.C., detuvieron a José Galvez Rodríguez, agente activo de la AFI. Un día después y derivado de las declaraciones, son detenidos Erasmo Florentino Trujado Sánchez y Evaristo Morales Pérez, agentes de la misma corporación, por su participación en el plagio de un empresario, haciendo la aclaración que el agente Morales Pérez fue asesinado por un interno del Cereso de La Mesa, Tijuana, B.C., el día 31 de marzo del 2008, lo cual impidió que ampliara la declaración de los hechos en la diligencia judicial que ya estaba programada.

¡Que desgracia para la sociedad de Baja California!

L. De otras corporaciones no se mencionan los actos de corrupción debido a la reseña que han hecho algunos medios de comunicación, así como el espacio tan grande que ocuparían en este periódico.

Señor procurador:

Finalmente, le hago de su conocimiento que, debido a la confianza que la sociedad le tiene al Ejército, actualmente las unidades militares de la II región militar disponen, aproximadamente de 2000 denuncias ciudadanas, en donde algunas señalan hechos de corrupción por parte de empleados y funcionarios que engañan y abusan de la ignorancia, pobreza y debilidad de la gente para seguir enriqueciéndose y perjudicando a los ciudadanos en su vida, integridad, salud, patrimonio y bienestar; pero como este no es el tema que nos corresponde, sino el de las denuncias referentes a actos de corrupción que cometen algunos elementos de las corporaciones policiacas por lo que mencionare entre otras, las siguientes denuncias ciudadanas:

-Algunos acuden quincenal y mensualmente a las ‘narcotienditas’ a cobrar sus cuotas por la protección que les brindan a los ‘narcomenudistas’.

-Algunos proporcionan protección a delincuentes dedicados al tráfico de personas (‘polleros’).

-Algunos protegen a ladrones de bancos y de cajeros automáticos.

-Algunos elementos que protegen el descenso de aeronaves que trasladan enervantes.

-Algunos fungen como escolta de los principales líderes del narcotráfico.

-Algunos alquilan sus patrullas para el traslado de droga.

-Algunos funcionarios que recientemente en un aseguramiento importante de mariguana en el municipio de Ensenada, B.C., participaron en coordinación con personal militar, no sólo en el manejo de la información, sino también en la localización de la droga, mismos que posteriormente solicitaron a las autoridades militares que no fueran a mencionarase sus nombres, por lo que debido a esto y también por otras razones, se les perdió la confianza.

-Funcionarios que buscan ostentar el poder para favorecer a las organizaciones criminales, como es el caso de su asesora, a quien se le relaciona con una gran cantidad de irregularidades, que han perjudicado a la sociedad, relacionándola también con una organización denominada “el comando negro” que operaba en ensenada, B.C.

-Algunos elementos que extorsionan a la población y además cobran cuotas a los ladrones de vehículos y vendedores de partes robadas de los mismos.

-Agentes y peritos que modifican escenas del crimen y desaparecen pruebas, para evitar el esclarecimiento de los delitos y favorecer a los delincuentes.

-Funcionarios encargados de la administración y procuración de justicia que realizan una mala integración de las averiguaciones previas para evitar la consignación de los detenidos o favorecerlos durante su proceso judicial.

-Irregularidades que se cometen en los ceresos cotidianamente.

Por lo anteriormente expuesto espero haber dado respuesta a la petición del c. Procurador general de justicia del estado, esperando que se adopten las medidas correspondientes para continuar las acciones de depuración y se evite la comisión de delitos, por parte de elementos de las instituciones o corporaciones encargadas de velar por la seguridad, el orden, la paz pública y la procuración de justicia.

Señor Director:

Aprovecho el espacio que me brinda su periódico, para hacer del conocimiento de la sociedad de Baja California, que el personal de la II región militar, continuará cumpliendo con las órdenes giradas por el señor Presidente de la República y del señor Secretario de la Defensa Nacional, para enfrentar con decisión, perseverancia, eficacia y honestidad, las actividades relacionadas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; además, se mejorará la coordinación con la Policía Estatal Preventiva, los mandos de las policías municipales, así como con los nuevos comandantes de la Policía Federal, con la finalidad de tener mejores resultados en el combate a la delincuencia organizada, haciendo mención que recientemente se estableció comunicación con el C. Gobernador del Estado y con los CC. secretarios de gobierno y de seguridad pública de esta entidad federativa, para establecer las medidas que permitan enfrentar con éxito las actividades delictivas.

Por las atenciones prestadas le hago presente mi agradecimiento, quedando de usted su atento y seguro servidor.

El general de división D.E.M.

Sergio Aponte Polito.

* Nota Publicada: 22/04/2008 18:48

* http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22042008/300044.aspx

El documento de 77 páginas es un repetitivo alegato, salpicado de jerga jurídica, encaminado a fabricar delitos y culpables con base en información de las agencias de inteligencia mexicanas, colombianas y aun ecuatorianas, y a partir de la presentación de “evidencias” que en su mayor parte son informaciones periodísticas que por irresponsabilidad o corrupción se hicieron eco de esas fuentes policiacas después de la masacre llevada a cabo por el ejército de Colombia en territorio de Ecuador el primero de marzo de este año.

En efecto, el terrorismo mediático que se ejerce contra la oposición de izquierda a través de la publicación de “notas periodísticas”, “artículos de opinión” o “entrevistas”, que en realidad son en la mayoría de los casos informes, interpretaciones, filtraciones o delaciones de las agencias de espionaje político de los estados involucrados, constituyen el grueso de las pruebas de cargo contra los “terroristas” y “narcoguerrilleros” mexicanos. De la denuncia mencionada, 47 “evidencias” –que afirman comprobar los dichos de los chivatos–, 12 provienen de El Universal, cinco de Milenio, tres de Excélsior, uno de La Crónica, uno de Reforma, uno de El País (la infaltable Maite Rico), uno de la agencia de noticias Efe.

De otra naturaleza son dos notas del periódico digital Rebelión, del cual se presentan convocatorias y cartas de apoyo a la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano de intelectuales de “la izquierda extremista”, entre quienes se encuentran Carlos Fazio, José Steinsleger y el autor de estas líneas.

De las otras “pruebas” que tiene en sus manos el procurador, tres son mapas bajados de Internet del sitio de la masacre, considerada por nuestros denunciantes como una “acción ejemplar” del gobierno de Uribe; tres son fotos del campamento rebelde tomadas por el ejército ecuatoriano, siete son declaraciones extraídas de la página de Internet de la Coordinadora Anticapitalista del Auditorio Che Guevara (definida por nuestros vigilantes como “una coalición de grupos extremistas y promotores del terrorismo que controlan gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria”).

Otras dos de las “evidencias” son las declaratorias respectivas de la Unión Europea y Estados Unidos, en las que las FARC aparecen consideradas dentro de las “organizaciones terroristas”. Una más es muy convincente: se trata de una estimación de ingresos y egresos de los estudiantes viajeros que realizó nada menos que la Junta de Inteligencia Conjunta de Colombia, para demostrar que las FARC gastan millones de dólares mensuales para subvencionar a la izquierda mexicana.

El texto de marras es, en suma, un manojo de recortes de periódicos, junto con la transcripción de lo que cada país tipifica como delitos de terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia organizada, así como listas de sospechosos que se pide sean castigados con todo el rigor de la ley. En la parte final del documento, los confidentes “instruyen” al procurador sobre las tareas que debe realizar: investigar todo lo relacionado con el viaje a Ecuador de los “terroristas”: itinerarios, fechas, comunicaciones, entrenamientos (obviamente) terroristas, alias, rangos, informaciones rendidas y recibidas, gastos, tarjetas de crédito, pagos recibidos, etcétera; actividades previas de los señalados, sus números telefónicos, matrículas de sus vehículos, domicilios alternativos, cuentas bancarias, antecedentes criminales, etcétera. Tareas normales de los acusados: lavado de dinero, enlace con organizaciones armadas, trasiego de materiales radioactivos, secuestros, atracos, atentados con explosivos, falsificaciones de documentos, etcétera; los viajes de Lucía Andrea Morett al extranjero, contactos, razones por las cuales autoridades universitarias han permitido el uso de instalaciones de la UNAM, actividades de los sospechosos en los “actos de rebelión y terrorismo” en Oaxaca, etcétera.

Si en este país se viviera en un efectivo estado de derecho, la denuncia sería desechada de manera inmediata. Como comprobaron las autoridades ecuatorianas, no había delito que perseguir y por ello se permitió la salida discreta de Lucía Andrea Morett Álvarez hacia Nicaragua. El problema radica en la discrecionalidad en la administración de justicia en suelo mexicano, donde todo tipo de arbitrariedad o aberración jurídica puede darse. Por ello, hizo bien esta víctima del ataque militar colombiano-estadunidense en obtener refugio en tierra de Sandino. A las constantes violaciones a los derechos humanos en México, primer lugar en violencia, corrupción e impunidad, según estudio de la ONU –y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo–, se agrega ahora el exilio forzado de personas que no pueden entrar en territorio nacional porque el gobierno de facto de Felipe Calderón, en lugar de exigir castigo para los homicidas de los estudiantes y dar todas las garantías a la sobreviviente del bombardeo, recibe al jefe de los asesinos en ominosa complicidad y le permite declaraciones injuriosas para muchos mexicanos (no para la ultraderecha, que le aplaudió frenéticamente). El fascismo, expresión plena del terrorismo de Estado, no pasará.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=020a2pol

Asi como el humo se va aclarando, ya es tiempo para el pinguinaje comenzar a buscar otro demonio para tirarle el resentimiento setentista.

El nuevo destinatario es el multimedio de la cornetita, espontáneos afiches de la JP evita comienzan a aparecer para oficiar de nueva fuerza de choque, es que al D'Elia ese gran Edu-k-dor me lo han puesto en el banco de suplentes por algún tiempito, qué decirle a los Maestros cuando al gordito lo tenemos como amedrentador, qué harán los del sindicato de maestros, ah ... no ... de eso no se habla 8)

En fin, algo saludable del nuevo apriete es que saldrá otra ley de radiodifusión, bueno sería que se vuelvan incompatibles la posesión de medios escritos, radiales, televisivos, e internet; claro el diario de la cornetita se nos va al demonio, pero ... pero 8)

Otro pero ... 8-O

Y si, miren que hay muchos amigos del pinguinaje que tienen sus pequeños multimedios medio dispersados, preparese por qué esto va para transformarse en el nuevo canal Kroniquita!!!

Salud amigazos ... cuidese que se viene el frio

Boletín de prensa

Fiscalía Especial de Acteal restringe a las víctimas el acceso a la información contenidas en las averiguaciones por la Masacre de Acteal.

• El 28 de marzo de 2008 la Fiscalía de Acteal notifica a este Centro de Derechos Humanos, a pesar de ser representantes legales de las víctimas, que no tiene autorizado el libre acceso a las averiguaciones contra servidores públicos involucrados en los hechos del 22 de diciembre de 1997.
• Señala la Fiscalía que se reserva a otorgar el derecho a informar a las víctimas, lo que ella considere necesario.
• Impide conocer el contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han rendido su declaración, obstaculizando el derecho a la verdad de los sobrevivientes y deudos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en su calidad de representante legal de las víctimas sobrevivientes y deudos de la Masacre de Acteal, el día 15 de Abril de 2008 presentó demanda de amparo en contra de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal el 22 de diciembre de 1997, el cual fue admitido por el Juez Séptimo de Distrito con el número 323/2008 el pasado 22 de abril, interpuesto por la restricción que dicha autoridad impuso a los sobrevivientes para conocer del avance de las investigaciones y el contenido de las declaraciones de los servidores públicos que han sido citados a rendir su declaración, en relación a los crímenes de lesa humanidad que se persiguen dentro de la averiguación previa FECACH/02/2007.

El día 28 de marzo del año que transcurre, el Fiscal del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal, notificó a este Centro el contenido del acuerdo de fecha 10 de marzo recaído en los autos de la Averiguación Previa número FECACH/02/2007, mediante el cual la autoridad se reserva a otorgar el derecho de tener el libre acceso a la averiguación previa y señala que como parte ofendida sólo podremos obtener la información que la propia Fiscalía considere oportuna comunicarnos.

Consideramos que la aplicación de esta restricción por la Fiscalía Especial para los Delitos cometidos en el Poblado de Acteal, en dicho acuerdo de 10 de marzo vulnera el derecho de los y las víctimas sobrevivientes y los deudos a conocer la verdad de los hechos del 22 de diciembre de 1997, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece en su artículo 1 que los Estados partes de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 2 cualquier otra condición social.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención el Estado Mexicano se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la misma Convención , las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esto implica que el Estado Mexicanodebe asegurarse que las investigaciones existentes para la protección y garantía de los derechos de las víctimas sobrevivientes, sean efectivos en la práctica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez (Sentencia de Fondo del 29 de julio de 1988. Serie C. Nº 4, párr.177), estableció que la obligación de investigar ?debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad?.

De forma arbitraria, el Fiscal Especial obstruye a las víctimas sobrevivientes el conocer claramente el avance, logros y fracasos de la investigación penal instruida en contra de los servidores públicos involucrados en la masacre de Acteal cometida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal, Municipio de Chenalhó, Chiapas.

Con esta determinación de la Fiscalía Especial , este Centro considera que no satisface los requisitos de una autoridad de procuración de justicia como el de independencia, imparcialidad y transparencia, lo que implica que el procedimiento de investigación en contra de los servidores públicos que se ha iniciado para el conocimiento de la verdad histórica, no puede asegurarse que sea un recurso efectivo, en el entendido de que un procedimiento carente de transparencia y acceso
a la información da incertidumbre jurídica y vulnera derechos fundamentales de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

En este orden de ideas, los derechos y obligaciones consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son plenamente vinculantes para el Estado Mexicano por haber sido ratificada la misma conforme al procedimiento establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 2 de Marzo de 1981, por lo que las consecuencias de la no observación, respeto o falta de garantía de esos derechos, la falta de adecuación de las normas y prácticas internas a los estándares que establece la Convención Americana implica una responsabilidad de carácter internacional para el Estado Mexicano, puesto que dichas normas de derechos internacional son parte de la Ley Suprema de la Unión de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Federal. De acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , para establecer el estándar que existe en materia de acceso a la información cuando se trata de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad señala en su artículo 14 último párrafo, que las autoridades obligadas a proporcionar información:

?No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.?
En este mismo sentido, la Ley que garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, en su artículo 30 tercer párrafo señala que:

?Artículo 30 ?No podrá invocarse el carácter de reservado, cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.?

La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Poblado de Acteal del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, al reservarse arbitrariamente e inconstitucionalmente el derecho de otorgar a los sobrevivientes el acceso a la información contenida en el expediente físico número FECACH/02/2007 hace inoperante el derecho constitucional de la coadyuvancia constitucionalmente reconocido.

Por lo que restringe y vulnera el derecho al libre acceso a la información como coadyuvantes legalmente reconocidos en la averiguación previa, iniciada para conocer la verdad de los hechos y el fincar responsabilidades de los servidores públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en la que se cometieron violaciones graves a derechos humanos y de lesa humanidad.

Es lamentable que la Fiscalía Especial para Acteal del Ministerio de Justicia del Estado, se conduzca en estos términos tratándose de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad como lo es la Masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, de gran relevancia e impacto a nivel nacional e internacional, vulnera derechos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, lo que no garantiza a los sobrevivientes de la Masacre contar con la seguridad jurídica y el ejercicio pleno que la figura jurídica de la coadyuvancia y la representación legal tienen reconocido como partes de un procedimiento de carácter penal, establecido en el artículo 20 apartado B de la Carta Magna.

Por lo que, de continuar en esta línea de falta de transparencia, imparcialidad y transparencia no podremos estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que acrediten el cuerpo del delito, la responsabilidad de los servidores y la reparación del daño que corresponde.

Por tal razón el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. solicita:

? Que el gobierno del Estado de Chiapas garantice y respete el derecho constitucional establecido en el artículo 20 apartado B fracción II que tienen las víctimas sobrevivientes de la Masacre de Acteal, para el ejercicio pleno y sin restricciones de la coadyuvancia con la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el poblado de Acteal para un verdadero acceso a la justicia y el goce del derecho a la verdad como pueblo.

? Que las autoridades de procuración de justicia del Estado actúen conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado Mexicano para garantizar y salvaguardar los derechos de las víctimas sobrevivientes de conocer la verdad de lo sucedido y participar de manera libre y transparente en las investigaciones instruidas contra servidores públicos involucrados en la Masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.

? Que se garantice la eficacia y transparencia de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especial para fincar las responsabilidades de los autores intelectuales de la Masacre y la aplicación de las sanciones legales correspondientes de los perpetradores de la Masacre que continúan gozando de impunidad.

Brasil 14, Barrio Mexicanos, C.P. 29240. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Telefax + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396 - apartado postal 178
www.frayba.org.mx, y frayba@frayba.org

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 29 Abril de 2008

Boletín de Prensa 08

Contacto:

Área de Comunicación Social
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Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visbilidad de Cencos

El próximo 26 de abril se celebra el décimo aniversario de la muerte del obispo guatemalteco Juan Gerardi. En el marco de esta conmemoración el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea hacer un reconocimiento público a la labor de Monseñor Gerardi en su lucha por la búsqueda de la verdad, la cual se encuentra plasmada en el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más.

Gerardi, de 75 años de edad, fue asesinado a golpes en la cochera de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián , dos días después de haber hecho público el mencionado informe. En el Remhi se documentaron más de 55.000 violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco y la mayoría de casos se le atribuyeron al ejército. El informe está escrito en cuatro tomos, conteniendo testimonios de las víctimas y analiza las formas y causas de la violencia y plantea recomendaciones.

Actualmente, dos militares y un sacerdote cumplen una sentencia de 20 años de prisión por el asesinato de Gerardi. Sin embargo la justicia guatemalteca aún tiene una deuda pendiente porque diez años después del crimen de Gerardi aún se desconoce la identidad de los autores intelectuales.

En días recientes el cardenal Rodolfo Quezada Toruño recordó que la muerte del religioso sigue siendo una herida abierta en la Iglesia de Guatemala, que está dispuesta a perdonar, pero quiere saber “a quién y de qué”. El cardenal pidió que se esclarezca el asesinato del religioso. CEJIL se suma a esta solicitud ya que Monseñor Gerardi no sólo fue un defensor de los derechos humanos, sino que además hizo grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad respecto de los hechos ocurridos durante el conflicto armado. Ahora es necesario que la sociedad también sepa la verdad sobre los hechos que rodearon su muerte y que se haga justicia. Además de atender las recomendaciones hechas en el Remhi para que hechos tan graves como esos no vuelvan a repetirse.

Contacto en Costa Rica:
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Fax: 506-2280-52
Correo electrónico: nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

México DF, 23 abril 08 (CIMAC).- Irineo Mújica Arzate, de 37 años de edad, organizador comunitario de Derechos Civiles para los Migrantes, fotografió evidencias de la violación sexual contra dos mujeres centroamericanas, así como la persecución y violenta golpiza de que fueron objeto más de 100 migrantes que viajaban en el ferrocarril, durante un operativo que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el pasado 31 de marzo en Las Palmas, Niltepec, Oaxaca.

El defensor fotografió ropa interior de mujer, aún con restos de semen, en una casa abandonada, donde según migrantes y vecinos se escucharon los gritos desgarradores de las mujeres, pues ahí habrían ocurrido los ataques, revelaron medios nacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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