El Tribunal Supremo desestima en esta sentencia el recurso de casación presentado por Deloitte & Touche, contra la sentencia de 7 de julio de 2.004 de la Audiencia Nacional que desestimó el recurso contra la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se sancionaba a la citada auditora en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas anuales de Gescartera Dinero. De este modo se confirma la sanción por la comisión de una infracción grave de las tipificadas en el artículo 16.2º.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas, al haber incurrido Deloitte & Touche en un incumplimiento de las normas de auditoría susceptible de causar perjuicios económicos a terceros o a la entidad auditada.

Pero al margen del supuesto de hecho que se aborda en la sentencia tienen especial interés las consideraciones que realiza el Tribunal Supremo en relación con la función que cumplen las sociedades de auditoría en el mercado financiero.

Para el Tribunal Supremo, la labor de las sociedades auditoras es de una enorme trascendencia para el funcionamiento de los sistemas económicos basados en el principio de libertad de empresa. En este tipo de sistemas las decisiones de los agentes económicos están determinadas por una multiplicidad de datos entre los que destacan las decisiones de los órganos reguladores como la CNMV o el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, pero también por las de “determinados agentes que pese a su naturaleza privada, colaboran en una función ordenadora del sistema, como lo son, con toda claridad, las sociedades auditoras.” Hace aquí alusión, el Alto Tribunal, a la función de guardianes del mercado que corresponde a los auditores. Los organismos públicos son incapaces de garantizar la ordenación y vigilancia del mercado financiero, y, por esta razón recurren a sujetos privados para que complementen su labor. Entre los principales guardianes, junto a las empresas de rating, se encuentran las sociedades de auditoría.

Su función es especialmente relevante para que los inversores puedan adoptar decisiones informadas y de este modo se pueda asegurar el funcionamiento eficiente del mercado como mecanismo asignador del ahorro a la inversión. Según dice el Tribunal Supremo, los informes de las auditoras “sirven para que tanto el mercado en general como las propias empresas auditadas y sus socios o accionistas puedan apreciar con mayor precisión el valor económico, patrimonial y financiero de las mismas, y adoptar así las decisiones que mejor se acomoden a sus intereses”.

La función que desarrollan las sociedades auditoras tiene un marcado interés público. Como recoge la sentencia “el cumplimiento cabal de su función y el respeto puntual de la normativa que regula su actividad tiene, más allá del mero respeto al principio de legalidad, un interés general evidente y extraordinariamente trascendental para el sistema en su conjunto.”

Los informes de auditoría constituyen “un eslabón importante en la fiabilidad general del sistema y por lo mismo, sensu contrario, el que tales informes no cumplan dicha finalidad puede ocasionar gravísimos perjuicios tanto a los intereses generales como a los particulares de los sujetos que adopten decisiones apoyadas en un conocimiento no preciso de la realidad de dicha empresa.”

Esta importancia de la función justifica que las infracciones de las sociedades auditoras sean contempladas con rigor especial. La interpretación de las normas que rigen la auditoría debe guiarse, según dice el Tribunal Supremo “por la ratio legis que las inspira, que no es otra que coadyuvar a un funcionamiento regular y transparente del mercado regulando la intervención de las sociedades auditoras al efecto de que cumplan su finalidad de proporcionar información fidedigna sobre la realidad económica de las empresas auditadas”.

La doctrina de esta sentencia desarrolla la sentada con anterioridad en las de 16 de mayo de 2.002 y de 30 de marzo de 2.005.

Referencia

Acceda al texto completo de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3.ª, de 8 de abril de 2008: Ponente: Eduardo Espín Templado.

Por una parte las recientes noticias en el caso Gescartera sobre la sentencia  en la que se condena a Antonio Camacho y sus secuaces y en la que se constata la desaparición sin rastro ni señal de 88 millones de euros, cantidad que expresada en las antiguas pesetas equivale a unos 15.000 millones, lo que dicho en estos términos permite, a los españoles de a pie, apreciar mejor la magnitud de ese desfalco.

Y, por otra, el auto judicial en el que el juez instructor del “ caso Malaya “ decreta la libertad bajo fianza de un millón de euros de Juan Antonio Roca al que el propio magistrado le calcula una fortuna personal de, al menos, 200 millones de euros, lo que equivale a unos 32.000 millones de pesetas. Le sobran, por tanto, 199 millones de euros para pagar dicha fianza.

Me han llevado a plantearme, tal y como hacíamos  cuando cursábamos la carrera de Derecho, antes de iniciar arduos debates y profundas reflexiones sobre esta misma cuestión, la eterna y redundante pregunta: ¿ Es justa la Justicia ? para responderme a continuación del mismo modo en que lo hacíamos entonces: No, en absoluto lo es cuando deja sin el merecido y proporcional castigo tan exorbitantes delitos y a sus autores.

Al margen de numerosas consideraciones que avalan esta tesis, quiero apoyarme hoy en el hecho de que los delincuentes  de guante blanco, esto es, aquellos que para la comisión de sus delitos no emplean la fuerza física si no el engaño, el trafico de influencias , el cohecho, la apropiación indebida, el fraude fiscal , la ingeniería  financiera….si son procesados y condenados, cosa harto difícil por cierto, mientras cumplen su condena viven como reyes y al término de la misma  se benefician del producto de su actividad delictiva, de manera que la imagen que se transmite a la ciudadanía es que robar, estafar y defraudar sale barato, sale a cuenta. Estos delincuentes son ricos y disfrutan de esas riquezas, estos sinvergüenzas están encantados con nuestro sistema judicial y con sus penas, solo hay que ver sus cuidadísimas jetas de aviesa satisfacción para ver que esto es así.

¿Donde esta la pasta ? : perdida en un entramado de sociedades, en una caja fuerte, en un paraíso fiscal o en todos esos sitios a la vez. Si como parece es tan difícil recuperar ese dinero y  los autores, obviamente no colaboran en ello es necesario acometer una reforma de nuestro Código Penal o al menos de su sistema punitivo , es decir, del conjunto de penas y sanciones que se imponen por la realización de hechos o actividades delictivas. A estos chorizos hay que castigarlos con penas que verdaderamente sean ejemplificadoras, sanciones que desanimen a cualquiera a la hora de cometer esos delitos y que transmitan a la sociedad la certeza de que esas conductas no traen cuenta y no salen baratas sino muy caras, porqué su realización les va a acarrear la privación de lo que mas desean y persiguen con esas actividades ilícitas que es el dinero para vivir como en los seriales televisivos de ricos.

 La pena que habría que imponerles junto a las demás que procedan es, nada más y nada menos, que la de declararlos “pobres de solemnidad”, es decir que durante el resto de su vida  tendrán que vivir humildemente, ellos y quienes con ellos convivan.

 Aunque a primera vista pueda parecer un castigo muy benigno estoy seguro de que para ellos sería mucho mas grave y disuasorio que incluso la privación de libertad por un cierto tiempo.

Se acabaron las grandes mansiones, los lujosos coches, los yates y los jets simplemente van a tener que vivir como gente normal, como tantos millones de españoles. No creo que esta pena sea tan difícil de aplicar y desde luego es proporcional a la ilegalidad cometida, creo además que seria ejemplar y cuando menos trasmitiría una impresión de justicia de la que tan necesitada esta nuestro sistema judicial.

LA JUSTICIA o la consecución de la misma no es un objetivo en si mismo, aprehenderla como un logro final es ilusorio, creo sin embargo que es un camino, en la medida en que se produzcan avances, recorriéndolo podremos afirmar que disfrutamos de un sistema judicial justo.

Gescartera: claves de una estafa financiera

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JAVIER MORENO / PILAR MARCOS - Madrid - 19/11/2001

El ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, vendió fincas recibidas en herencias de los fieles para invertir en Gescartera, según se desprende de su declaración ante la juez Teresa Palacios. Peralta, que fue condenado el año pasado por vender propiedades de una herencia de forma abusiva, afirmó ante la Comisión Gescartera del Congreso que los 1.100 millones que invirtió en la agencia de valores provenían de donaciones y letras del Tesoro que vencían cada poco. Ante la juez, cambió su testimonio.

El ecónomo declaró en la Audiencia Nacional el pasado 2 de octubre, un día después de hacerlo ante la comisión que investigaba el caso Gescartera en el Congreso. Ante los diputados, Peralta afirmó que el dinero que el Arzobispado invirtió en la agencia de valores provenía de letras del Tesoro y de donaciones en efectivo de los fieles de la diócesis. Sin embargo, sólo 24 horas después, ante la juez Teresa Palacios, modificó esta versión. 'La mayor parte de los 1.100 millones de pesetas eran letras del Tesoro que se amortizaban, y en vez de renovarlas, se ingresaban en Gescartera', dijo. A continuación, cautamente, añadió: 'Quizá también por la venta de alguna finca procedente de herencia'.

Peralta fue condenado en mayo del año pasado por vender de forma abusiva unas propiedades, que se encargaba de administrar, en perjuicio de los herederos de Concepción Méndez, fallecida en 1995. Dichos herederos, Felisa García de la Roza y la Residencia de Ancianos de Cisneros (Palencia) demandaron al ecónomo por considerar que había abusado de sus poderes de administración para desposeerles de la herencia.

Según la sentencia de 2000, Peralta vendió cinco fincas rústicas en Cisneros por las que obtuvo 33 millones de pesetas, y adjudicó al Arzobispado de Valladolid una vivienda que por testamento pertenecía a Felisa García de la Roza. La Audiencia Provincial le condenó a restituir los bienes y a indemnizar a García de la Roza con 29.169 pesetas.

El pasado viernes, la SER desveló también que Peralta incumplió la voluntas testamentaria de María teresa Villanueva, una acaudalada feligresa de Aaejos (Valladolid), quien legó sus bienes en 1967 a familiares y a dos iglesias y una ermita, con la condición de que se destinarán a limosnas y misas por su alma. Peralta manipuló según su voluntad, contraria a la de la fallecida, todo este dinero.

En su declaración ante la juez el ecónomo reconoce que invirtió tras la venta de fincas 'procedentes de herencia'. Pero no queda claro si se refiere a esas mismas fincas (por las que recibió 33 millones de pesetas) o si se trata de otras también dejadas en herencia. De su declaración se desprende que ni la juez ni la Fiscalía Anticorrupción, ni tampoco los doce letrados que asistieron al interrogatorio, le pidieron que precisase este punto. No es ésta la única apreciación de la declaración de Peralta que no cuadra con los datos conocidos hasta ahora. A preguntas de la juez, Peralta contestó que 'las condiciones [que le ofrecía Gescartera] le parecieron atractivas'. Estas ventajas, añadió, le llevaron a iniciar su colaboración con la agencia de Antonio Camacho con un contrato de 15 millones de pesetas. Sin embargo, la contabilidad interna de Gescartera recoge que la primera aportación del Arzobispado de Valladolid ascendió a un depósito de 100 millones de pesetas.

Este punto no fue aclarado ni cuando uno de los abogados le requirió información sobre el justificante de esa primera aportación a Gescartera. 'A preguntas del letrado manifiesta que la primera vez que hizo la inversión en Gescartera quizás no le dieron al momento el recibo'. Insatisfecha con esta respuesta, la juez ha pedido los libros y la contabilidad del Arzobispado entre 1996 (año en que comenzaron las inversiones en Gescartera) y 2000, así como las declaraciones físcales de cualquier índole. Inspectores de Hacienda han iniciado una investigación en el Arzobispado.

http://www.elpais.com/articulo/espana/economo/Valladolid/vendio/herencias/fieles/invertir/Gescartera/elpepiesp/20011119elpepinac_14/Tes

El Arzobispado de Valladolid va a distribuir por todas las parroquias de la provincia una pastoral donde ofrece su versión del escándalo Gescartera y hace ver a los feligreses que si dieran más dinero a la Iglesia no haría falta hacer "tantas economías". Después de negar que se invirtiera en la sociedad dinero negro, arremete contra los medios de comunicación por señalar a la Diócesis de estafadora. De todos modos, hoy deberá responder el ecónomo del Arzobispado ante la comisión del Congreso sobre el dinero que depositó en la agencia.
En su carta pastoral titulada "Las cuentas claras", el Arzobispado se pronuncia públicamente sobre todos los aspectos del caso Gescartera relacionados con la institución religiosa, se niega que el dinero que depositó en esa agencia de valores sea "negro" y se critica a los medios de comunicación por haber dado por supuesta la 'culpabilidad' de nuestra Diócesis", dando "la impresión de que el Arzobispado no ha sido el presunto estafado, sino el estafador".
En la pastoral se afirma que "la Diócesis no invierte para ganar dinero sino para sostener todas sus actividades pastorales".
Para la institución religiosa, "el caso Gescartera es una invitación a que todos los cristianos de Valladolid nos responsabilicemos mucho más, también económicamente, de nuestra Iglesia Diocesana (obviamente, si aportáramos más de las 1.000 pesetas al año de media no sería necesarias tantas "economías)".
Por otro lado, el ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, comparecerá hoy en la Comisión de Investigación de Gescartera para informar sobre las inversiones de la institución eclesiástica en esta sociedad de cartera y de los acontecimientos que motivaron la retirada de sus fondos.
La comparecencia de Peralta irá seguida de la del director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Antonio Botella, que se pospuso hasta hoy el pasado miércoles.
El Arzobispado de Valladolid invirtió en Gescartera alrededor de 1.100 millones de pesetas y los retiró en marzo de 1999, después de que la CNMV investigara las diferencias contables existentes entre los saldos que aportaba la sociedad gestora y los que emitía el banco donde se encontraba depositado el dinero de la institución eclesiástica.
Un informe entregado en abril de 1999 al consejo de la CNMV por la dirección de Supervisión de este organismo detalla la investigación efectuada por los técnicos de este departamento sobre los saldos que mantenía el Arzobispado de Valladolid en Gescartera.
Mientras que los saldo presentados por Gescartera le atribuían un saldo de 1.100 millones, en la cuenta conjunta de clientes sólo aparecían a su nombre 30 millones de pesetas
Este documento señala que "dado que en el cliente Arzobispado de Valladolid se concentra una diferencia de efectivo muy elevada, se decide concentrar inicialmente las investigaciones en este cliente".
Además, precisa el informe, que, pese a varias reuniones y comunicaciones entre el 26 y 29 de marzo de 1999, el ecónomo del arzobispado, Enrique Peralta, "no despeja las serias dudas existentes sobre su saldo efectivo".
Los saldos presentados inicialmente por Gescartera fijaban un patrimonio del arzobispado en liquidez de unos 1.100 millones de pesetas, mientras que en la cuenta conjunta de clientes sólo aparecían a su nombre unos 30 millones.
Peralta recibió el 30 de noviembre de 1999, antes de una reunión que mantuvo en la CNMV con responsables del organismo supervisor y de Gescartera, un cheque nominativo de Bankinter por importe de 1.104,9 millones de pesetas como "cancelación el saldo de gestión" con Gescartera, que se pagó a cargo de la cuenta global de clientes de esta sociedad.
El pasado miércoles, el ex director de Supervisión de la CNMV David Vives manifestó su extrañeza sobre las inversiones del Arzobispado, que en su opinión, aportaban evidencias sobre la desaparición de dinero en Gescartera.
Entre otras comparecencias de esta semana destacan la del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el general Francisco Torrente, y el presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), Isidoro Hernández Sito, fijadas para mañana.
Ambos responsables deberán responder de las inversiones que se realizaron en Gescartera por parte de entidades y personas que se encontraban bajo su responsabilidad.

Estrella Digital 13-09-2001

B. DE LA C. / J. M. L. - Madrid - 02/10/2001

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del juez de primera instancia de aquella ciudad que el 31 de mayo de 2000 condenó al Arzobispado de Valladolid a que restituyera un piso y cinco fincas rústicas pretendidamente adquiridas mediante la venta de un legado que la sentencia anula. Los jueces ordenan la cancelación de la inscripción registral de dichas fincas y dan la razón a los demandantes, al declarar subsistente el legado de un piso de Concepción Méndez Carlón a "su fiel sirvienta", Felisa García de la Roza, que demandó al ecónomo Enrique Peralta, relacionado con Gescartera.

Según recoge la sentencia ahora confirmada, Méndez Carlon, nacida en 1907 y fallecida en 1995, a los 88 años, otorgó el 31 de marzo de 1993 su último testamento ante un notario que apreció su capacidad para testar.

En la primera cláusula de ese testamento lega a García de la Roza un piso de su propiedad y diversos títulos de valores. En la cláusula segunda lega a la Residencia de Ancianos de Cisneros (Palencia) todas las fincas rústicas propiedad de la testadora en ese término. Y en la cláusula tercera instituye heredera a la Diócesis de Valladolid del "remanente de todos sus bienes, derechos y acciones".

Ante el mismo notario otorgó un poder general a favor del "reverendo don Enrique Peralta Álvarez", en presencia de éste, quien venía con anterioridad encargándose de hecho de la administración de los bienes de Méndez.

La sentencia relata que Peralta, haciendo uso del poder otorgado, vendió a Eleuterio Gatón Terradillos cinco fincas rústicas de Cisneros, por un importe superior a los 20 millones de pesetas, si bien tanto el apoderado como el comprador reconocieron que el precio real fue de 33 millones, de los que 13 millones se ingresaron en la Fundación Canónica del Arzobispado. Igualmente, Peralta donó al arzobispado de Valladolid, mediante escritura otorgada en 1995, la vivienda legada por Méndez Carlon a su sirvienta.

A la vista de estos hechos, Felisa García de la Roza, en su calidad de legataria, demandó a Peralta y pidió al juzgado que declarara nula la donación de la vivienda, "utilizando abusivamente un poder que no le facultaba para efectuar ese acto". Igualmente, la fundación beneficiaria de las fincas legadas, Nuestra Señora de los Dolores, demandó a Peralta y al comprador de las mismas.

Actuación abusiva

Acumuladas todas las demandas, el juez de Valladolid dio la razón a García de la Roza y a la fundación y condenó al Arzobispado "a la restitución de los inmuebles objeto de donación y compraventa" o a pagar su equivalente pecuniario, sin perjuicio de las acciones que "correspondan frente al apoderado que actúa abusivamente".

El juez de primera instancia, Ángel González, condena también al ecónomo Enrique Peralta a indemnizar a la demandante Felisa García en la cantidad de 29.169 pesetas de gastos e impone las costas al arzobispado y al ecónomo.

Por su parte, la Audiencia de Valladolid, al confirmar íntegramente el fallo, razona que Méndez Carlon desconocía el uso que Peralta hizo "completamente a sus espaldas, aprovechando abusivamente las facultades que le habían sido conferidas". "No parece consecuente que el poder concedido a Peralta tuviera por finalidad que el apoderado procediese a la venta de las fincas que en ese mismo día y, según voluntad de la testadora, habían sido legadas a una fundación", añade la sentencia.

El ecónomo Enrique Peralta, tuvo que atender a los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se presentaron en el Arzobispado de Valladolid a pedir cuentas de más de 1.000 millones de pesetas de su propiedad desaparecidos por la gestión de Gescartera.

El entonces director general de Supervisión en la CNMV, David Vives, señaló en el Congreso que el ecónomo había colaborado con Gescartera para obstaculizar la investigación. La colaboración consistía en firmas cartas dirigidas a la CNMV en las que afirmaba estar conforme con la administración de los fondos eclesiásticos.

Pasada la medianoche, durante su declaración en la comisión de investigación y a preguntas del socialista Juan Fernando López Aguilar y de Felipe Alcaraz (IU) acerca de si alguna vez había sido condenado, el ecónomo lo negó. Y negó también haber sido multado. Con gesto de desconcierto, y entre risas incluso de los diputados del PP, aseguró no recordar la multa. "No la he pagado", dijo. "Usted sabe que mentir es pecado; si usted ha sido pillado en una mentira, en que queda el resto de su testimonio", concluyó Alcaraz.

http://www.elpais.com/articulo/espana/economo/Arzobispado/Valladolid/fue/condenado/vender/fincas/herencia/elpepiesp/20011002elpepinac_11/Tes