Varias fuentes jurídicas han confirmado que, si finalmente Bruselas considera ayuda de Estado esta deducción (como propone el expediente con argumentos muy contundentes), Economía intentará “proteger las deducciones ya aplicadas –es decir, que la medida no sea retroactiva- y negociar su desmantelamiento progresivo: que los que ya han aplicado la deducción puedan seguir haciéndolo pero que nadie más pueda subirse al carro”, explica una de estas fuentes.

Otra fuente lo expone aún más gráficamente: “Se trata de que no afecte a los que ya compraron y que puedan seguir aplicando la deducción en el futuro, y que los que vengan paguen el pato”.

En todo caso, la prioridad del ministerio que dirige Pedro Solbes es que no se considere ayuda de Estado en ningún caso, de forma que se pueda salvar la deducción aplicada hasta ahora y en el futuro. Fuentes del ministerio aseguran que “es muy pronto para hablar de lo que se puede ceder en una negociación, porque el objetivo es que no se considere ayuda de Estado”.

Para ello, en la famosa reunión de Economía con las empresas afectadas del 19 de octubre, los representantes del ministerio animaron a las compañías a aportar toda la información posible y todos los argumentos a su alcance para lograr la mejor defensa posible, según fuentes que estuvieron presentes en dicho encuentro. La idea es que “todos estamos en el mismo barco” y que a quien más caso van a hacer en Bruselas es al Estado, por lo que las empresas deben aportar sus ideas a la defensa gubernamental.

Las empresas buscan su propia defensa

Sin embargo, muchas empresas no las tienen todas consigo y están contratando despachos de abogados para personarse en la causa. En el sector hay grandes temores a que la pérdida de peso de España en la UE haga vanos los esfuerzos del Gobierno y a que éste no sea todo lo activo que debería en esta defensa, ya que se trata de una deducción creada por el PP. De hecho, un editorial de El País del 15 de octubre apuntaba claramente en esta dirección, lo que sembró el pánico en las grandes compañías.

Algunas de las fuentes consultadas aseguran que son los grandes bufetes con presencia en Bruselas los que se están ofreciendo a las empresas para que se personen en el expediente, ante la jugosa minuta que esto les puede proporcionar. Sin embargo, uno de estos despachos asegura que no se trata de una iniciativa de los abogados, sino que son las empresas las que les están consultando sobre la mejor estrategia para defender sus intereses.

En todo caso, esta fuente cree que es necesario que las empresas afectadas se personen: “Lo normal sería que lo hicieran todas; en otros países ni se lo plantearían, pero aquí es más difícil porque las empresas no ven muy claro qué beneficios les reporta personarse”. A su juicio, numerosas empresas de otros países van a hacerlo para tratar de que la deducción se considere ayuda de Estado, por lo que no sería lógico que las españolas se quedaran al margen.

El denominado ‘fondo de comercio financiero’ consiste en la deducción, a lo largo de 20 años (a razón del 5% anual), de la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable, pero sólo en caso de adquisiciones en el extranjero. Dado que se aprobó en 2002, sólo se ha podido aplicar como mucho en cinco de esos 20 años. Esta ventaja fiscal explica en buena medida la vorágine de adquisiciones de las grandes empresas españolas en el exterior –las empresas españolas pueden pagar un precio más alto gracias a este regalo- y, lógicamente, ha levantado ampollas en los países afectados por este asalto.

Fuente: El Confidencial

La comisaria Neelie Kroes estudia la posible legalidad de la medida desde todas las perspectivas posibles y concluye que, se mire por donde se mire, esta desgravación constituye una ayuda de Estado. Para empezar, considera que supone una clara ventaja económica, que cifra en el 20,6% del fondo de comercio generado en las adquisiciones, tomando un tipo de interés de descuento del 5% y un tipo del Impuesto de Sociedades del 35% entre 2002 y 2006, del 32,5% en 2007 y del 30% desde 2008.

A su juicio, no es válido el argumento del Ejecutivo de que la deducción se pierde en el momento de la venta de la empresa comprada, puesto que “en todo caso, el régimen proporciona una ventaja temporal en el momento de la adquisición y sus beneficiarios pueden aplazar el pago de una parte del impuesto sobre la empresa al que de otro modo estarían inmediatamente sujetos”.

También sostiene que se sale del alcance ordinario del sistema español del impuesto de sociedades, que no tiene el objetivo de evitar la doble imposición de los dividendos y que supone una excepción a la regla general de que sólo se pueden deducir las depreciaciones de los activos. Tampoco se justifica, añade, para distinguir las tomas de participación de las fusiones, porque basta con comprar el 5% del capital para aplicarse la deducción. Concluye que, “según los principios contables aceptados generalmente, la naturaleza excepcional del régimen parece evidente”, que “se aparta de la lógica y del régimen general de los sistemas contable y fiscal de España”.

Discriminación inaceptable

La Comisión encuentra especialmente sangrante la discriminación entre las compras de empresas extranjeras (donde el fondo de comercio es deducible) y de españolas (donde no lo es). Este carácter selectivo imposibilita considerar a la ventaja fiscal como una medida general de política económica y “no es necesario ni proporcional para justificar los objetivos de neutralidad de este régimen”. No se detiene mucho en argumentar que este incentivo supone una pérdida de recursos estatales -le parece bastante obvio- y hace hincapié en que “la ventaja que ofrece el régimen parece permitir el pago de un precio adicional para adquirir participaciones”.

Otra posible justificación que descarta es la necesidad de fomentar las operaciones internacionales: “Las normas comunitarias de armonización ya facilitan las fusiones transfronterizas, y el hecho de que estén inacabadas no puede justificar la medida española”, según el expediente. Más aún, asegura que “las autoridades españolas no han presentado argumentos que indiquen que cabe aplicar alguna de las excepciones previstas en el Tratado de la CE” por las que una ayuda estatal puede considerarse compatible con el mercado común. Estas excepciones se refieren a ayudas de carácter social, relacionadas con desastres y que persigan el desarrollo de regiones desfavorecidas o poner remedio a una grave perturbación de la economía española.

Falseamiento de la competencia

Finalmente, Kroes se muestra especialmente dura al considerar que “el régimen falsea la competencia en el mercado de adquisición de empresas, al favorecer a los adquirientes españoles frente a los competidores de otros Estados miembros” y que “en la medida en que el régimen de ayudas en cuestión implica una condonación de impuestos para las inversiones en el extranjero realizadas en España, altera la competencia leal al captar la localización de sociedades de cartera internacionales en España”. “Además, altera las decisiones normales de inversión de las empresas españolas”, añade.

La Comisión también deja patente su opinión sobre si las empresas deben devolver las deducciones practicadas hasta ahora, al recordar que el Tratado de la CE y un reglamento de 1999 “prevén que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario”. Por ello, insta a las autoridades españolas a informar inmediatamente a dichos beneficiarios y les invita a “presentar sus observaciones de expectativas legítimas o de cualquier otro principio general de Derecho comunitario que permitiría a la Comisión renunciar excepcionalmente a la recuperación” de estas cantidades.

Fuente: El Confidencial

Según fuentes de toda solvencia, el 2 de octubre se celebró una reunión para tratar este asunto entre César Ortega -director de asesoría fiscal del Santander, hombre de confianza de Emilio Botín y ex del bufete Garrigues- y miembros del gabinete del comisario europeo.

Aunque Almunia no es el responsable de este expediente, sino Neelie Kroes, la comisaria holandesa de Competencia, el emisario de Botín buscaba la afinidad nacional para que el comisario español intercediera ante su colega.

Es evidente que estas gestiones no consiguieron impedir la apertura del expediente, aunque sí retrasarlo. Según las fuentes citadas, inicialmente iba a incoarse el 26 de septiembre (las primeras informaciones al respecto se publicaron en España el día 28), pero se aplazó hasta el 10 de octubre. ¿Cuál era el objetivo de este retraso? Pues algunas interpretaciones sugieren que no interferir con el fin de la OPA sobre ABN Amro, que tuvo lugar el 8 de octubre.

Fuentes del Santander prefieren no pronunciarse sobre la existencia de la reunión, pero consideran que no tendría sentido buscar un aplazamiento puesto que, si al final Bruselas obliga a España a eliminar la deducción, les va a dar igual: el banco va a perder el mismo dinero, que algunas estimaciones de mercado cifran en 3.600 millones de euros.

Un portavoz de la Comisión Europea en Madrid tampoco confirma ni desmiente el encuentro, pero asegura que “en todo caso, entra dentro de lo habitual que los comisarios y la gente de su gabinete se reúnan con representantes de la sociedad civil, empresarios o banqueros, no es nada extraordinario”. Por el contrario, fiscalistas consultados consideran que “sería un escándalo que el comisario Almunia hubiera recibido a un representante de una empresa española interesada en este contencioso de la Comisión contra España”.

En todo caso, parece que Almunia no acudió en persona a la reunión; al menos, no está registrada en su agenda de ese día, según su portavoz en Bruselas.

Fuente: El Confidencial

Es parte de un artículo publicado en El Confidencial:
El expediente abierto por la Comisión Europea a España por la deducción fiscal del fondo de comercio ha provocado un auténtico terremoto en el tejido empresarial patrio. “Pánico” es la palabra más repetida por todos los que están al tanto de la situación. Hasta tal punto llega la cosa, que Economía ha convocado a las principales multinacionales de nuestro país a una reunión el próximo viernes para tratar la situación y la estrategia de negociación que va a seguir el Gobierno en Bruselas.

La gravedad del asunto no es para menos. Los Alierta, Botín, González, Del Pino, Entrecanales, Galán, Florentino, Fainé, Ron y demás empresarios que han comprado fuera se juegan muchos miles de millones de euros en el envite y a todos les interesa hacer un frente común con Moncloa para evitar el desastre. Un desastre en que lo más importante no es la devolución de las cantidades deducidas hasta ahora (algo que consideró “imposible” hace unos días el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña), sino la parte que falta por deducir.

El denominado ‘fondo de comercio financiero’ consiste en la deducción, a lo largo de 20 años (a razón del 5% anual), de la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable. Dado que se aprobó en 2002, sólo se ha podido aplicar como mucho en cinco de esos 20 años. “Esta deducción implica que el 30% -el tipo del Impuesto de Sociedades- del fondo de comercio que pagan las empresas en sus adquisiciones se lo regalamos todos los españoles”, explica gráficamente un experto fiscalista. Esta ventaja fiscal explica en buena medida la vorágine de adquisiciones de las grandes empresas españolas en el exterior –nuestras compañías pueden pagar un precio más alto gracias a este regalo- y, lógicamente, ha levantado ampollas en los países afectados por este asalto. El expediente de la Comisión investiga si se trata en realidad de una ayuda d eEstado contraria al derecho comunitario.

Los empresarios no se fían
Fuentes de Economía quitan importancia a esta reunión: aseguran que estaba convocada antes de la notificación del expediente y que es de nivel técnico, no de altos cargos del Ministerio. De hecho, afirman que se trata del quinto encuentro sobre este tema que tienen con el sector este año, desde que Bruselas comenzó a pedir información sobre esta ventaja fiscal. Ahora bien, estas fuentes admiten que es la reunión a la que se ha convocado a un mayor número de empresas, con el fin de tranquilizarlas y reiterarles la confianza del Gobierno en que el expediente no concluya de forma negativa para nuestro país.

Sin embargo, la mayoría de los empresarios no confía demasiado en que el Gobierno les salve: “Hay críticas más o menos veladas sobre la inacción del Gobierno y mucha desconfianza en su capacidad para resolver la crisis”, asegura una fuente muy bien informada, que añade que a las empresas también les ha pillado “en Babia” a pesar de que muchas eran conscientes del peligro.

Las razones de este temor generalizado son dos. Por un lado, la constatación de la pérdida de peso de España en las instituciones comunitarias y el miedo a que los políticos estropeen la labor de los funcionarios españoles en Bruselas. Por otro, como se trata de una medida que aprobó Aznar, “podría haber gente en el ministerio tan irresponsable que podría hacer un tema político de esto”, según las fuentes consultadas.

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