Pensar en Latinoamérica ayuda a pensar sobre Colombia

Las retenciones a la exportación se pensaban destinar en parte a paliar la deuda social con la parte de la población más golpeada por las políticas de Menem que no fueron diferentes que las aplicadas por la última dictadura militar, fueron peores, y sumieron a la Argentina en la peor crisis económica de su historia. La otra parte de las retenciones se pensaba destinar a la inversión industrial para seguir con los programas de recuperación de pequeñas y medianas empresas iniciadas en el gobierno de Néstor Kirchner, para continuar la reindustrialización del país con el resultado adicional de un mayor aumento del empleo sano que aporta la industria y el comercio así como la exportación industrial con mayor valor agregado.

Es cierto que la producción rural ha conducido a la recuperación económica de la Argentina, pero se olvida que fue el gobierno de Kirchner que mantuvo el precio del dólar y los subsidios a la producción rural para que eso fuera posible. Y los productores de “la fértil llanura pampeana” no son los pequeños productores rurales, que ni son tan pequeños como se podría creer. En la provincia de Buenos Aires, el campo en su mayor parte está repartido entre los tradicionales propietarios de hasta 20mil hectáreas en una de las regiones del mundo donde por la fertilidad de sus tierras se da uno de los mayores rindes por hectárea cultivada. Eso aumentó el crecimiento económico y el PIB en cifras globales pero no se tradujo en la recuperación de la población de clase media y baja, la más afectada por la debacle económica antes de la cual tenía un nivel de vida un poco mejor, en términos relativos, ya que es el sector que venía rezagado desde la política económica de la dictadura militar y llegó niveles de hambre nunca antes conocidos en la Argentina durante la segunda presidencia de Menem y la inútil presidencia de de la Rúa.

El conflicto está relacionado con el enfrentamiento entre dos modelos de país: Uno es el agroexportador de productos básicos sin valor agregado que favorece a los grandes terratenientes, a las multinacionales agroindustriales que compraron todo lo que perdieron los verdaderos pequeños productores en la mencionada crisis, sector –el de los grandes terratenientes--que proporciona baja ocupación ya que utiliza maquinaria a gran escala, tanto para la siembra como para la cosecha. La única ocupación adicional es la de la fabricación de maquinaria agrícola y de camiones. Exportan en su mayor parte el grano, y ahora el de soja que es el rubro de mayor precio en el mercado internacional. Favorece también la oferta de alquiler de parte de pequeños propietarios de sus tierras ya que no pueden competir con la producción de los grandes ni con la maquinaria con la que cuentan. Es el modelo de crecimiento económico a secas. Este modelo es respaldado por nuestra amiga la multinacional de los fertilizantes , que vende herbicidas y semillas que sean resistentes a los herbicidas que ellos mismos fabrican y que a su vez imponen la fabricación de nuevos herbicidas, nuevas supersemillas que los resistan, que resistan los sucesivos Roundups, los mismos con que fumigan la coca en las narices y pulmones de los campesinos de Colombia.

El otro modelo de país es el que busca expandir la exportación de productos de valor agregado, que impulsan un crecimiento que arrastra consigo el desarrollo industrial del país con el consiguiente desarrollo de un fuerte mercado interno y una independencia en la producción y comercialización de los bienes nacionales, manteniendo precios que garantizan la verdadera seguridad alimentaria de la población y fuentes duraderas de trabajo para la población que no tendrá que depender de los movimientos bursátiles de los mercados mundiales para asegurar su derecho al consumo de los bienes básicos y ni de los que por derecho les corresponde por su trabajo.

Una parte de las retenciones sería invertida en esta clase de desarrollo y otra parte en la inversión directa para atender las urgencias inaplazables que imponen la pobreza y el estancamiento.

El error de Cristina no es el aumento de las retenciones sino su estrategia en la aplicación. Pienso que el error fue su decreto de aplicación a todos los productores grandes y pequeños, sabiendo que tendría que bajar el arancel para los pequeños, no sólo por ser excesivo para ellos sino porque son los que siguen produciendo leche, trigo, sorgo etc, cultivos que han sido abandonados por los grandes productores en su afán por aprovechar la “revolución verde” con que están quemando las tierras más fértiles del país y desequilibrando su producción alimentaria en función de sus ganancias e ignorando sus obligaciones sociales para con el país en que nacieron.
http://www.proteger.org.ar/doc685.html

Cristina tuvo que afrontar a grandes y pequeños unidos cuando los pudo separar desde el principio para implementar dos aranceles diferenciados, uno para los grandes y otro para los pequeños que necesitan incentivos para desarrollarse.

La democracia

Sin embargo algo bueno ocurrió, y fue el claro ejercicio de democracia que fue garantizado por el gobierno y acompañado por los argentinos. Los argentinos vivieron y vieron el diseño gráfico de la puja ancestral entre dos modelos de país, el que busca el bienestar de todos sus ciudadanos y el que encuentra el bienestar en la simple acumulación de dinero sin importar si en ese proceder se enajena el país y se condiciona el pan de sus compatriotas menos favorecidos. Y que se asocia a los intereses económicos de los países poderosos sin importarles el futuro de su propio país.

La asociación de nuestros países en el Unasur hará posible pensar en nuestra independencia económica definitiva y el fortalecimiento de cada uno, basados en economías cuyo crecimiento se acompañe de un desarrollo que asegure un ascenso definitivo en el nivel socioeconómico de TODOS, ciudadanos y naciones.

Emma Flood

Colombia en el grupo de los demás países latinoamericanos

Lo que tienen en común todos los países latinoamericanos es el carácter estructural de sus problemas principales. Todos tienen una dependencia económica, política y cultural de los países poderosos: Estados Unidos y de la Unión Europea como conjunto.

La injusticia, la inequidad, los problemas sociales y económicos son los mismos, lo que varía son los porcentajes y las maneras de procesarlo de acuerdo a la idiosincrasia de cada región y su menor o mayor incidencia en cada uno de los países

Colombia puede haber aumentado su crecimiento económico y por consiguiente haber mejorado el PIB pero sigue siendo uno de los dos países más inequitativos de América. Hay varios países más pobres que Colombia pero más equitativos en la distribución de la riqueza.

“La democracia más vieja de América”.

Es la democracia más vieja si por democracia entendemos la elección de los gobiernos mediante el voto de la ciudadanía. Pero el ejercicio de la democracia implica mucho más que el voto. Implica la garantía para todos los ciudadanos de una sociedad igualitaria, justa, libre en la que todos gozan de los mismos derechos y oportunidades, y que si eso no existe se implementen las medidas que llevan a ese estado de cosas. Implica la plena participación de los ciudadanos tanto en el ejercicio del voto como en el control político del gobierno a través de sus representantes quienes deben rendir cuentas a  la ciudadanía que los eligió. Implica la educación que hace posible la futura participación ciudadana. Implica el desarrollo del sindicalismo como uno de los pilares de la democracia y muchas cosas más. Colombia es un país que no ha salido de la etapa de supervivencia: lejos estamos de lo que hoy se llama sociedad del conocimiento.

La discusión sobre ese tema es interminable, por eso quiero hacer una aclaración para responder a los comentarios de Pedrarias a los que debo ceñirme para no irme por las ramas. Puede ser cierto que Colombia proteja “el estado antes que todo”. Pero yo tengo otra teoría.

Colombia es el único país latinoamericano que se puede decir que no ha tenido dictaduras militares si hacemos la excepción del gobierno de Rojas Pinilla, que no tiene las características de los golpes militares latinoamericanos. Lo que ocurre, pienso yo, es que en Colombia no se dieron porque la derecha siempre estuvo en el poder y nunca necesitó de los militares para llegar al poder. Mataron a Gaitán antes de que pudiera llegar al poder, como mataron a Galán, también antes.

En los demás países de América Latina, los golpes militares siempre se dieron contra gobiernos de extracción popular, con gobernantes que provenían de la clase media. La derecha no tenía los votos suficientes para llegar al poder y asegurar el control de la economía. Por eso siempre recurrieron a los militares para que mediante un golpe (que siempre termina en dictadura), pudieran recuperar el control político para recuperar así el poder económico. Eso ocurrió en la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, etc. Todas estas dictaduras comparten la característica de que fueron apoyados por Estados Unidos, tanto desde el gobierno como desde las agencias de inteligencia que hacían el “trabajo de campo”.

En Venezuela tuvieron su golpe militar cuando la derecha no estaba en el poder. El caso de Chávez, se parece al de Perón ya que siendo militares fueron elegidos por la ciudadanía y ambos comparten su cuota de autoritarismo sin la cual posiblemente, Perón en su época no hubiese podido industrializar a la Argentina, dotarla de una estructura sindical y favorecer a la clase obrera. Y Chávez probablemente no podría implementar muchos cambios a favor de la clase más pobre sin apelar a una dosis importante de autoritarismo personalista. A Perón lo derrocó un  golpe militar en el 55, al que se llamó "Revolución Libertadora". Con Chávez lo intentaron pero no lo lograron. Detrás de este intento también estuvo la mano mágica de los gringos.

Vuelvo a Colombia y me pregunto: ¿Qué pasaría si por ejemplo el Polo llegara al poder pleno, a la presidencia de la república? ¿Repetiría la historia de Latinoamérica que por años se debatió entre la democracia y los golpes militares de derecha? ¿O podemos confiar en que Colombia aprendió con la historia de sus países hermanos?

Y las guerrillas, si miramos la historia de América siempre han sido la contraparte de los gobiernos de derecha. Siempre se han necesitado y alimentado mutuamente. Son las dos partes de una misma estructura.

Sin la derecha en el poder las guerrillas pierden su razón de existencia. Las guerrillas siempre han nacido como respuesta a un orden establecido considerado injusto por las mayorías en condiciones en que no se han podido resolver por la vía democrática. Y para eso, lo mismo da que la derecha sea la de una dictadura militar o la de un gobierno personalista progresivamente autoritario de clara orientación derechista.

Lo que pienso de la seguridad democrática está dicho en una entrada anterior. No estar de acuerdo con la política de Seguridad Democrática no implica estar de acuerdo con ninguna barbarie. Al contrario, es la búsqueda de la paz con hechos de paz y con el respaldo de medidas que aseguren el respeto por los derechos de todos los habitantes de Colombia, como son salud, educación y trabajo en condiciones seguras y dignas. Es estar de acuerdo con una economía al servicio del hombre, y no con la economía que vuelve al hombre su esclavo.

Los ejércitos irregulares

Todos los países latinoamericanos han tenido o tienen, ejércitos irregulares. Colombia ha sido prolífica en movimientos insurgentes, pero no única. Para una información exacta que muestra como todos nuestros países han tenido movimientos armados remito a: http://www.cedema.org/index.php?ver=portada (cliquear en cada país)

El uso de minas quiebrapatas

Las minas quiebrapatas son sumamente destructivas, justamente porque han sido “sembradas” como cercos de protección tanto de parte de las guerrillas como de parte del ejército. Es un arma que atenta particularmente contra la población civil campesina que no encuentra signos visibles que le adviertan del peligro. Su uso está prohibido por el Derecho Internacional. Humanitario que obliga a excluir de la guerra a la población civil. Sin embargo, ni el ejército ni la guerrilla lo han utilizado como arma de ataque contra los niños sino como arma defensiva. Y puntualizo esto porque si queremos entender de qué se trata el problema de la violencia en Colombia tenemos que pensar con claridad, y para eso no podemos ni escandalizarnos al nombrar los hechos por más sangrientos y perturbadores que sean, ni escatimar esfuerzos para no quedar atrapados en una red de eufemismos que nos ocultan la parte de la realidad que evitamos saber, algunos por el sufrimiento que implica, otros, por evitar responsabilidades.

El narcotráfico

El narcotráfico también es parte de la realidad colombiana, pero la miseria y las consecuencias de ésta anteceden al narcotráfico. Posteriormente, pobreza, narcotráfico y guerrilla tienen su punto de encuentro en el crónico conflicto de tierras de Colombia.

Con esto creo haber respondido a los argumentos de Pedrarias y a las inquietudes de otros comentaristas.

Emma Flood

]]> http://emmaflood.wordpress.com/?p=78 Thu, 17 Jul 2008 16:34:57 +0000 emma flood http://emmaflood.wordpress.com/?p=78 La insignia de la Cruz Roja es la garantía para las partes de que se trata de una negociación pacífica y neutral. El uso de la insignia por cualquiera que no pertenezca a la Cruz Roja daña la credibilidad de la insignia y de la organización como garantía de neutralidad.

1-Es bastante raro que el integrante de un comando de inteligencia de por sí muy selecto, haya actuado así por miedo, se supone que su entrenamiento no permite un error tan grueso y visible. Digo visible porque en el video de Caracol que mostró la CNN se ve claramente la insignia de la Cruz Roja sobre lo que parece ser la espalda de una persona.

2-También es extraño que nadie lo haya visto antes si hay tantas personas para quienes la observación y realización de trabajos con medios audiovisuales es una profesión y si dentro de los servicios de inteligencia hay especialistas en el tema.

3- Son públicas (aunque no todos los medios lo publiquen), las declaraciones del abogado de los dos guerrilleros César y Gafas cuando dice que ellos declaran haber visto la insignia en la ropa de 3 personas y en la aeronave de rescate.

No quiero analizar las consecuencias internacionales que serán importantes en la escalada de desprestigio que el gobierno produce para después acusar a los otros gobiernos de incomprensión, connivencia con las Farc, en una actitud que se parece demasiado a la del paranoico en la que los malos son los otros que nos miran mal, no nos comprenden o no nos quieren.

Lo que quiero señalar es la utilización reiterada de recursos ilegales o que rayan en lo ilegal. Y no solo se utilizan sino que se los justifica atribuyendo a la guerrilla la responsabilidad por el uso de estos métodos ilegales de un modo que nos remite al concepto de “guerra preventiva” y de “legítima defensa” con que los “patriotas de Bush” respaldan la invasión de territorios y la aplicación de torturas a sospechosos de terroristas.

Cada cual es responsable de sus actos y de los que están bajo su mando. Si ordenan acciones ilegales deben responsabilizarse por ellas y no atribuirla al enemigo de turno. Lo que es ilegal es ilegal independientemente de contra quien se haga y lo inmoral o amoral también lo es independientemente del destinatario de nuestros actos.

El bombardeo en territorio ecuatoriano fue una acción ilegal que no se justifica porque haya sido contra ilegales o contra un campamento guerrillero. Es posible que la utilización de la insignia de la Cruz Roja no sea más que una infracción según dicen los expertos pero sí es una falta contra la ética, además de una falta de respeto a esta organización humanitaria. También es un nuevo obstáculo para la liberación de secuestrados siempre garantizada por la Cruz Roja. ¿Podrá confiar la guerrilla en que los que se visten de Cruz Roja, realmente lo son? En un lugar como Colombia, donde la confianza es artículo de lujo, un engaño como ese es algo muy serio.

Esta noticia nos devuelve irremediablemente al recuerdo de las primeras declaraciones de los generales, ministro y presidente. Y nos vuelven las preguntas.

¿Tendría que ver con esto la innecesaria insistencia de parte de los generales y ministro de defensa, sobre el uso de las camisetas con la imagen del Che Guevara? Porque mi impresión y la de muchos otros es que eso lo repitieron más de lo necesario.

Agrego un comentario que envié a los foros de El Espectador y al sitio razonpublica.org, y que considero oportuno reciclar.

“…Como comentario agrego uno que envié a El Espectador que ejemplifica esta modalidad de gobierno que además de pasar peligrosamente por encima de la ley no reconociendo límites en el ejercicio del poder, tampoco reconoce los derechos de TODOS los colombianos, sean estos ciudadanos corrientes, ladrones, guerrilleros, etc.

Un ejemplo: Al hacer declaraciones sobre Operación Jaque el ministro Santos dijo:"Les respetamos la vida aunque estaban en inferioridad...”: Parece que el ministro no conoce la ley, ya que su afirmación muestra que a Santos le parecería normal la opción de fusilarlos, algo absolutamente ilegal. La muerte fuera de combate no está permitida ni por la ley colombiana ni por el derecho internacional. Lo que diría un ministro que acata la ley es: “Tuvimos la opción de apresarlos y presentarlos a la justicia pero los dejamos ir.” De la misma manera le pareció normal bombardear el campamento de Reyes en territorio ecuatoriano y violar la soberanía de Ecuador y además quejarse de Correa porque defiende su territorio como se lo obliga la Constitución ecuatoriana.”

Hoy, releyendo, creo que es posible que los hayan dejado ir para que siguieran creyendo que eran de la Cruz Roja y no por un acto de misericordia.

Emma Flood

Pulso crítico

J. Enrique Olivera Arce

"Hemos descubierto al enemigo: somos nosotros".

Joan Prats

Ocho jóvenes, tres de ellos adolescentes de entre 13 y 15 años, fueron asesinados la madrugada de ayer domingo, en Guamúchil, Sinaloa, dieron a conocer los principales diarios de México. La Procuraduría de Justicia de Sinaloa informó que del lugar de los hechos fueron recogidos poco más de 300 casquillos de armas de fuego G-3, AR-15, 9 milímetros, y AK-47

Hasta el momento de redactar este apunte, a diferencia de lo acaecido en el antro News Divine de la ciudad de México, ni los presentadores de noticias de las televisoras ni las buenas conciencias de la reacción han procedido al correspondiente desgarre de vestiduras y mucho menos a soliviantar a la opinión pública en contra de las autoridades con motivo del artero crimen perpetrado en Guamúchil. ¿Es que acaso estas alarmantes noticias no merecen la indignación nacional? ¿O es que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a mantenernos indiferentes frente al clima de inseguridad que se apodera del país, cuando los reprobables hechos provienen de la llamada “delincuencia organizada”? Salvo, claro está, cuando los medios de comunicación con fines interesadamente políticos, llevando agua a su molino, tocan las fibras más sensibles de los mexicanos fabricando chivos expiatorios.

La violencia que impera en el país dejó la semana anterior 124 muertos en 11 estados. El recuento total incluye los estados de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Durango y estado de México, reduciéndose mediáticamente el fenómeno a un asunto de estadística.

En otra nota, en la edición de ayer lunes del diario La Crónica, se dice que Genaro García Luna, titular de la SSPF declaró que: “Hemos encontrado, más en la industria del secuestro, la participación directa de amas de casa, de las mamás, ya no es sólo el hijo, sino la mamá del hijo que secuestra, custodiando a la víctima”, agregando, “Se dispensa que un hijo se desvíe al alcohol o la droga, ahora la mamá secuestra y esta perspectiva es grave, porque el eje de la sociedad, que es la familia, vive una perspectiva equivocada, diferente y esta es la vertiente que me ha tocado conocer y estudiar”.

Declaraciones estas últimas con las que se pone el dedo en la llaga. La criminalidad ha dejado de ser expresión aislada a combatir por los órganos del Estado encargados de proporcionar seguridad y justicia, constituyéndose en un fenómeno multidimensional generalizado, que amenaza con cubrir todo el territorio nacional. Poniendo al descubierto el alto grado de deterioro del tejido social, y en entredicho la vigencia misma del Estado como tal. Por tanto, un problema estructural multisectorial de orden político, que no se puede ni debe combatir únicamente con el uso de la fuerza. Más considerando que la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad no le son ajenas al fenómeno delincuencial, en tanto contribuyen a la falta de credibilidad en las instituciones tradicionales frente a una realidad agobiante, que excluye de expectativas de desarrollo a cada vez más amplias capas de la población.

La sociedad mexicana vive una severa crisis de pérdida de valores, que se debe reconocer para actuar en consecuencia en todos los órdenes de la vida cotidiana. Cuando la criminalidad permea ya en la juventud, generando víctimas y victimarios entre adolescentes, amas de casa, madres de familia, que renuncian a su deber para con sus hijos y la sociedad, solidarizándose activamente con los delincuentes, sin que ello sea motivo de indignación nacional, debería ser un grito de alerta y un llamado de atención lo mismo para quienes gobiernan este país que para la ciudadanía toda.

México se nos deshace entre las manos y las autoridades, en los tres órdenes de gobierno, insisten en que todo va bien. La mira de la clase dirigente está puesta en como deshacer el nudo gordiano del estancamiento económico en un modelo de desarrollo agotado, ocultando la realidad bajo el manto del triunfalismo mediático. No se puede seguir por este camino. No cuando el desempleo y la desesperanza orillan a los jóvenes y a las amas de casa a la muerte o delinquir, siendo víctimas propiciatorias de un sistema injusto, cuya única motivación es generar pantagruélicas riquezas para unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías.

pulsocritico@gmail.com

http://www.pulsocritico.com

Pero muchos fuimos sorprendidos por algunos conceptos de Cristina.

Por un lado, la promesa de no hablar más de aquella dictadura del 76, dado que “es tarea de la justicia” valorar aquellos años, y me atrevo a decir, tarea de la historia el hacer el juicio final. Esta promesa, justificada por la necesidad de empezar a plantear soluciones a distintos escenarios a futuro, es una grata medida.

La política es, principalmente, una herramienta del futuro. No como un oráculo, sino porque políticamente el presente nunca es suficiente, y siempre se requiere plantearse medidas a mediano y a largo plazo, para llegar de la mejor manera para enfrentar los problemas del mañana. Por supuesto que esto no siempre fue así. En realidad las técnicas surgidas desde mediados de siglo 19 –principalmente en la producción de bienes- llevaron a los empresarios a plantearse inversiones a largo plazo, y a por ejemplo, no escatimar gastos al momento de financiar alguna travesía de conquista en Africa subsahariana. ¿Usted piensa que el liberalismo trajo alegría y paz al mundo, cansado de actitudes medievales? No, en realidad no fue así.

Es por esto, que una comunidad que se propone subsistir – o que no tiene tendencias suicidas- se plantea escenarios futuros, para no yacer sorpresivamente.

¿Qué fue lo que planteó Cristina Fernández?

1-Una suba de los sueldos de los suboficiales en un 19 por ciento;
2-Civilización del reglamento militar interno;
3-Modificación administrativo-organizacional en el Ministerio de Defensa;
4-Cambio de paradigmas en la política de defensa.

En cuanto a lo primero, es una gran satifacción que además de repartir culpas, se distribuya la riqueza también a los suboficiales; hombres que libremente han elegido la carrera de las armas. La más nobles de las actividades humanas, por la entrega abnegada que se requiere, porque el destino existencial de la comunidad está en las últimas instancias –cuando comienzan a hablar los cañones y se acalla la diplomacia- en esos hombres y mujeres.

El segundo punto es, a priori, polémico. Especialmente porque todavía no se han dado a conocer las modificaciones del Código de Justicia Militar. Respecto a este código transcribiré algunas consideraciones de Matias Bailone, de su trabajo “El Código de Justicia Militar en la Argentina: Crónica de una muerte anunciada” que analiza el actual proyecto de reforma y lo compara con la CJM.

1. El autor afirma la necesidad de una reforma del código, debido a que este fue confeccionado bajo la ley 14.029 del 9 de julio de 1951, por el entonces interventor de las FFAA Oscar Ricardo Sacheri. Hoy, debería regir un nuevo código bajo la realidad de nuevos escenarios bélicos y de unas FFAA que dependen de un Estado de Derecho.
2. En la región se ensayan dos tipos de reformas a la Justicia Militar: o se la ordinariza, eliminando todo fuero especial y competencia exclusiva (lo que se pretende con el actual Proyecto del Poder Ejecutivo), o se perfecciona y se le otorgan garantías a un proceso penal militar que sigue siendo de fuero exclusivo, pero ahora adecuado a la Convención Americana de Derechos Humanos y las normativas constitucionales.
3. El Sistema Interamericano de DDHH ha dejado bien claro que lo que se le obliga a los Estados miembros es a otorgar un proceso (de fuero exclusivo o no) que respete todas las garantías procesales de los estándares regionales, y que el fuero militar nunca juzgue civiles
4. ¿Por qué en la Argentina, entonces, se busca lisa y llanamente la eliminación del CJM y ordinarizar los delitos militares? Porque se llegó a la conclusión que el caudal de causas que llegan a la Justicia Militar por año es tan escaso que no justifica el mantenimiento de un fuero propio, simplemente por eso. Y además hay una decisión de política criminal muy clara, de comenzar a tratar a nuestros soldados, a nuestras fuerzas armadas, como miembros plenos de la comunidad nacional. Nuestros soldados – como recientemente remarcó Santiago Kovadloff- son ciudadanos uniformados, y aunque parezca extraño tener que remarcarlo, en la Argentina tenían más derechos los prisioneros de guerra que los soldados argentinos en tiempo de paz.
5. Afirmar que el soldado argentino tiene los mismo derechos que cualquier otro ser humano, y derogar el último bastión donde la pena de muerte tenía consagración normativa, es una urgencia de la democracia y del Estado de Derecho
6. Los artículos 96 y 97 del CJM restringen la elección de un abogado defensor, lo que constituye un agravio en sí mismo, y una grave violación de las garantías personales
7. Es de gran acierto la regulación sobre la materia disciplina militar que se propone, con una clara normativa sobre cuáles son las faltas y las sanciones aplicables conforme la gravedad de la alta, y el procedimiento de aplicación con garantías para el afectado.
8. Pero finalmente quiero señalar que frente a los compromisos que el Estado Argentino había asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Correa Belisle y Argüelles, de impulsar la reforma INTEGRAL del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense, no se podía hacer otra cosa que lo que se hizo: se creó una Comisión de Trabajo donde los propios militares, junto a los expertos en derecho militar y derecho penal militar.

Sinceramente, cualquier realización para el bienestar de nuestros soldados, lo saludo con alegría. El problema de la reforma sería imbuir de un pensamiento sindico-legal a los soldados. Lo que reafirmo, es que los soldados deben ser conducidos con justicia, porque solo a través de ella se logra conformar un hombre íntegro. Es decir, tanto los premios como los castigos, hacen al hombre. Nos reconfortan las felicitaciones, nos alientan a seguir adelante. Los castigos, nos indican el camino correcto de acción. La pérdida de este sistema, tienen ejemplos en la vida civil, de decadencia absoluta. Donde –como dice un gran amigo mío- la ley se ha transformado en una opinión.

Esperemos que los expertos a los que alude Bailone, sepan construir un CJM integral, pero que no pierda el espíritu que debe tener un código de estos: constituir hombres para la GUERRA.

En tercer lugar, la reforma administrativa, tiene que ver –según lo ha dicho la presidente- especialmente con la eficiencia en el uso de los recursos de las tres fuerzas. Una medida pertinente, es la centralización de las compras, entendiendo estas como una reforma dirigida a conseguir mejores precios en el mercado. Pero aquí debo hacer una aclaración. Más alla de la eficacia de esta medida –es decir, el procedimiento debería tender a un mejor uso de los recursos- todavía existe en el ámbito de compras sobrefacturaciones absurdas, que rondan casi el 100 por ciento del valor real de los insumos. Seguramente, se diría que eso ocurre en toda la Administración pública. Es muy cierto. Pero las FFAA deben ser una institución de ejemplo, de honradez administrativa. Más cuando se mantiene con un magro presupuesto.

El cuarto tema, se refiere a los cambios en los paradigmas de defensa. Este es quizás el punto más importante dicho por la presidente. También sorpresivo, porque es lo más acertado que ha dicho desde su asunción. Quizás fueron las circunstancias, y presiones de Brasil, las que redundaron en las consideraciones de Cristina.

Hubieron algunos hechos internacionales que me llamaron la atención, y que puedan tener que ver con lo que planteó Cristina:

• Chávez les pide a las FARC que dejen las armas. (pacificación terriorial)
• Lula sale a responder fuertemente a líderes europeos, que pretenden hacer de la Amazonia un “patrimonio de la humanidad”
• Aumento constante de los precios de los alimentos en el mundo.

Según lo ha planteado, las próximas guerras serán por recursos naturales, y en especial por los alimenticios y energéticos. Esto es algo que se viene mencionando hace tiempo por los estudios estratégicos de nuestro Ejército y de la Secretaría de Inteligencia Del Estado. Este escenario, requiere de un nuevo marco de Defensa.
Por un lado, entender el fenómeno desde lo regional. Afirmar la necesidad de integración regional de las FFAA de Sudamérica. La integración es importante, porque nuestros soldados deben pisar y conocer todo el territorio sudamericano, dado que este será el teatro de operaciones en un futuro.

Cristina se refirió a la importancia de la industria militar, en este nuevo paradigma. La reactivación del astillero Domeq García para el mantenimiento de nuestra flota es un gran paso, pero falta más:

• Reactivar fuertemente la TAMSE, para la repotenciación de los TAM y empezar a diseñar y construir el TAP –Tanque Argentino Pesado-
• Retomar la Fábrica de Aviones de Córdoba, para la fabricación de los Pampa Serie II –la versión de ataque- previniendo la desactivación de los Pucará. Además para el diseño de interceptores y cazabombarderos propios.
• Reactivar el complejo de Falda del Carmen, donde se construyó el vector Cóndor. Esto es realmente necesario, dada la impronta de la industria misilística, para el diseño de un sistema regional de defensa a base de cinturones de misiles.

Integrar a un plan de industrialización para la modernización de las FFAA a los países del MERCOSUR – con Brasil como el gran socio- sería un buen camino para que en un plazo de 30 años la región este en condiciones de hacer la guerra con ÉXITO.

Ahora bien. ¿Pensar en la guerra es caer en la paranoia? No. ¿Es desdibujar el rol de la diplomacia? Dos veces No.

Cristina se ha referido también a que la guerra no es estrictamente un fenómeno militar. Se refirió a la guerra en las comunicaciones, la guerra de la informática, la guerra económica. Esencialmente, como diría Perón, es la guerra un “fenómeno social inevitable”.

Para responder a las preguntas de arriba, la diplomacia para ser efectiva debe apoyarse en algún tipo de fuerza.(1) Suiza, se apoya en su fuerza económica. Los otros, en lo militar. Un país que ha entendido bien esto es Inglaterra. Más allá de tener la mejor diplomacia del mundo –por su larga experiencia- siempre supo que lo que no se consigue por diplomacia, se consigue por la guerra.

Tener una OTAN sudamericana, le daría un fuerte espaldarazo a nuestra diplomacia para conseguir objetivos políticos comunes. Por una sencilla razón. Cuando los dos oponentes son militarmente poderosos, la PEOR de las elecciones –para los dos- es la guerra. Como en la teoría de los juegos en el sector empresarial, dos estados o supraestados potentes, deben siempre negociar. Pero así también, puede que el objetivo político del otro sea lisa y llanamente su supervivencia. Por eso hay que estar bien preparado.
Como la guerra juega en todos lados, me animo a esbozar algunas consideraciones para dar unidad de empuje a los objetivos políticos de nuestra región:

• Unidad Monetaria: Sabido es el imperio del dinero, y de su increíble poder. Sabidas son las crisis económicas financieras, y de los capitales golondrinas. Sabida es la dependencia del dólar de nuestras naciones. Por eso creo necesaria la creación de una moneda común, para tener soberanía de emisión monetaria.
• Unidad Defensiva: Encaminar esfuerzos para unificar las FFAA de Sudamérica, con los paradigmas antes descriptos.
• Unidad Comunicacional: La red Internet ha sido de gran importancia en el avance empresarial, en la comunicación de nuevos métodos. Pero a su vez se trasformó en un objetivo de ataque. Conformar una IntraNET sudamericana, para la protección de nuestros nodos informáticos de posibles ataques sería una buena solución.
• Unidad Económica y Política: profundizar las negociaciones del MERCOSUR con las otras uniones aduaneras, y países socios, con una visión similar a la de la UE. Con un aliciente. Sudamérica tiene dos grandes lenguas perfectamente compatibles –el español y el portugués- y además, comparten la religión cristiana. Idioma y Religión, dos factores culturales realmente esenciales.

Queda mucho por decir, discutir y debatir. Pero el horizonte es básicamente lo que la Patrística Latinoamericana nos ha pedido desde el inicio de nuestras naciones.

--------------------------

1- Perón decía que hay dos tipos de países: Los satisfechos y los insatesifechos. Los primeros, como todo lo tienen, suelen inclinarse al pacifismo. Los segundos, saben que la probabilidad de entrar en un conflicto es posible, porque lo que no consiguen por la paz, lo harán por la guerra. Su objetivo político, muchas veces, es su subsistencia comunitaria.

Franki, condenado a dos años y siete meses de prisión por quemar una bandera española.

El fiscal pide un año de prisión para dos jóvenes de Sabadell solidarios con Franki por colgarse de un puente

Juzgan a dos jóvenes de Lleida por haber pintado un mural en la canalización del río Segre en el que se pedía la libertad para Franki

Una manera de correr un tupido velo del nacionalismo español

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ha denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona ha intentado esconder los actos vandálicos violentos que se sucedieron en la ciudad durante la madrugada del domingo 29 al lunes 30 de junio como consecuencia de la victoria de la selección española de fútbol en la última Eurocopa de fútbol. Según la FAVB "la excusa de la victoria futbolística de la selección de España sirvieron de pretexto a sectores de la ultradreta para hacer una exhibición de fuerza en Sarrià primero y a la Plaza de España más tarde".

El comunicado denuncia la pasividad de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana ante el despliegue de la simbología fascista y de banderas franquistas por parte de muchos de quienes celebraban la victoria, y se sorprenden por el hecho de que los agentes no hicieran nada cuando algunos de estos seguidores forzaron a otros ciudadanos que no celebraban la victoria a proferir gritos de tipo fascista españolista. Según la FAVB también recibieron los ataques "los servicios de limpieza y de bomberos y se destrozó un autobús urbano". La Federación ha querido subrayar "la total impunidad" con qué grupusculos de ideología fascista y neonazi actuaron en el centro de la ciudad, y la "negligencia" del Ayuntamiento por haber dejado los ciudadanos y los profesionales de los servicios sin protección.

La FAVB constata la sorpresa por la "pasividad policial y política" con qué contaron los actos vandálicos, teniendo en cuenta "la intolerancia hacia actos y manifestaciones de otro signos que son tratadas con una contundencia a menudo desproporcionada". De hecho no fue hasta cinco días tras los incidentes cuando el Ayuntamiento de Barcelona se vio forzado a reconocer los hechos y la alteración del orden público, aun cuando los bomberos tuvieron que hacer más de 80 salidas. La FAVB denuncia la "carencia de transparencia informativa" que tilda de "intolerable en el si de una sociedad democrática y madura que debe saber en qué momento se encuentra y qué son los problemas que lo afectan". racocatala

Claro, hay que esconder ese lado del nacionalismo español y castigar y exagerar los demás.

Si la seguridad se apoya en  una red de cooperantes que sustituye al ciudadano común que colabora con las autoridades a cambio de la satisfacción de haber cumplido con sus deberes constitucionales, eso no es seguridad, es espionaje entre vecinos.

Si un país tiene un  gasto militar de un porcentaje sobre el PIB mayor que el de Estados Unidos  con sus interminables guerras externas, eso no es seguridad, es guerrerismo.

Si  se recurre al pago de recompensas a responsables por delitos atroces con la justificación de que el susodicho delito fue en la persona de un guerrillero, eso no es seguridad, es fomentar la  delincuencia  para eliminar a un delincuente.

La seguridad es mucho más que vigilancia. La verdadera seguridad nace de la libertad y de la justicia.  Y es posible cuando cada ciudadano es importante para el que gobierna  y para los demás ciudadanos. Cuando el gobierno fomenta la solidaridad, la cooperación, el trabajo honesto y atiende a las necesidades más urgentes de los ciudadanos antes que a sus ambiciones de poder. Un país donde el gobierno respeta a todos y cada uno de los ciudadanos. Un país donde el gobierno se alegra de la bondad y la generosidad de sus ciudadanos y no afirma su poder en el odio de unos ciudadanos por otros.

¿Qué es la seguridad democrática? No lo sé.

Emma Flood

(Tomado de el macarenazo)

Emma Flood

Emma Flood

]]> http://emmaflood.wordpress.com/?p=61 Sun, 29 Jun 2008 16:15:26 +0000 emma flood http://emmaflood.wordpress.com/?p=61 La constitución debe ser una carta que contemple lo estructural de una república y los principios que salvaguardan el estado de derecho . Más de un gobierno ha tratado de mermar los derechos fundamentales de los colombianos. Ejemplo: este gobierno ha tratado de modificar la acción de tutela que asegura al ciudadano la posiblilidad de reclamar sus derechos cuando estos son vulnerados.

El exceso de poder presidencial es común a toda Latinoamérica que no ha podido desterrar el caudillismo, natural en los años posteriores a la independencia de los pueblos pero hoy , peligroso para la democracia. El personalismo es heredero del caudillismo y satisface más la ambición de poder de los presidentes que a la democracia.

Emma Flood

El poder ejecutivo en un estado de derecho  está obligado a respetar a las instituciones democráticas como son el poder judicial y el poder legislativo, respeto que garantiza  la plena vigencia de la constitución y la ley para toda la ciudadanía y la  inserción del país en el plano internacional en igualdad de condiciones con los estados democráticos del continente y el resto del mundo.

Es indispensable que los partidos de oposición , los medios de comunicación, los conocedores de la ciencia del derecho y los expertos de la política aúnen esfuerzos para esclarecer la situación ante los colombianos para que  tengan plena conciencia de la delicada situación en que se encuentran las instituciones democráticas del país.

Emma Flood

El hedor de la corrupción ha invadido los titulares de los medios de comunicación estos últimos días y el efecto Marbella desgraciadamente no nos suena a desconocido.

De los pecados capitales de la política, el peor, sin duda, es la corrupción. Aprovechar una posición de poder para enriquecerse no es sólo un delito grave contra la sociedad, es una indignidad que hiere la confianza de los ciudadanos en la democracia.

La política debe defenderse, debe poner la suficiente distancia y debe establecer garantías para evitar el daño colateral más grave que acontece cuando se generaliza y la sospecha se universaliza urbi et orbe.

El estado de derecho funciona cuando los controles actúan adecuadamente y la justicia impone el respeto a las reglas del juego con el velo sobre los ojos, sin miradas especiales.

Pero para la represión de la corrupción en la política no sólo existe el espacio judicial.

Los políticos en quienes los ciudadanos han depositado su confianza para gestionar los recursos comunes y para representarles en las instituciones tienen más responsabilidades que depurar.

Mimetizar responsabilidades judiciales y políticas es una coartada defensiva en las más de las ocasiones pero no obedece en ningún caso al buen gobierno exigido en cualquier democracia de nuestro entorno.

Porque –por ejemplo- no pagar a Hacienda podrá ser un delito si la cifra supera los 25 millones de antes sin declarar pero es un hecho grave que implica el cese inmediato del cargo público. Eso, sí, en cualquier país…no por aquí.

Porque –por ejemplo- mediar para conseguir beneficios de una empresa de la que se es dueño, podrá ser en un proceso judicial delito de tráfico de influencias, pero en términos políticos, es de manual la exigencia de responsabilidades políticas.

Porque –por ejemplo- si un político no es capaz de explicar coherentemente de donde han salido 50 millones escondidos en casa en un registro, o el cobro de 100 millones en un año cuando se está full-time dedicado a los asuntos públicos, podrá tener su respuesta judicial, pero descubierto el pastel, el político de turno no merece representar a nadie.

Judicialmente el ciudadano-político tiene garantizada por la Constitución la presunción de inocencia pero sus deberes con la sociedad le exigen un comportamiento ético y la transparencia es una obligación inexcusable.

No hay ninguna acción terapeútica más eficaz que la asunción de responsabilidades políticas cuando se produce la evidencia de una desviación en el uso del poder.

El político que cobardemente se refugia en recursos como la prescripción, le instiga un nuevo daño a la política porque se sirve de ella para defenderse como ciudadano infractor.

Si la indignidad del político no lo hace posible, su partido debe hacerlo porque ningún partido democrático puede contemplarse desde la sospecha.

De no actuar sólo queda el título de aquella canción que tan bien interpretaba la inolvidable Rocío Dúrcal, Sombras nada más.

El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.

La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.

Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.

Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.

El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.

En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.

Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.

Histórico. Emocionante. Espectacular para todos los que amamos el Derecho. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentenció en el día de hoy que los acusados de terrorismo internacional detenidos en la base naval de Guantánamo Bay en Cuba tienen derecho constitucional a defenderse de su detención en cortes civiles de los Estados Unidos, al igual que el resto de los ciudadanos. Los magistrados resolvieron que los extranjeros detenidos en Guantánamo, tienen derechos protegidos por la Constitución.

Existían sentencias anteriores que obligaron al Poder Ejecutivo a establecer un sistema de revisión de la situación de los detenidos, caso por caso. Los detenidos eran juzgados por Tribunales militares y la Corte Suprema les concedió el derecho de apelar esas sentencias antes tribunales federales civiles. Empero, esos procedimientos militares no eran mas más que una validación de las determinaciones previas hechas por el Pentágono.

Con la sentencia de hoy, la Corte fue aún mas allá. Determinó que esas juntas militares no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. Todo sospechoso de terrorismo detenido en la base militar en Cuba tiene el derecho constitucional de defenderse ante los tribunales civiles estadounidenses. En concreto, se les concedió el derecho de pedir habeas corpus por ante los tribunales civiles a los detenidos de Guatánamo.

La decisión pone en sus justos términos la tensión existente entre la seguridad nacional y los derechos constitucionales de los combatientes enemigos.

“Las leyes y la Constitucion fueron creadas para sobrevivir, y se aplican aún mas, en tiempos extraordinarios,” dijo la Corte en postulado que compratimos en un todo. Sin embargo nos genera un poco de envidia esa Corte Suprema del mero cotejo con la que tenemos los argentinos.

“Sostener que los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) pueden prender o apagar la Constitucion a su antojo nos guiará a un régimen autoritario", dijo el voto mayoritario citando al caso mas importante del derecho de todos los tiempos: Marbury v. Madison del año 1803.

La mayoría fue firmada por Kennedy, John Paul Stevens, Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David H. Souter. La disidencia la firmaron John G. Roberts Jr., Samuel A. Alito Jr., Antonin Scalia y Clarence Thomas, que son el ala conservadora de la Corte, que como buena agorera, sostuvo que la Nación va a reprochar lo que la mayoría de la Corte hizo en el día de la fecha, porque por culpa de esta decisión, muchos estadounidenses van a ser asesinados (?). Lo que demuestra que la estulticia y la carencia de argumentos básicos en la Justicia no es propiedad exclusiva de la Argentina.

¿Cuales son los efectos inmediatos de la decisión? La nulidad de todo lo actuado hasta la fecha en los juicios militares que están siendo realizados en la base naval. Además, los testimonios obtenidos por vía de tortura no van a ser avalados de ninguna forma por los tribunales federales civiles de Estados Unidos. Ergo, la mayoría de los detenidos debieran quedar libres y hacerles juicio al Estado por la flagrante violación de derechos humanos básicos. Millones de dólares van a estar en juego en la sustanciación de estos casos.

Aplaudimos fervientemente esta decisión. La Constitución rige para todos, aún en tiempos de guerra. Nadie puede estar por encima de la Constitución. ¡Aprenda y repita, así no se lo olvida, Sra. Presidenta de la Argentina!

Que Berlusconi es un tipo que parece carecer de escrúpulos, que su ambición por ser Primer Ministro de la República Italiana, lejos de ser política, no es más que un mero instrumento para la consecución de sus objetivos personales, o que sus acciones desde el gobierno parecen más dirigidas a conseguir la impunidad que a lograr el bienestar de sus conciudadanos, considero que, a día de hoy, nadie lo pone en duda, ni siquiera en su país, de la misma forma que todos ponen en cuarentena sus convicciones democráticas.

El hecho de que un gobernante trate de legislar a través de su mayoría parlamentaria en favor de sus intereses, tejiendo una tupida red de normas que, al final, acaben otorgando una impunidad buscada durante años a ese gobernante es, como mínimo, muy peligroso para cualquier democracia.

El origen legítimo del ejercicio del poder, tras la victoria en unas elecciones democráticas, no es excusa para evitar la legitimidad de su ejercicio. Existen decenas de ejemplos de gobernantes con legitimidad en origen y sin ella en el ejercicio del poder. A todos se nos vienen ejemplos a la cabeza, tanto contemporáneos como más lejanos en el tiempo. Hoy creo que Europa tiene algunos ejemplos de gobernantes con mayor o menor legitimidad en origen, pero sin ninguna en el ejercicio de la misma.

Berlusconi puede ser otro de esos ejemplos. Coartar los medios de investigación de los que disponen tanto los jueces o fiscales, como la Policía con autorización de éstos, nos lleva al disparate y ese mismo disparate a la impunidad buscada por los que así legislan. Imponer la prohibición de ordenar escuchas telefónicas, junto con la imposición de medidas de carácter coercitivo para los responsables de las investigaciones relacionadas con delitos tales como corrupción, prevaricación, sobornos, extorsión, estafas o delitos empresariales, los que precisamente quitan el sueño a Berlusconi, todos ellos de los encuadrados en esa tipología delictiva conocida como de "cuello blanco", en el caso de autorizar, utilizar, realizar o filtrar el resultado de dicho pinchazo telefónico, acaba recortando el Estado de Derecho, otorgando impunidad "de facto" a personajes que ensucian la vida pública, la política y el ejercicio del poder.

El argumento de que se pretende proteger la intimidad y la libertad de los ciudadanos está hueco, carece de fundamento, sobre todo si comprobamos como esas observaciones telefónicas están orientadas a la investigación y represión del delito, no del quehacer cotidiano de cualquier ciudadano.

Es una desgracia que una ley así pueda llegar a aprobarse en un país europeo, otorgando la impunidad a muchos sinvergüenzas que han logrado enriquecerse gracias a esos delitos de cuello blanco, por no hablar de la cantidad de procesos que quedarán en nada gracias a una ley así o la apertura de puertas que podría suponer para la mafia la posibilidad de que delitos relacionados con la administración pública no pudieran investigarse bien, logrando una impunidad que les llevaría a ser cada vez más fuertes, convirtiéndose en un estado dentro de otro, llegando a dominar al mismo.

Precisamente, en estos días que Bush visita Europa, la vieja Europa, según la definición de algunos antiguos miembros de su gabinete, y sabemos que no visitara España y sí lo hará con Berlusconi, no puedo menos que mostrar mi asombro por esa nueva muestra de carencia de escrúpulos de la administración Bush, que prefiere gobiernos "lameculos" aunque con una honestidad "distraída" antes que gobiernos independientes y poco dispuestos a "bailarle el agua". Me pregunto si Bush podría beneficiarse de un a ley así, al fin y al cabo algo tendrán que ocultar sobre las guerras que patrocinan y que han enriquecido a unos pocos.

¡Vaya amigos tienes Josemari!

Luis del Pino, en su post "¿Por qué mata ETA?", nos dice que se ha instalado en la opinión de bastante gente la afirmación "ETA mata cuando puede", "simplificación" que le "parece enormemente perversa", "con la que sólo se consigue que el terror de ETA se perciba como un terror irracional, carente de causas inmediatas, contra el que nada puede hacerse porque no hay ninguna lógica que lo regule". Es tremendamente importante darse cuenta de lo falaz de la simplista afirmación. Reproduzco ahora unas notas que tomé, de un seminario sobre Seguridad y Defensa al que asistí, de una intervención de Rafael Calduch:

"La correspondencia entre las cifras de número de atentados por áreas geoestratégicas y las de victimización en esas mismas zonas no se corresponden proporcionalmente. Por ejemplo, Europa es el 2º área de las que consideramos en la ponencia de Calduch con mayor número de actos terroristas, pero en cambio, su victimización es de las menores. De ahí podemos sacar la conclusión de que las estrategias terroristas difieren según las zonas (unas pueden buscar victimización y otras impacto mediático)."

Claramente, ETA busca publicidad con sus atentados, presencia en la sociedad a través de la propaganda, los medios de comunicación y el impacto doloroso de sus acciones más o menos calculadas, pero siempre con un objetivo. En palabras de Luis del Pino, "ETA mata como medio de reactivar la presión del terror entre la sociedad española", "ETA mata o deja de matar no 'cuando puede', sino cuando la jugada lo aconseja". "ETA siempre está ahí, para intentar conseguir que los españoles se cansen, para intentar que el Estado efectúe nuevas concesiones".

Descubierta su táctica 'publicitaria', debemos definir una política de no concesiones a ETA de ningún tipo: ni políticas, ni publicitarias. Combatir a ETA tratando de hacer ver a su entorno lo nefando de sus actos a través de los medios de comunicación, pero sin exceder el tratamiento y su presencia dando una publicidad que no merece a una banda de criminales: no olvidemos que '"la publicidad negativa también es publicidad". Incluso se podría solicitar a los medios una minimización expresa de la cantidad de sus contenidos sobre terrorismo para aplacar su impacto mediático.

Hay quienes podrían pensar maliciosamente que las manifestaciones de la AVT de la legislatura pasada daban alas a los terroristas, y en parte podría parecer que tuvieran razón, pero recordemos que estas concentraciones no eran sólo contra ETA -como se presupone-, sino abierta y legítimamente contra la política antiterrorista de Zapatero, que pasaba por la negociación con la banda armada a través del mal llamado "proceso de paz" y así fomentaba la publicidad de ésta, propiciando la recuperación de los asesinos. Por tanto, la AVT sólo actuaba en reacción a unas actuaciones del Ejecutivo, no era quien comenzaba el conflicto entre éste y aquella, tratando por la vía de la manifestación de hacer ver al Gobierno su error y mitigar consecuentemente la publicitación de ETA.

El "Acuerdo por las libertades y el terrorismo" luchaba contra esta lacra española desde el Estado de Derecho, además de que una unión sin fisuras entre los principales partidos favorecía una 'despublicitación' del conflicto vasco: si no se trata extensamente en los medios sobre un asunto básico como es éste al estar ya debatido y tomada una determinación, la propia banda terrorista no tiene espacio para su publicidad.

Encontré hace unos días en un mercadillo de libros usados "Las vísperas del 23-F" (2ª parte de "Jaque al Rey") de Santiago Segura y Julio Merino. Un libro muy interesante -aunque algunos criticarán a los autores por su procedencia ideológica en vez de ver los argumentos aportados, una verdadera falacia "ad hominem"- que contiene un párrafo, en el contexto de los convulsos años 70 y 80, que merece la pena señalar para completar el artículo: "... ¿qué habría ocurrido si ETA en lugar de ir realizando 'acciones pequeñas' hubiese realizado un día una 'gran acción'? ¿Qué habría ocurrido si en lugar de ir asesinando poco a poco hubiese asesinado de un solo 'golpe' trescientos guardias civiles con sus jefes y oficiales correspondientes? Éste es el tema, ETA no ha querido nunca la intervención militar frontal..., lo que ha querido ha sido minar poco a poco la moral del Ejército, para consustancialmente ir debilitando al Estado."

ETA se 'contiene', se 'dosifica', juega con España de forma similar a como un pescador suelta o tensa el sedal para capturar su presa por medio del agotamiento, fiel a la izquierda radical y a la sinuosa idea de inspiración leninista: "Dos pasos adelante, un paso atrás", al dar la vuelta al título de su libro "Un paso adelante, dos pasos atrás". Desenmascaradas algunas de sus técnicas y mediante una comprensión clara por parte de los dos principales partidos nacionales del camino de la lucha contra ETA, ésta debería ser derrotada. Lástima que el actual Presidente no inspire confianza debido a su pasado de negociación con ETA... pero siempre puede reconocer su error y volver con claridad al "Pacto Antiterrorista".

La Asamblea Constituyente en el artículo 5 de su Mandato Constituyente No. 001, estableció que ratifica y garantiza el estado de derecho, lo que supone que, la Constitución Política, y demás normativa legal continúan vigentes en su totalidad, pues dicho mandato no establece excepciones.

El artículo 23 de nuestra, aún vigente carta política, establece en su artículo 8 que todos los ciudadanos tenemos el derecho a la honra y a la buena reputación, y ello en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 12, determina que nadie será objeto de injerencias arbitrarias, ni de ataques a su honra o a su reputación, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Y sí, en el Ecuador sí existen leyes que nos protegen contra ese tipo de ataques, que reciben el nombre de injurias. El Código Penal establece que hay dos tipos de injurias: la calumniosa y la no calumniosa. La primera consiste en la falsa imputación de un delito, y la segunda en toda expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.

Las injurias, como es lógico, SON UN DELITO!

Me referiré en esta ocasión solo a las segundas, las no calumniosas, y es que ellas también son de dos tipos: graves o leves.

Las graves consisten en
La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado; atendido el estado, dignidad
y circunstancias del ofendido y del ofensor.

En un estado de derecho, este tipo de ataques, proferidos a una persona, llamado injurias no calumniosas graves, constituyen un delito, y acarrean prisión de 3 a 6 meses.

Será posible que en la casa de la democracia, en la Asamblea Constituyente, se perpetren delitos de este tipo, a vista y paciencia de las autoridades y no se haga nada?

Es que ahora en la Asamblea, además de hacer leyes retroactivas, también se va a hacer caso omiso a los delitos? No lo creo, simplemente no lo pudiera creer.

No solo somos víctimas los asambleístas de espionajes, como acertadamente lo confirmó nuestro primer mandatario, sino que ahora también somos víctimas de delitos comunes en el seno de la Asamblea.

Esperemos que nuestro digno y correcto presidente sepa hacer respetar, no solo a la majestad de la Asamblea y su reglamento, al cual últimamente se lo pretende desconocer, sino también a sus asambleístas, que somos merecedores de respeto por parte de todos sus integrantes, tal como lo establece el artículo 67, referente a los principios éticos que deben tener los asambleístas… o será que esta disposición tampoco se hará respetar?

¿Se respetan aún las leyes? Se respeta aun la constitución vigente? ¿Se respeta aun la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Estamos aun en un estado de Derecho donde se respeta la honra de los ciudadanos? ¿El estado de qué derecho?

Tomado del Blog de la Asambleísta Diana Acosta

La lección no se aprende hasta que sufres los problemas que tú mismo has causado. Esto es algo que enseñan a todos los niños, y es así como los niños aprenden. Sólo cuando se lastiman, lloran y luego se levantan para seguir jugando.

En Latino América, por supuesto, somos un poco más tercos y necios. Acá nos hemos caído tantas veces en todos los países que ya tenemos un callo en las rodillas y nos levantamos sin llorar.

Pero hay golpes más fuertes. Esos golpes son en la cabeza (la mente - la libertad de decir ¡basta ya!), la cara (el habla - la libertad de expresión) los brazos (el derecho de defensa).

Mientras tanto, siguen muriendo cientos de personas en los estados fallidos latinoamericanos. ¿Se ríen?

El tribunal Villa Bonilla ha sentenciado a 35 años de cárcel al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, tras hallarlo culpable de ser “autor mediato” de las ejecuciones extrajudiciales del caso La Cantuta por haber formado parte de un “aparato criminal organizado desde el poder”.
El tribunal ha resuelto que las ejecuciones se realizaron “siguiendo y cumpliendo una línea de mando”, y que Salazar “tenía dominio del hecho”. De esta manera, ha elevado a la categoría de fallo judicial otra falacia de la Comisión de la Verdad.
¿En qué hechos, en qué pruebas, en qué testimonios, se ha basado el tribunal para sentenciar? En nada, porque durante el juicio no hubo ninguna prueba o testimonio fehaciente que pudiera sustentar la tesis de la “autoría mediata”.
La ley y la justicia exigen que toda acusación sea probada, de lo contrario se quebranta el estado de derecho. Una condena debe sustentarse en pruebas, no en la caracterización política de un régimen. Esto es hacer política, no justicia; así que la Oficina de Control de la Magistratura tiene mucho que indagar.
Ningún testigo del juicio ha señalado al general Salazar como parte de la cadena de comando del grupo “Colina”. Todos sindican como presuntos responsables al mayor Santiago Martin Rivas, al general Juan Rivero Lazo, o al general Nicolás Hermoza Ríos; ninguno a Salazar.
Tampoco hay un documento que acredite responsabilidad alguna de Salazar, quien, como jefe del SIN, se limitó a convocar a un equipo de analistas, a pedido de la Dircote, para hacer un análisis actualizado de Sendero.
El fallo es por eso injusto, pero nadie debe sorprenderse, pues la sala Villa Bonilla, es la piedra angular del “sistema anticorrupción” que acabó con la vida de José Dellepiane y que a diario hace leña de la presunción de inocencia.
Los jueces y fiscales “anticorrupción”, y los de Terrorismo, han sido “capacitados” por las ONG izquierdistas para juzgar con todo el rigor de la ley a los militares y policías, pero con mano blanda a los terroristas. Así que no diga el doctor Francisco Távara que esos jueces actúan con “independencia e imparcialidad”.
Esos magistrados han sido aleccionados por las ONG para ser implacables con los soldados que pusieron el pecho para salvar la democracia, pero comprensivos y generosos con los criminales que quisieron destruirla.
Esa justicia le ha impuesto 35 años de cárcel, sin pruebas, al general Salazar, y también a los militares que se equivocaron al ejecutar ilegalmente a los terroristas y filo terroristas de La Cantuta que no eran “ajenos al conflicto” sino actores de la guerra enrolados en el bando senderista.
Esa es la misma justicia que le impuso la generosa condena de 32 años a Víctor Polay, alegando que actuó por “motivaciones sociales”.
Son 35 años duros para nuestros militares, pero para el cruel Peter Cárdenas Shulte sólo 25 años, y 15 años para los demás cabecillas del MRTA, y la libertad para los miembros del “comando especial” que secuestró y asesinó a inocentes.
Qué decir de la “valentía” de esa justicia con la cúpula de Sendero. La fiscal pidió cadena perpetua para todos, pero esa pena se le aplicó sólo a Abimael Guzmán y Elene Iparraguirre. A la mayoría de miembros del Comité Central se les condenó a sólo 25 años, así que saldrán libres en unos pocos años.
La historia registrará estas sentencias entre los actos más ignominiosos y cobardes registrados durante la lucha que aún libramos contra el terrorismo.
Ojalá la Corte Suprema tenga el valor de rectificarlas, por su honor institucional, por la verdad y por la memoria de las víctimas de la agresión terrorista (victor.robles.sosa@hotmail.com)

La Solución Final es el título dado en español a la película Conspiracy, de 2001, que relata en poco más de una hora la reunión “secreta” en la que un grupo de oficiales, funcionarios y miembros del partido Nazi y las SS, trazaron las formas y adoptaron los medios definitivos para acometer el exterminio judío de manera industrializada y masiva.

Wannsee, pueblecito o zona de vacaciones cerca de Berlín, a las orillas de un lago, un sitio muy bonito que tuve la ocasión de visitar, incluida la mansión donde aconteció la reunión y hoy hay un museo sobre la misma y el holocausto, protagonizó uno de los hechos más infames que el Hombre pueda recordar en su historia reciente.

Me interesa traer una cuestión que se trata con excelente agudeza en el film. Sigue vivo y sin visos de cerrarse un debate encendido entre teóricos del Derecho y juristas de todas las corrientes en torno a la naturaleza del Estado de Derecho y la idea de justicia, justicia social, o justicia en el sentido estricto del término.

El III Reich hitleriano fue un Estado de Derecho. Su economía estaba profundamente intervenida, reproduciendo lo que Mises denominó Socialismo alemán. Formalmente se mantenían propiedad y libertades empresariales, pero poco o nada quedaba de economía pura de mercado. Muchos se alarman cuando se dice que el Estado de Derecho puede, perfectamente, servir a fines perversos. Así lo hace hoy en día, aquí, en España, y en otros muchos países pertenecientes al llamado mundo libre (que yo calificaría de mundo más libre, en todo caso).

Se alarman los positivistas que aspiran a pulcritud cientificista. Se alarman los que leyeron ¿Qué es la justicia? de Kelsen, o los que se dejaron llevar por la doctrina positivista. Pero es que siguiendo sus postulados cualquier cosa, en ausencia de una ética objetiva como referencia, de un Derecho Natural como guía, puede ser ley, puede estar en vigor, y armónicamente encajar en un orden jurídico promulgado caprichosamente por cualquier tipo de Estado. La diferencia, y eso debe quedar claro, reside única y exclusivamente en los principios que rijan el orden social constituido y hasta qué punto son estos respetados.

Un Estado Liberal, si es que tal cosa es posible, no legisla a golpe de mandato coactivo y dirigista. En un Estado Liberal tendría que haber Derecho, pero no legislación. En la concepción de Estado de Derecho va implícito el mal, el error, la puerta a cualquier cosa, cualquier aberración.

En la Película, Conspiracy, el autor de las Leyes de Núremberg apuesta por una reforma, por más segregación, más privación de derechos, de libertades a los judíos, incluso una ampliación del concepto jurídico de judío, o perteneciente al pueblo judío. El jurista, positivista, con pocos escrúpulos, pero alguno, se resiste a que sea la fuerza al margen del Derecho la que imponga esa solución final apremiante. Analiza los problemas de encaje de esas extracciones forzosas de antiguos ciudadanos, los matrimonios mixtos, las herencias… El jurista positivista quiere pensarlo con detenimiento, prefiere que la ley lo recoja todo. Pero la infamia puede más y no cabe en la mente de ninguno positivizar semejante tropelía. El genocidio social puede verse como un acto de purificación, pero el genocidio puro y duro, la eliminación sistemática y masiva en cámaras de gas, con un tiro o como fuera, articulada y perfectamente organizada, ni para el más ruin y fiero nazi cabe exponerlo con luz y taquígrafo en una ley.

Esa es la hipocresía. EL Derecho positivo, desprovisto de principios de Derecho Natural, sin moral evolutiva, sin nada más que el mandato utilitarista y voluntarista del legislador, puede decir esto y aquello, puede diseñar el holocausto o articular un sistema de subvención al cine patrio.

Recomiendo esta película, sobre todo a quien se preocupe de definir correctamente los conceptos, también los jurídicos, advirtiendo el peligro allí donde esté, sin ambages y formalismos aprendidos en esas universidades donde se justifica y legitima lo que toca. A mí me hablaron del Estado Social, Estado Social y democrático de Derecho que dice nuestra CE´78. No conozco los planes de estudio de la Alemania posterior al 15 de septiembre de 1935 cuando fueron aprobadas las leyes de Núremberg… tengo clara la suposición…

Saludos y Libertad!

Certamente jà me tinham recomendado este livro, e incluso seguim certa polémica em internet protagonizada pola extrema dereita contra esta publicaçom. Assi que nom o duvidei mais e passei por umha livraria para comprá-lo.

Os autores, Pedro Fernández Liria, Carlos Fernández Liria e Luis Alegre Zahonero, realiçam um percorrido ao longo da Histôria da Humanidade e mais concretamente da Filosofia e o Dereito para tentar comprender e definir a través da dialéctica e o método científico os conceptos de Cidadania e Estado de Dereito. Todo o pedagógico texto está acompanhado das fantásticas e mordazes ilustraçons de Miguel Brieva, quem resume em formato banda desenhada os aspectos mais importantes explicados na obra. Na sua prosa, os autores profundizam até a raíz dos conceitos, polo que este ensáio é radical nesse senso, mas carece totalmente de extremismos.

Realmente remomendo a todo o mundo a leitura deste ensaio filosófico, no que se debate sobre a necesidade da Democrácia para o Estado de Dereito, a incompatibilidade entre Capitalismo e Democrácia ou o nexo entre Dereitos Humanos e Cidadanía.

Dice el CGPJ que se ha enterado por la prensa, como Felipe de la corrupción y los Gal. La prensa que todo lo sabe y que de vez en cuando saca los colores al Estado despiadado y criminal. Le ha tocado a El País, fuego amigo, puede parecer, un toque de atención. Es posible que varios juristas progresistas, entre los que estimo casi seguro que estarán alguno de mis profesores de licenciatura, hayan apuntado el meollo de la cuestión. El tema es grave.

El Fiscal general del Estado, la cúspide del ministerio fiscal, ordenado en estructura férrea piramidal, es nombrado por el Rey, a propuesta del gobierno, oído el CGPJ… vamos, que lo nombra ZP y su intrincado de poder y apoyos. Igualmente lo maneja y aunque pueda despistar ciertas conductas y decisiones, las graves, las importantes, las que marcan precedente y estrategia, suelen venir desde quien le concede el cargo y el alimento.

Publica El País que Conde-Pumpido, ese hombre, ha lanzado una instrucción que faculta a los fiscales, sigo literalmente lo que dice el periódico, a dar órdenes a la Policía Judicial para realizar diligencias y pesquisas de forma paralela y sin comunicación al órgano judicial que ya esté conociendo sobre el asunto. Pueden los Fiscales, cuando tengan noticia de un hecho delictivo impulsar las diligencias que estimen adecuadas y la ley les permite par