EL DINERO NEGRO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA CORRE A RAUDALES: 1.125 MILLONES DE EUROS PASARON DE MANO ENTRE LAS EMPRESAS EN 2007, SEGÚN HACIENDA

La evasión fiscal en el sector inmobiliario supera los 1.127 millones anuales en la Comunitat Valenciana, según estimaciones del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El secretario general de esta entidad, José María Mollinedo, alertó ayer de que el próximo viernes, día 25 de julio, prescribirán más de 8.800 millones de euros en impuestos procedentes de operaciones opacas efectuadas por empresas constructoras y promotoras en el año 2003 en toda España, en su gran mayoría con billetes de 500 euros.

Así, la evasión fiscal en este ámbito iría más allá de los 8.800 millones de euros anuales y sólo las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana concentran el 67 por ciento de este fraude. En concreto, esta cifra supera los 1.127 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

Compra-ventas inmobiliarias opacas. Mollinedo participó ayer en el Curso 'Crítica y Crisis del Diseño y Gestión del Sistema Tributario y de Modelo de Gasto Público que organiza la Universidad Complutense (UCM) en El Escorial. Apuntó que la práctica totalidad de estas operaciones fraudulentas con billetes de 500 euros fueron realizadas por sociedades, principalmente del sector inmobiliario o relacionadas con la compraventa inmuebles, "poniendo de manifiesto, una vez más, la estrecha relación existente entre este ramo y estos billetes de alto valor facial".

8.800 millones menos para Hcienda. Gestha estima que el dinero negro acumulado hasta diciembre de 2003 ascendió a 23.491 millones de euros, lo que sitúa el impago del Impuesto sobre Sociedades --por el uso fraudulento de los billetes grandes-- en un mínimo de 8.200 millones de euros derivados de la práctica habitual de escriturar un inmueble por debajo del valor real del mercado con el pago de la parte correspondiente en B en billetes de 500 euros.

“Fraudes comunes”. Según los técnicos de Hacienda, a esta suma hay que añadir 600 millones de euros que tienen su origen en "fraudes comunes", entre los que destaca, por su cuantía y frecuencia, las tramas de facturas falsas de empresas auxiliares que ingresan entre cuatro y cinco millones de euros al año, así como la emisión de facturas falseadas por un valor superior al real de los trabajos realizados por empresarios individuales en el sistema de módulos. Dentro de esta categoría de "fraudes comunes", menos frecuente y menos gravoso, se encuentra el diferimiento en el pago de impuestos, con prácticas como la manipulación en la valoración de las existencias de inmuebles realizadas de común acuerdo entre promotor y constructor.

La ley antifraude no funciona. Gestha reconoce que, si bien las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre el sector inmobiliario se han incrementado en los últimos años, la Ley Antifraude -aprobada hace casi dos años- "no ha conseguido detectar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde parece que el dinero negro encontró un refugio rentable". Los técnicos de Hacienda estiman que la Agencia Tributaria no tiene motivos para "sacar pecho" de sus resultados en la investigación de los billetes de 500, ya que el importe de 142,8 millones de euros recaudados hasta mayo de 2008 por autoliquidaciones extemporáneas presentadas por los contribuyentes investigados, apenas representa el 1,7% del saldo de billetes de alta denominación a diciembre de 2003.

Mano blanda con el defraudador. Asimismo, este colectivo denuncia que la AEAT haya alentado una práctica "demasiado benevolente" que ha permitido a buena parte de los grandes defraudadores eludir sus responsabilidades fiscales o penales al facilitarles "previo aviso" un periodo de gracia de un mes para que ingresen "voluntariamente" lo defraudado sin sanciones, ni denuncias por los delitos fiscales cuando el fraude supera los 120.000 euros. Gestha recuerda que apenas se han remitido a la Fiscalía algunos de los 12.000 casos detectados con más de 1.000 billetes de 500 utilizados entre 2003 y 2006.

jueves, 03 abril 2008

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA PASAN DE MANO IMPÚNEMENTE 20.300 MILLONES DE EUROS EN ECONOMÍA SUMERGIDA, POR FRAUDES AL FISCO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) cifra en cerca de 20.300 millones de euros la economía sumergida en la Comunitat Valenciana, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, y considera en un informe que el fraude en esta autonomía representa cerca de un 10% de la bolsa de dinero negro existente en España, cuya media se sitúa en un 23 % del PIB, diez puntos por encima de la media europea. Informa Europa Press

Sólo en Valencia, corren 10.478 millones. Eestudio de Gestha, basado en el último dato provincial de PIB disponible, según el INE, apunta que la provincia de la Comunitat que concentra el mayor volumen de economía sumergida (51,9%) es Valencia, con 10.478 millones de euros, seguida de Alicante, con más de 7.000 millones, y Castellón, con una bolsa de fraude de 2.750 millones de euros.

El nicho del fraude, la construcción.El informe de Gestha asegura que una de las principales bolsas de fraude existentes en la economía valenciana está relacionada directamente con las operaciones de compra-venta protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los cuales 1.088 millones, el 12,6%, se localizan en esta comunidad, según esta fuente.

Alquileres ilegales. En este sentido, los Técnicos de Hacienda estiman que el 62% de los arrendamientos localizados en esta región son alquileres sumergidos que escapan del control del fisco. Se calcula que existen alrededor de 76.398 alquileres sumergidos en la Comunitat Valenciana, lo que representa el 7,8% del total del parque de viviendas alquiladas en España, que se cifra en casi 112 millones de euros anuales.

Las empresas no presentan cuentas. El estudio de Gestha revela que otro de los focos de fraude se encuentra en las pequeñas empresas. En la actualidad, el 96,8% de las compañías asentadas en la Comunitat Valenciana que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, lo que supone más de 7.800 sociedades aproximadamente, escapan al plan de lucha contra el fraude ya que, en la mayoría de los casos, sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o un activo inferior a los 2,3 millones de euros.

Coches de lujo como “válvula de escape”. Los técnicos consideran que la adquisición de vehículos de lujo constituye también una "válvula de escape" para dar salida al dinero negro procedente de la economía sumergida. Así, según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "en un momento en el que el endeudamiento de las familias españolas y su confianza en la evolución de la economía se sitúa en mínimos, la adquisición de un automóvil de lujo se ha convertido en un signo externo de riqueza que no debe desvincularse en absoluto de la especulación inmobiliaria que ha existido en estos últimos años en el mercado español ni del inusual incremento de la circulación de billetes de 500 euros".

Hacienda quiere destapar 90.000 millones. Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria (AEAT) podría reducir en un 10% las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar casi 21.000 millones de euros adicionales en impuestos que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades.

Así lo indicó durante su intervención en unas jornadas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales organizadas por IIR España, el subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio, Juan Manuel Vega.

Según explicó Vega, la nueva norma amplía el alcance del concepto de "sujeto obligado" a informar de sus actividades a las autoridades, a todos aquellos que puedan perpetrar delitos susceptibles de generen réditos de capital. "Es inconcebible que el concepto se pueda ampliar más", aseguró.

"Gran parte de las novedades de la tercera directiva ya existen en nuestra legislación", recalcó Vega, quien considera que la trasposición de la directiva europea es una "buena ocasión" para "sistematizar y armonizar" la legislación española.

Por su parte, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, quien inauguró estas jornadas, reveló que el departamento que dirige ya ha hecho "avances notables" con el sector inmobiliario durante el último año.

"Desde que se empezó a regular el blanqueo de capitales en 1993 ha llovido mucho", indicó Núñez, quien indicó que el enorme "riesgo reputacional" asociado a este tipo de delito ha aumentado enormemente en lo últimos años y ha hecho tanto a las entidades financieras como a empresas de otros sectores más conscientes de la necesidad de prevenirlos.

sábado, 01 marzo 2008

EL “BOOM” INMOBILIARIO DE LA COSTA VALENCIANA SE ALIMENTA DEL DINERO NEGRO DEL NARCOTRÁFICO, SEGÚN DESVELA UN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO

El Departamento de Estado norteamericano sostiene que el dinero negro procedente de la droga es uno de los elementos que está detrás del boom inmobiliario vivido en las zonas costeras del sur, concretamente el litoral valenciano. Así lo afirma en el capítulo dedicado a España de su "Informe de Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos", difundido hoy a través de su página web.

Los ayuntamientos prefieren ignorar el origen del dinero negro. "Una porcentaje indeterminado de los ingresos de la droga son invertidos en propiedades inmobiliarias de España, particularmente en las zonas costeras de fuerte crecimiento del sur y del levante del país", señala el informe. Informa Servimedia.

Pistas evidentes. Como indicio que apunta en el mismo sentido, el Departamento de Estado señala que "hasta un 30% de los billetes de 500 euros de la Eurozona circulan por España, directamente vinculados a la compra de propiedades inmobiliaras para blanquear dinero". Según el Departamento de Estado, hay ayuntamientos que han preferido ignorar el origen de ese dinero. "Dada la gran rentabilidad del sector de la construcción durante los años pasados, muchos municipios costeros no han querido saber nada de la ilegalidad de diversos proyectos de construcción en sus localidades", señala.

España, “centro europeo” de blanqueo. La Fiscalía sí ha actuado frente a esa realidad, ya que sólo en la provincia de Málaga abrió en 2006 más de 200 expedientes por casos de corrupción ligados al sector constructor. El informe del Departamento de Estado también señala que España es "un gran centro europeo de blanqueo de dinero, así como una gran puerta de entrada de sustancias narcóticas ilícitas". Recalca igualmente que las autoridades actúan duramente contra las organizaciones de narcotraficantes y mantienen un alto nivel de colaboración con la agencia antidroga norteamericana (DEA).

 07/12/2007

Pretende impedir que investiguen cuentas bancarias de organismos públicos para no perjudicar a “terceras personas”

Fabra intenta marcarle la raya a la juez de instrucción

IGNASI PELLICER/VALENCIA

No es nada corriente que se le diga a un juez qué pruebas debe tener en cuenta - y las que no - en la instrucción de un proceso que está en sus manos. Más raro resulta todavía, si quien marca la raya es el principal imputado y sospechoso del caso. Pues tal y así es como ha actuado el sátrapa del PP en Castellón, Carlos Fabra, presidente bicéfalo del partido conservador y de la diputación.

Según confirman fuentes judiciales, la jueza Lourdes Novarques, que instruye en el juzgado número 1 de Nules el “caso Fabra”, tiene en su poder desde hace meses un escrito del letrado, Javier Boix, pidiéndole que desestime como pruebas testificales, unas cuentas corrientes de organismos públicos y empresas privadas. En ellas Fabra tiene poderes otorgados para ordenar transferencias y pagos a su voluntad. Se trata de cuentas de la diputación, del Hospital provincial de Castellón y de “Aerocas”, empresa promotora del aeropuerto de Castellón. El abogado de Fabra justifica su sorprendente petición porque si se investigan las citadas cuentas corrientes, “podrían resultar perjudicadas terceras personas”, dice el escrito, sin entrar en más detalles.

Retrasar el juicio
Además de sorpresa e indignación, la oposición de izquierdas todavía no tiene claro si Fabra actúa de esta manera tan anodina para retrasar su juicio por todo lo que contiene su voluminoso sumario en ciernes: delitos contra la administración del Estado, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Cacique conservador castellonense
No descartan las mismas fuentes una intención de mayor magnitud, urdida por el cacique conservador castellonense. Sospechan que Fabra se ve solo y con el aliento de la justicia más cerca de su cogote. Denotan que el jefe del PP en Castellón “se siente ahora más abandonado” por quienes antes le protegían en el partido. Por esta razón, “amenaza con poner el ventilador”, comentan. Incluso, puede estar dando el primer aviso, a la desesperada, de que si le salen mal las cosas a él con la justicia, puede llevarse por delante a otros gerifaltes del PP no implicados en este asunto de corrupción, de momento.

Excepción a la regla judicial
El “caso Fabra” está resultando ser una complicada y dudosa excepción a la regla judicial. Llama estrepitosamente la atención en medios jurídicos y políticos la demora en la instrucción sumarial. Está a punto de cumplir cuatro años, desde que en diciembre de 2003, desveló la trama de corruptelas y tráfico de influencias el empresario Vicente Vilar. Acusó a Fabra de haberle entregado cantidades millonarias de dinero, por conseguir del gobierno del PP licencias para productos fitosanitarios. Más tarde se comercializaron en la empresa Artemis, gestionada por las esposas de ambos.

Siete titulares del juzgado trasladados
Es excepcional igualmente que hasta ahora hayan sido siete los titulares del juzgado de Nules los que se han ocupado de la instrucción y dejado a medias después, pidiendo “por causas personales” el traslado a otra jurisdicción. Y serán ocho muy pronto, cuando a la actual jueza, Lourdes Noverques, le confirmen un nuevo destino que ella misma ha solicitado voluntariamente. Han sido cuatro fiscales hasta hoy los que se han encargado de la acusación.

Una realidad
Más pronto o más tarde, el juicio de Carlos Fabra empieza a verse desde el propio PP valenciano como una realidad a la que tendrá que hacer frente. Lo que no quieren sus dirigentes es que los juicios en cascada coincidan con la precampaña electoral. No se descarta que así sea antes de las generales de 2007. Tal eventualidad explica, según se oye decir por cenáculos de Castellón, el actual distanciamiento entre Carlos Fabra y Juan Costa, ex ministro de Aznar, y coordinador del programa del PP. Fabra desea que Costa sea cabeza de lista por Castellón, pero éste intenta incluirse, bien en la de Madrid u otra gran ciudad, lo mas lejos del territorio que controla Fabra.

Se le han complicado las cosas
De puertas para dentro en el PP de Castellón, a su presidente Fabra se le han ido complicando las cosas últimamente. Antes de las elecciones del 27-M, su hombre de confianza, Victor Campos, a la sazón miembro del gobierno de Francisco Camps, le dio brutalmente la espalda, anunciando que dejaba la secretaria general provincial y la política activa. Para esta vacante, Fabra ha tenido que echar mano de una dirigente “popular” que no es de su cuerda, la diputada autonómica, Marisol Linares. Esta le hizo guiños en su día al zaplanismo, a través de un grupo que controla el dirigente popular valenciano, Serafín Castellano con su tentáculo en Castellón a cargo del diputado nacional, Miguel Barrachina.

AGENCIAS. 05.11.2007

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Julián Muñoz ex alcalde de Marbella, en una imagen de archivo.

• El parlamentario Antonio Romero afirma que hay información nueva.
• Pide que se investigue el patrimonio que dejó Jesús Gil a su familia.
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El parlamentario andaluz por IU Antonio Romero ha asegurado hoy que a la operación "Malaya" le podría suceder un saga que incluso podría llegar a un tercer sumario ya que con las investigaciones que se están llevando a cabo hay mucha información nueva.

Romero se ha mostrado convencido de que habrá un caso Malaya II y un Malaya III y ha anunciado en rueda de prensa, aludiendo a fuentes judiciales, que la vista oral por el "caso saqueo I", en el que se acusaba al que también fuera alcalde de Marbella Jesús Gil de desviar cerca de 26,7 millones de euros desde el Ayuntamiento a empresas privadas, comenzará a primeros del próximo año.

Más de 300 millones sin justificar

Para el parlamentario, es importante que en toda la investigación se incluya no sólo al fallecido edil marbellí, sino también al patrimonio que dejó a sus herederos.

"Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Yagüe y no la de Jesús Gil"

En este sentido, ha recordado que existe un dictamen del Tribunal de Cuentas en el que se incluye un cantidad de más de 300 millones de euros sin justificar en las arcas del ayuntamiento de Marbella y ha insistido en que hay una "ingeniería financiera muy extraña" en el patrimonio familiar heredado de Gil.

"Los ciudadanos no entienden cómo se investiga la época de Julián Muñoz y Marisol Yagüe y no la de Jesús Gil", ha señalado.

Por otro lado, ha hecho también referencia a los problemas originados en las obras de construcción del AVE a Málaga, a su paso por el Valle de Abdalajís, y ha pedido a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que atienda las reivindicaciones de los vecinos de la zona, quienes se siguen abasteciendo con cubas ante la falta de agua en los acuíferos.

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EL PAÍS - Valencia - 12/10/2007

Juan Eloy Durá defendió ayer la solidez económica de las compañías de este sector que llevan tiempo en el mercado frente a otras empresas más jóvenes, que han empezado "a correr muy deprisa", dijo en alusión a las constructoras Astroc y Llanera.

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El responsable de la federación comentó que "hasta ahora [tanto por parte de los empresarios como de particulares que contaban con ahorros], se invertía en el sector de la construcción porque daba mejor rentabilidad" que otras operaciones, pero señaló que ahora quienes elegían esta opción, "se han ido". Estimó que "en este momento, la especulación en el sector se ha terminado totalmente" y apuntó que los particulares que invertían en este campo son ahora "competencia directa de los constructores" porque también sacan al mercado sus inmuebles, aunque "a un precio más barato".

Respecto a las inversiones en suelo llevadas a cabo por empresas constructoras, manifestó que este era el ámbito en el que se producía "una especulación más fuerte", por encima de las obras realizadas, ya que el suelo se compraba a un precio y poco tiempo después se vendía más caro, incluso "sin estar clasificado", matizó.

Eloy Durá explicó que "el problema que han tenido algunas empresas es que dentro del balance ponían un precio de suelo como si estuviera ya clasificado", cuando "realmente no lo tenían" así.

En este sentido, manifestó que hay sociedades que "han invertido mucho, gracias a los créditos que los bancos concedían fácilmente a quien quería entrar en el sector. Ahora se encuentran con una falta de liquidez total" y la negativa de los bancos a renovarles los créditos. Esto es lo que "ha pasado a estas dos empresas en concreto", agregó Eloy Durá en alusión a Astroc y a Llanera. El presidente de Fevec señaló que hay otras firmas con más solidez y experiencia en el mercado que "no han entrado en esa vorágine de ser número uno".