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Con el establecimiento de una patente comunitaria se busca crear un sistema que permita que el registro de una patente sea válido en toda la Unión. Bruselas mantiene que así se reducirán costes de registro y litigios. Un estudio del Ejecutivo comunitario de hace un par de años calculaba que registrar una patente en ocho Estados de la UE suponía del orden de los 50.000 euros, la cuarta parte de ellos dedicados a traducción. El mismo ejercicio en Estados Unidos se resuelve con 10.000 euros.

El vigente sistema europeo de patentes se rige con el Convenio de Múnich, que sólo admite como idiomas de registro el alemán, el francés y el inglés. España cree que acomodar la patente comunitaria a ese régimen supondría introducir por la puerta de atrás en el ordenamiento comunitario un régimen trilingüe que deja fuera al español. "España exigirá que se respeten los principios de seguridad jurídica y de no discriminación lingüística", señala Diego López Garrido, secretario de Estado para Asuntos Europeos que asistirá a la reunión. "Si no, vetaremos".

Vía: Madri+d

Diego López Garrido: Entiendo que pueda suscitarse cierto nerviosismo como consecuencia de las decisiones que está tomando el ejecutivo italiano, pero es hora de aparcar diferencias y construir entre todos un marco de protección para toda la UE.

abenyusuf: ¿No repudias las declaraciones de Bossi, las de Berlusconi?

Diego López Garrido: En política, hay que saber jugar con los que te gustan aunque también con quienes no compartes ciertos puntos de vista, pero que tienen la legitimidad que les otorgan las urnas para llevar adelante sus políticas.

abenyusuf: ¿A qué te refieres con el ''desvío de flujos migratorios''?

Diego López Garrido: La expulsión de inmigrantes ''sin papeles" de Italia puede tener como consecuencia que países de la zona, como Francia o España, con los cuales comparte el espacio Schengen, vean como afluyen dentro de sus fronteras estas personas que no tenemos la capacidad de acoger.

abenyusuf: ¿Quieres decir con eso que lo mejor es que se queden en Italia?

Diego López Garrido: Eso sería lo ideal, que Italia los recondujera a los paises de origen sin deprtarlos a otros países miembros de la Unión.

abenyusuf: O sea, que si te entiendo bien, lo que tienen que hacer los gitanos en Italia es esconderse y aguantar el chaparrón callladitos, y esperar que el auge del fascismo regrese a su cauce de normalidad.

Diego López Garrido: Oye, te estás poniendo insolente.

abenyusuf: No, yo sólo intento descifrar el fondo de tu pensamiento.

Diego López Garrido: Pues está muy claro: la inmigración sí, siempre que podamos absorberla.

abenyusuf: ¿Dónde está el limite? ¿Quién lo marca? ¿Quién dice "hasta aquí"?

Diego López Garrido: Estamos en una situación de desaceleración económica, como bien sabrás, ligada a la crisis en los mercados internacionales y del sector de las hipotecas del otro lado del Atlántico. Cuando era posible ser más flexibles, lo fuimos, pero ahora hay que hacer esfuerzos entre todos, y no usar la demagogia para erosionar al gobierno.

abenyusuf: ¿Se ajusta al derecho la detención de personas que no han cometido más falta que entrar en un país fuera del cauce legal?

Diego López Garrido: Sí, pero eso no significa que puedan estar detenidas indefinidamente. Desde Europa, nosotros apostamos por unificar criterios entre todos los miembros de la Unión, para afrontar juntos este reto, que es sin duda un drama humano para muchas personas.

abenyusuf: ¿ Puede llegarse a un consenso en esta materia con todos, incluso con Berlusconi?

Diego López Garrido: Estamos en ello. Es una negociación difícil, pero quiero ser optimista. Estoy seguro de que acabaremos obteniendo buenos resultados.

abenyusuf: ¿Es eso la Europa fortaleza?

Diego López Garrido:  Por supuesto que no. Si conseguimos impulsar el desarrollo de los países de proveniencia, quizás el drama de la inmigración ilegal vaya menguando, y se encuentren soluciones a largo plazo.

abenyusuf: ¿Entonces tiene razón el PP cuando pide defender los principios de la Europa de raíces cristianas amenazada por inmigrantes que abusan de nuestra solidaridad, fomentan culturas que no respetan nuestros valores y delincuentes que amenazan nuestra seguridad?

Diego López Garrido: Ahí eres tú el que está mezclando deliberadamente discursos. Nuestro proyecto para Europa es integrador y aconfesional, y no tiene nada que ver con la caricatura que estás intentando esbozar. La Constitución que presentamos y el Tratado de Lisboa no mencionan esas raíces cristianas.

abenyusuf: Pasemos a la guerra de Afganistán. ¿Hay expectativas de algún calendario de retirada de las tropas españolas allí destacadas?

Diego López Garrido: La misión de las fuerzas armadas en Afaganistán es una misión humanitaria, y está amparada por una resolución de las Naciones Unidas. No tiene nada que ver con  la invasión ilegal de Irak.

abenyusuf: Por cierto, ¿cúal es la postura de España con respecto a Irak, ¿cúal es la postura de Europa?

Diego López Garrido: ¡Vaya!  Me pillas un poco desprevenido (Risas) ...  Lo fundamental es apoyar un consenso internacional contra el terrorismo, que no entiende de vidas humanas ni de niños huérfanos.

abenyusuf: ¿Y Palestina?

Diego López Garrido: Bueno, esta entrevista está derivando en un requisitorio que no tiene nada que ver con el motivo principal, que era la normativa sobre los ilegales en Italia. Pero te respnderé sencillamente: Dos estados, viviendo juntos, en el respeto de los derechos humanos y dentro del marco del derecho internacional.

abenyusuf: ¿Consideras que estás siendo víctima del reajuste realizado por Zapatero tras ganar las elecciones? ¿Te gusta tu cargo, dedicado básicamente a asuntos europeos?

Diego López Garrido: No me siento víctima en absoluto. La UE es una construcción apasionante, y me siento muy orgulloso sirviendo los intereses de mi país y de la Unión.

abenyusuf: Para finalizar, ¿qué opinas de la crisis de Izquierda Unida? ¿Tienes alguna receta para Llamazares?

Diego López Garrido: Pero ¡si es él el médico! (Risas) No, hablando en serio, creo que IU debe apostar por la renovación y la apertura hacia los problemas que afectan a la ciudadanía. Ese es mi consejo. ¡No me atrevería a dar una receta! (Nuevas risas)

abenyusuf: Hemos acabado.

Diego López Garrido: Muy bien; bueno, me tengo que ir. Me alegro de verte, y saluda a los compañeros de Nueva Izquierda de Sevilla cuando los veas. Diles que me acuerdo mucho de ellos. Cuídate. Ciao.

Otro mazazo a mis dotes de pitonisa política. La última vez que me las di de analista político me costó hacer una entrada en este blog reconociendo ni ineptitud frente a mi amigo Rafa.

Lo digo porque otra letanía que suelo repetir es que "Roma no paga traidores" y que a los típicos traidorzuelos estilo PDNI (sí, sí, esos que juraron mil veces que no se irían a PSOE) se los usa y luego se los tira.

Vale, esta el caso de Diego López Garrido. Pero para mi era la excepción que confirma le regla.

Claro que la (indisimulada) ambición de este es ser ministro de justicia por ahora no cuela (y espero que no cuele nunca) y al fín y al cabo es un tío formado y competente y de esos no sobran el el PSOE (ni en ningún lado), más allá de que sea una víbora.

Pero el caso de Ricardo Peralta, pues ya es mucha excepción. Para quién no lo recuerde este tío fue tránsfuga de IU en el parlamento cuando la traición del PDNI, posteriormente entro en el PSOE y que yo sepa no se supo más de el (políticamente)

Así que es posible que Roma si pague traidores, y además tenga memoria de elefante, porque ya hace unso añitos de los "servicios" de este señor.

En fin, que nos quedará por ver: ¿Cristina Almeida rehabilitada políticamente?

El acceso a las fuentes públicas es uno de los poderes básicos implícito en la facultad de investigar, una de las tres, junto a las de informar y difundir, que componen el derecho humano a la información, tal como fue formulado por el art. 19 de la Declaración Universal de 1948. Históricamente, la libertad de expresión y el derecho a recibir información han colocado en un segundo plano este libre acceso a la información de carácter público, requisito imprescindible para que los medios ejerzan su tradicional función de perro guardián, los ciudadanos puedan disponer de datos para mejorar sus vidas y defender sus derechos y esos mismos ciudadanos puedan convertirse también en informadores. Esta última dimensión es imprescindible para que la revolución informativa en el ciberespacio no se quede en el simple cotilleo. El derecho a saber, del que las leyes de acceso a la información pública no son más que un instrumento, es constitutivo de la autonomía personal de los hombres libres.

Suecia fue pionera de este tipo de leyes. En 1766 su Ley de Libertad de Prensa consagró el principio de publicidad, al que están sometidos todos los documentos o informaciones generados o recibidos por cualquier autoridad u organismo público. Leyes semejantes, más generosas o restrictivas, existen en unos 70 países. Pero sin duda es la Freedom Information Act de Estados Unidos, modelo para otras muchas leyes semejantes, la que ha tenido una mayor proyección, hasta el punto de convertirse en un elemento central de la democracia norteamericana.

La ley fue promulgada en 1966 a regañadientes por el presidente Johnson. Durante más de un cuarto de siglo influyentes periódicos y periodistas habían batallado por ella. Pero fue un congresista demócrata, John Moss, el verdadero padre de la ley. Cuando Moss llegó al Congreso a mediados de los 50 chocó con las trabas que hasta los parlamentarios encontraban para acceder a la información en poder de las agencias públicas. Otro joven congresista republicano -cosas de la vida- llamado Donald Rumsfeld se distinguió también en exigir la ley.

La ley llegó en un momento políticamente enrarecido -Vietnam, Watergate... No se aplicó en el caso más importante de aquella época, los Papeles del Pentágono, pues se trataba de documentos clasificados como secretos, pero su presentación por un congresista en el registro de una comisión parlamentaria permitió su publicación y una sentencia del Tribunal Supremo (N.Y. Times Co. versus US, 1971) básica para una interpretación vigorosa de la Primer Enmienda.

Desde entonces, la ley ha sido un instrumento básico de los medios, pero también de los movimientos sociales y cívico, de abogados defensores de causas perdidas y de litigantes de indemnizaciones millonarias. La organización The National Security Archives se dedica a bucear en los archivos públicos y en los documentos desclasificados para denunciar los abusos del poder. En su página puede encontrarse asesoramiento e información sobre el funcionamiento de esta ley. Las facultades de periodismo incluyen entre sus enseñanzas el empleo de los mecanismo legales para acceder a la información pública.

Sin el libre acceso a la ingente masa de información en manos de organismos públicos hubiera sido imposible el desarrollo del periodismo de precisión, que, entre tanta ganga, y aplicando las técnicas de la investigación psicosocial, busca la información relevante.

La ley sigue perfeccionándose. El último día de 2007 el presidente Bush firmó la Open Goverment Act, dirigida a evitar las obstrucciones por parte de las administraciones, con sanciones para aquellas que dilaten injustificadamente el acceso.

En España ha funcionado, en la práctica, un principio completamente distinto al de publicidad, el de interés legítimo, esto es, que para acceder a la información en poder de las administraciones, el ciudadano, sobre el que recae la carga de la prueba, debe demostrar su interés legítimo en la misma. El art. 105.3 de la Constitución convirtió el derecho de acceso de los ciudadanos a la información administrativa en un derecho de configuración legislativa, regulado por el art. 37 de la Ley 30/1992. El principio general es el libre acceso, pero además del desarrollo de las exclusiones que la propia Constitución establece (intimidad, seguridad del Estado y averiguación de los delitos) añade los actos políticos de los gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas, las materias protegidas por el secreto industrial y comercial y la política monetaria. Remite a regulaciones específicas en materia de datos sanitarios, materias clasificadas (L. 9/68 de Secretos Oficiales, modificada por la L. 4/78), archivos estadísticos, registro civil y registros penales, los datos referentes a los legisladores y los fondos documentales existentes en Archivos Históricos. Una de las limitaciones más importantes es exigir un interés legítimo para acceder a informaciones de carácter nominativo, aun cuando no se incluyan datos de carácter íntimo. Sí se aplica plenamente, en cambio, el principio de libre acceso en materia de información medioambiental (Ley 38/95, de 12 de diciembre) por así exigirlo una Directiva europea.

La propuesta de Estatuto del Periodista Profesional, del Foro de Organizaciones de Periodistas (asumida por Izquierda Unida y tramitada en la legislatura terminada como proposición de ley, propuesta que se ha dejado caducar) proponía en su art. 16:

"Los periodistas tendrán libre acceso a los registros, expedientes administrativos y actuaciones judiciales no declaradas secretas y en general a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades administrativas facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad de los particulares, conforme lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos. Las autoridades administrativas podrán negar este acceso cuando las informaciones solicitadas afecten a la seguridad y defensa del Estado o interfieran la persecución de los delitos en los términos previstos por el art. 37.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Gobierno enviará en el plazo de un año un Proyecto de Ley modificando la regulaciones específicas previstas en el art. 37.6 de la citada Ley 30/1992 para facilitar al máximo el acceso de los periodistas a estos archivos y registros."

Recientemente se ha constituido una Coalición Pro Acceso, compuesta por organizaciones profesionales y no gubernamentales, que propugna una ley de libre acceso a la información pública.

Mi compañera María Ramírez, corresponsal de El Mundo en Bruselas, fue la encargada de sacar ayer a relucir la noticia, que no hace si no echar más aún por tierra mi apuesta hace meses: que Navarro sería algún día ministro de Asuntos Exteriores. Hubiera sido el mejor.

Pero ahora, ya no sólo no es ministro, si no que encima ponen en su lugar a un político (Diego López Garrido), sin pajorera idea de lo que es Bruselas, la UE, sus pasillos, sus entresijos, etc...

María comenta en su crónica que todos los periodistas admirábamos la forma de hablar y explicar las cosas de Navarro, frente a otros políticos, que a menudo compartían rueda de prensa con él. Ella no dice nombres, pero yo sí los daré.

Se trataba de dos: Fernado Moraleda, ex-secretario de Estado de Comunicación (en esta legislatura diputado), uséase, portavoz de Moncloa, y Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores.

Además, os puedo asegurar que en esto había un fuerte consenso entre todos los periodistas, fueran del medio que fueran, izquierdas, derechas, liberales, autonómicos, etc.

Cada vez que en un COnsejo Europeo, alguien de Moncloa se acercaba a donde nos sentamos los españoles en la sala de prensa, para avisarnos de que iba a haber un encuentro con la prensa en unos minutos, se hacía el silencio. Entonces algún compañero lanzaba la fatídica pregunta: "¿quién baja?" o "¿quién nos habla?".

Si decía que Moratinos: los de prensa escrita se lamentaban, ya que a ellos les interesa más el contenido y que les cuenten de verdad cosas, que el tener el audio/video de un pez gordo.

Si decía Moraleda: se producía un lamento generalizado, más o menos moderado hasta que su compañera se iba, momento en el cual, todos explotábamos con un: "pues yo para eso no bajo", "pero si lugo no nos cuenta nada", y encima dirá que es off-the-record, me decojono", etc...

Si decía Navarro: Entonces todos sabíamos que nos íbamos a enterar bien bien de lo que se estaba cociendo en los despachos de arriba en las reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, o de ministros de la UE, etc...

Y cuidado, no digo con eso que Navarro fuera un bocazas. Noooooo. Simplemente, lo que se podía contar, te lo expicaba bien, porque sabía de lo que hablaba.

Ahora él se va a la embajada de Lisboa. Quiere disfrutar de su familia, llevar una vida algo más tranquila. Y le entiendo. Esperemos que le vaya todo bien, y que algún día vuelva a puestos políticos de más relevancia e impacto en España.