Respetuosamente a la doctora Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH.

El 26 de marzo pasado nos enteramos por enésima vez de los abusos cometidos por el Ejército en contra de la población civil en la supuesta “lucha contra el narcotráfico”, ahora se trata del asesinato de cuatro jóvenes y algunos más heridos que se dirigían a bordo de un vehículo tipo Hummer con destino a una fiesta en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros; después los militares intentaron disfrazar el crimen como un enfrentamiento donde resultaron muertos dos elementos de tropa.

De este hecho tomó conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue turnado al autonombrado ombudsman (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), los primeros peritajes arrojan que los soldados fueron muertos por la espalda con proyectiles de alto poder, el organismo añadió que en el lugar únicamente se encontraron casquillos calibre 7.62 mm, que corresponden a las armas Heckler & Kock G3 de cargo en las unidades de tropa, fabricadas por la industria militar; evidencia en la que se sustenta que la muerte de los cuatro civiles fue producto de una ejecución extrajudicial.

Por mi experiencia, este acontecimiento ocurrió, quizá, para encubrir una disputa anterior entre la tropa dentro del vehículo militar donde se dispararon entre ellos (el impacto de los proyectiles aparece de adentro hacia afuera); o simplemente como ocurre cotidianamente en el Ejército, un accidente por impericia en el manejo de las armas provocando la muerte de dos soldados que después se maquilló como un enfrentamiento a iniciativa del oficial a cargo.

Según la información, la CNDH, el propio José Luis Soberanes Fernández declaró que se emitirá una recomendación sobre los abusos cometidos por el Ejército, en el sentido de señalar la violación al derecho a la vida y a la integridad física de los lugareños porque también fueron torturados. Pero el doctor Soberanes tiene una contradicción y ninguna autoridad moral para hacer críticas al mando militar, al haber auspiciado la actuación del Ejército en la lucha anticrimen desde fines de la administración de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón.

Las organizaciones no gubernamentales anticipamos las consecuencias que traería la actuación del Ejército en la llamada “guerra contra el narcotráfico”: una excesiva y escandalosa violación a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones a mujeres, etcétera; pero nadie nos escuchó.

Nada más en Michoacán ha habido más de 150 quejas en contra de militares. Ninguna autoridad puede apelar al estado de derecho por asuntos de seguridad, violando el estado de derecho; en un Estado democrático como el que pretendemos establecer en México, la seguridad humana debe sobreponerse a la seguridad del Estado.

El informe de Human Rights Watch (HRW), en meses pasados confirmó los vicios y debilidades de la CNDH. La organización internacional defensora de los derechos humanos, presentó una Evaluación crítica de la CNDH: costosa, ineficiente e inmoral.

En conclusión: La CNDH lejos de ser defensora de los derechos humanos, ha provocado la impunidad y puesto en riesgo a las víctimas que recurren a ella en busca de justicia.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención de los militares responsables de la matanza, pero aquí llegamos a otra parte de lo que provoca la impunidad legalizada en México y por tanto la persistente y sistemática violación a los derechos humanos que Soberanes Fernández hipócritamente dice defender.

Quien decide en el Ejército –incluye a la Marina– la culpabilidad o la inocencia de cualquier procesado por delito grave o no, cometido por faltas a la disciplina militar o al orden común o federal, es el secretario de la Defensa en turno, en la actualidad Guillermo Galván Galván, apoyado en el cuerpo de leyes militares que lo facultan para procurar y administrar la justicia militar. Es decir, dos funciones en una sola mano, que socava la división de poderes tutelada en la Constitución.

Así las cosas, el alto mando encallado en los tribunales militares decide el destino de la justicia en México, lo que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, el cual se arroga defender. elaboró actas circunstanciadas, recabó fotografías, entrevistó a familiares, testigos y lesionados para integrar el expediente. Una difícil tarea de “reconstrucción de los hechos” ya que el Ejército y la justicia militar, supliendo las funciones del Ministerio Público federal o local, se abocan en todos los casos a borrar las evidencias para falsear los acontecimientos y proteger a los militares de cualquier responsabilidad que les pueda resultar, incluyendo al alto mando.

Me pregunto, a dónde iremos a llegar, cuando el Ejército cambia impunidad por “lealtad” institucional

http://www.apiavirtual.com/2008/05/19/cndh-costosa-e-ineficiente/

Las violaciones a las garantías individuales que se cometen en México en contra de los inmigrantes centroamericanos son iguales o incluso peores a las que ocurren en contra de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, denunció el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, durante la conferencia magistral denominada Las migraciones de las grandes urbes: retos y obstáculos para la defensa y promoción de los derechos humanos, realizada ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En su ponencia, Bustamante consideró que hay gran indiferencia de la sociedad civil mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como también sobre las que sufren los centroamericanos que entran a México por la frontera sur, con la intención de llegar al vecino país.

'Vemos a los inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer respecto del cual no hacemos nada', expresó.

Asimismo, lamentó que ni la sociedad ni el gobierno mexicano hayan hecho algo para neutralizar o evitar las redadas policiales en contra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, iniciadas de manera sistemática y continua en mayo de 1996.

El especialista de la Organización de Naciones Unidas aseguró que estas redadas, donde se dan la separación de las familias y el allanamiento de domicilios, constituyen gravísimas violaciones a derechos humanos básicos. Advirtió que la política de inmigración de Estados Unidos caracteriza a México como 'enemigo' y a los migrantes indocumentados como 'criminales'.

Jorge Bustamante detalló que la impunidad con la que se llevó a la práctica la criminalización de los judíos en tiempos de la Alemania nazi 'es de la misma naturaleza sociológica que la criminalización a priori de todo aquel que por el color de su piel parezca mexicano en Estados Unidos'.

Explicó asimismo que la propuesta Sensenbrenner -hecha por el congresista James Sensenbrenner- para endurecer el cierre de las fronteras y centros de trabajo, entre otras medidas restrictivas aplicadas en contra de los inmigrantes, significa una criminalización a priori de todo un grupo étnico.

'Toda proporción guardada -dijo- es algo semejante al proceso de criminalización del que fueron víctimas los judíos en la Alemania nazi, después de ser aprobadas las leyes de Nurenberg en 1935.'

Detalló que no sugiere una comparación entre las experiencias históricas vividas por el pueblo judío con las de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que intenta 'una comparación jurídica entre las leyes de Nurenberg y la propuesta Sensenbrenner'.

Cabe recordar, añadió, que las leyes de Nuremberg fueron de carácter completamente antisemita y se adoptaron incluso por unanimidad el 15 de septiembre de 1935.

'La resistencia de Estados Unidos a reconocer la demanda de la fuerza laboral de los migrantes mexicanos está conectada con el crecimiento de la xenofobia en esa nación y también de las propuestas antinmigrantes, incluidas las redadas policiales', apuntó.

Bustamante remarcó que aunque las marchas de hace dos años, donde participaron más de 2 millones de personas en unas cien ciudades de Estados Unidos, fueron el fenómeno más importante en favor de los derechos de los inmigrantes, no provocaron ninguna reacción pública en México.

Estos migrantes, dijo, son los mismos que han mantenido y mantienen la economía del país, ya que tan sólo el año pasado enviaron remesas por 23 mil millones de dólares.

Comentó que los migrantes mexicanos subsidian también la economía más fuerte del mundo y esto no es reconocido por la mayoría de la población estadounidense. 'En esta resistencia está el origen de la xenofobia, los sentimientos antinmigrantes, las prácticas de las redadas policiales, que han sido propuestas como solución de largo plazo como base de la política migratoria' de Washington.

El relator de la ONU indicó finalmente que en 2007 se expulsó de Estados Unidos a cerca de 250 mil mexicanos, en el contexto de una 'estrategia que ha tenido amplia aceptación y apoyo por la población de ese país'.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=055216&Parte=0

A dos años de la represión contra el movimiento en San Salvador Atenco y de reclusión de las personas detenidas durante esos trágicos hechos.

Agencias / La Jornada On Line

¿De dónde salió?

El 6 de enero de 1992 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 27 Constitucional que legalizan la privatización y el despojo de tierras a los campesinos, con estas reformas el gobierno de Carlos Salinas de Gortari traicionó los triunfos agrarios de la Revolución Mexicana de 1910 encabezados por el Ejército Libertador del Sur y su General Emiliano Zapata.

El 26 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, para que legalmente los ejidos y comunidades agrarias, a través de sus asambleas, “adopten las condiciones que más les convengan para destinar, delimitar y asignar las tierras que conforman su patrimonio”, incluidas diversas formas de privatización parcial o total de sus tierras como el parcelamiento económico de tierras comunales, dominio pleno de parcelas ejidales, titulación de solares e incluso la desintegración de los ejidos en pequeñas propiedades (privadas).

El artículo 56 de la Ley Agraria que nace de las reformas de Salinas y su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares dieron vida al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), encargado de que se hicieran los cambios legales en ejidos y comunidades para asegurar la privatización parcial o total de las tierras.

Si bien el PROCEDE era voluntario por ley, la Procuraduría Agraria por medio de mentiras, presiones, corrupción y chantajes se encargó de imponerlo en la mayoría de los núcleos agrarios del país, para el año 2006 (catorce años después de la reformas) el 92% de los ejidos y comunidades agrarias del país tuvieron que aceptar este programa, por lo cual el gobierno consideró conveniente declarar el cierre del mismo, emitiendo el Acuerdo por el que se declara el cierre operativo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de noviembre de 2006.

¿Por qué me tengo que cuidar de FANAR?

En estos 14 años 2,421 (dos mil cuatrocientos) núcleos agrarios del país lograron resistir las mentiras, corrupción, presiones y chantajes con los que se impuso el PROCEDE, evitando que sus territorios se privatizaran de manera total o parcial. Sin embargo, el gobierno junto a caciques y empresas, que desean apropiarse de las riquezas que existen en estos territorios, continúan intentando la privatización de las tierras comunales y ejidales, tan solo cambiando el nombre del programa PROCEDE por el de FANAR.

En el año 2007, después de cerrar el PROCEDE, la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (Sector Agrario) crearon un nuevo programa, el “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar “(FANAR), con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de certificación y titulación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Agraria y su Reglamento en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Lo que quiere decir que el FANAR se realizará con las mismas leyes, reglamentos, objetivos y procedimientos (jurídicos y administrativos) que el PROCEDE, ahora como programa permanente, que se aplicará en los núcleos agrarios donde no aceptaron el PROCEDE.

Ejidatarios y comuneros que resisten y defienden sus tierras de la privatización y rechazaron el PROCEDE:

¡No se dejen engañar: el FANAR es lo mismo que el PROCEDE!

http://www.tlachinollan.org/Campa%F1as/fanar.htm

http://cml.vientos.info/node/14283

Para los guerrerenses no solo languidece la esperanza de poder traducir la lucha por la democracia en mayor bienestar y desarrollo para la mayoría de la población pobre, sino que ahora a tres años de esta paciente espera, se enlutan decenas de hogares y aparece la amenaza de la muerte como una tragedia cotidiana e inevitable, a causa de la incapacidad probada de los sistemas de seguridad pública y  administración de justicia, que no han podido enfrentar con éxito a la delincuencia organizada y a la narcoviolencia. De nueva cuenta la historia de Guerrero se vuelve a escribir desde las estadísticas de la muerte y por los hechos de sangre.

La impunidad del delito y el surgimiento del sicariato, como un modo de vida, hunde sus raíces en el modelo obsoleto del sistema de procuración de justicia estatal, que se consolidó en la época de la guerra sucia, donde las corporaciones policíacas se acuerparon con elementos ligados a la delincuencia común o con personajes sombríos que tenían en su haber, varios delitos. Las policías del estado nacen como un brazo armado de la clase política, como grupos temerarios que brindaban protección a los caciques del estado. Crecieron a la sombra de un poder impune que sometía a la fuerza y con la pistola en el cincho a la ciudadanía que tenía el valor de protestar y encarar a las fuerzas represivas del gobierno autoritario.

Esta génesis de la violencia policíaca junto con la violencia provocada por el ejército mexicano que sembró el terror en varias regiones del estado y ahogó en el dolor a miles de familiares,  que hasta la fecha desconocen el paradero de más de 500 desaparecidos en el estado, es el engendro de una delincuencia organizada que aprendió todos los secretos, las mañas, las turbiedades y los vicios que se siguen cultivando al interior de una delincuencia organizada institucionalizada, solapada desde las altas esferas del poder. La delincuencia organizada no solo se da entre la sociedad sino que también se reproduce al interior de las mismas instituciones públicas, que para nuestra desgracia, no tienen un sistema de rendición de cuentas, ni existen mecanismos eficaces que garanticen el control interno de sus elementos, por el contrario, tienen un amplio margen de maniobra para poder someter a la población con el uso recurrente de la fuerza, justificando el fin supremo de preservar el estado de derecho.

La violencia institucionalizada alimentada por la corrupción y la impunidad fue la mejor maestra de la delincuencia organizada, que ahora se erige como un poder destructor que ha puesto en jaque a los sistemas de seguridad pública y administración de justicia del estado. El poder del narcotráfico y del crimen organizado ha evidenciado las grandes carencias, limitaciones y debilidades de las corporaciones policíacas. Su anacronismo institucional y la corrupción enquistada dentro de sus estructuras han diezmado su poder, su fuerza y su legitimada frente a una ciudadanía desconfiada y temerosa.

Con la muerte que nos asecha a todos y ante la amarga experiencia de la incapacidad de nuestras autoridades y su carencia de resultados, para contrarrestar la violencia y la seguridad, la sociedad no solo experimenta coraje, impaciencia, impotencia y miedo, sino también pierde el interés para presentar su denuncia ante ministerio público. Se paraliza la capacidad de denunciar, porque se tiene la certeza de que nadie garantiza su seguridad y por lo mismo, sabe que puede ser  un blanco para sufrir un ataque inmisericorde. La misma denuncia genera en los pocos ciudadanos que denuncian una retraumatización, porque tiene que revivir los hechos de la muerte violenta y resignarse a vivir con el Jesús en la boca  y experimentar la sensación de que  la muerte es una realidad inminente.

La impotencia aprendida de las familiares de la victimas les dicta su conciencia que no se puede hacer nada para cambiar la realidad violenta, y ante la ineficacia de las instituciones, lo único que aparece en su horizonte  es la tentación de retornar a las formas más primitivas de la autoprotección y a la justicia privada.

Esta violencia impune, lo único que inculca en nuestra sociedad es el aumento de las venganzas particulares, de buscar fuera de la legalidad y de las mismas instituciones la justicia, la seguridad y el fin de la impunidad. Es grave que amplios sectores prescindan del sistema de justicia estatal y le apuesten a la justicia por propia mano, a través de los nuevos mercenarios de la violencia. La inoperancia de nuestro sistema judicial está desangrando al estado y está cancelando el futuro cimentado en la paz, la justicia y la legalidad.

Este ambiente de impunidad está resquebrajando a nuestra incipiente democracia a causa de que las autoridades estatales se han empecinado en mantener amurallado un sistema de procuración de justicia obsoleto, desacreditado y rebasado por la delincuencia organizada. Es grave que la Procuraduría de Justicia quede evidenciada ante el escrutinio de las comisiones públicas de derechos humanos, como una instancia que a la hora de realizar sus investigaciones, violenta de manera crónica los derechos humanos de los detenidos. En lugar de atender las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, los descalifica y opta por encubrir a sus elementos, otorgándoles inmunidad y licencia para torturar. La falta de resultados en sus investigaciones ministeriales junto con el alto índice de delitos que se comenten y que no se denuncian, va mermando su capacidad como órgano investigador y lo que es peor, diminuye su reconocimiento y legitimidad por parte de la sociedad. La justicia estatal aparte del rezago institucional y de los bajos niveles de profesionalización que enfrentan los elementos policíacos, está siendo rebasada en los campos organizativos, tecnológicos y de armamento sofisticado por la delincuencia organizada. Esta lamentable constatación ha hecho que los mismos ciudadanos opten por prescindir de este sistema de justicia y que lo considere como parte del problema de la inseguridad y de la proliferación de la violencia.

Los valores de la justicia y la seguridad no son atendidos como valores que sopesan y califican la calidad de nuestra democracia. Esta inoperancia y desprecio está generado condiciones de ingobernabilidad debido a que los derechos a la vida y a la seguridad de las personas no están garantizados. El gran riesgo es que nos coloquemos al borde de la autodestrucción física, social y política.

Las ambiciones políticas de los grupos que ostentan el poder en el estado los han colocado en un lugar lejano y ajeno a las realidades cotidianas y violentas de los guerrerenses. Su trabajo burocrático se ha focalizado en el control de los espacios políticos para afianzar sus proyectos de largo plazo. El bono democrático les hizo creer a las nuevas autoridades, que todas sus decisiones, sus estilos y formas de gobernar contaban con el aval de la ciudadanía, y que por ese simple hecho la gobernabilidad democrática avanzaría sobre ruedas. En esta visión elitista, los obstáculos para avanzar en el camino pavimentado de la democracia electoral, no son las autoridades ni sus funcionarios, sino más bien, los ciudadanos y sus organizaciones sociales, catalogados como lucradores de la lucha social y como gente negativa. Los disfuncionles de este sistema político gerencial.

Los actos violentos que se dieron en la víspera de las elecciones para gobernador, el 5 de febrero de 2005, no fueron valorados en su justa dimensión por la clase política y más bien fueron opacados por la euforia del triunfo electoral del PRD. En ese momento de gran densidad política, el ahora gobernador Zeferino Torrebanca comentó ·”el mejor antídoto contra la violencia es que la gente salga a votar”.

A tres años del nuevo gobierno ¿Cuál será el mejor antídoto contra la violencia expansiva? ¿A qué está obligado el gobierno para atacar las causas de esta violencia y castigar a los responsables? Los guerrerenses no podemos permitir que la violencia impune sea el anuncio de una regresión autoritaria.

Hace menos de un mes informamos sobre la detención y encarcelamiento de 5 indígenas me´phaa en la comunidad El Camalote, Guerrero.
Este es el boletin que El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan A.C. publica acerca de su situación legal en la actualidad. Comose podrá leer, el proceso ha estado lleno de inconsistencias y malos manejos por el gobierno.

Ayutla de los Libres, Guerrero, a 15 de mayo de 2008.- Los 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), que fueron encarcelados por el asesinato de un informante del Ejército ocurrida en la comunidad de El Camalote, a casi un mes de su detención, pudieron hoy por primera vez, rendir su declaración ante el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla de los Libres, Alfredo Sánchez Sánchez, luego de que en dos ocasiones se les había negado ese derecho.
No obstante, como parte de la serie de irregularidades que se han venido presentando en el proceso que se desahoga, el Ministerio Público adscrito al juzgado de Ayutla intentó poner como perito a Romualdo Remigio Cantú, quien colabora con el Ejército según ha denunciado públicamente la OPIM y “además es en el expediente aparece como una de las personas que señalan a los 5 indígenas por la muerte de Alejandro Feliciano García”, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Recordó que desde su detención los cinco inculpados buscaron rendir su declaración por escrito ante el Juzgado Mixto, pero que en dos ocasiones (el 23 de abril y el 1 de mayo) se les negó, argumentado que los documentos estaban redactados en español y no en la lengua Me´phaa. Dijo que ante esto el lunes 12 de mayo “solicitamos por tercera ocasión que se les tomara su declaración ya de manera verbal, pero que hubiera un traductor de la lengua Me´phaa. Dijo que finalmente la petición fue aceptada por el juez y fijó como fecha este jueves 15 de mayo”.

Sin embargo, Rosales Sierra destacó que el MP buscó poner “de manera tendenciosa a Romualdo Remigio Cantú como traductor” e indicó que ante esto “objetamos la decisión ante el juez en razón de que Rotulado Remigio Cantú no puede ser un interprete con imparcialidad e independencia ya que tiene un interés muy marcado en el presente asunto, pues su nombre aparece en varias diligencia que forman parte del expediente como coadyuvante de la parte acusadora, pues fue quien dio parte del homicidio e incluso sin datos aparece dando nombre de quienes a su juicio muy subjetivo cometieron el delito”.
Mencionó que bajo estos argumentos el juez Mixto “acordó finalmente revocar a Romualdo su nombramiento de interprete y respeto al interprete que asignó la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Lauro Cruz Sabino”.

“El gobierno pretende destruir a la OPIM”: Acusado

Antes, durante seis horas (de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde), los cinco indígenas me´phaa detenidos (Orlando Manzanarez Lorenzo, Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y de Raúl Hernández Abundio) rindieron su declaración por ante el juez y en todo momento se declararon “inocentes” de las acusaciones que los involucran con el asesinato de Alejandro Feliciano, porque los testigos que los señalan “son falsos”, ya que el día y la hora en que ocurrió el homicidio todo se encontraban en lugares distintos en compañía de sus amigos y familiares.
“No es cierto que me señalen que yo haya matado a Alejandro Feliciano, ya que el 1 de octubre del año 2007, me encontraba en la comunidad de Barranca de Guadalupe, trabajando en la construcción de la comisaría”, precisó Orlando Manzanarez a través de un interprete.
Agregó asimismo que es “falso también que el primero de enero hayan sostenido una reunión en la que uno de los testigos señala que planearon y confirmaron la muerte de Alejandro Feliciano, pues ese día ellos asistieron a una reunión a la comunidad de Barranca de Guadalupe en la que se acordó que el día 9 de enero se manifestarían contra el presidente municipal de Ayutla por las obras públicas inconclusas en el año 2007 y para solicitar la rebaja del fertilizante”.
Por ello advirtió Orlando Mazanarez que su detención y encarcelamiento “es asunto es de carácter político y que lo que pretende el gobierno con su encarcelamiento es destruir la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa”.

La PGJE utiliza a la familia de Romualdo contra la OPIM: Tlachinollan

Más tarde, Rosales Sierra consideró que ante las “anomalías que se presentaron hoy queda evidenciado que los indígenas detenidos no tienen nada que ver con el homicidio que de manera dolosa se les imputa y que tal declaración permitirá ofrecer toda una serie de pruebas para demostrar su total inocencia”.
Agregó que “nos queda claro que es el gobierno del estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado fabricaron el expediente y que utiliza a la familia de Romualdo Remigio Cantú, para golpear a la OPIM, esto se pudo constatar hoy cuando el MP adscrito al juzgado Mixto pretendió poner como perito interprete a Romualdo persona que carece de imparcialidad, pues ha sido el que según la misma OPIM es quien ha motivado los conflictos y divisiones en el pueblo de El Camalote”.
Rosales Sierra mencionó que “en los próximos días se presentarán una serie de pruebas para corroborar las declaración que hoy rindieron y demostrar así su inocencia”; no obstante pidió al juez que “se apegue a los principios de imparcialidad e independencia en lo que falta del proceso que se sigue a los indígenas Me´phaa y que no se deje presionar por el Poder Ejecutivo, ni por ningún otro actor político”.

http://sabotaje.blogsome.com/2008/05/16/p741/

Atizapán de Zaragoza, Méx., 14 de mayo. El gobernador Enrique Peña Nieto rechazó que la represión en San Salvador Atenco ocurrida hace dos años sea un “lastre” para su gobierno, destacó que “es un punto para nosotros” y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social.

En respuesta a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas la carta enviada por 96 diputados estadunidenses, el político priísta dijo que “sigue la misma voluntad y disposición” de su gobierno para aclarar los hechos.

Insistió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investiga el caso y el estado de México ha contribuido a la entrega de cuanta información se ha solicitado.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información ordenó de nueva cuenta a la Presidencia de la República entregar la información relativa al caso Atenco, así como toda aquella que tenga en su poder sobre el conflicto magisterial de Oaxaca, ocurrido entre 2006 y 2007.

La resolución favorece una petición realizada por La Jornada. En ella se instruye a esa entidad del Ejecutivo federal a que realice una búsqueda “exhaustiva” no sólo en todas las áreas que la integran, sino también en el archivo de concentración para entregar la información al peticionario en un lapso de 10 días a partir de que ese instituto realice la notificación de ley.

Además ordenó a la Procuraduría General de la República la entrega de versiones públicas de las averiguaciones previas concluidas contra Carlos Ahumada Kurtz, entre ellas la 1361/DDF/04, integrada por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

http://www.apiavirtual.com/

fotografía: operativo policiaco-militar en san salvador atenco, 2006.

tomada de: http://zapateando.wordpress.com/

Sami al-Haj es hoy un hombre libre luego de haber sido prisionero del ejército de Estados Unidos durante más de seis años. ¿Su crimen?: Ejercer el periodismo.

En su embestida contra los periodistas, el gobierno de Bush ha encarado acciones tales como ataques directos, intimidación, encarcelamiento y bloqueo informativo para limitar la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. El blanco principal durante estos últimos siete años ha sido Al-Jazeera, la emisora árabe de televisión con sede en Doha, Qatar.
En noviembre de 2001, a pesar de que Al-Jazeera había proporcionado al ejército de Estados Unidos las coordenadas de sus oficinas en Kabul, bombarderos estadounidenses atacaron la sede de Al-Jazeera, destruyéndola. Un reportero de Al-Jazeera que cubría la cumbre entre George Bush y Vladimir Putin celebrada en Crawford, Texas, ese mismo mes, fue detenido por el FBI porque su tarjeta de crédito estaba “vinculada a Afganistán”.. En la primavera de 2003, Estados Unidos lanzó cuatro bombas sobre el hotel Sheraton de Basora, Irak, lugar en el que los corresponsales de Al-Jazeera -los únicos periodistas que informaban desde aquella ciudad- eran los únicos huéspedes. Otro trabajador de Al-Jazeera, al pasar por un puesto de control en Bagdad, mostró su identificación a un infante de marina estadounidense, pero sólo consiguió que los marines dispararan contra su vehículo. El salió ileso. No se puede decir lo mismo de Tareq Ayyoub, un corresponsal de Al-Jazeera que se hallaba en el techo de las oficinas de la cadena de noticias en Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando un avión de combate estadounidense lanzó misiles contra el edificio. Tareq resultó muerto. Su viuda, Dima Tahboub, me dijo: “El odio engendra odio. Estados Unidos afirmó que estaba haciendo esto para aniquilar el terrorismo. ¿Quién practica el terrorismo ahora?”

Y luego está la historia de Sami al-Haj. Como camarógrafo de Al- Jazeera, informaba sobre la invasión estadounidense de Afganistán. El 15 de diciembre de 2001, cuando se encontraba en una ciudad paquistaní cercana a la frontera con Afganistán, Haj fue arrestado, y posteriormente enviado a una prisión en Afganistán. Seis meses después, esposado y amordazado, fue trasladado en avión a la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Haj estuvo detenido allí durante casi seis años, fue interrogado repetidas veces pero nunca se lo acusó de ningún crimen y nunca fue juzgado por ningún tribunal. Realizó una huelga de hambre durante más de un año, pero fue alimentado a la fuerza por sus carceleros, a través de un tubo introducido por la nariz hasta su estómago. Haj fue liberado repentinamente esta semana. El gobierno de Estados Unidos anunció su traslado a Sudan, su país de origen, para ser custodiado allí, pero el gobierno de Sudán no llevó a cabo ninguna acción contra él. Fue llevado inmediatamente a una sala de urgencias, y en poco tiempo fue visto nuevamente en su emisora, Al-Jazeera:

“Estoy muy feliz de estar en Sudán, pero a la vez estoy muy triste por la situación de nuestros hermanos que siguen en Guantánamo. Las condiciones en Guantánamo son muy, muy malas, y empeoran día a día. Nuestra condición humana, nuestra dignidad humana fue violada; el gobierno estadounidense fue más allá de todos los valores humanos, de todos los valores morales y de todos los valores religiosos. En Guantánamo hay animales llamados iguanas, ratas que son tratadas con más humanidad. Pero hay gente de más de 50 países que está completamente privada de todos sus derechos y privilegios, y a quienes no les conceden los derechos que otorgan a los animales”. Haj describió la profanación del Corán como parte de los esfuerzos para quebrantar su voluntad: “Demostraban su desprecio al Corán, lo destruyeron varias veces y ponían sus pies sucios sobre él. También se sentaban en el Corán cuando intentaban enfadarnos. Cometieron repetidas violaciones contra nuestra dignidad y nuestros órganos sexuales”. Al menos un funcionario del Departamento de Defensa ha negado esas acusaciones.

En enero, Asim al-Haj, hermano de Sami, me habló sobre los 130 interrogatorios en una entrevista: “Durante aquel tiempo, los interrogatorios trataban todos sobre Al-Jazeera y su presunta relación con al-Qaeda. Intentaron inducir a mi hermano a que espiara a sus colegas de Al-Jazeera”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 10 periodistas han permanecido detenidos por el ejército de Estados Unidos durante largos períodos de tiempo y después han sido liberados sin que se presentaran cargos en su contra. Hace unas semanas, el ejército estadounidense liberó en Irak al fotógrafo de Associated Press Bilal Hussein, ganador del Premio Pulitzer, luego de haberlo mantenido en prisión durante dos años sin presentar cargos en su contra. El ejército había acusado a Hussein en una ocasión de ser un “agente terrorista que se había infiltrado en AP”.

El comité informa que 127 periodistas y otros 50 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en Irak desde 2003, mucho más del doble de los periodistas fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordarle al gobierno de Bush: no maten al mensajero.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=055103&Parte=0

Agencias

Managua. Nicaragua descartó este jueves la eventual extradición de una estudiante mexicana y dos colombianas, estas últimas bajo la condición de asilo diplomático y sujetas a una acusación penal en Ecuador por supuestos nexos con las FARC.

"Bajo ningún aspecto" se daría la extradición de la mexicana Lucía Morett y las colombianas Marta Pérez y Doris Torres, quienes se refugiaron en Nicaragua, dijo a periodistas la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.

"El asilo es una figura del derecho humanitario que contempla la protección a las personas que solicitan asilo, precisamente cuando son perseguidas políticamente en sus países originarios", declaró Morales.

Las tres mujeres son sobrevivientes de un ataque militar colombiano en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, el pasado primero de marzo.

"Cuando solicitan refugio, el asilo lo otorga el Estado nicaraguense cuando hay razones fundamentales de persecución política", explicó.

El asilo conlleva un estudio previo a los solicitantes y debe dar protección a las personas, expresó.

Morett fue acogida por el gobierno de Managua en abril pasado bajo un estatus migratorio aún no definido y un periodo de "tránsito" hacia su país.

Pérez y Torres llegaron a la capital nicaraguense el pasado domingo, bajo protección del gobierno sandinista que les otorgó asilo diplomático.

La Fiscalía ecuatoriana anunció la víspera que iniciará el proceso para solicitar la extradición de Morett, Pérez y Torres por indicios de delitos cometidos en ese país.

Estimad@s amig@s:

Nos ponemos en contacto con ustedes para hacerles partícipes de la campaña internacional que desde inicios del presente mes de mayo venimos desarrollando con relación a la detención-desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, la cual se produjo el día 25 de mayo de 2007 en el estado mexicano de Oaxaca.

Como viene siendo denunciado desde un principio por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, todos los indicios, testimonios y pruebas existentes apuntan a que la desaparición de las personas antes referidas, miembros del Ejército Popular Revolucionario ( PDPR-EPR), fue producto de un operativo gubernamental en el que intervinieron policías y elementos del ejército. Los detenidos permanecieron en un primer momento en dependencias policiales hasta su posterior traslado clandestino, posiblemente hacia un acuartelamiento militar, sin que se tenga hoy, pasado un año, conocimiento alguno sobre su paradero.

El Gobierno de México ha negado sistemáticamente cualquier responsabilidad en estos hechos. La reciente detención de 11 funcionarios de la procuraduría general del estado de Oaxaca (fiscalía de la que dependen un importante número de elementos de la policía de dicho estado), acusados de encontrarse implicados en la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, así como las declaraciones filtradas a la prensa de un testigo protegido en la causa judicial abierta (corroborando el paso de Amaya y Sánchez por instalaciones policiales) no parece coherente con esta actitud g ubernamental de silencio y negación. La escasa voluntad de las autoridades para el esclarecimiento del caso ha sido constante, y buena prueba de ello ofrece la tardía práctica de las detenciones antes citadas, pese a la temprana existencia de indicios suficientes para llevarlas a cabo.

Es en este contexto en el que el EPR lanzó el pasado 24 de abril una oferta pública de diálogo dirigida al Gobierno Federal, con el propósito de impulsar las gestiones que permitan conocer el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, entre otros muchos casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos en México. En esta oferta el EPR proponía la mediación de una serie de personalidades de reconocida autoridad moral e intelectual en México, siendo éstas el obispo emérito Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Montemayor, el antropólo go Gilberto López y Rivas, así como una representación del Frente Nacional contra la Represión (en la fi gura de la senadora Rosario Ibarra de Piedra). Los propuestos como mediadores aceptaron al día siguiente ejercer como tales.

La respuesta del Gobierno de México ha sido la de una aceptación matizada de este diálogo, estableciendo condicionantes al mismo, entre ellos su negativa a reconocer más que a título de “testigos civiles” a los integrantes de la comisión de mediación propuesta; sin embargo, ante esta respuesta del gobierno de México, el EPR rechazó en un comunicado del 28 de Abril (www.cedema.org) esta propuesta y ratificó su posición política en donde pide se reconozca a la comisión de intermediación. Así el 9 de Mayo de 2008, el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación emitió un boletín de prensa, en el que se acepta la figura de la comisión de intermediación y manifiesta que escuchará "los planteamientos de estas personalidades a fin de ir avanzando en la construcción de condiciones de confianza recíproca y creciente entre las partes".

El diálogo entre el Gobierno de México y el EPR ofrece una trascendental oportunidad para esclarecer la suerte de decenas y decenas de desaparecidos/as por motivos políticos en nuestro país. Conscientes de ello, nos encontramos recabando el apoyo de cuantas personas, organizaciones e instituciones en el extranjero deseen contribuir al éxito del mismo, solicitando para ello se dirijan al Gobierno de México, instándole para que de forma decidida y honesta aborde el proceso de diálogo y le de inicio a fin de remover políticamente cuantos obstáculos impiden la resolución de los casos de desaparición forzada antes referidos. Nuestro país a ratificado convenios internacionales contra la tortura y desaparición forzada, los cuales no respeta en la práctica ya que hasta la fecha han quedado impunes no sólo las desapariciones de este período de gobierno sino de décadas anteriores.

Pronemos para ello un texto (se adjunta) que remitir electrónicamente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, solicitándoles que lo envíen también a nuestro propio correo electrónico para contar con el total de firmas conseguidas (*).

Hacemos de su conocimiento que estaremos a su vez sacando un cartel, con motivo del primer aniversario de la desaparición forzada de estos dos luchadores sociales, por ello también les pedimos si pueden confirmarnos si están de acuerdo en aparecer en dicho cartel puede ser a título personal o de su organización o ambas dos.

Les agradecemos su solidaridad política para que estos hechos no queden en la impunidad en nuestro país.

Agredeciéndoles su apoyo solidario

Atte.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS). México.

(*) Los datos serán usados exclusivamente en esta campaña de firmas y serán borrados posteriormente sin pasar a formar parte de fichero o base de datos alguna.

A LA ATENCIÓN DEL SR. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS .

Sr. Presidente,

Desde la preocupación por la grave violación de los derechos humanos que supone la desaparición forzada de personas por motivos políticos y teniendo conocimiento del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en cuya detención-desaparición el 25 de mayo de 2007 habrían intervenido, tal y como se deduce de las actuaciones judiciales y testimonios actualmente existentes, elementos de la policía y el ejército mexicanos, SOLICITO que su gobierno realice en el plazo más breve posible todas las investigaciones y actuaciones necesarias para que se determine el paradero de las personas antes citadas y se depuren las responsabilidades que se deriven de estos hechos .

En este mismo sentido le SOLICITO que el Gobierno que preside aborde el proceso de diálogo que ha aceptado mantener con el Ejército Popular Revolucionario, comprometiéndose de manera resuelta y honesta para llevarlo adelante , pues constituye una importante vía para remover los obstáculos políticos que impiden el esclarecimiento de numerosos casos de desaparición forzada de personas por razones políticas en México, entre los que figuran los de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Asimismo, saludamos a la Comisión de Mediación de intelectuales; el periodista Miguel A. Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor, el Frente Nacional Contra la Represión , el Obispo Don Samuel Ruiz García, y la Senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien cuenta con una indudable calidad moral, política y gran defensora de los derechos humanos, principalmente por su trayectoria de lucha contra la desaparición forzada en México. Les saludamos y nos solidarizamos en estos momentos por su esfuerzo y contribución a que estos crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad.

Atte.

NOMBRE Y APELLIDOS

EMAIL

DNI (opcional).

Favor de enviar la carta al correo ilustrado de la Jornada (www.jornada.unam.mx), y a las siguientes direcciones:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación: jcmourino@segob.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes, Presidente de la CNDH: correo@fmdh.cndh.org.mx

Dip. Emilio Gamboa Patrón, emilio.gamboa@congreso.gob.mx

Senador Santiago Creel Miranda, screel@senado.gob.mx

Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tb-petitions@ohchr.org

Sr. Amerigo Incalcaterra, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: oacnudh@hchr.org.mx

Sr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: cidhoea@oas.org

Comisión de Derechos Humanos, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo:

dh_fnls@yahoo.com.mx

La condecoración de Acosta Chaparro, un insulto para las víctimas de la guerra sucia y sus familiares:REDTDT

Las organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de la represión y de derechos humanos abajo firmantes, quienes durante varios años dimos seguimiento a la actuación de la Fiscalía para los delitos del pasado, y hemos insistido en la obligación del Estado Mexicano de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia, manifestamos nuestra indignación por la condecoración que el Ejército mexicano otorgó al General Arturo Acosta Chaparro recientemente.

Numerosos testimonios confirman que Arturo Acosta Chaparro, junto con otros militares como el fallecido Francisco Quiroz Hermosillo, participó en la tortura, desaparición y ejecuciones de decenas de campesinos y campesinas en el estado de Guerrero.

El gobierno de México, en contra de las diversas recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, dejó la investigación de estos delitos a cargo de la justicia militar que, como lo ha señalado el Relator sobre Tortura de Naciones Unidas, generalmente protege al personal militar.

Lo anterior fue constatado en este caso, ya que un juez militar absolvió a Acosta Chaparro por ?desvanecimiento de datos?, a pesar de las pruebas y testimonios en su contra.

Por lo anterior, es ofensivo e insultante para las víctimas, sus familiares y todos los mexicanos y mexicanas que ahora se condecore a este criminal por su ?patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones?.

Con esta acción, el gobierno de Calderón y la SEDENA muestran una vez más su desprecio por los derechos humanos y su falta de respeto para quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos durante la guerra sucia.

Como puede verse el Estado mexicano sigue con su incongruencia, mientras en el ámbito internacional México impulsó en 2005 la aprobación en las Naciones Unidas de los ?Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones?, dentro de México las desapariciones forzadas producto de la guerra sucia siguen sin ser adecuadamente investigadas y no se ha sancionado a ninguna autoridad por éstos crímenes, ni se ha reparado integralmente a las víctimas.

Según los Principios arriba mencionados, la reparación de los daños sufridos, que tiene por objeto promover la justicia, remediando las violaciones a los derechos humanos, incluye:

-La restitución: siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación.

-La indemnización: de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, por todos los perjuicios económicamente evaluables, tales como: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades; los daños materiales y la pérdida de ingreso, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

-La rehabilitación: incluye atención médica y psicológica y servicios jurídicos y sociales.

-La satisfacción: incluye, cuando sea procedente: Medidas eficaces para que cesen las violaciones continuadas; verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de personas desaparecidas y de los cadáveres de las personas asesinadas; una declaración oficial o decisión judicial que reestablezca la dignidad.

La reputación y los derechos de la víctima y las personas estrechamente relacionadas con ella; una disculpa pública que incluya el reconocimiento de hechos y la aceptación de responsabilidades; la aplicación de sanciones administrativas y judiciales a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; exposición precisa de las violaciones ocurridas en el material didáctico de todos los niveles.

-Las garantías de no repetición: Incluyen, cuando proceda, el ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; la garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales; el fortalecimiento del poder judicial; la protección de los profesionales del derecho, la salud y asistencia sanitaria.

La información y los defensores de derechos humanos; la educación respecto a derechos humanos en todos los sectores de la sociedad y el gobierno; la promoción de la observancia de los códigos de conducta y norma éticas, en particular, las internacionales por parte de funcionarios públicos, personal de fuerzas de seguridad, establecimientos penitenciarios, medios de información, la salud, la psicología, los servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; la promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos sociales; la revisión y reforma de las leyes que contribuyan o permitan la violación de los derechos humanos.

Una condecoración como la otorgada por la SEDENA a Acosta Chaparro, va en contra de estos principios que México impulsó a nivel internacional.

Demandamos nuevamente al gobierno de Calderón que se investigue y sancione a los responsables por los cientos de casos de desaparición forzada ocurridos durante la guerra sucia.

Exigimos a la SEDENA, que también está obligada por los compromisos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, a que reconsidere y retire dicho reconocimiento a Acosta Chaparro, y proporcione la información necesaria para que la justicia civil lo enjuicie por los crímenes que cometió.

Organizaciones:

Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de Violaciones
a Derechos Humanos (AFADEM).

Fundación Diego Lucero A.C.

Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.
Hijos e Hijas Nacidos en la Tempestad.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
?Todos los Derechos para Todos y Todas?.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
"TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS"

Contacto:

Agnieszka Raczynska
Patricio Sanz 449
Colonia del Valle
03100 México, D. F.
52-(55) 5523-9992
www.redtdt.org.mx

Chile

Angeles Mariscal, corresponsal

Cuernavaca, Morelos, 7 de mayo de 2008.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los derechos para Todas y Todos y del Frente Nacional Contra la Represión, denuncia la campaña de desinformación, que busca generar confusión y temor entre la ciudadanía, que se está llevando a cabo en contra del movimiento ciudadano que se opone a la construcción de un relleno sanitario en Lomas de Mejía que incumple las normas ecológicas como la NOM-083 de la SEMARNAT . Esta guerra sucia busca criminalizar este movimiento social al estigmatizarlo y tratar de vincularlo a un partido político y a organizaciones guerrilleras, a la vez que utiliza ilegalmente el logotipo de un partido para tratar de confundir sobre el carácter del movimiento, así como ya se utilizó a la policía municipal para detener a quienes colocaban mantas de protesta y se les remitió al Sector Uno de la Policía municipal de Cuernavaca, así como se ha intentado detener a vecinos de las colonias que se oponen a un eventual paso de los camiones recolectores de basura y el envio de cientos de policías a “La Tranca” para tratar de desalojar a ejidatarios y colonos que se han mantenido en plantón durante meses para defender las tierras ejidales y las barrancas más limpias de toda la región poniente del estado de Morelos.

El día de hoy 7 de mayo se llevó a cabo una movilización de habitantes de las colonias de la Subida a Chalma, en donde se distribuyeron miles de trípticos informativos sobre las consecuencias de la instalación de este relleno en Lomas de Mejía. En las horas previas de la noche, dos personas fueron sorprendidas distribuyendo volantes apócrifos firmados por el “PRD” llamando a “radicalizar” las acciones, supuestamente “sugiriendo” a los vecinos “usar vias alternas” porque se “tomaría” la avenida de Subida a Chalma, cuando el acuerdo fue en el sentido de formar una valla sin impedir el tráfico de vehículos. Igualmente, en horas de la madrugada, se pegó en los postes de estas colonias un cartel que lleva por título: “Organigrama básico del grupo de opositores al relleno sanitario”, en donde se difunden una serie de ataques y calumnias en contra de diversas personas de reconocido prestigio académico, social y/o político, como el Doctor José Raúl García Barrios del CRIM de la UNAM, el presidente municipal de Temixco Javier Orihuela (”Ramírez” le ponen cuando se sabe que su segundo apellido es “García”), José Montes Ramírez, del PRD municipal, Rodrigo Morales Vázquez, ex ayudante municipal de San Antón, Cristóbal Martínez Robles actual ayudante del pueblo de San Antón y a nuestro compañero José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos humanos y miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, a quien se señala como “activista profesional desestabilizador social” y “simpatizante de los grupos guerrilleros Jaramillista 23 de mayo y EPR”.

Este tipo de propaganda, sin que se conozca a los responsables de la misma, pero claramente vinculados a quienes a toda costa tratan de imponer un proyecto ecocida y privatizador de la basura en lugar de buscar soluciones reales planteadas por el Consejo de Pueblos en un reciente congreso sobre el tema de la basura y los desechos sólidos donde se ofrecieron una gama de alternativas viables como la planteada igualmente en el “Manifiesto subida a Chalma” que anexamos a la presente.

Por todo lo anterior, solicitamos la más amplia difusión de esta lucha y la solidaridad para que prevalezca la defensa del medio ambiente y los derechos humanos plenos de los habitantes de Cuernavaca que defienden un medio ambiente sano y alternativas ecológicas a la grave crisis de la basura que han provocado los gobiernos panistas que sólo buscan privatizar para obtener ganancias privadas por encima de los intereses sociales y colectivos.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Compañeros y compañeras!

Hacemos la denuncia pública de las agresiones de las que esta siendo objeto nuestra compañera María Patricia Romero Hernádez, presa política en el penal del Molino de las Flores detenida el 3 de mayo de 2006 en Texcoco, el subdirector del penal fue hasta su celda para acusarla de encabezar un movimiento en contra de las autoridades del penal y amenazarla de plantarle algo para agravar su situación jurídica, además de haber reasignado a la celda de Patricia una presa sentenciada que la ha estado hostigando.

Estas amenazas son muy graves y tememos por la integridad de nuestra compañera, les pedimos difundan y estén pendientes de la situación.

Responsabilizamos a Irineo Monroy director del Penal cualquier cosa que le ocurra a nuestra compañera, así como de las amenazas en su contra y cualquier represalía jurídica.

Condena por el asesinato de Héctor Antonio Ventura,

ex procesado político en el “Caso Suchitoto”

Ante la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional, manifestamos:

1. Condenamos enérgicamente el asesinato del Joven HÉCTOR ANTONIO VENTURA VÁSQUEZ, de 19 años de edad, acaecido el pasado 02 de mayo de 2008, en altas horas de la noche, en una residencia del cantón Valle Verde, jurisdicción de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.

El joven Ventura fue asesinado utilizando arma blanca (cortante o punzante) y recibió al menos una lesión mortal en el área del corazón; otra víctima sobrevivió al ataque con lesiones.

2. Traemos a cuenta que la víctima es una de las 14 personas que fueron procesadas judicialmente por motivos políticos, luego de participar en una acción de legítima protesta social contra la privatización del agua en el municipio de Suchitoto, el pasado 2 de julio de 2007.

Además, que el crimen se produce pocas semanas después de haberse obtenido el sobreseimiento definitivo para todos los procesados, poniendo en evidencia las falsas acusaciones que el Gobierno y la Fiscalía General de la República mantuvieron contra el grupo de activistas durante más de nueve meses.

3. Destacamos que los atacantes directos, según la información preliminar, fueron al menos dos hombres, quienes ingresaron a la vivienda donde los jóvenes dormían y habrían realizado el atentado en el cuarto del fondo de la casa (donde permanecían las víctimas), a pesar de que para llegar al mismo debían cruzar al menos tres puertas.

4. Hacemos notar que, según los criterios de análisis fáctico establecidos por el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador (1994), los elementos para la calificación de hechos violentos políticamente motivados son tres: el perfil de la víctima como un opositor político; el modus operandi dirigido a la eliminación, denotando planificación y capacidad operativa; y la impunidad posterior facilitada por el Estado. Según el Grupo Conjunto, la violencia política podía adquirir la modalidad de “sicariato”.

Por tanto, resulta evidente el perfil del joven Héctor Ventura como un opositor político, luchador social, quien sufrió poco antes de su muerte persecución arbitraria con fines políticos por el Estado. Asimismo, fue asesinado en una acción destinada para matarle a él y a su amigo que le acompañaba, lo cual fue el objetivo evidente del ataque.

5. Sobre la potencial impunidad, los organismos que denunciamos este atroz hecho expresamos nuestra profunda preocupación ante la existencia de un patrón de casos similares, los cuales han afectado a diversos dirigentes sociales o activistas políticos de oposición durantes los últimos dos años, tras lo cual tales crímenes han sido investigados deficientemente por las autoridades policiales y fiscales.

Ante este tipo de casos, las autoridades mencionadas suelen descartar u ocultar a priori el eventual móvil político del asesinato y omiten investigar a potenciales autores intelectuales, aunque existan indicios de que se trate de homicidios por encargo.

6. Este patrón de asesinatos a opositores políticos ha quedado demostrado en muchos casos, entre los cuales podemos citar como trágicos ejemplos los homicidios de las siguientes personas [nótese que tres de los homicidios anteriores ocurrieron también en el municipio de Suchitoto]: Eligio Ramírez, dirigente local del FMLN (Cuscatancingo, marzo 2006); los esposos Francisco Manzanares y Juana de Manzanares (Suchitoto, julio 2006, por escuadrones de la muerte); los esposos Alex Wilgberto Flores y Lidia Peñate de Flores, militantes del FMLN (Coatepeque, agosto 2006); Gerson Roberto Alvayero, miembro del FMLN y del Movimiento Antipresas (Santa Ana, enero 2007); el joven Alejandro Franco, juventud del FMLN (Cuscatancingo, mayo de 2007); periodista investigativo Salvador Sánchez (Soyapango, septiembre de 2007); Omar Huezo, miembro de la PNC y seguridad de diputado Gerson Martínez, asesinado junto al joven Henry Navarrete (San Pablo Tacachico, abril de 2008); y Alejandro Portillo, miembro de la Junta de Vigilancia de la Comunidad Chauiton (Suchitoto, abril 2008).

Por tanto,

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD);

La Concertación por la Paz , la Dignidad y la Justicia Social ;

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador; y

El grupo de ex procesados y procesadas políticas por el “caso Suchitoto”; EXIGIMOS:

I. Al Señor Fiscal General de la República y al Señor Director General de la Policía Nacional Civil, una investigación exhaustiva e integral de este condenable hecho, cuyos resultados deben ser puestos a conocimiento del público, por su trascendencia social e internacional.

II. Asimismo, a los mencionados funcionarios, que se abstengan de descartar a priori un eventual motivación política en el asesinato de Héctor Antonio Ventura, así como procedan a investigar con seriedad la eventual participación de autores intelectuales, quienes podrían haber recurrido a la contratación de sicarios para la consumación del crimen.

III. Al Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que promueva de inmediato acciones de protección para preservar la vida e integridad de los testigos sobrevivientes al ataque contra Héctor Ventura y verifique exhaustivamente las diversas acciones de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil en la presente investigación, a fin de evitar eventuales manejos parciales u omisiones que afecten el debido proceso y que puedan obstaculizar el conocimiento pleno de la verdad sobre el crimen.

IV. A la comunidad nacional e internacional, a mantenerse vigilante del actuar de estas nuevas formas de sicariato que por ahora tienen como objetivo a los activistas sociales, a los defensores de derechos humanos y a todos aquellos que se opongan a las políticas públicas que van en contra de los intereses de la mayoría de la población.

San Salvador, a los 06 días de mayo de 2008.

El Estado mexicano cubre varios objetivos al emplear esta forma represiva.

Primero: evadir la acusación de que emplea la desaparición forzada de personas por motivos políticos, negando en reiteradas ocasiones que no tienen nada que ver con la detención-desaparición de dos miembros del EPR.

Segundo: mostrarse como un país democrático —recordemos que ratificó el protocolo sobre desaparición forzada— al investigar legalmente la denuncia de la desaparición forzada. Aunque no todas sus piezas trabajan al mismo ritmo; a los familiares les negaron poner una denuncia ante el Ministerio Público Federal, y cuando ésta se realizó fue iniciada por el delito de secuestro y privación ilegal de la libertad, negando el delito de desaparición forzada de personas, intentando, en el tenor del primer objetivo, que queden como delitos cometidos por particulares.

Tercero: salir del atolladero políticamente, acusando a algunos de sus miembros de bajo rango de “malos elementos” que por su cuenta y “olvidando” sus obligaciones realizaron la detención-desaparición, con lo cual oculta la cadena de mando de responsabilidades y se exonera de la utilización de la desaparición forzada como estrategia del terrorismo de Estado.

Cuarto: el Estado pone en operación a un grupo que crea el imaginario social de que es una venganza de personas ajenas al Estado, deslindando así su participación y creando de manera artificial a un tercer actor, que tratará de convencernos de que no sólo no es parte orgánica del Estado, sino de que no está bajo su control.

Este cuarto punto es la oficialización de la utilización de los métodos ilegales para el combate a la subversión y todo aquello que se le parezca, así sean miembros de grupos insurgentes y todo lo que considere su entorno; sus familias, los defensores de los derechos humanos y del movimiento estudiantil, social y popular empezaremos a sufrir hostigamientos, amenazas de muerte, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no sólo desde las fuerzas policiaco-militares regulares del Estado, sino desde la mano siniestra de éste, manteniendo así en la impunidad su actuar ilegal.

Generaremos entonces una larga cauda de averiguaciones previas, tal vez hasta iniciadas de oficio por el Estado en su “preocupación” por “impartir justicia” y “castigar a los responsables”, mientras ilegalmente intenta destruir el tejido social provocando terror para detener la lucha social y el descontento generado por las reformas estructurales que ha venido impulsando en los últimos años. No nos extrañemos de que pronto y debido a la lucha que seguiremos dando las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de este grupo paramilitar, el Estado se vea forzado a crear una institución de protección a defensores de los derechos humanos, y en unos 30 años logremos —lo que pasa en Colombia— probar judicialmente que aquellos que hoy están en las altas esferas del Estado son los principales promotores de los grupos paramilitares.

¿Miedo? ¡Por supuesto! Nadie en su sano juicio quiere ser víctima del hostigamiento, la tortura y el asesinato, pero no somos nosotros los que con nuestra actividad en defensa de nuestros derechos provocamos un final así; entendemos que existe el riesgo por decidir conscientemente contribuir con nuestro esfuerzo a un México justo y democrático, y cualquier daño a la integridad física y sicológica de todos y cada uno de los miembros de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México es responsabilidad del Estado mexicano ahora encabezado por el presidente Felipe Calderón, ya sea que lo realice legalmente o a través de su nuevo y terrorífico grupo paramilitar.

Miembro del Comité Cerezo México

El Universal

La vida de los dos presos zapastistas corre peligro; John Berger, Howard Zinn, Naomi Klein, Anthony Aarnove y Jesusa Rodríguez exigen su liberación

Por Juan Trujillo L
Especial para The Narco News Bulletin

5 de mayo de 2008

En el contexto político mexicano en el que los partidos políticos han decidido impulsar el debate sobre la reforma energética que buscaría privatizar el petróleo a través de la modificación del artículo 27 constitucional o una ley reglamentaria, la comunidad zapatista Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, sufrió la madrugada del pasado 26 de abril una violenta incursión de casi 500 miembros de la Policía Estatal Preventiva.

En los últimos meses, el clima de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas zapatistas en resistencia se ha incrementado considerablemente en varias zonas de influencia rebelde.

En esa particular acción del gobierno de Chiapas, las fuerzas detuvieron a José Lázaro López López, Roberto López López y Manuel Gómez durante varias horas. Según el comunicado que da voz a los testimonios y publicada por la junta de buen gobierno corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo de Oventik, en la zona de los Altos, explica que “fue verdaderamente degradante e injusto para la comunidad, porque se caracteriza por el exceso de amenazas con armas, el maltrato verbal y groserías”. El pronunciamiento, da cuenta también de que en este operativo “se muestra algo que en otras ocasiones no ha sucedido, es el caso de que el dirigente del operativo, es un civil, claro también iba armado y con rostro cubierto”, los afectados –continua el documento-, son: 28 familias adherentes de la Otra Campaña, 2 familias bases de apoyo del EZLN y 14 familias pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN)”.

La denuncia ofrece, en seis puntos, un panorama claro de las consecuencias del ataque. La información destaca que: “al entrar el operativo, desde el principio empezaron a amenazar y agredir a los y niños y niñas, ‘para que confesaran dónde estaban sus papás’”.

Los policías, “empezaron a catear casas sin mostrar justificación alguna, ni autorización judicial, como resultado de eso, fueron destrozadas 10 viviendas”. Asimismo, no sólo catearon las viviendas, robaron la cantidad de 11, 500 pesos y joyas, sino que también detuvieron a 6 personas (Tiburcio López Hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López.) quienes fueron golpeados y presentan lesiones en diversas partes de sus cuerpos. El civil armado a cargo del operativo, según la denuncia, identificado como Fidel Gómez González, “sujetó a Josefa Gómez Alvarez en su cuello, mientras que policías y civiles armados, amenazaban con destruir las casas y llevarse a todos”.

Por último, “la comunidad manifiesta su indignación y culpa al mal gobierno de ser traidor, porque el problema de tierra que hay en esa comunidad con otras personas, se estaba tratando de resolver con el gobierno de manera pacífica, pero el mal gobierno responde de una manera violenta e indignante”.

El núcleo del conflicto, reside en que existe, según la junta de buen gobierno “el pretexto de una supuesta invasión de tierra”, y denuncia que “con esta actitud del gobierno estatal, federal, contradice todo lo que tanto hablan de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz, porque no es con desalojo, represión, persecución y encarcelamiento como se logra la paz. Lo que está haciendo el mal gobierno con esto, es para justificar la militarización de las comunidades y así poder saciar un poco su ambición de manchar las manos de sangre indígena, sangre campesina, sangre pobre y de sangre trabajador”, concluye a grandes rasgos el comunicado.

En riegos de muerte los dos presos zapastistas

El preocupante estado de salud y el traslado de los dos presos políticos zapatistas es ya una noticia que ha recorrido el mundo. Se trata de los indígenas choles Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez, quienes el pasado día 24 fueron llevados a Chiapas luego de salir de la prisión de Tlacotalpa, Tabasco donde permanecieron por casi más de 12 años. Con ese acción, el gobierno los llevó a un hospital de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde fueron internados en un hospital privado, lo cual forzó a quebrar la huelga de hambre que sostenían en demanda de su liberación.

A pesar de su visita al centro de salud, los indígenas no han tenido un estudio serio de su precaria condición: diabetes de ambos, y una lesión cutánea en el caso de Ángel; además ha presentado sangrado de vías urinarias, según constataron sus familiares. La falta de tratamiento clínico serio, ha sido confirmado por miembros de Sipaz, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte, Pueblo Creyente, la otra campaña de Tabasco y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFC).

A pensar de las muestras de solidaridad y de protesta nacionales e internacionales, el gobierno chiapaneco que ahora tiene bajo su jurisdicción a los presos, no ha dado muestras de avance en el proceso jurídico para tratar el caso.

En este contexto, las autoridades rebeldes autónomas de la junta de buen gobierno Nueva semilla que va a producir del caracol V de la zona norte, critican en un comunicado del 25 de abril, al gobierno pues “los secuestró y los mantiene secuestrados y con esto les ha provocado un gran dolor y sufrimiento para sus corazones y sus cuerpos que hoy padecen enfermedades”. Asimismo, desde esa latitud chiapaneca, exigen “la inmediata e incondicional liberación de nuestros compañeros Bases de Apoyo que son inocentes de todas las acusaciones que les hacen. No aceptaremos que sigan ahora secuestrados en otras cárceles”.

Una de las acciones de presión para lograr la liberación de los indígenas, fue la que intelectuales, artistas y periodistas como John Berger, Howard Zinn, Naomi Klein, Anthony Aarnove y Jesusa Rodríguez publicaron en una carta el pasado sábado 26 de abril, cuyo mensaje dedicado al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, y el químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco que “En nombre de la más elemental justicia, y por el respeto a los derechos humanos, solicitamos su intervención para liberar de manera inmediata a Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez (...)”, en el documento explican que se encuentran recluidos “por venganza política y sin ser culpables del delito por el cual fueron condenados a 25 años de prisión. Se han declarado en huelga de hambre, y nos preocupa seriamente que sus vidas estén en riesgo”.

Hechos delincuenciales contra presos de La Voz de Los Llanos

Desde hace semanas, los presos políticos miembros del la Voz de los Llanos, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que han sufrido agresiones por parte de internos del Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas se supo también, extraoficialmente, que fueron trasladados la madrugada del 29 de abril a otro centro carcelario.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFC), denunció que tras la protesta de huega de hambre y ayuno que protagonizaron tres penales chiapanecos entre febrero y principios de abril, permanecen en prisión 15 personas de la Voz del Amate, la Voz de los Llanos y el “grupo zapatista”, sin que haya cambiado su situación jurídica.

La carta de protesta de los intelectuales y artistas antes mencionados, también exigió al gobierno investigar los hechos delincuenciales perpetrados en ese centro carcelario “donde los presos políticos de La Voz de los Llanos fueron golpeados con brutalidad por internos a sueldo del preciso general Bartolo García Suárez y sus secuaces, plenamente identificados. Y sobre todo, que se investigue y finquen responsabilidades al coordinador de Ceresos del estado, Juan de Jesús Mora Mora; al director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales; al alcalde Sergio Lázaro Vicente, y a todo el personal del penal cuya participación se compruebe, así sea por omisión, en la corrupción imperante en el recinto: violencia impune, tráfico de drogas e influencias, imposición de trabajos forzados y “multas” a los presos que no los obedecen”.

Finalmente, -concluye la misiva- “nos pronunciamos por la liberación de los presos de La Voz de los Llanos Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez, y de sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, encarcelados sin el beneficio de un proceso justo ni el respeto a sus derechos humanos”.

Intentan ubicar a líderes del EZLN

Desde al lunes 28 de abril, comenzó a circular la información proveniente de un reporte oficial de la Secretaría de Gobernación, en el que se destaca que funcionarios de esa dependencia pretendieron utilizar a integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para ubicar a sus líderes a principios de este año.

“Se les ha pedido llevarnos con los comandantes del EZLN, pero (integrantes de las bases de apoyo), han manifestado que tienen tiempo que no saben del subcomandante Marcos, ni de los comandantes zapatistas, que creen que están fuera del país”, señala el documento.

Por otra parte, en últimas semanas, algunas declaraciones gubernamentales han develado cierta intención de desvanecer la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) con el traslado de sus funciones hacia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), según información recabada en Gobernación y el contenido de un anteproyecto difundido al inicio de este mes en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. En 1998, se integró la Comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo fue atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado. La Coordinación, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos (atender las causas que dieron origen al conflicto y promover una solución pacífica) para los que fue creada y ahora sería absorbida por la CNDPI, la cual no tiene, en sus atribuciones, solucionar de manera específica, el conflicto armado.

Finalmente, los acuerdos de San Andrés no se cumplieron y a pesar de que se retiraron retenes y algunos campamentos militares, la militarización masiva en territorios indígenas continúa.

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De este modo, los oficiales estodunidenses crean antecedentes penales a los detenidos sin otorgarles la opción de la salida voluntaria.

Ninguna autoridad fronteriza ha proporcionado hasta el momento datos de la cantidad de detenidos durante las redadas.

Por el puesto fronterizo circulan miles de estadounidenses que viven del lado mexicano pero que trabajan en el condado de San Diego, Estados Unidos.

Pero los consumidores fronterizos mexicanos constituyen el mayor número de personas en tránsito por la frontera. Cada año adquieren más de dos mil millones y medio de dólares en servicios y productos en California, estado norteamericano vecino.(PÚLSAR)

El director del Cereso Nº 5 de Chiapas amenaza a integrante de La Voz de los Llanos