Esta fotografía la descubrió hace ya algunos meses un compañero, nuestro fotógrafo Chema Grimaldi, un día que estuvimos trabajando en Olvera, un pueblo de la Sierra de Cádiz. Justo es reconocer que la autoría de la foto es suya.
Yo tuve la posibilidad de tomarla con el teléfono móvil, aunque no lo hice. Tampoco había visto el cartel. Esto viene a demostrar que para ser buen fotógrafo hay que ser antes buen observador. Gran parte del trabajo del fotógrafo es saber mirar lo que otros no somos capaces de ver y entonces, disparar la máquina.
El fotógrafo gaditano Julio González encabeza su blog con una cita atribuida a Henri Cartier-Bresson que explica con precisión esta idea: “Para mí, la fotografía es situar la cabeza, el corazón y los ojos en la misma línea visual. Es un estilo de vida.” Su trabajo en Cádiz ilustra también a la perfección esta idea.

Esto me lleva a plantearme una reflexión acerca de la fotografía y los blogs. Más bien es una duda. Hay un debate abierto acerca del derecho de cita y enlace en internet que ha desencadenado la agencia de noticias Associated Press. En el caso de trabajos escritos, pienso que citar y anotar artículos o entrevistas realizados por otros contribuye a dirigir hacia ese trabajo la atención de más lectores, más tráfico. Al citar la autoría y enlazar con el trabajo original se legitima el derecho del autor y se descarta el plagio. Además el trabajo completo, al ser una cita, sólo se puede leer en el sitio original. En este concepto no entra el copio y pego íntegro de noticias, la cita es suficiente para establecer una conversación en el blog acerca de los hechos.

Mi duda es si en el caso de la fotografía esto es posible. No se puede anotar parte de una fotografía, es un todo, hay que reproducirla íntegramente. En consecuencia si la colgamos en el blog, aunque pongamos el nombre del autor como firma, estamos restando atención al sitio original. ¿Una vez vista la foto, para qué voy a visitar el sitio del fotógrafo o el medio de comunicación en el que se publica el trabajo?. Por eso me inclino a pensar que reproducir en el blog una fotografía de un fotógrafo no está justificado dentro del derecho de cita.

Una última anotación acerca de la fotografía que he colgado aquí. Llamar a una empresa de insonorizaciones "Héroes del Silencio" solo puede significar que quieren ser los mejores haciendo su trabajo. Y una gran idea publicitaria.

Por cierto, la foto sugiere multitud de de reflexiones de todo tipo. Se presta a ello.

Actualización 7/07:

En Apuntes de Bolsillo, Manuel Ortiz amplía la cuestión incluyendo el uso también de las imágenes de vídeo incrustadas en blogs.

La sentencia (pdf) que le condena por injurias graves al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, viene a corroborar que existen límites a la libertad de expresión, enre ellos el de la injuria grave. Cuando ese límite se traspasa, no sólo se perjudica al injuriado, sino también a toda la profesión periodística y a todos aquellos que realizan una labor crítica con respeto a los fundamentos del oficio, al público y a la persona o institución a la que se critica.

El desempeño profesional de Federico Jiménez Losantos no es periodismo, por mucho que se empeñe la COPE en defenderlo.

Así pues, paradójicamente, la sentencia viene a ratificar el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y a desacreditar a aquellos que se amparan en este derecho para hacer de la injuria su instrumento de trabajo.

La Conferencia Episcopal, de quien depende la cadena COPE, debería plantearse de una vez por todas a quién presta su púlpito y dejar de actuar como el único clavo ardiente al que aún puede agarrarse el locutor.

Algunas reacciones de periodistas que escriben en la blogosfera:

Juan Varela: "Losantos condenado por insultar a Gallardón"

Miguel Angel Vázquez: "Condena oportuna"

Pepe Contreras: "El ingenio del lenguaje mejor que el insulto"

Más:

Ignacio Escolar: No se arrepiente

Más aún (17/6):

Extracto del comentario del presidente de la FAPE, Fernando González Urbaneja:

"Federico Jiménez Losantos se ha declarado más allá del periodismo, no considera que pertenece a ese ámbito profesional por el que tiene poco aprecio y poco respeto. Como organización profesional, al margen de lo anterior, nuestro compromiso es la defensa profesional y de las libertades."

Ignacio Escolar reproduce la portada de hoy de Público: "El predicador, condenado"

"Vivimos un mundo paradójico. A menudo, se critica a los diarios por lo que callan y también por lo que cuentan o cómo lo cuentan. El debate agrio y el partidismo político hacen que las informaciones relevantes, y por tanto los medios, los periodistas, estén, estemos, bajo sospecha y se hagan juicios de intenciones sobre lo que se escribe, sobre lo que se publica. Lo importante es que lo que se escriba sea verdad, esa verdad siempre limitada pero imprescindible para saber un poco más lo que está pasando."

El artículo completo: "La conversación"

Los periodistas españoles estarán obligados a cumplir un código ético. Hasta ahora esta obligación no existía, era una cuestión de caracter voluntario e individual de cada profesional, aunque también parte de la responsabilidad social de la empresa, no en pocas ocasiones relegada ante la prioridad del beneficio económico.

Que sea obligatorio me parece lógico: los periodistas no estamos por encima del bien y el mal. La existencia de una buena práctica del oficio se escapa del mero control judicial, que sólamente puede marcar los límites del ejercicio de la libertad de prensa cuando existe una colisión de derechos fundamentales.

La última asamblea de la Asociación de la Prensa de Madrid, la que mayor número de asociados tiene en España (cerca de 7.000) acordó iniciar los trabajos para elaborar un Estatuto del Periodista que está incluido en el programa electoral del PSOE. El presidente de la APM, Fernando Gonzalez Urbaneja, manifestó su intención de ir de la mano del resto de asociaciones de la prensa de España para sacar adelante este proyecto.

Cómo él mismo dijo en un número dedicado a estas cuestiones del Cuaderno de Periodistas (nº6):

"El número de partidarios de restringir, ordenar y tasar el ejercicio de la libertad de expresión es suficientemente inquietante como para tentarse la ropa e introducir este asunto en la agenda de prioridades de los defensores de la libertad. Los periodistas haremos bien en prestarle mayor atención."

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España tiene en vigor un codigo ético y una comisión de quejas que resuelve sobre los asuntos más polémicos, aunque sólo algunos medios le reconocen legitimidad. Recientemente se pronunció acerca de un polémico reportaje emitido por Telemadrid.

El código ético más reciente aprobado en España es el de RTVE, si bien la profesión debe enfrentarse a nuevos problemas éticos a los que hay que dar respuesta de una manera sólida. El Estatuto del Periodista podría ser una buena manera de empezar.

Aquí enlazo los principales aspectos en los que está trabajando la comisión creada por la APM: "Coto al secretismo de las entidades públicas".

Continuará (eso espero).

Un análisis del largometraje desde el punto de vista de la ética y responsabilidad del periodista puede encontrarse a través del canal académico de la Universidad Complutense que dirige la profesora Loreto Corredoira, que destaca este trabajo de sus alumnos al recorrar al director norteamericano: "Pollack, un director que enseño a los periodistas".

El canal ofrece en un sencilo video (9') extractos de la película que se refieren a algunos de los aspectos más delicados del trabajo del periodista como son el tratamiento de las fuentes informativas, su contraste o la rectificación de informaciones.

Comunicado de la F.I.P. en vísperas y con motivo del Día Mundial por la Libertad de Prensa.
LOS PERIODISTAS PIDEN UNA SOLIDARIDAD GLOBAL PARA HACER FRENTE A LAS AMENAZAS CONTRA LOS MEDIOS.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) afirma que en la lucha global por la seguridad, el trabajo en buenas condiciones y por la calidad del periodismo, sólo puede obtenerse la victoria si los periodistas actúan juntos en defensa de sus derechos.

En su declaración con motivo del Día Mundial por la Libertad de Prensa en 2008, la FIP llama a renovar la solidaridad mundial entre periodistas para luchar contra las amenazas que sufren los medios de comunicación.

“El futuro del periodismo depende de que podamos renovar y construir esa solidaridad”, ha declarado Jim Boumelha. “Nuestro trabajo está en el corazón de la lucha por la democracia y los derechos humanos”.

La FIP declara que el futuro del periodismo no puede estar garantizado por montajes publicitarios de inspiración política, ni por el enmudecimiento de los medios o los recortes de sus presupuestos.

En todo el globo, los sindicatos que pertenecen a la FIP, el mayor grupo de periodistas de todo el mundo, señalan este Día Mundial por la Libertad de Prensa con distintos actos y actividades que tratan de subrayar la crisis que afecta a los que trabajan en el campo del periodismo.

“En días recientes, hemos llevado nuestro mensaje de solidaridad a China, Pakistán, Rusia, México e Irak”, ha dicho Boumelha. “ En todos esos lugares, los periodistas están presionados. Nuestros colegas lograrán defender sus derechos si pueden trabajar juntos, llegar a todos los que están en el periodismo, viejo o nuevo, y construir puentes que lo fortalezcan. Donde hay divisiones y discordia, allí prosperan los enemigos de la libertad de prensa.”

La FIP afirma que la libertad de prensa y los derechos profesionales de los periodistas son cuestionados incluso en los países más democráticos, donde los cambios económicos y tecnológicos conducen a una mayor fragilidad en las condiciones de trabajo. También terminan socavando los niveles tradicionales de pluralidad de la prensa escrita y de los medios audiovisuales. En otras partes del mundo, diversos tipos de presiones, en especial la violencia, que se convierte en rutinaria, amenazan el ejercicio del periodismo.

En muchos países, los ataques a los periodistas tienen su raíz en el trabajo de investigación de los reporteros, que prueban y exponen la corrupción en los negocios o la política.

“Vivimos en un mundo donde, gracias a Internet, la libertad de expresión se ha hecho realidad para millones”, ha añadido Boumelha, “pero para los periodistas que buscan la verdad hay nuevos peligros y amenazas. Necesitamos defender nuestras libertades elementales renovando nuestro compromiso sindical unitario y nuestra solidaridad profesional”.

En Europa, Arne König, presidente de la FEP, ha dicho: “El Día Mundial por la Libertad de Prensa nos muestra una oportunidad ejemplar de cómo el periodismo de calidad es vital para la democracia y puede alcanzar sus objetivos, cuando los periodistas logran condiciones de trabajo decentes y respeto a su oficio”.

La FIP declara que la presión contra los periodistas para que revelen sus fuentes de información y los residuos de interferencia política son retos a los que se enfrentan los periodistas y los medios.

“Y no podemos ignorar el impacto de la crisis económica, que ha afectado a buena parte de los medios en Europa. El periodismo de calidad sufre los recortes tremendos impuestos por los propietarios de los medios en sus presupuestos”, ha añadido König.

Los resultados provisionales anticipan una participación en torno al 52%, un voto favorable del 71%, un 22% en contra y el resto voto en blanco o nulo. Estos resultados requieren algún análisis.

En primer lugar, la participación puede considerarse buena, teniendo en cuenta que, como cualquier referendum, esta consulta era difícil que suscitara una gran movilización. Además, la peculiar estructura organizativa de la empresa impone una alta abstención técnica (diversidad de turnos, viajes, libranzas, diversidad de sedes). Piénsese que el referendum convocado hace dos años por los sindicatos para la aprobación del ERE, una cuestión en la que se jugaba el futuro de la empresa y el futuro personal de más de 4.000 trabajadores, logró una participación de un 56%. Además, una de las conquistas de este estatuto ha sido extender su ámbito más allá de los Servicios Informativos de RNE y TVE a todos los programas con contenidos informativos, y más de los periodistas a todos los profesionales del sonido, la imagen o el periodismo que aportan su contribución creativa al producto informativo (denominados por el Estatuto profesionales de la información audiovisual y sujetos de los derechos y deberes definidos por el texto). Pero el grado de concienciación de este instrumento era, lógicamente, menor fuera de los respectivos servicios informativos y la abstención de esos colectivos fuera de las grandes Redacciones ha podido ser menor.

¿Por qué un voto negativo significativo? El Estatuto se ha encontrado en su última etapa con un escollo importante, el rechazo del Comité General intercentros y de todos los sindicatos, salvo CGT. El Comité General Intercentros llegó a solicitar al Consejo de Administración la suspensión del referendum. Dos eran sus objeciones: la incompatibilidad de los delegados sindicales y miembros de los comités de empresa para ser vocales de los Consejos de Informativos y la falta de una representación a nivel territorial, esto es de unos consejos de informativos en las comunidades autónomas.

A la primera objeción, se puede responder que son dos esferas de representación distintas, una la profesional y otra la laboral. El Estatuto se esfuerza en delimitar estas esferas (por ejemplo, el reconocimiento de la condición de "profesional de la información audiovisual" no tiene consecuencias laborales ni salariales). El sentido común aconseja no sumar mandatos y tareas. Además, el Estatuto, que exige a los vocales que no se liberen de su puesto de trabajo. En cualquier caso, una incompatibilidad no puede nunca ser considerada una discriminación.

La segunda es de más calado. La Comisión Redactora que ha negociado el texto hoy votado con el Consejo de Administración luchó por lograr una representación profesional en las comunidades autónomas, pero el Consejo no lo aceptó, de modo que se llegó a un punto en que esta cuestión podía bloquear toda la negociación. La Comisión Redactora valoró que no se podía perder una ocasión histórica, máxime cuando se valoraba muy positivamente lo conseguido en la negociación. Pero esta falta de representación es el punto más débil de nuevo Estatuto, porque no sólo niega a cientos de trabajadores una instancia inmediata de representación y mediación, sino porque recarga a los consejos centrales y les da un carácter demasiado institucional.

Este hecho puede haber determinado el voto negativo en muchos centros territoriales, mientras que en Madrid y Barcelona (con reserva de vocales en los consejos centrales) el voto ha sido masivamente positivo.

Desde fuera de RTVE, creo que los sindicatos han cometido un grave error de juicio. Podrían haber mostrado su discrepancia, pero haber aprobado el proyecto, porque lo que estaba en juego era una reivindicación histórica. Una negociación, como la que ha alumbrado el Estatuto, se da una sola vez, no es un convenio colectivo, donde lo que no se consigue un año se puede ganar al siguiente.

Ahora ya sólo falta la promulgación formal por parte del Consejo de Administración. En las próximas semanas se celebraran las elecciones a los consejos. Una buena noticia para RTVE y para los partidarios de la radiotelevisión pública. Y toda una contradicción con la gestión de su presidente, que centra todos sus esfuerzos en una nueva sede que, por mucha que se niegue, no es más que una operación de especulación inmobiliaria.

Con todo, felicidades a los trabajadores de RTVE.

Sus editores explican estos cambios. La página se ha ensanchado (ahora se usa una definición de 1024 píxeles), y como consecuencia las imágenes son más grandes y hay más espacio libre. En general, a mi juicio se gana en legibilidad.

Pero lo que quiero comentar no son los cambios generales de diseño. Se refieren a la presentación del vídeo y a la introducción de publicidad.

Se introduce ahora, junto con el sistema de streaming en RealVideo o WindowsMedia, vídeo en formato Flash 9 incrustado en la página. Según los editores, se trata, entre otras cosas, de lograr un tratamiento más integrado de texto, sonido y vídeo, permitiendo que el periodista integre en su relato los distintos elementos. La idea parece buena, pero la verdad es que en los ejemplos mostrados (Video games ratings faces overhaul, Google your way to a wacky office) el vídeo aparece como un encabezamiento previo a la lectura del texto, sin vinculación entre ambos elementos. La verdad es que desde la página principal no se accede, por el momento, a ninguno de estos vídeos incrustados. También se anuncia la posibilidad próxima de sindicar e incrustar estos contenidos en blogs y páginas personales, prestación todavía fuera de servicio, y que ya ofrece, por ejemplo, Reuters (aunque luego WordPress no nos permita incrustar estos vídeos).

El lenguaje hipertexto permite una navegación infinita que construye un nuevo texto a partir del propuesto por el autor. En ese nuevo discurso virtual el lector integra mentalmente elementos expresivamente diversos como texto, vídeo y audio. La solución clásica de abrir una ventana emergente para visionar el vídeo, descargado en sistema streaming, es perfectamente coherente. Pero las nuevas posibilidades técnicas, como las ofrecidas por el vídeo en formato Flash, nos abren una nueva perspectiva: construir un nuevo lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual se basa en la dialéctica entre la imagen y el sonido. El nuevo lenguaje integraría en esa relación permanente el texto. Sería un paso adelante con respecto al lenguaje audiovisual clásico, pero un paso atrás, si se quiere, con respecto a la intertextualidad que permite la navegación a través de los hipervínculos. En otras palabras, se trataría de dar de nuevo un control al autor sobre un texto cerrado en el que se integre texto, sonido e imagen. Por supuesto, el desarrollo de este nuevo lenguaje, que me atrevo a denominar hiperaudiovisual, sería perfectamente compatible con la navegación hipertexto, de modo que el lector pudiera tanto leer el texto audiovisual propuesto por el autor, como construir su propio texto, saltando de enlace en enlace.

Otra de las novedades en el portal informativo de BBC es la publicidad. Desde hace meses, los usuarios que accedían a la página desde fuera del Reino Unido, encontraban un banner publicitario. Ahora, al ensanchar la página, la publicidad se hace estática y se coloca discretamente en la fila de la izquierda. La publicidad aparece también como presentación previa a los vídeos (gestionados por DoubleClick ad) cuando estos se visionan desde fuera del Reino Unido en alta calidad.

¿Por qué los usuarios que acceden desde el extranjero disfrutan de publicidad? La cuestión tiene que ver con la financiación del servicio público. Como es sabido, la BBC, como casi todas las radiotelevisiones públicas europeas, se financia por una tasa especial o canon. Esa financiación cubre los servicios nacionales, mientras que los servicios prestados fuera del territorio nacional tienen que buscar otra forma de financiación. De acuerdo con las normas comunitarias de financiación, los servicios que no se consideren estrictamente servicio público tienen que ser financiados en régimen de competencia. En otras palabras, resultaría competencia desleal recurrir a la financiación publicitaria dentro del Reino Unido, mientras que, en cambio, para los servicios prestados hacia el exterior existen limitaciones para usar la financiación preveniente del canon.

Por eso, el público británico ya puede visionar o descargar gratis cualquier programa emitido en la última semana por las distintas cadenas de la BBC, mediante la función i-Player. La BBC anuncia una versión para ser utilizada fuera del Reino Unido, que, previsiblemente, incorpore limitaciones y alguna forma de publicidad.

Los estatutos de redacción nacen en los años 70 como una alternativa a las sociedades de redactores y con una misma finalidad: garantizar el pluralismo al interno de los medios. En Francia, por su peculiar historia, fue posible que en los 60 se constituyeran en el seno de determinados periódicos sociedades de periodistas que, a través de su participación colectiva en el capital societario, controlaran los principios fundacionales de estas publicaciones, en peligro en virtud de la mercantilización de las empresas y la consiguiente concentración. Las más importante ha sido la de Le Monde (véanse en este blog los comentarios Frágil acuerdo en Le Monde y La independencia de Le Monde). En España, pese a algún intento, la situación económica, política y jurídica hacía inviable la solución de la participación de los periodistas en el capital de la empresa. Surge, en cambio, de la mano de El País, la solución de los estatutos de redacción. Le seguirán luego El Mundo, otros diarios y casi todas las televisiones públicas autonómicas (excepto Telemadrid).

Los estatutos de redacción son mecanismos de autorregulación y participación interna. Suelen definir el marco de relaciones profesionales, desarrollando los deberes y derechos de los informadores, estableciendo un conjunto de normas de carácter deontológico (a veces también normas de estilo) y creando órganos de participación (consejos de redacción, comités profesionales). El elemento clave de ese sistema son esos consejos, entre cuyas competencias más importantes y frecuentes suelen estar dar su parecer no vinculante sobre el nombramiento del director de la publicación o de los servicios informativos, o manifestar su discrepancia con una posición editorial en las mismas páginas o programas de la empresa.

En RTVE venía reclamándose un estatuto desde 1981. A pesar de que en varias ocasiones se abrieron negociaciones, estos procesos no llegaron a nada. Una RTVE absolutamente gubernamentalizada no era el mejor contexto para estos instrumentos de participación y control. En cambio, las radiotelevisiones autonómicas, siguiendo el ejemplo de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, se dieron (como digo, salvo Telemadrid, otro reducto de la gubernamentalización) estatutos de informativos. Los estatutos de las radiotelevisiones se centran en la regulación de los aspectos profesionales y amplían su ámbito subjetivo a un conjunto de categorías, como cámaras u operadores de vídeo, con funciones importantes en la conformación de la información audiovisual. Unos estatutos han funcionado mejor y otros (en aquellas empresas con mayor dependencia política) peor, hasta el punto de que en El Mundo o la radiotelevisión valenciana los consejos han dejado de elegirse. El último precedente antes del RTVE ha sido el estatuto de redacción de la agencia EFE, con un alto grado de desarrollo de los derechos profesionales y un Consejo de Redacción con importantes poderes.

La ley de la radio y la televisión de titularidad estatal define un nuevo marco al establecer dentro de su arquitectura institucional los consejos de informativos, a los que caracteriza como órganos de control interno destinados a garantizar la independencia profesional de los informadores y promover la independencia editorial de la Corporación (como garante de los principios del servicio público y entre ellos de los de veracidad y objetividad informativa).

La ley establece que la norma reguladora de estos consejos sea aprobada por el Consejo de Administración "con el acuerdo de los profesionales". Esta exigencia determinó la elección por los trabajadores de una comisión redactora, que elaboró un texto, luego negociado y pactado con el Consejo de Administración y pendiente ahora de referendum.

Sintéticamente indico las novedades del Estatuto de Información de la Corporación RTVE:

• Naturaleza de pacto interno
• Sujeto amplio: los profesionales de la información audiovisual, todos los profesionales del periodismo, la imagen y el sonido que determinan los contenidos informativos
• Amplio elenco de derechos, con novedades como el derecho a la libertad de creación y el derecho a una carrera profesional, que deberá ser tenida en cuenta a la hora de efectuar nombramientos o adscribir a los puestos de trabajo.
• Código deontológico adaptado a la realidad presente de la información audiovisual
• Consejos de informativos con importantes poderes, como dar su opinión sobre los nombramientos de los directores de informativos y comunicación previa de los nombramientos intermedios y de los cambios de organización informativa.
• Recurso de amparo ante los consejos
• Posibilidad de expresar una discrepancia editorial

En definitiva, el estatuto es un marco útil para garantizar tanto la independencia personal de los informadores, como la independencia editorial y el respeto de los principios de servicio público que inspiran a la radio y televisión públicas. Pero sólo es un marco, no una panacea. Como todos los derechos, éstos tienen que ser asumidos y ejercidos por sus titulares. Eso conlleva riesgos, pues por importantes que sean las garantías jurídicas siempre queda un terreno gris de discreccionalidad de la empresa. Y como a todas las instituciones, los consejos tienen que dar contenidos reales a sus funciones.

Llega, además, este Estatuto con 20 años de retraso. La generación que luchó por él fue barrida por el ERE. Hoy toca a los jóvenes generaciones aprovechar la conquista.

El acceso a las fuentes públicas es uno de los poderes básicos implícito en la facultad de investigar, una de las tres, junto a las de informar y difundir, que componen el derecho humano a la información, tal como fue formulado por el art. 19 de la Declaración Universal de 1948. Históricamente, la libertad de expresión y el derecho a recibir información han colocado en un segundo plano este libre acceso a la información de carácter público, requisito imprescindible para que los medios ejerzan su tradicional función de perro guardián, los ciudadanos puedan disponer de datos para mejorar sus vidas y defender sus derechos y esos mismos ciudadanos puedan convertirse también en informadores. Esta última dimensión es imprescindible para que la revolución informativa en el ciberespacio no se quede en el simple cotilleo. El derecho a saber, del que las leyes de acceso a la información pública no son más que un instrumento, es constitutivo de la autonomía personal de los hombres libres.

Suecia fue pionera de este tipo de leyes. En 1766 su Ley de Libertad de Prensa consagró el principio de publicidad, al que están sometidos todos los documentos o informaciones generados o recibidos por cualquier autoridad u organismo público. Leyes semejantes, más generosas o restrictivas, existen en unos 70 países. Pero sin duda es la Freedom Information Act de Estados Unidos, modelo para otras muchas leyes semejantes, la que ha tenido una mayor proyección, hasta el punto de convertirse en un elemento central de la democracia norteamericana.

La ley fue promulgada en 1966 a regañadientes por el presidente Johnson. Durante más de un cuarto de siglo influyentes periódicos y periodistas habían batallado por ella. Pero fue un congresista demócrata, John Moss, el verdadero padre de la ley. Cuando Moss llegó al Congreso a mediados de los 50 chocó con las trabas que hasta los parlamentarios encontraban para acceder a la información en poder de las agencias públicas. Otro joven congresista republicano -cosas de la vida- llamado Donald Rumsfeld se distinguió también en exigir la ley.

La ley llegó en un momento políticamente enrarecido -Vietnam, Watergate... No se aplicó en el caso más importante de aquella época, los Papeles del Pentágono, pues se trataba de documentos clasificados como secretos, pero su presentación por un congresista en el registro de una comisión parlamentaria permitió su publicación y una sentencia del Tribunal Supremo (N.Y. Times Co. versus US, 1971) básica para una interpretación vigorosa de la Primer Enmienda.

Desde entonces, la ley ha sido un instrumento básico de los medios, pero también de los movimientos sociales y cívico, de abogados defensores de causas perdidas y de litigantes de indemnizaciones millonarias. La organización The National Security Archives se dedica a bucear en los archivos públicos y en los documentos desclasificados para denunciar los abusos del poder. En su página puede encontrarse asesoramiento e información sobre el funcionamiento de esta ley. Las facultades de periodismo incluyen entre sus enseñanzas el empleo de los mecanismo legales para acceder a la información pública.

Sin el libre acceso a la ingente masa de información en manos de organismos públicos hubiera sido imposible el desarrollo del periodismo de precisión, que, entre tanta ganga, y aplicando las técnicas de la investigación psicosocial, busca la información relevante.

La ley sigue perfeccionándose. El último día de 2007 el presidente Bush firmó la Open Goverment Act, dirigida a evitar las obstrucciones por parte de las administraciones, con sanciones para aquellas que dilaten injustificadamente el acceso.

En España ha funcionado, en la práctica, un principio completamente distinto al de publicidad, el de interés legítimo, esto es, que para acceder a la información en poder de las administraciones, el ciudadano, sobre el que recae la carga de la prueba, debe demostrar su interés legítimo en la misma. El art. 105.3 de la Constitución convirtió el derecho de acceso de los ciudadanos a la información administrativa en un derecho de configuración legislativa, regulado por el art. 37 de la Ley 30/1992. El principio general es el libre acceso, pero además del desarrollo de las exclusiones que la propia Constitución establece (intimidad, seguridad del Estado y averiguación de los delitos) añade los actos políticos de los gobiernos del Estado y las Comunidades Autónomas, las materias protegidas por el secreto industrial y comercial y la política monetaria. Remite a regulaciones específicas en materia de datos sanitarios, materias clasificadas (L. 9/68 de Secretos Oficiales, modificada por la L. 4/78), archivos estadísticos, registro civil y registros penales, los datos referentes a los legisladores y los fondos documentales existentes en Archivos Históricos. Una de las limitaciones más importantes es exigir un interés legítimo para acceder a informaciones de carácter nominativo, aun cuando no se incluyan datos de carácter íntimo. Sí se aplica plenamente, en cambio, el principio de libre acceso en materia de información medioambiental (Ley 38/95, de 12 de diciembre) por así exigirlo una Directiva europea.

La propuesta de Estatuto del Periodista Profesional, del Foro de Organizaciones de Periodistas (asumida por Izquierda Unida y tramitada en la legislatura terminada como proposición de ley, propuesta que se ha dejado caducar) proponía en su art. 16:

"Los periodistas tendrán libre acceso a los registros, expedientes administrativos y actuaciones judiciales no declaradas secretas y en general a cualquier información recogida por las autoridades públicas que pueda contener datos de relevancia pública. Las autoridades administrativas facilitarán este acceso, tomando las precauciones necesarias para garantizar el derecho a la intimidad de los particulares, conforme lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos. Las autoridades administrativas podrán negar este acceso cuando las informaciones solicitadas afecten a la seguridad y defensa del Estado o interfieran la persecución de los delitos en los términos previstos por el art. 37.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Gobierno enviará en el plazo de un año un Proyecto de Ley modificando la regulaciones específicas previstas en el art. 37.6 de la citada Ley 30/1992 para facilitar al máximo el acceso de los periodistas a estos archivos y registros."

Recientemente se ha constituido una Coalición Pro Acceso, compuesta por organizaciones profesionales y no gubernamentales, que propugna una ley de libre acceso a la información pública.

Para conseguir ese régimen homogéneo las distintas versiones de la Directiva impusieron limitaciones a la publicidad, normas de protección a los menores, posibilidad de establecer normas contra los mensajes de odio o xenófobos y algunas otras normas de protección del consumidor audiovisual.

En lo que se refiere a la publicidad (el grueso de esta regulación) las limitaciones han ido suavizándose en cada versión. La aparentemente estricta regulación de los anuncios, de los spots, encuentra su punto de fuga en el patrocinio, la autopromoción y el emplazamiento de productos. Pues bien, el nuevo texto aprobado por el Parlamento Europeo (la posición común entre el texto propuesto por la Comisión y la Cámara; puede verse aquí el resumen en out-law-com) mantiene los límites de los spots en 12 minutos y un 20% como máximo de la programación, pero se admiten cortes más frecuentes (cada 30 minutos frente a los anteriores 45) salvo en el caso de los programas infantiles. También se admite la publicidad en pantalla partida y las nuevas formas de publicidad interactiva. Y lo que es más importante, se admite el emplazamiento publicitario (una modalidad ante la que el espectador se encuentra más indefenso que ante el spot) en todos los programas, salvo los informativos, documentales, infantiles y aquellos que provean consejos. De manera que si no sin límites, la publicidad es cada vez más libre, algo que no hará sino acrecentar la crisis del medio.

Termino con el concepto de servicio de comunicación audiovisual, tal como lo define la nueva Directiva. El servicio consiste en proporcionar programas -hubiera sido más claro hablar de mensajes o información audiovisual- con el objetivo de informar, formar o entretener al público a través de redes de comunicación electrónica. Como se ve, es casi el concepto clásico de televisión, pero no circunscribiéndola a la transmisión por emisión sino por cualquier red de comunicación electrónica, lo que, desde luego, incluye internet. Pero que no se asusten los bloggers, pues se excluyen expresamente "los sitios web de titularidad privada y los servicios consistentes en la prestación de servicios o distribución de contenido audiovisual generado por usuarios privados con el fin de compartirlo e intercambiarlo entre grupos de interés". Vaya que YouTube queda fuera... Además, el obligado al cumplimiento de la regulación es el proveedor de estos servicios que tiene su control editorial.

La nueva Directiva recomienda la autorregulación o corregulación (autorregulación reforzada por la sanción estatal) y la existencia de autoridades audiovisuales independientes.

Ahora el gobierno español, tiene, como el resto de los miembros de la Unión, dos años para trasponer la Directiva... Por cierto ¿para cuando un consejo audiovisual independiente y potente?

Estos problemas reales, de presente y pasado, de los medios tradicionales fueron la referencia de la jornada “Presente y futuro de los medios de comunicación” organizada en Madrid el jueves 29 de noviembre por la Fundación Sindical de Estudios y la Agrupación de Periodistas de CC.OO. Una jornada con el formato clásico de tres mesas redondas con aportaciones de expertos, seguidas de debate.

La primera planteaba la pregunta ¿regulación o autorregulación?. Sobre las intervenciones flotaban dos grandes cuestiones: dar una respuesta a la televisión basura (de plena actualidad tras el asesinato de una mujer a la que se enfrentó con su novio, maltratador, en un programa) y el Estatuto del Periodista Profesional (propuesta del Foro de Organizaciones de Periodistas, asumido por Izquierda Unida-Los Verdes y varado sin remisión en el Congreso). En ninguno de los dos problemas se entró a fondo y esto dio un cierto tono de frustración a esta primera mesa. Hubo consenso en que la mejor solución era una combinación de regulación y autorregulación, aunque el acento de los participantes era bastante distinto. Por ejemplo, Fernando González Urbanjea, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa (la voz profesional más crítica de la propuesta del Estatuto propuesto por el Foro), parecía más partidario de la autorregulación que de la regulación. Carmen Fernández Morillo aportó su experiencia como vocal del Consejo Audiovisual de Andalucía. Pese a la proliferación de normas sobre el sector audiovisual, el órgano andaluz no encuentra normas para sancionar conductas aberrantes como la emisión de pornografía en horario infantil por algunas televisiones locales.

La mesa sobre condiciones de trabajo y negociación colectiva volvió a presentarnos el conocido retrato de una profesión en condiciones precarias. Un dato novedoso: el sector en los últimos 5 años ha perdido 15.000 empleos, correspondiendo ligeramente más a hombres que mujeres los puestos desaparecidos. Aumentan los contratos temporales y aumentan los  free lance. En definitiva, más precariedad. Todo ello datos de la EPA. Y una experiencia moderadamente optimista: la participación sindical en el proceso de reconversión digital de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, con aumento de empleo y la creación de nuevos productos y servicios audiovisuales.

En la mesa sobre el apagón digital y la TDT hubo consenso al considerar que había faltado osadía en la regulación de esta nueva forma de transmisión. La televisión digital lleva camino de repetir los mismos males de la televisión analógica. La mayor fragmentación de la audiencia no hará sino agravar la crisis del medio. Entre los participantes, unos se mostraban más optimistas y otros menos sobre las posiblidades de los neuvos servicios interactivos de la TDT.

(Ver resumen de la Jornada en Periodista.es)