Se encontraron en el predio de las 127 hectáreas que pertenecía al Ejército. Hay dudas sobre algunas piezas que podrían ser humanas. Investiga el juez federal Guillermo Labate.

Investigadores federales y provinciales seguían trabajando este domingo en un lugar del predio de las 127 hectáreas transferidas por el Ejército a la provincia, donde cuando se estaba alisando el terreno para construir una cancha de rugby, se encontraron restos óseos, algunos de los cuales podrían ser humanos.

La noticia, que fue publicada por los diarios regionales en su edición dominical, hizo referencia a que el lugar está ubicado a poca distancia de donde funcionó “La Escuelita”, un centro de detención clandestina de la dictadura militar, que inscribió un página negra en la historia de la región y que está investigada para ser llevada a juicio actualmente por el juez federal Guillermo Labate.

Fue precisamente este magistrado quien se hizo presente el sábado en el lugar del hallazgo. “Colectamos algunos huesos que podrían ser compatibles con restos óseos humanos. El lunes parten a Buenos Aires para ser analizados”, explicó Labate desde el campamento que se había montado en el predio antes llamado Los Polvorines y ahora conocido como Ciudad Deportiva, según publica el diario La Mañana de Neuquén.

Según se refirió, hace unos días trabajadores de la Ciudad Deportiva –un emprendimiento iniciado por el anterior gobierno de Jorge Sobisch- removieron tierra para hacer una cancha de rugby del Club Patagonia de Neuquén.

Después de varias pasadas con las máquinas, los hombres advirtieron una gran cantidad de huesos que estaban enterrados en el predio.

El juez Labate fue cauto en sus apreciaciones. “Tenemos un hueso que podría ser un radio, aunque no se sabe si es de animal o humano”, remarcó.

También se encontró en el lugar una moneda de un peso del año 1975, según confirmaron distintas fuentes.

El predio de las 127 hectáreas estuvo destinado a los polvorines del Ejército Argentino en Neuquén, hasta que se firmó un convenio entre el gobierno de Jorge Sobisch y la Fuerza, por el cual se cedió el lugar a la provincia, a cambio de la construcción por parte del Estado neuquino de polvorines en otra zona de Neuquén.

El lugar fue destinado a recrear una zona de pulmón verde, construcciones para prácticas deportivas, centros culturales –ya funciona la Escuela de Bellas Artes- y una nueva sede para la Jefatura de Policía.

Actualmente está en litigio con grupos piqueteros que pretenden que una parte sea destinada a loteos sociales y construcción de viviendas.

El juez federal de Rawson Hugo Sastre dictó la falta de mérito del brigadier retirado Ezequiel Martínez, que fue liberado

Un juez federal dictó la falta de mérito a uno de los acusados por la llamada Masacre de Trelew, como se recuerda el fusilamiento de 16 militantes de izquierda ocurrido en esa ciudad de Chubut en agosto de 1972 y, de esa manera, recuperó su libertad.

Así, el brigadier retirado Ezequiel Martínez, jerarca de la dictadura de Agustín Lanusse, fue beneficiado hoy con falta de mérito en la causa por la Masacre de Trelew y recuperó la libertad, por orden del juez federal de Rawson Hugo Sastre.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el magistrado indagó a Martínez en esta capital durante poco más de dos horas, y luego lo benefició con la "falta de mérito" y resolvió su "inmediata libertad", que se concretó desde los tribunales porteños.

La figura jurídica de falta de mérito significa que no hay pruebas suficientes para procesar o sobreseer a una persona, por lo que Martínez, si la Justicia lo requiere, podría seguir siendo investigado.

Martínez, ya octogenario, fue secretario de Gobierno de la dictadura autodenominada "Revolución Argentina", de 1966 a 1973, cuyo último tramo estuvo encabezado por el fallecido general Lanusse. Y en 1973 fue candidato presidencial por la Alianza Republicana Federal, bajo el slogan "Presidente Joven".

El juez Sastre lleva dos días en la ciudad de Buenos Aires para completar trámites vinculados con la investigación reabierta por los episodios ocurridos el 22 de agosto de 1972, cuando 16 guerrilleros murieron fusilados y tres lograron sobrevivir en la base aeronaval "Almirante Zar", donde estaban detenidos.

Martínez explicó al juez que por el cargo que desempeñaba no tenía poder de decisión y, por ende, fue ajeno a lo ocurrido en Trelew.

El juez tiene previsto indagar también al ex ministro de Defensa de esa dictadura y abogado Eduardo Aguirre Obarrio.

La causa tuvo un importante vuelco en febrero pasado, cuando el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino dijo que el hecho no había sido consecuencia de un intento de fuga de los detenidos, sino un fusilamiento del que habrían participado los capitanes, ya retirados, Luis Sosa, Emilio Del Real y el prófugo Roberto Guillermo Bravo.

El imputado relató que los detenidos cantaron el Himno Nacional, tras lo cual fueron acribillados. En ese sentido, dijo que escuchó una ráfaga de ametralladoras PAM.

A esa primera balacera siguió un silencio y luego balazos intermitentes de pistola calibre 45, con los que habrían rematado a los heridos esparcidos por celdas y pasillos de la cárcel.

En ese episodio murieron los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También fallecieron los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

Y lo mismo ocurrió con los militantes de "Montoneros" Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mariano Pujadas.

En tanto, sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, pero fueron secuestrados por la dictadura militar de 1976-1983 y siguen desaparecidos.

En esta causa ya fueron procesados Sosa, Del Real, Marandino, el contralmirante Horacio Mayorga y el capitán (re) Rubén Norberto Paccagnini.

El juez Sastre viajó a Buenos Aires para concretar las indagatorias porque los imputados que viven en Capital Federal acreditaron "estar enfermos y son personas mayores que, por su condición, no pueden viajar a Rawson".

El juez federal de Rawson Hugo Sastre dictó la falta de mérito del brigadier retirado Ezequiel Martínez, que fue liberado

Un juez federal dictó la falta de mérito a uno de los acusados por la llamada Masacre de Trelew, como se recuerda el fusilamiento de 16 militantes de izquierda ocurrido en esa ciudad de Chubut en agosto de 1972 y, de esa manera, recuperó su libertad.

Así, el brigadier retirado Ezequiel Martínez, jerarca de la dictadura de Agustín Lanusse, fue beneficiado hoy con falta de mérito en la causa por la Masacre de Trelew y recuperó la libertad, por orden del juez federal de Rawson Hugo Sastre.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el magistrado indagó a Martínez en esta capital durante poco más de dos horas, y luego lo benefició con la "falta de mérito" y resolvió su "inmediata libertad", que se concretó desde los tribunales porteños.

La figura jurídica de falta de mérito significa que no hay pruebas suficientes para procesar o sobreseer a una persona, por lo que Martínez, si la Justicia lo requiere, podría seguir siendo investigado.

Martínez, ya octogenario, fue secretario de Gobierno de la dictadura autodenominada "Revolución Argentina", de 1966 a 1973, cuyo último tramo estuvo encabezado por el fallecido general Lanusse. Y en 1973 fue candidato presidencial por la Alianza Republicana Federal, bajo el slogan "Presidente Joven".

El juez Sastre lleva dos días en la ciudad de Buenos Aires para completar trámites vinculados con la investigación reabierta por los episodios ocurridos el 22 de agosto de 1972, cuando 16 guerrilleros murieron fusilados y tres lograron sobrevivir en la base aeronaval "Almirante Zar", donde estaban detenidos.

Martínez explicó al juez que por el cargo que desempeñaba no tenía poder de decisión y, por ende, fue ajeno a lo ocurrido en Trelew.

El juez tiene previsto indagar también al ex ministro de Defensa de esa dictadura y abogado Eduardo Aguirre Obarrio.

La causa tuvo un importante vuelco en febrero pasado, cuando el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino dijo que el hecho no había sido consecuencia de un intento de fuga de los detenidos, sino un fusilamiento del que habrían participado los capitanes, ya retirados, Luis Sosa, Emilio Del Real y el prófugo Roberto Guillermo Bravo.

El imputado relató que los detenidos cantaron el Himno Nacional, tras lo cual fueron acribillados. En ese sentido, dijo que escuchó una ráfaga de ametralladoras PAM.

A esa primera balacera siguió un silencio y luego balazos intermitentes de pistola calibre 45, con los que habrían rematado a los heridos esparcidos por celdas y pasillos de la cárcel.

En ese episodio murieron los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También fallecieron los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

Y lo mismo ocurrió con los militantes de "Montoneros" Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mariano Pujadas.

En tanto, sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, pero fueron secuestrados por la dictadura militar de 1976-1983 y siguen desaparecidos.

En esta causa ya fueron procesados Sosa, Del Real, Marandino, el contralmirante Horacio Mayorga y el capitán (re) Rubén Norberto Paccagnini.

El juez Sastre viajó a Buenos Aires para concretar las indagatorias porque los imputados que viven en Capital Federal acreditaron "estar enfermos y son personas mayores que, por su condición, no pueden viajar a Rawson".

Llegó el represor Cavallo y, ante el juez, defendió a la Armada.

No fue interrogado aún por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA.

Lo acusan de crímenes pero declaró sobre robos.

CAVALLO EN EZEIZA, CON CHALECO ANTIBALAS Y ESPOSADO, DE ALLI FUE A TRIBUNALES Y A LA CARCEL.

Finalmente, ocho años después de su detención en México a pedido de la Justicia española, el represor Ricardo Miguel Cavallo fue llevado ayer ante un juez argentino para declarar como acusado por los crímenes ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.

Cavallo llegó ayer luego de ser extraditado por las autoridades españolas (ver: "La mirada...") e inmediatamente fue llevado a los tribunales federales de Comodoro Py. Pero el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa" ESMA, apenas lo interrogó por dos casos de robo de bienes a dos ex detenidos—desaparecidos, un desprendimiento de la causa principal.

"Niego los hechos que se me imputan, mi participación en los mismos y la integración a ninguna asociación ilícita, en particular a la que se me reprocha en este acto, por no revestir ese carácter la Armada de la República Argentina", dijo Cavallo ante el magistrado. Igualmente, se guardó la opción de ampliar su declaración indagatoria una vez que tome "conocimiento certero de los hechos" que se le imputan, según consta en el acta labrada ayer en Tribunales.

Cavallo —trasladado luego al penal de Marcos Paz— está acusado en una causa caratulada "N.N. s/apropiación de bienes", un desprendimiento de la "megacausa" ESMA. Según el juez, los delitos que habría cometido serían "el desapoderamiento de un bien inmueble" de Mario Villani y el "desapoderamiento" de "pertenencias" de Susana Jorgelina Ramus que "se encontraban en un guardamuebles de la empresa Verga Hermanos".

Villani y Ramus eran dos integrantes de la organización guerrillera Montoneros que sobrevivieron al campo clandestino de detención que funcionó dentro de la ESMA, el mayor que tuvo la dictadura. Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 y permaneció desaparecido hasta agosto de 1981. Ramus estuvo desaparecida dos años, entre enero de 1977 y enero de 1979.

En los próximos días, el magistrado avanzará sobre delitos más graves, como secuestros y torturas, aunque deberá seleccionar casos de víctimas que no estén incluidas en la causa que se le sigue en España. En caso contrario, su defensa podrá alegar que existe un doble juzgamiento, algo prohibido por la legislación vigente.

Ocurre que cuando España pidió la captura de Cavallo, los juicios en la Argentina estaban paralizados como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El capitán de corbeta retirado fue apresado hace ocho años en México, donde estaba a cargo del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE).

En España, Cavallo estaba acusado por más de dos centenares de casos de personas que pasaron por la ESMA y que en su mayoría permanecen desaparecidas. La fiscalía llegó a pedir 17 mil años de prisión para él. Sin embargo, ese país aceptó ahora extraditarlo como consecuencia de la reapertura de las causas en la Argentina tras la anulación de las "leyes del perdón". Su causa en España fue archivada pero esa medida se encuentra apelada.

Ayer, la defensa de Cavallo pidió su excarcelación, lo que Torres resolvería hoy.

Llegó el represor Cavallo y, ante el juez, defendió a la Armada.

No fue interrogado aún por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA.

Lo acusan de crímenes pero declaró sobre robos.

CAVALLO EN EZEIZA, CON CHALECO ANTIBALAS Y ESPOSADO, DE ALLI FUE A TRIBUNALES Y A LA CARCEL.

Finalmente, ocho años después de su detención en México a pedido de la Justicia española, el represor Ricardo Miguel Cavallo fue llevado ayer ante un juez argentino para declarar como acusado por los crímenes ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.

Cavallo llegó ayer luego de ser extraditado por las autoridades españolas (ver: "La mirada...") e inmediatamente fue llevado a los tribunales federales de Comodoro Py. Pero el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa" ESMA, apenas lo interrogó por dos casos de robo de bienes a dos ex detenidos—desaparecidos, un desprendimiento de la causa principal.

"Niego los hechos que se me imputan, mi participación en los mismos y la integración a ninguna asociación ilícita, en particular a la que se me reprocha en este acto, por no revestir ese carácter la Armada de la República Argentina", dijo Cavallo ante el magistrado. Igualmente, se guardó la opción de ampliar su declaración indagatoria una vez que tome "conocimiento certero de los hechos" que se le imputan, según consta en el acta labrada ayer en Tribunales.

Cavallo —trasladado luego al penal de Marcos Paz— está acusado en una causa caratulada "N.N. s/apropiación de bienes", un desprendimiento de la "megacausa" ESMA. Según el juez, los delitos que habría cometido serían "el desapoderamiento de un bien inmueble" de Mario Villani y el "desapoderamiento" de "pertenencias" de Susana Jorgelina Ramus que "se encontraban en un guardamuebles de la empresa Verga Hermanos".

Villani y Ramus eran dos integrantes de la organización guerrillera Montoneros que sobrevivieron al campo clandestino de detención que funcionó dentro de la ESMA, el mayor que tuvo la dictadura. Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 y permaneció desaparecido hasta agosto de 1981. Ramus estuvo desaparecida dos años, entre enero de 1977 y enero de 1979.

En los próximos días, el magistrado avanzará sobre delitos más graves, como secuestros y torturas, aunque deberá seleccionar casos de víctimas que no estén incluidas en la causa que se le sigue en España. En caso contrario, su defensa podrá alegar que existe un doble juzgamiento, algo prohibido por la legislación vigente.

Ocurre que cuando España pidió la captura de Cavallo, los juicios en la Argentina estaban paralizados como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El capitán de corbeta retirado fue apresado hace ocho años en México, donde estaba a cargo del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE).

En España, Cavallo estaba acusado por más de dos centenares de casos de personas que pasaron por la ESMA y que en su mayoría permanecen desaparecidas. La fiscalía llegó a pedir 17 mil años de prisión para él. Sin embargo, ese país aceptó ahora extraditarlo como consecuencia de la reapertura de las causas en la Argentina tras la anulación de las "leyes del perdón". Su causa en España fue archivada pero esa medida se encuentra apelada.

Ayer, la defensa de Cavallo pidió su excarcelación, lo que Torres resolvería hoy.

■ Está implicado en al menos 337 secuestros como represor de la dictadura militar
Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ “Temporal”, el envío al país sudamericano; primero debe ser juzgado por los tribunales españoles

■ La acusación popular demanda una pena que oscila entre los 13 mil 300 y 17 mil años de prisión

Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España .

Bilbao, 29 de febrero. El Ejecutivo español, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó hoy la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta argentino procesado en España por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), por los que la fiscalía solicita una pena de 13 mil años de cárcel.

La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra Cavallo, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral.

El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países –España y México– la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles.

Cuatro años y medio después de su ingreso en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, Cavallo podría ser extraditado a Argentina, pero sólo de manera “temporal” y para responder de forma puntual a las interrogantes y peticiones de la justicia de ese país, en este caso del despacho del magistrado Luis Torres, el responsable de investigar los crímenes que se perpetraron en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un centro clandestino de detención y exterminio.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido.

De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España.

Cavallo fue extraditado por las autoridades mexicanas en junio de 2003, con lo que, en virtud del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, el gobierno y los tribunales mexicanos tuvieron que acceder a la petición de que se rextraditara a Cavallo a Argentina.

El pasado 7 de febrero, la cancillería mexicana comunicó su beneplácito al traslado del preso.

Manuel Ollé, abogado defensor de la acusación particular, se mostró tranquilo ante la decisión del gobierno español, ya que –sostuvo– “el artículo 19 del Tratado de la Ley de Extradición Pasiva dice que con independencia de que se conceda la extradición no se le pueda entregar hasta que sea juzgado en España si tiene un juicio pendiente”.

Esto significa, según la defensa, que en el caso de que el ex militar represor sea extraditado a Argentina en los próximos días, éste deberá comparecer ante los tribunales españoles, donde tiene abierto un sumario con más imputaciones que el que en teoría se le abriría en Argentina.

El historial judicial de Cavallo, alias Sérpico, comenzó en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en que pretendía huir a Argentina.

Entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, un cargo al que accedió gracias al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y que le sirvió durante años para esconder su verdadera identidad.

La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio en esos países del Cono Sur de América, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Ricardo Miguel Cavallo.

Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición en México, que culminó en junio de 2003 cuando tanto los tribunales mexicanos como el gobierno del entonces presidente Vicente Fox autorizaron su traslado a España.

Este dictamen significó un hito en la historia de la “justicia universal”, ya que por primera vez una tercera nación –México– autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país –España–, que no estaba relacionado directamente con los delitos que se perseguían debido a que éstos se cometieron en Argentina.

A su llegada a España, Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, el juez Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral.

Tras las indagatorias, el magistrado español demostró la implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Esma y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado español y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre los 13 mil 300 y los 17 mil años de cárcel.

La defensa y las víctimas insisten en que ahora más que nunca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe fijar la fecha de apertura del juicio oral.

(fuente)

■ Está implicado en al menos 337 secuestros como represor de la dictadura militar
Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ “Temporal”, el envío al país sudamericano; primero debe ser juzgado por los tribunales españoles

■ La acusación popular demanda una pena que oscila entre los 13 mil 300 y 17 mil años de prisión

Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España .

Bilbao, 29 de febrero. El Ejecutivo español, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó hoy la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta argentino procesado en España por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), por los que la fiscalía solicita una pena de 13 mil años de cárcel.

La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra Cavallo, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral.

El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países –España y México– la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles.

Cuatro años y medio después de su ingreso en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, Cavallo podría ser extraditado a Argentina, pero sólo de manera “temporal” y para responder de forma puntual a las interrogantes y peticiones de la justicia de ese país, en este caso del despacho del magistrado Luis Torres, el responsable de investigar los crímenes que se perpetraron en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un centro clandestino de detención y exterminio.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido.

De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España.

Cavallo fue extraditado por las autoridades mexicanas en junio de 2003, con lo que, en virtud del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, el gobierno y los tribunales mexicanos tuvieron que acceder a la petición de que se rextraditara a Cavallo a Argentina.

El pasado 7 de febrero, la cancillería mexicana comunicó su beneplácito al traslado del preso.

Manuel Ollé, abogado defensor de la acusación particular, se mostró tranquilo ante la decisión del gobierno español, ya que –sostuvo– “el artículo 19 del Tratado de la Ley de Extradición Pasiva dice que con independencia de que se conceda la extradición no se le pueda entregar hasta que sea juzgado en España si tiene un juicio pendiente”.

Esto significa, según la defensa, que en el caso de que el ex militar represor sea extraditado a Argentina en los próximos días, éste deberá comparecer ante los tribunales españoles, donde tiene abierto un sumario con más imputaciones que el que en teoría se le abriría en Argentina.

El historial judicial de Cavallo, alias Sérpico, comenzó en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en que pretendía huir a Argentina.

Entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, un cargo al que accedió gracias al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y que le sirvió durante años para esconder su verdadera identidad.

La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio en esos países del Cono Sur de América, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Ricardo Miguel Cavallo.

Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición en México, que culminó en junio de 2003 cuando tanto los tribunales mexicanos como el gobierno del entonces presidente Vicente Fox autorizaron su traslado a España.

Este dictamen significó un hito en la historia de la “justicia universal”, ya que por primera vez una tercera nación –México– autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país –España–, que no estaba relacionado directamente con los delitos que se perseguían debido a que éstos se cometieron en Argentina.

A su llegada a España, Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, el juez Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral.

Tras las indagatorias, el magistrado español demostró la implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Esma y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado español y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre los 13 mil 300 y los 17 mil años de cárcel.

La defensa y las víctimas insisten en que ahora más que nunca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe fijar la fecha de apertura del juicio oral.

(fuente)