Será la primera vez que se oiga la voz del colectivo de ludópatas en el Parlamento, "constituyendo por tanto un hito para los que trabajamos con esta patología tan poco reconocida".

"Nos personamos ante el Comité de Peticiones para reclamar la atención de las Administraciones ante esta patología que solo en España afecta a más de un millón de ciudadanos, y al 1,50 por ciento de los de la Unión Europea".

A todo esto "hay que añadir los efectos perniciosos que están teniendo y tendrán diversos proyectos de juego y ocio que se han desarrollado o están en vías de desarrollarse en Eslovenia, Hungría y España". A este respecto "nos preocupa especialmente Gran Scala, el complejo proyectado para nuestra Comunidad que, sin duda, aumentará el número de ludópatas y de familias afectadas, con graves consecuencias a todos los niveles y como mínimo en la perdida de calidad de vida por el juego".

Todos estos proyectos "harán que los problemas de juego y otros asociados, como violencia, accidentes, drogas, aumento del consumo de alcohol, prostitución, aumenten en sus respectivas áreas de influencia, por lo que creemos necesaria la intervención decisiva del Parlamento Europeo protegiendo a los consumidores".

Azajer se entrevistará el próximo 27 de mayo con David Lowe, Secretario del Comité de Peticiones, así como con diversos eurodiputados y, previsiblemente con la Comisaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor.

El Gobierno de Aragón no debe actuar como promotor del juego. Este es el principal argumento que enarbola la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) para fundamentar su rechazo a Gran Scala, el macroespacio de ocio y juego que previsiblemente se instalará en los Monegros.Para este colectivo, con la legislación aragonesa en la mano esta iniciativa es inviable y un cambio de la misma supondría que el Ejecutivo aragonés regularía y cambiaría leyes en vigor actualmente "a la carta de los intereses de los promotores, contradiciendo el espíritu y la literalidad de la ley", que especifica que la instalación de nuevos casinos se hará por concurso público. Además, Azajer denuncia que los costes sociales serían el doble de los beneficios por problemas asociados, como prostitución, mafias, drogadicción o alcoholismo.No es este el único punto de la norma que vulnera el proyecto, según recordaron el director terapéutico de Azajer, José Vicente Marín, y la presidenta de la asociación, Ester Aguado. Así, en el artículo 11 de la Ley del Juego, aprobada en el año 2000, se especifica que el Gobierno de Aragón debe ordenar la actividad del juego de modo que evite la incentivación de hábitos y conductas patológicas.

Cumplir este precepto tal y como Gran Scala está proyectado es, a juicio de Azajer, imposible. Para empezar, denuncian que la accesibilidad del macrocomplejo incrementará las posibilidades de jugar y, en consecuencia, de hacerse adicto al juego. "Nos venden Gran Scala como un parque de ocio, sin nombrar la palabra juego, que es de lo que realmente van a sacar beneficios económicos. ¿Debemos cambiar todo para atraer a 70.000 visitantes diarios que en principio solo vienen para jugar?", indicó Marín.

Azajer, sin embargo, estaría dispuesta a aceptar otro modelo de casinos. "Aquí se quiere implantar el estilo que hay en Las Vegas, donde estos establecimientos están abiertos las 24 horas y son de libre acceso", añadió. A juicio del colectivo, sería "aceptable" que el modelo escogido fuera similar al que ya existe en Atlantic City (EEUU) o Montreal (Canadá). En estas ciudades los casinos están separados de los hoteles, por lo que el control sobre el juego es más férreo.

Además, según estudios realizados por expertos internacionales, el precio de los casinos es 1,9 veces mayor que los ingresos debido a los problemas sociales asociados al juego: inseguridad ciudadana, criminalidad, lavado de dinero, aparición de mafias, ludopatía, alcoholismo, prostitución, entre otras lacras sociales.

Azajer, asociación dedicada a la información, prevención y rehabilitación de jugadores patológicos y sus familias, argumentó hoy su posición contraria al proyecto Gran Scala. Azajer considera que los costes sociales de instalar este complejo de ocio, con 32 casinos, en Aragón superarán los beneficios que pueda generar, y acusa al Gobierno aragonés de ser "adicto" al juego, ya que "habla de recaudar entre 600 y 700 millones de euros" una vez que el complejo se ponga en funcionamiento.

"No es lícito que los gobiernos cubran las necesidades de inversiones con dinero" que procede del juego, y, por lo tanto, el anuncio del Ejecutivo autónomo de obtener beneficios gracias al funcionamiento de este complejo, convierte a la administración en "adicta al juego". Azajer lamenta que "no se nos ha consultado ni se nos recibe" para analizar a fondo este proyecto, de lo que deducen que "al Gobierno de Aragón le importa absolutamente nada que exista una enfermedad como la ludopatía, o las relacionadas con las drogas, el alcohol o el tabaco", según estimaron hoy en rueda de prensa la presidenta de Azajer, Esther Aguado, y el secretario y director terapéutico de la asociación, José Vicente Marín.

"El colectivo de ludópatas no da mal" al Ejecutivo autónomo, valoró Esther Aguado, y por ello no se toman medidas "aunque se dan cuenta de lo que pasa, como no tienen gastos y esta adicción se queda en casa" y la sufren las familias, no se hace nada. "El Gobierno aragonés tenía que haber hecho planes de prevención, pero no tienen ganas de hacerlos" a pesar de que "todo el mundo puede contraer una dependencia y cuanta más prevención se haga mejor".

Por otra parte, "carecemos de información para poder tomar una determinación" sobre el complejo Gran Scala. Hasta el momento, los análisis sobre esta iniciativa se han centrado en el impacto medioambiental, sin analizar el juego y los problemas que causaría. Pero "si no hay juego, no hay proyecto. Se nos ha querido vender que el juego --los casinos-- era un complemento de los parques de ocio" cuando lo que "traerá diariamente a 70.000 personas" a Gran Scala serán los casinos, valoró Marín.

Así, "el juego es el elemento que atrae y condiciona todo el desarrollo" de este proyecto y, sin embargo, "no ha habido un debate sobre el juego. Espero que a partir de ahora sea uno de los elementos esenciales" del análisis que se produzca en relación a Gran Scala, apuntó.

Azajer rechaza Gran Scala por varios motivos. En primer lugar, recuerdan que con la Ley del Juego en vigor, el proyecto no puede realizarse legalmente. Según la Ley del Juego, el Gobierno de Aragón debe regular la actividad del juego evitando la incentivación de hábitos y conductas patológicas; protegiendo a los menores de edad impidiendo su acceso a locales de juego; ponderando las repercusiones sociales, económicas y tributarias derivadas de esta actividad; y diversificando e impidiendo la gestión monopolística. "Con el proyecto Gran Scala estos postulados se trastocan totalmente", señaló Marín.

La legislación obliga a que en los casinos exista un registro de admisión y un servicio de control de asistencia e identificación de usuarios, servicio que "no es posible" aplicar al tratarse de hoteles-casino que funcionarán las 24 horas; y marca también que las autorizaciones para actividades de juego se otorgarán mediante concurso público", postulado que "no se ha seguido". Por último, el número máximo de casinos de juego permanentes en Aragón debería ser de uno por provincia y en el caso de casinos temporales, un máximo de seis.

Según la legislación vigente, se ha actuado "a la carta", según el "interés de los promotores", sin pensar que los costos sociales asociados a la instalación de 32 casinos "son mayores que los hipotéticos beneficios". "No es justo ni lícito que el Gobierno de Aragón sea un promotor más del juego", sentenció.

En Aragón, continuó Marín, "el 15 por ciento de la población en edad laboral tiene problemas con los juegos de azar y el primer elemento adictógeno son las máquinas". Se estima que en Gran Scala habrá "entre 30.000 y 50.000 máquinas". Asimismo, Azajer no está de acuerdo con el modelo de casinos planteado, ya que "el modelo diseñado de hoteles casino no es el más adecuado, porque impide cumplir diversos reglamentos y medidas preventivas, como la autoexclusión y el control de acceso", posibilitando el funcionamiento de la actividad de juego 24 horas. Instalar este tipo de complejo en la Comunidad, favorecerá la "aparición de problemáticas sociales e inseguridad (prostitución y delitos) en el área de influencia y su entorno; y supondrá "una competencia desleal a negocios e inversiones ya consolidadas" en el área del turismo, el ocio e, incluso, el juego.

El actual proyecto de Gran Scala, siguiendo el modelo de Las Vegas, supone una "excesiva accesibilidad" a los casinos, al unir la actividad del juego con los hoteles. Azajer, si los casinos finalmente se implantan, apuesta por el modelo español de juego, con un mayor control de las salas y los accesos y en el que se separa la actividad hotelera y la relacionada con el juego. CAUTELA.

Según la presidenta de Azajer, Esther Aguado, existe una "problemática muy gorda con el juego". "Hoy jugar a las tragaperras en Aragón cuesta veinte céntimos, mientras que en Estados Unidos tiene un coste de un centavo y los premios son multimillonarios". Esta circunstancia favorece que se emita el mensaje 'hazte rico y pronto', pero en realidad "los costos de los casinos son por lo menos 1,9 veces más grandes que los beneficios".

Además, en la unidad de policía encargada de las cuestiones sobre juego, "trabajan sólo dos personas y no dan a basto" a la hora de revisar las salas y controlar la actividad. Por este motivo, Aguado solicitó "cautela" a la hora de tratar estas cuestiones, aunque "nadie nos hace caso". "Nos venden Gran Scala como un complejo de ocio, pero no veo el ocio por ninguna parte. Nos tapan la boca con el ocio cuando en realidad lo que va a funcionar" y a atraer visitantes será "el juego". En opinión de la presidenta de Azajer, "estamos adoptando el modelo americano, en el que las familias ahorran todo el año para gastar ese dinero en una semana en los casinos y arruinarse". A su juicio, el Ejecutivo autónomo "nos debe una explicación". Para ello, se ha solicitado la convocatoria "urgente" de la Comisión del Juego, sin obtener, de momento, respuesta. 'AIDA'.

En otro orden de cosas, el secretario y director terapéutico de Azajer, José Vicente Marín, expresó su malestar ante el tratamiento que se dió al juego en el último capítulo de la televisiva serie Aída, emitido el pasado domingo 27 de enero. "Vamos a presentar una denuncia ante la fiscalía y el Consejo Audiovisual por incumplimiento de la ley", avanzó.

En este episodio, "se cometieron faltas muy graves de la ley del juego y del sentido común al centrar parte de la trama en unos menores jugando a las tragaperras". En el capítulo, tres menores intentaban descifrar la combinación aleatoria de una máquina para obtener el premio, ante la pasividad del propietario del local que se compinchaba con otro menor para quitarles lo ganado. Finalmente, uno de los menores no podía dejar de jugar a la máquina.

Planteamientos como éste "deberían sonrojarnos a todos y hacernos reflexionar", porque se da la idea de que "un golpe de suerte puede cambiar la vida" y "no es lícito" que se sugiera esto en un programa "de amplia audiencia".

El Equipo de Azajer