A la unidad organizativa responsable de la realización y control de las actividades informáticas de una empresa o institución, la cual suele denominarse con varios nombres: División Informática, Departamento de Sistemas, Gerencia de Tecnología, incluso anteriormente en un organigrama de una empresa se podía encontrar como “Departamento de IBM”.

Objetivo la Unidad de Tecnologías de Información

Proveer los productos y servicios informáticos (asesoraría, apoyo a las funciones automatizadas, administración de los equipos de cómputo, programas y sistemas) a diferentes áreas de una organización ya sea dentro de la misma empresa, o bien fuera de ella (clientes externos, internos, accionistas, etc.), de manera efectiva, eficiente y oportuna.
Para el propósito académico le llamaremos Unidad de Tecnologías de Información y lo diferenciaremos del centro de cómputo o centro de Procesamiento de datos

¿Qué es un centro de cómputo?

Es el conjunto de recursos físico (hardware), lógicos (software), y humanos necesarios para el procesamiento automático de datos, se caracteriza por disponer de equipos de una adecuada capacidad operativa.

Objetivo de un centro de cómputo

Procesar los datos de una manera sistematizada y automática para convertirlos en información útil para la organización
La Unidad de Tecnologías de Información se puede ubicar en cuatro partes diferentes las cuales todas tienen ventajas y desventajas, dependerá de el tipo, tamaño y otros aspectos de la empresa en cuestión. Para efectos de estudio la relacionaremos con las otras gerencias de un organigrama típico de las instituciones

1.- Subalterno de cualquier Gerencia

Cuando se inicio el uso de las computadoras en los negocios, con esas enormes computadoras que utilizan tarjetas perforadas para procesar los datos, solo daba soporte un proceso de la organización, generalmente al Área o gerencia de finanzas.
En esta primera opción la Unidad de Tecnologías de Información se encuentra en la parte operativa del organigrama, esto quiere decir que no tiene mucha autoridad  ni responsabilidades, solo proporciona soporte a un Área y esta enfocada a una sola área de la empresa.
Los recursos pueden ser escasos ya que dependen de lo que jefe superior le asigne

2.- Colega de las Gerencias

Otra opción  es colocar la Unidad de Tecnologías de Información  en la parte administrativa de organigrama al mismo nivel de las demás Gerencias, esto permite que exista grandes niveles de cooperación entre los diferentes Áreas, sin necesidad de estar bajo el mando de uno en específico, asignándole más responsabilidad y autoridad, proporcionándole soporte a cada una de las demás dependencias, por ejemplo, puede desarrollar e implementar sistemas de información para: generar la planilla, llevar el inventario de activos: la relación con los clientes, Control de calidad, etc. También cuenta con una parte del presupuesto general de la empresa

3.- Asesor o Staff

La tercera opción  es colocarle como un una dependencia de Staff o asesora en la parte estratégica de la estructura organizativa. En esta opción a pesar de encontrarse en la alta gerencia no tiene ningún grado de autoridad, la Unidad de Tecnologías de Información solo puede aconsejar o recomendar al gerente general quien es la persona que tomará las decisiones y dará la orden a las demás gerencias. Todas las recomendaciones que proporcione la unidad y que sean aprobadas por la gerencia general pueden influir en toda la empresa, además de que por encontrarse en esa posición puede disponer en más recursos.

4.- Subcontratación u Outsourcing

El outsourcing o subcontratación o terciarización como le llaman algunos autores, consiste en contratar a una empresa especialista en el rubro de la tecnología, proporcionándole a la empresa contratante su capacidad de procesamiento de datos, asignándole la responsabilidad a otra empresa, lo cual reduce el tamaño y los costos de la empresa, pero también puede haber fuga de información sino se establecen  bien las cláusulas del contrato. Este tipo de organización es recomendada cuando el procesamiento de datos son proyectos eventuales, la empresa no se dedica  a ese rubro. Por ejemplo cuando el Tribunal Supremo Electora  establece elecciones cada 3 o 4 años, contrata una empresa para instalar un centro de cómputo que realice el trabajo de procesar todas las actas de las urnas y proporcionar un resultado o informe

Saya ingat akan derita bersama sejak akhir april 2008 hingga pertengahan Mei 2008, portfolio guru harus segera disusun dan dikumpulkan. Dera tersebut telah berakhir dengan segera berharap pihak yang terkait segera mengirimkan guna dinilai oleh asesor di Univ. tercinta Palangka Raya (kuning melarut).

Ternyata saat kami mengadakan rapat di Dinas Pendidikan, hal yang mencengangkan terjadi. Portofolio yang sudah dikumpulkan awal mei kemarin ternyata baru dibungkus doang pake karung beras dan belum dikirim. Dibiarkan teronggok di sudut-sudut ruang rapat, benar-benar mengherankan !!! demikian rupa ... tanpa ada yang tahu jalan ceritanya.

Saya pribadi hanya bisa berharap, semoga pihak yang berwenang dalam hal ini bisa menyelesaikannya dengan semestinya dan agar di akhir tahun 2008 ini yang mengikuti sertifikasi 2008 dapat menerima sertifikat pendidik (begitu harapannya).

Es psicólogo, publicista, con postgrados en Ontopsicología y desarrollo Organizacional.

Ha realizado estudios de especialización de psicología de la comunicación, rumorólogia, memética, cinésico-proxémica, liderística, planificación estratégica, gerencia, publicidad y mercadeo.

Ha sido Profesor Universitario de: Investigación de Mercados y Opinión Pública, Creación de Campañas Publicitarias, Psicología de la comunicación, Mercadeo, Teoría de Historia de la Opinión Pública y Producción de Mensajes Publicitarios.

Profesor y Conferencista invitado en múltiples foros y universidades nacionales e internacionales, la Universidad Católica Andrés Bello, y la Universidad Central De Venezuela, la Universidad de Zulia, en Venezuela, El Instituto Tecnológico de Monterrey, La Florida Internacional University de Miami, FL, El Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami, La Revista Campaigns & Elections de Washington DC, Conferencias en Cuba, Republica Dominicana, Argentina y Costa Rica.

En el área publicitaria ha ejercido diferentes roles que van desde redactor creativo hasta vicepresidente creativo y gerente general de agencias publicitarias logrando desarrollar campañas creativas y estrategias efectivas y vendedoras, para los más diversos tipos de productos y servicios prácticamente todos los segmentos del mercado. En el área de la consultoría política actúa desde el año 1987 involucrándose en la campaña presidencial que llevó al triunfo a Carlos Andrés Pérez como creador de movimientos de campaña para el voto joven y eventos especiales.

Manejó la imagen de los cuatro ministros de la defensa durante ese mismo gobierno, con énfasis en lo relacionado al control de seguimiento o ataque de rumores.

Fue el vicepresidente creativo y gerente general Chiripa Publicidad grupo de comunicación marketing político responsable de la victoriosa campaña presidencial del Rafael Caldera en el año 93.

Desde el 93 hasta el 2003, se desempeña como Consultor General Estratégico, consultor integrante de equipos interdisciplinarios en Campañas Electorales presidenciales, provinciales, municipales, legislativas, Consultor de crisis de opinión y rumores, y promoción de gestión de gobierno, con énfasis en México, Centro América , Sudamérica y el Caribe.

Es director de la ALACOP Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, la AAPC (Asociación norteamericana de consultores políticos) y la IAPC (Asociación Internacional de Consultores Políticos), Director ejecutivo para Venezuela de Mercopam (Asociación de Consultores de Comunicación Política y gubernamental de las América),asesor conferencista del Centro interamericano de Gerencia Política, Presidente de la AVECOP (Asociación Venezolana de Consultores Políticos),

JJ. Rendón recibió premio Especial anual de ALACOP;"Por su contribución al desarrollo de Nuevas Técnicas en Comunicación Política en América Latina"

Es Presidente de: J.J.RENDÓN y Asociados Creatividad Estratégica.

Galardonado por la ALACOP
JJ. Rendón recibió premio Especial anual
"Por su contribución al desarrollo de Nuevas Técnicas en Comunicación Política en América Latina!…"

UN COMPRADOR:

EL BANCO DE TU HIPOTECA:

UN TASADOR:

UN ASESOR DE IMPUESTOS:

(Visto)

Por esto quiero compartir aqui una leyenda urbana, anecdota, chiste o lo que sea y dice asi

Una vez una compañia envio a dos vendedores de calzado a un pais donde no tenian covertura con un pedido ya comprometido y cada uno en municipios diferentes.

El primero manda un e-mail a la compañía diciendo,
-”Cancela el pedido, estoy por regresar, aquí la gente no usa zapatos”.

El segundo manda un e-mail a la compañía diciendo,
-”Dobla el pedido, no hay nada de competencia.”

OJALA Y MUCHOS TOMARAMOS LAS DIFICULTADES COMO UNA OPORTUNIDAD

La platica continuó, mientras de igual forma yo hice alguno que otro comentario para desviar la plática pero la lucha fue poco fructífera al recibir la pregunta de la que no tendría escapatoria.... me preguntó la tia: oye "anti" en que trabajas? (nota: la tia me va conociendo y ya me dijo anti jajaja lo bueno es que eso no me molesta ni nada por el estilo).

Estuve a punto de decir que vivia de mis padres y que pensaba seguir así hasta que pudiera vivir de mis hijos pero tuve que decir la verdad.... "señora, trabajo en Telcel". De ahi en adelante, mi desayuno cambió:

Mmm que rico camarón.... ah si señora mire puede activar su servicio de mensajes siguiendo los pasos X, Y ´+ Z etc.

Sorbito de cafe.... en realidad es muy sencillo señora, simplemente, seleccione la imagen vaya a opciones y....

Ahora un vocado de frijolitos con huevo mmmm... no señora no me molestan las preguntas, adoro comer mientras respondo un examen de Telcel jajajaja

Y así entre vocados y preguntas, respondía cada que me pasaba la comida o el cafe. En realidad no me molestó ni nada, pero como que ya se hace costumbre que sucedan estas cosas.

La mujer del César no sólo debe ser honrada, debe parecerlo. 

Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, no sólo debe ser honrado, debe parecerlo, y mientras se demuestra o no su culpa, ha perdido la apariencia de funcionario inmaculado. 

Mouriño era coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional en la Secretaría de Energía cuando, el 29 de diciembre de 2003, firmó un contrato de transporte de derivados del petróleo con duración hasta el 31 de diciembre de 2004. El 20 de diciembre de 2002 era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando firmó su primer negocio con Pemex. 

…

A la publicación de los contratos millonarios y el consecuente escándalo, el secretario de Gobernación respondió a botepronto, cometiendo un error táctico tanto en la precipitación como en el contenido y el estilo de su respuesta. … “No perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores”, dijo Mouriño al perder el tiempo debatiendo públicamente con sus detractores. “Es por ello que pondré a disposición de las autoridades competentes toda información que se me requiera. Yo soy el principal interesado en que se aclare esta acusación dolosa”. 

Por entrar al servicio público dijo Mouriño el jueves: “El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de 80 empresas y dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país”. Tendrá que usar argumentos más sólidos. 

Mientras el secretario de Gobernación sirve en charola de plata la polémica llevándola a las primeras planas de los diarios y hasta a las mínimas y tímidas menciones de televisión y radio, los coordinadores del Frente Amplio Progresista en las dos cámaras preparan una denuncia penal por tráfico de influencias. Es inevitable la investigación a fondo por la presunción de un posible delito. A López Obrador le ha caído maná del cielo. Dijo en Nayarit el jueves pasado: “Estamos haciendo la denuncia de que Juan Camilo Mouriño con su jefe el pelele y con el director de la CFE están metidos en negocios. Que el secretario de Gobernación diga si firmó contratos que beneficiaron a su familia cuando fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subsecretario de Energía y asesor de Calderón. Hoy dice que no. Lo único que pedimos es que haga una declaración de cuándo firmó los contratos, que responda que no tiene nada que ver. Pero quién sabe quién le va a creer, yo ando buscando un tonto que se lo crea”. 

Trybunał w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał równocześnie warunki, po spełnieniu których nie powinno być – jak sądzę – problemów z uznaniem konstytucyjności instytucji asesora.

Lista warunków:

1. Aspekt edukacyjny (przygotowanie do funkcji sędziowskiej) mógłby stanowić konstytucyjnie legitymowany cel istnienia instytucji asesora, gdyby decyzja o powierzeniu czynności sędziowskich konkretnej osobie w konkretnym czasie była podejmowana na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, a sędzią mógł zostać tylko taki asesor, który choćby przez pewien minimalny okres pełnił czynności sędziowskie.
2. Instytucja asesora winna być wykorzystywana w nadzwyczajnych sytuacjach, w celu lepszej realizacji prawa do sądu.
3. Powinien istnieć związek między zakresem uprawnień asesora a procedurami, w których ustawodawca świadomie upraszcza postępowanie lub z ustawowym pojęciem tzw. spraw mniejszej wagi.
4. Należy uwzględnić udział Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze powierzania asesorowi czynności sędziowskich.
5. Konieczne jest ustawowe wprowadzenie minimalnego okresu, na który powołuje się asesora oraz okresu, na który powierza mu się funkcje sędziowskie, na tyle długiego, by pozwalał na pewien stopień stabilizacji tak w zatrudnieniu, jak i w pełnieniu funkcji sędziowskich. Trybunał sugeruje przy tym, że o ile zaakceptowałby bez wahania okres nie krótszy niż 3 lata, to okres krótszy mógłby nie być wystarczający.
6. Konieczna jest zmiana mechanizmu uzależniającego asesora od kolegium sądu okręgowego, który polega na udzielaniu zgody na powierzenie asesorowi funkcji sędziowskich oraz opiniowaniu asesora starającego się o otrzymanie stanowiska sędziowskiego, a dodatkowo jest wzmacniany jest rolą sędziego konsultanta.
7. Ze względu na elementarny wymiar zasady niezawisłości powodem odwołania ze stanowiska asesora, któremu powierzono wykonywanie czynności sędziowskich, powinny być wyłącznie takie wypadki, jakie dotyczą odwołania sędziów albo nawet tylko niektóre z nich. Ponadto:
   1. możliwość odwołania asesora winna być wyjątkiem od reguły;
   2. w ustawie winny być ściśle sprecyzowane okoliczności pozwalające na odwołanie asesora;
   3. o odwołaniu asesora winien decydować sąd, a nie minister;
8. Dodatkowo należy wprowadzić wyraźny zakaz przynależenia asesora do partii politycznych.

Powyższa lista pozwala stwierdzić, że skonstruowanie stosownych przepisów jest stosunkowo proste i nie wymaga nadzwyczajnej pracy ustawodawczej. W szczególności nie byłoby potrzeby dokonywania zmian w konstytucji. Ograniczyłyby one co prawda zakres spraw, w których asesor może orzekać, ale jedynie w sprawach karnych mogłoby to spowodować pewne opóźnienia. Sprawy te po zmianie składu musiałyby się toczyć od początku, natomiast w sprawach cywilnych asesorzy musieliby po prostu „wymienić” z sędziami część swoich referatów. W konsekwencji udałoby się utrzymać instytucję asesora, co jest o tyle istotne, że osoby pełniące tę funkcję stanowiły, na dzień orzekania Trybunału, blisko 24% kadry orzekającej w sądach rejonowych.

W artykule Reforma wymiaru sprawiedliwości w wydaniu PiS wyraziłem swój bardzo jednoznaczny pogląd, że Prezydent RP dopuścił się naruszenia Konstytucji w sposób godzący w podstawy demokratycznego państwa prawa, które opiera funkcjonowanie organów państwa na zasadzie trójpodziału władz; uznając to naruszenie za największy skandal IV RP oraz apelując w formie listu otwartego do polityków PO o zainteresowanie się sprawą do rozważenia wszczęcia procedury impiczmentu włącznie. Jednocześnie referowałem moim czytelnikom stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa w tej sprawie.

Sprawa odmowy nominacji sędziów i asesorów weszła do Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. (Gwoli ścisłości; Prezydent nie odmówił nominacji, tylko - jak to eufemistycznie nazwał zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP Robert Draba "nie skorzystał z przysługującej Prezydentowi RP prerogatywy"). Dzięki pomocy HFPC, reprezentacji dziewięciu osób, którym odmówiono de facto nominacji sędziowskich podjęły się dwie prestiżowe kancelarie Salans i Cliford Chanse. O tym jakie działania prawne osoby pokrzywdzone zamierzają podjąć, przeczytać można w biuletynie informacyjnym Programu spraw Precedensowych (do pobrania tutaj).

Z biuletynu dowiadujemy się o zamiarze zaskarżenia decyzji Prezydenta RP na drodze postępowania administracyjnego oraz o zamiarze złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Z biuletynu dowiadujemy się także, że Krajowa Rada Sądownictwa zamierza wystąpić do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między KRS a Prezydentem RP w sprawie nominacji sędziowskich - gdyby do takiej sprawy doszło, byłaby to pierwsza tego typu sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Ponieważ oburzenie decyzją Prezydenta Lecha Kaczyńskiego były w zasadzie jedynie środowiska prawnicze; politycy nie zareagowali w żaden sposób, na ewidentne naruszenie przez Prezydenta RP Konstytucji, zdawkowo jedynie tłumacząc, że sprawa nie jest jednoznaczna i niektóre opinie prawne przyznają Preydentowi prawo do odmowy nominacji. Podobno opinię taką wydał m.in Profesor Mirosław Granat obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego (nie widziałem tej opinii i jeśli informacja ta nie jest prawdziwa Pana Profesora przepraszam; jeśli jednak jest prawdziwa, świadczyłby to o tym, że Trybunał nie jest najwłaściwszym miejscem dla Pana Profesora Mirosława Granata).

(Na marginesie, gdyby doszło do rozpoznania sprawy sędziów przed Trybunałem Konstytucyjnym a informacja o sporządzeniu opinii przez Prof. Mirosława Granata była prawdziwa, to dwóch sędziów Trybunału musiałoby się od jej rozpoznania wyłączyć; Pan Prof. Mirosław Granat ora Pan Prof. Andrzej Rzepliński - do niedawna sekretarz Programu SPraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka).

Złożenie skargi konstytucyjnej w sprawie pokrzywdzonych sędziów i asesorów nie będzie dla prawników, nawet tak prestiżowych międzynarodowych kancelarii, sprawą prostą. W zasadzie pokrzywdzeni będą mogli wnosić wyłącznie o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 55 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, który stanowi, Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawa nie będzie prosta, bowiem przepis ten - co jest oczywiste dla każdego rozsądnego prawnika - jest z Konstytucją RP zgodny. Co więcej jest to przepis - powtarzam, dla każdego rozsądnego prawnika - jasny i nie wymagający interpretacji. Przepis ten daje Prezydentowi RP kompetencję do powłania sędziego na stanawisko i rodzi po stronie Prezydenta obowiązek powołania jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa wniosek taki złoży. Gdyby bowiem ustawodawca konstytucyjny, chciał dać Prezydentowi prawo do odmowy powołania wnioskowanego kandydata na stanowisko sędziowskie, musiałby w przepisie art. 55 pomieścić § 2. który powinien wówczas mieć brzmienie: "Prezydent RP odmówi powołania sędziego, jeśli....".

W istocie zatem złożenie skargi konstytucyjnej co do niezgodności § 55 Ustawy o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją, możliwe będzie jedynie zakresowo. Oznacza to, że skarga na niezgodność z Konstytucją tego przepisu będzie musiała (bo inaczej sformułować się jej nie da) domagać się stwierdzenia, iż art. 55 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, rozumiany w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją i narusza jej enumeratywnie wymienione w skardze przepisy. (Przy tak sformułowanej skardze można wymienić co najmniej kilkanaście wzorców konstytucyjnych zawartych w przepisach art. 2, 7, 10 ust. 1, 30, 32, 45 ust. 1, 60, 77 ust. 2 a przede wszystkim 173 i 178 Konstytucji, z którymi art. 55 Ustawy o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny.

Tyle tylko, że tak sformułowana skarga konstytucyjna będzie skargą na dokonaną przez Prezydenta RP interpretację przepisów ustawy a nie na same przepisy. W istocie zatem, taka skarga - powtarzam, jedyna możliwa do skostruowania w tej sprawie - będzie wnioskiem o dokonanie powszechnej wykładni prawa. A do tego Trybunał Konstytucyjny nie jest uprawniony.

Tak więc Trybunał Konstytucyjny - moim zdaniem - nie uzna przepisu art. 55 Ustawy o ustroju sądów powszechnych za niezgodny z Konstytucją i orzeknie, że przepis ten jest zgodny z Konstytucją RP (ze wszystkimi możliwymi wzorcami konstytucyjnymi). Trybunałowi Konstytucyjnemu będzie nawet trudno orzec, że przepis art. 55 ust. 1. Ustawy o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny z wzorcem jasności i przejrzystości prawa.

Mimo to, złożenie przez pokrzywdzonych skargi konstytucyjnej jest konieczne i uzasadnione. Nawet wówczas gdy Trybunał Konstytucyjny uzna, że zasakrżone przepisy są zgodne z Konstytucją, zapewne dokona szczegółowego uzasdnienia swego stanowiska. Wydaje się, że stanowisko to nie może być inne, niżli potwierdzjące, że Prezydent RP ma obowiązek powołania określonej osoby na stanowisko sędziego jeżeli wniosek taki złożyła Krajowa Rada Sądownictwa. Mimo, że uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie jest wiążące dla organów Państwa, autorytet Trybunału Konstytucyjnego sprawi, że Posłowie będą zobowiązani rozważyć wszczęcie wobec Prezydenta RP procedury impiczmentu. Nawt jeśli arytmetyka sejmowa będzie sugerowała, że procdura zniesienia Prezydenta z urzędu zakończy się fiaskiem, przypomni Prezydentowi o treści art. 176 § 3 Konstytucji stanowiącemu, że Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

NOTICIAS LEGISLATIVAS DE ENTRE RIOS

Najpierw kilka słów o samym art. 212 kk, który jest podstawą toczącego się między TVN a Sakiewiczem (więcej o sporze: tutaj). Przepis tej treści istnieje w polskim prawie karnym w zasadzie od zawsze, bo już kodeks karny z 1932 r. wprowadzał karę pozbawienia wolności za przestępstwo pomówienia. Od zawsze też przestępstwo to ścigane było z oskarżenia prywatnego. Nie ma zatem racji Major pisząc, że "paragraf, który umożliwia TVN oszczercze oskarżanie Pana Tomasza o przestępstwo, wszedł w życie dopiero w roku 1997".

Oczywiście problemem w sprawie nie jest fakt istnienia art. 212 Kk, jak próbowała sugerować dziennikarka z TV Puls w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego, tylko fakt zastosowanie w sprawie z oskarżenia prywatnego przepisów o zatrzymaniu i doprowadzeniu. Mam jednak pewną trudność z ustaleniem, jaka była podstawa wydanej decyzji. Gdyby bowiem przyjąć, tak jak Major, że był to art. 382 Kpk, to należałoby przyjąć, że jego zastosowanie nie było uzasadnione. Przepis ten brzmi bowiem: "W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie lub przerywa w tym celu rozprawę albo też sąd ją odracza. Przepis art. 376 § 1 zdanie trzecie stosuje się". Możliwość jego zastosowania, czyli zarządzenia przez przewodniczącego zatrzymania i doprowadzenia, jest warunkowana dwiema przesłankami. Po pierwsze - niestawiennictwo oskarżonego musi być nieusprawiedliwione, a po drugie obecność oskarżonego na rozprawie, na którą się nie stawił, musi być obowiązkowa. Nie wnikając głębiej w kwestie usprawiedliwiania się, stwierdzam, że w postępowaniu prywatnoskargowym obecność oskarżonego nie jest obowiązkowa, co wynika z art. 485 Kpk w zw. z art. 479 Kpk. Ten pierwszy przepis nakazuje stosować w postępowaniu prywatnoskargowym przepisy o postępowaniu uproszczonym, a ten drugi brzmi:

§ 1. Jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny.
§ 2. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia. Przepis art. 396 § 2-4 stosuje się odpowiednio.

Stosując art. 479 Kpk w postępowaniu prywatnoskargowym należy uznać, że skoro sąd może prowadzić postępowanie bez udziału oskarżonego, to jego obecność obowiązkowa nie jest i art. 382 Kpk nie ma zastosowania.

To jednak niestety nie wyczerpuje tematu, bowiem art. 382 kpk nie jest jedynym przepisem, który reguluje kwestie doprowadzenia na rozprawę. W szczególności oskarżonego można doprowadzić na zasadach ogólnych na podstawie art. 75 Kpk, który to przepis stanowi, że:

§ 1. Oskarżony, który pozostaje na wolności, jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.
§ 2. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo.

W tym wypadku znika przesłanka obowiązkowego stawiennictwa (nie pytajcie, czemu tak jest, bo nie mam pojęcia. Sądzę, że to jest bez sensu. Doprowadzenie powinno być możliwe - a nie obowiązkowe - zawsze, gdy sąd uzna to za konieczne.) , co pozwala doprowadzić na rozprawę każdego, kto nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa. W efekcie od swobodnej decyzji sędziego zależy czy oskarżonego, który nie usprawiedliwił swojej nieobecności doprowadzić na następną rozprawę czy nie.

Na koniec dwa zdania komentarza. Uważam, że w sytuacji, gdy oskarżony informuje sąd o przyczynach jego niestawiennictwa, natychmiastowe stosowanie doprowadzenia będzie zwykle całkowicie nieuzasadnione. Sąd nie powinien bowiem dbać o swój autorytet wsadzając oskarżonych do aresztu z byle powodu. Oskarżony częstokroć nie może przewidzieć, jak do jego wyjaśnień odniesie się sąd, który zwykle uczyni to dopiero na rozprawie, na której tego oskarżonego nie będzie. Poza tym pewne sytuacje nie są oczywiste. Czy śmierć matki lub brata jest wystarczającym powodem do niestawiennictwa? A ślub syna? A kuzynki, z którą się było w bardzo bliskich relacjach? Te wydarzenia mogą być niezmiernie ważne dla oskarżonego, a waga sprawy - stosunkowo nikła. Należy też mieć na względzie, że inna jest sytuacja oskarżonego reprezentowanego przez obrońcę, inna w toku procesu, a inna na początku. Należy też mieć na względzie, że sprawa toczy się o słowa, więc nie ma konieczności przeprowadzania żadnych skomplikowanych dowodów.

Generalnie nie widzę więc żadnej potrzeby, by na rozprawę w trybie prywatnoskargowym, siłą doprowadzać oskarżonego. Można wydać wyrok pod nieobecność, a w najgorszym razie zaoczny i niech się oskarżony martwi.

W związku z tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Krajowa Rada Sądownictwa podziela pogląd o niekonstytucyjności asesury, Prezydent RP przedstawił projekt nowelizacji art. 179 Konstytucji, wprowadzający instytucję sędziego na próbę, którego zamysłem jest uzgodnienie stanu prawnego z Konstytucją. Projekt jest kontrowersyjny, gdyż w istocie prócz nazwy (zamiast asesor - sędzia na próbę) zmieni się niewiele, a w szczególności sędzia na próbę nadal będzie pozbawiony kluczowej gwarancji niezawisłości, jaką jest nieusuwalność.

Art. 179 Konstytucji po nowelizacji ma otrzymać brzmienie:

Art. 179. 1. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczpospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

2. Sędziowie są powoływani na czas nieoznaczony, jednakże sędziowie sądów orzekających wyłącznie w pierwszej instancji powoływani są po raz pierwszy na czas od 2 do 4 lat.

Jak wynika z projektu, czasowe powołanie do pełnienia urzędu sędziego ma dotyczyć tylko osób powoływanych na stanowisko sędziego po raz pierwszy i tylko w sądach, które orzekają w pierwszej instancji. Zgodnie z zamysłem nowelizacji wyrażonym w uzasadnieniu projektu, dotyczyć ma on sędziów sądów rejonowych, wojskowych garnizonowych i wojewódzkich administracyjnych.

Problem pojawia się przy sądach rejonowych, gdyż nie rozpoznają one spraw wyłącznie jako sądy I instancji. Zgodnie bowiem z art. 398²³ § 2 Kpc, jeśli w sprawie kosztów procesu lub kosztów sądowych orzekł referendarz sądowy, to skargę od takiego orzeczenia sąd rejonowy będzie rozpoznawał jako sąd II instancji. W efekcie szerokie rozumienia słowa „sprawa” w art. 179 ust. 2 Konstytucji spowoduje, że nowelizacja przyniesie spore zagrożenie, gdyż sędziowie sądów rejonowych nie będą mogli zostawać sędziami na próbę, bowiem sądy rejonowe nie będą sądami, które rozpoznają sprawy wyłącznie w I instancji. Oznaczać to będzie dwojaki skutek. Po pierwsze, pełnoprawnymi sędziami zostawać będą osoby zaraz po aplikacji, co jest bardzo złym pomysłem, gdyż aplikacja sądowa, to zdecydowanie zbyt mało, by do końca życia móc być nieusuwalnym sędzią. Po drugie – brak będzie nowych powołań do zawodu sędziego.

Oczywiście, słowo „sprawa” można rozumieć wąsko i uznać, że dotyczy ono jedynie spraw, co do istoty, a nie kwestii ubocznych, jednakże liczenie na to, że Trybunał Konstytucyjny podzieli ten pogląd jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, w szczególności dlatego, że we wskazanym przepisie Kpc ustawodawca posługuje się właśnie słowem „sprawa”. Uznanie zatem, że w Konstytucji „sprawa” oznacza co innego niż w Kpc, wymagałoby dosyć dużego wysiłku.