Por este medio quisiera hacer una denuncia hacia las personas que dañaron a mi familia y a mí. Sicológicamente, material y privación de libertad, que con amenazas me sacaron de mi hogar junto con mi familia en la dirección: (211 5e 2ND ST. 77529). Como a las 11:00 AM.

Estábamos amenazados de no hablar con nadie, no hacer ningún movimiento sino que me atuviera a las consecuencias.

Que ellos tenían abogados y que eran terrenos suyos. Obviamente esto fue un secuestro y además privaron a mis hijos de ir a la escuela 2 semanas, mis 2 hijos de 15 y 13 años empezaron a caer en depresiones y mi hija la de 4 años le afecto Psicológicamente mucho, al igual que al de 6 años y 11, también nuestras pertenencias como:

1. Estufa eléctrica – microondas
2. lavadora - sala
3. secadora -comedor
4. 2 refrigeradores -3 lámparas
5. vajillas completas -ollas, sartenes
6. 3 garrafones de agua -cama matrimonial
7. cama Kin side -aparatos de ejercicios
8. 2 sillones reclinables -3 mesitas de centro
9. un mueble con 3 cajones –3 cabeceras
10. ropa de la familia

Entraron a mi casa sin mi autorización cuando ya me habían llevado y aprovecharon para despojarme de mis pertenencias. Esto es robo.

Nos llevaron en una camioneta color ostión y un carro como color rojo. A tres de mis hijos de 15, 13 y 11 los metieron en la camioneta mencionada, y en el carro mi esposa y los dos pequeños junto conmigo. Nuestro viaje fue de 8 horas y de la siguiente manera:

En cada parada para ir al baño o comprar algo, nos seguían para cuidarnos, yo iba muy limitado en dinero, mis hijos tenían hambre ya que desde las 10:00 AM no habían comido nada, opté por comprarles galletitas, refresco o dulce, así llegamos hasta Houston como a las 8:00 o 8:30 en un hotel donde sólo habían dos camas, nos metieron con todas nuestras maletas y mis hijos se durmieron sin cenar. Nos dijeron que en dos días regresaban por nosotros. No quise moverme, ni hacer nada por temor a represalias a mi familia, no sabía si me estaban vigilando.

A los dos días llegaron en una camioneta roja de doble cabina y nos llevaron a un departamento ubicado: Wilcrest Park Town House 8400-77072 Dpto 1307.

Me volvieron a amenazar y que no me moviera de ahí, que no le llamara a nadie por teléfono, ni a México, Houston y Rochester.

A las 2 semanas llamé a México, pidiendo ayuda a mis padres. Ellos me comentaron que habían recibido una llamada de Rochester preguntando por nosotros y nos dio el nombre de las personas. Fue así como llamamos a esa familia y le pedimos ayuda para que fueran por nosotros ya que no conocíamos a nadie, ni forma de cómo trasladarnos.

Enseguida fueron por nosotros y ellos vieron en la condición en la que estábamos. Nos trajeron para Knox City Ofreciéndonos su casa. Fuimos a platicar con el Superintendente de la escuela de mis hijos para explicarles lo sucedido. Ellos nos exteriorizaron que estaban muy angustiados y sabían que algo malo había sucedido. Nos ofrecieron toda su ayuda y apoyo. Nos extendieron una carta como testigos de que nuestros hijos se habían desaparecido durante 2 semanas.

Algunos que se congregaban con nosotros estaban sorprendidos y preocupados de mi desaparición ya que nos conocían y sabían que les habíamos dado tanto mis hijos como nosotros un buen testimonio.
Aún nosotros y mis hijos estábamos afectados pues no sabemos de que forma o de que van a valerse para seguir difamándonos.

Les quiero informar lo que mi niña de 4 años nos exteriorizó, que no quería irse a otra casa, porque iban a venir esos hombres y nos iban a llevar y yo voy a llorar. Todos mis hijos y mi esposa están afectados grandemente.

Las personas que participaron en este secuestro, despojo, amenazas, privación de libertad, opresiones, difamaciones, tanto aquí y en la ciudad de Cancún fueron las siguientes personas.
David Sepúlveda.-Encargado de la Iglesia Cristiana Restaurada Hispana.

José Luis Dávila.- Maestro de la cd. de Monterrey.
Sergio Canavatti.-Pastor a nivel nacional.
Eduardo Escamilla.-Este pastor me fue a difamar a mi esposa y a mí en México-Cancún. Un martes y un jueves en la Iglesia “Cristiana Restaurada de Cancún” ubicada en la SMZA 60 MZA6, lote 16 y 17. cp77000, Cancún, Q. Roo.

Junto con el Sr. Julián Nieto siendo secretario de la Iglesia.

Eduardo Escamilla le llamó a mi padre para amenazarlo, diciendo que si hacíamos algo que iban a actuar todo contra mi persona.

Pido a las autoridades tanto de México y Estados Unidos que hagan justicia. Por amor al nombre de Jesús, mi familia y a las almas que sinceramente lo buscan.

Atentamente.

Leonel González S.

Difusión Cencos México D.F., 18 de agosto de 2008

Comisión Interamericana Admite Nuevo Caso en Contra de México por Violaciones Cometidas por Miembros del Ejército

El pasado 2 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió bajo el número 48/08 el caso de Mirey Trueba Arciniega contra el Estado mexicano, luego de la petición de admisibilidad presentada en agosto de 2001 por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC).

El hecho se remonta al 22 de agosto de 1998 cuando los Hermanos Mirey y Vidal Trueba Arciniega junto con Jorge Jiménez García circulaban como a la una de la mañana, en una camioneta pick-up por calles de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua, cuando un grupo del ejército mexicano les marcó el alto.

Mirey, de 20 años de edad, quien viajaba al lado opuesto del conductor, temiendo a la actitud que en estos casos y en estas latitudes suelen adoptar los militares, en cuanto el vehículo se detuvo abrió la puerta y salió corriendo; de inmediato el Teniente Coronel de Infantería Luis Raúl Morales Rodríguez quien comandaba el grupo militar le disparó entre 10 y 12 tiros por la espalda, uno de los cuáles hirió a Mirey en la arteria femoral izquierda.

Los dos acompañantes de Mirey Trueba fueron golpeados, amenazados de muerte y acusados de narcotraficantes por los militares porque intentaron socorrer a Mirey quien se desangró hasta morir 3 horas después, en el sitio donde cayó, luego de ser herido. Los militares no le auxiliaron ni permitieron que sus acompañantes lo hicieran.

El mismo día de la muerte de Mirey, su padre interpuso la denuncia ante el sub agente del Ministerio Público del lugar (Baborigame), no obstante el Ministerio Público del fuero común declinó la competencia y trasladó el expediente al III Juez Militar en Mazatlán, Sinaloa.

El Teniente Coronel Raúl Morales fue procesado y condenado a 8 años de prisión ordinaria e inhabilitado para el ejercicio de su cargo durante el mismo período. Sin embargo, el 19 de enero de 2001, el Supremo Tribunal Militar recalificó el delito a homicidio culposo y le redujo la pena a 1 año, 11 meses y 15 días de prisión ordinaria en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el inculpado.

Al respecto, la CIDH resolvió en su informe de admisibilidad No. 48/08, que se configuró una presunta falta de acceso a un recurso judicial adecuado e independiente para la investigación, juzgamiento y sanción del responsable del fallecimiento de la víctima al considerar que la justicia militar había sido empleada para investigar la muerte del civil Mirey Trueba, juzgar y sancionar al miembro del ejército.

CEJIL y COSYDDHAC consideran que la admisibilidad del caso es importante porque coincide con el contexto actual de abusos graves y recurrentes cometidos por elementos del ejército mexicano en el desempeño de tareas policiales contra civiles en todo el territorio nacional, lo que evidencia la necesidad de reformas legislativas, que permitan que los excesos de la milicia contra civiles sean juzgados en tribunales ordinarios, que garanticen procesos independientes e imparciales.

San José, Costa Rica, 15 de agosto de 2008

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

http://fridaguerrera.blogspot.com/

GTM 009 / 0808 / OBS 134
Intento de asesinato / Amenazas de muerte / Hostigamiento
Guatemala

13 de agosto de 2008

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra el Sr. Amilcar de Jesús Pop, abogado y notario, Presidente y miembro de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas[1], en hechos ocurridos en Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con las informaciones, el 1° de agosto de 2008, alrededor de la medianoche, el Sr. Amilcar de Jesús Pop salió de una reunión en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, organizada para comentar el sobreseimiento de una de las causas que la cementera El Progreso, S.A. había abierto en contra del liderazgo de San Juan Sacatepéquez[2] y al dirigirse en su vehículo hacia el este de la ciudad, se dio cuenta de que un pick up de color blanco con vidrios polarizados y sin placas le seguía.

El Sr. Amilcar de Jesús Pop disminuyó la velocidad, y entonces el pick up se puso a su lado. En ese momento, el Sr. Pop observó que del sillón de atrás del copiloto le apuntaban con un arma ante lo cual intentó acelerar, pero el pick up le rebasó cruzándole el carro enfrente y obligándolo a frenar. Cuando frenó, el Sr. Pop se golpeó, cortándose la lengua. Del carro se bajaron dos hombres con la cara cubierta y con pistolas en mano, los cuales se apostaron a ambos lados de los vehículos, golpeando los vidrios y haciendo señas para que abriera. Le gritaron que le matarían, que ya estaba muerto y que no les costaba nada darle un par de tiros y mandarle al otro mundo.

Después de esa agresión, el Sr. Amilcar de Jesús Pop retrocedió el carro con intención de enfilar hacia el oeste, pero después de al menos cuarenta y cinco minutos, decidió buscar un hospital en la zona 1 de Ciudad de Guatemala para refugiarse y tratar su hemorragia. Finalmente, al llegar al hospital, se dio cuenta de que el pick up blanco se había parqueado detrás de él.

De acuerdo con las informaciones este serio ataque y las últimas amenazas de muerte contra él podrían estar relacionadas con el apoyo del Sr. Amilcar de Jesús Pop a la lucha de sesenta líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez por la defensa de sus recursos naturales ante los planes de la empresa Cementera El Progreso, S.A., de construir una planta de cemento en dicha localidad.

En el marco de ese trabajo, el Sr. Pop ya había sufrido una serie de amenazas previas, entre las que se registran una serie de amenazas por vía telefónica llevadas a cabo durante el mes de mayo de 2008 de parte de una persona que dijo llamarse Víctor.

El Observatorio recuerda también que en el marco de la imposición del Estado de Prevención, emitido por el Sr. Álvaro Colom, durante el mes de junio de 2008, después del linchamiento del Sr. Francisco Tepeu[3], los Sres. Faustino Xalin y Serapio Pulex, quienes presionan a la comunidad y según las denuncias tendrían vínculos con grupos paramilitares, acusaron a la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, la Sra. Rigoberta Menchú Tum[4] y a los miembros de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, entre los que mencionaron al Sr. Amilcar de Jesús Pop y a la Sra. Carmelina Curup, de haber sido los autores intelectuales de dicho asesinato.

Según las informaciones, se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, a la cual se le adjuntará el informe médico correspondiente. Asimismo, la información ha sido puesta en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y el denunciante ya había solicitado medidas cautelares a su favor y el de los comunitarios.

El Observatorio rechaza esos nuevos actos de hostigamiento y de graves amenazas en contra de los miembros de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas y manifiesta su profunda preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica del Sr. Amilcar de Jesús Pop, y la de todos los miembros de la mencionada Asociación y urge a las autoridades guatemaltecas a que adopten todas las medidas urgentes, oportunas y apropiadas para garantizar la seguridad y la protección de todas estas personas.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Guatemala urgiéndolas a:

1. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Amilcar de Jesús Pop, de la Sra. Carmelina Curup, así como de todos los demás miembros de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, de la Sra. Rigoberta Menchú Tum, y de todos los miembros de sus familias respectivas;
2. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y actos de desprestigio contra los miembros de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, y en particular en torno al ataque armado contra el Sr. Amilcar de Jesús Pop, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. poner fin a todo tipo de hostigamiento, amenazas y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Guatemala;
4. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.

Direcciones:

• Licenciado Alvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala, Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, E-mail: cbarrientos@presidencia.gob.gt. Fax: +502.221.44.23; + 502.238.35.79
• Doctor Rafael Espada, Vicepresidencia de la República, E-mail: ipaloma@vicepresidencia.gob.gt
• Licenciado Oscar Humberto Vásquez, Corte Suprema de Justicia, E-mail: carresis@oj.gob.gt ; FAX: + 502.232.66.26
• Doctor Carlos Vinicio Gómez, Ministro de Gobernación, 6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, Fax:+502.362.02.39/ +502.362.02.37 E-mail: vgomez@mingob.gob.gt; gobernacion@mingob.gob.gt
• Sra. Comisaria General Isabel Mendoza Agustín, Directora General de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala - Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com. Tel : + 502 2329.0000 ; + 502 5308.4825 Fax: + 502.2251.9382
• Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax:+ 502.238.17.34 E- mail: gmasariegos@pdh.org.gt / opdhg@intelnet.net.gt
• Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt ; 2ª Avenida 10-50 Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119
• Sr. Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público, E-mail: fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, 8º nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124/ + 502.2411
• Sra. Comisaria General Isabel Mendoza Agustín, Directora General de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala - Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com. Tel : + 502 2329.0000 ; + 502 5308.4825 Fax: + 502.2251.9382
• Sr. Rodas Haroldo Rodas Melgar, Ministro de Relaciones Exteriores, 6 Calle y 7 Avenida, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Fax: + 502.251.84.45 E-mail: mint@mieno.gt
• Sr. Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin de Sous-Bois 21, 1202 Ginebra. FAX: + 41.22.733.14.29. E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int ; onusuiza@minex.gob.gt. Tel.: + 41.22.733.08.50
• Embajada de Guatemala en Bruselas, 185 avenue Winston Churchill, 1180 Uccle, Bélgica. Fax: + 32 2 344 64 99. Correo-E: embaguate.belgica@skynet.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.

---------------------------------------

Ginebra-Paris, 13 de agosto de 2008

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

-----------------------------------------

[1] La Asociación de Abogados y Notarios Mayas acompaña varios casos con el objeto de impulsar el derecho maya, particularmente en lo que se refiere a la defensa de los recursos naturales y a la lucha en contra de la discriminación y el racismo.

[2] En los últimos años la mencionada Asociación ha acompañado a las comunidades de San Juan Sacatepéquez en su lucha por que se respete el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, así como en una serie de litigios penales derivados de su resistencia. El Sr. Amilcar de Jesús Pop es además el abogado que asesora a la representación de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina – CONIC ante el Fondo Nacional de Tierras desde hace algunos años. Su labor en dicha representación consiste en apoyar en la evaluación de expedientes.

[3] El Sr. Francisco Tepeu Pirir fue asesinado por linchamiento el 22 de junio de 2008 en la Comunidad en la aldea San Antonio Las Trojes de San Juan Sacatepéquez, según las denuncias, por un grupo de campesinos descontentos con la construcción de una cementera que causará graves daños al medio ambiente. Según las informaciones la comunidad lo acusaba de ser empleado de la empresa cementera, aunque su familia afirma que él no era trabajador sino que solamente trataba de ser mediador entre los pobladores de la comunidad y esa compañía. Se ha informado que en varias reuniones posteriores al asesinato se acusó a varios abogados y líderes indígenas de haber promovido la violencia en San Juan Sacatepéquez, lo cual pone sus vidas en peligro.

[4] A raíz de los hechos en medio de los cuales murió el Sr. Francisco Tepeu Pirir, la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, llamó al gobierno a privilegiar el diálogo para solucionar los conflictos existentes en las comunidades y evitar imponer medidas como el estado de prevención. Sin embargo, dichas medidas fueron adoptadas. En una carta enviada al Presidente Álvaro Colom, Rigoberta Menchú manifestó su preocupación por la reciente suspensión de garantías en el municipio de San Juan Sacatepéquez, y calificó el Estado de Prevención de Estado de ocupación por su dimensión y sus modalidades de aplicación.

http://www.omct.org/

A los Colectivos, integrantes, miembros de la Otra Campaña
A la Otra Veracruz

El día miércoles 13 de agosto de 2008 los adherentes a la Sexta Declaración de la selva Lacandona y adherentes a la Otra Campaña en Orizaba, Hugo López Fernández y Yuri López Fernández, fueron agredidos verbalmente y amenazados por policías que participaron en el arbitrario y represivo desalojo de comerciantes de los alrededores del mercado Zapata de esta ciudad.

La causa de la agresión y las amenazas que nuestros compañeros sufrieron fue el solicitar les permitieran el paso al local donde laboran y el respeto al derecho de tránsito. Si bien el actuar de los policías hacia nuestros compañeros es repudiable lo es más la actitud asumida por funcionarios municipales que participaron en dicho operativo, que con toda intención intimidaron no sólo a los comerciantes sino a todos los ciudadanos.

Como la actitud del mando de Policía que sólo se quiso identificar como Angel y que no tuvo empacho en aceptar que la violentación de las garantías de los ciudadanos se justificaba por su operativo o la del Delegado de Tránsito, Juan Ramón Herebia que ordenó a alguien que se hacía pasar como parte de la prensa que fotografiara a nuestros compañeros.

Ambos funcionarios ante la evidente falta de argumentos para sustentar su acción abusiva recurrieron al argumento de llamarlos "provocadores, de quererse lucir, de querer salir en los medios" cuando lo único que exigían era poder acceder a su lugar de trabajo y el respeto a su libertad de tránsito.

La agresión e intento de intimidar a nuestros compañeros más el desalojo de los vendedores, junto con el encarcelamiento por "ultrajes a la autoridad" de los representantes de estos comerciantes, no es un hecho asilado, se suma a la serie de arbitrariedades de las autoridades municipales encabezadas por Juan Manuel Diez Francos, han venido cometiendo desde el inicio del trienio, escudados en argumentos de salvaguardar el cumplimiento de la ley.

Estamos ante un gobierno de empresarios para empresarios en donde ser pobre y buscar ganarse honradamente el sustento es un delito un motivo para criminalizarlos y desaparecerlos con el único fin de beneficiar a sus amigos y limpiar de feos, sucios y pobres lo que consideran únicamente su cuidad.

Hecho que se atreven a plasmar en su "Bando de policía y Buen Gobierno" en donde se pretende coartar nuestro derecho a la manifestación y se criminaliza a prácticamente todos los ciudadanos.

Como adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona empezamos una etapa de denuncia no sólo local y de resistencia a esa política municipal, y a cada nueva agresión que sufra alguno de nuestros compañeros y compañeras responderemos con la movilización y con más denuncias públicas; ni la intimidación, ni la represión nos harán quedarnos callados.

Exigimos la renuncia del Delegado Municipal de Tránsito en Orizaba, Juan Ramón Herebia Hernández, quien detuvo ilegalmente a vendedores del mercado Zapata, así como la renuncia del alcalde represor Juan Manuel Diez Francos y la del inspector de policía Ángel Márquez Mendoza.

Enviamos sus correos electrónicos a donde pueden hacer llegar su protesta por esta situación. Pedimos su solidaridad y apoyo en esta exigencia contra la criminalización de los habitantes de Orizaba.

Atentamente:
Hugo López Fernández
La Otra Orizaba

• Juan Manuel Diez Francos: Presidente Municipal. presidencia@orizaba.gob.mx
• Fernando Trueba Coll: Director de Seguridad Publica. seguridad.publica@orizaba.gob.mx
• José Luis Palma Dector: Coordinador de Protección Civil. proteccion.civil@orizaba.gob.mx
• Pedro Ángel Márquez Mendoza; Inspector de Policía. inspector.policia@orizaba.gob.mx

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

[acción urgente]

Caso MEX 130808

Amenazas de muerte / abuso de autoridad / temor por integridad personal / riesgo de impunidad

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre el abuso de autoridad y las amenazas de muerte infligidos durante la detención temporal de los Sres. José Gómez Estrada y Remigio Hernández Arellano, en hechos ocurridos en el municipio de Benemérito de las Américas, Estado de Chiapas.

De acuerdo con las informaciones, el 10 de agosto del 2008, los Sres. José Gómez Estrada y Remigio Hernández Arellano, ambos originarios del municipio de Benemérito de las Américas e integrantes de la Organización MOCRI-CNPA-MN, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal del mencionado municipio, por el hecho de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Según las denuncias, cuatro miembros de la policía procedieron a llevárselos a la cárcel municipal a bordo de una patrulla. Allí los tuvieron arrestados durante un lapso de dos horas. Estando allí fueron entrevistados por el director de la Policía Municipal, Wenceslao Cárdenas Trejo. Posteriormente fueron llevados a bordo de una camioneta en donde iban ambos esposados, tirados boca abajo y siempre agachados.

De acuerdo con las mismas informaciones, la camioneta los condujo hasta un paraje ubicado cerca de un lugar conocido como “Laguna Oaxaca” a unos 100 metros del puente “La Marimba” en donde los policías los dejaron en libertad diciéndoles que si no salían corriendo del lugar los iban a matar. Según las denuncias, ante estas amenazas de muerte, los Sres. José Gómez Estrada y Remigio Hernández Arellano se echaron a correr por el temor de que las cumplieran, mientras que los policías los perseguían a bordo de la camioneta. En medio de la carrera, el Sr. José Gómez Estrada cayó desde un puente de tubos a un arroyo que lo arrastró hasta el Río Lacantún, bajo la mirada del Sr. Remigio Hernández Arellano quien, en el apuro de la situación, no pudo hacer nada para ayudarle.

Posteriormente, al lograr escapar de los policías que lo continuaban persiguiendo, el Sr. Remigio Hernández Arellano se escondió en el monte para resguardarse y para que los policías no lo encontrarán. Allí estuvo escondido hasta las 05:00 horas de la mañana del día siguiente bajo la fuerte lluvia antes de poder alcanzar la carretera y regresar a su domicilio caminando. Inmediatamente, el Sr. Remigio Hernández Arellano acudió al domicilio de la familia del Sr. José Gómez Estrada para avisar de los hechos.

Se ha informado que la hija del Sr. José Gómez Estrada, de nombre Martha Gómez Gómez, después de haber buscado sin éxito a su padre en el lugar de los hechos, acudió a la dependencia de la Policía Municipal para entrevistarse con el Director Cárdenas Trejo quien no respondió a la solicitud de la familiar. Ante esta negativa, la Sra. Gómez Gómez acudió al Ministerio Público que no aceptó recibirle la denuncia, ni abrir la averiguación previa correspondiente, ni tomar la declaración del Sr. Remigio Hernández Arellano. Se ha denunciado que además, en el Ministerio Público pidieron a la Sra. Martha Gómez Gómez que declarara en contra del Sr. Remigio Hernández Arellano para inculparlo por la presunta muerte del padre de ella.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su seria preocupación frente al abuso de autoridad ejercido por miembros de la policía municipal contra los Sres. José Gómez Estrada y Remigio Hernández Arellano, frente a las circunstancias de la presunta muerte del Sr. José Gómez Estrada y frente a la ausencia de la debida diligencia de parte de la policía, de las autoridades municipales y del Ministerio Público. La OMCT solicita a las autoridades federales y Estatales mexicanas que se investiguen a fondo todos los hechos aquí denunciados con el fin de que los culpables reciban el castigo acorde con la ley, con el fin de que estos graves hechos no queden en la impunidad.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de México para urgirlas a:

i. tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Remigio Hernández Arellano, incluida la atención médica adecuada y gratuita que su estado requiera, así como de todos los miembros de su familia y de todos los familiares e integrantes de la organización MOCRI-CNPA-MN;

ii. tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los miembros de la familia del Sr. José Gómez Estrada, en particular de la Sra. Martha Gómez Gómez;

iii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iv. otorgar una adecuada reparación a la familia del Sr. José Gómez Estrada;

v. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.

Direcciones

· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16 Avenue du Budé, 1202 Ginebra, Suiza. Fax :+ 41.22.748.07.08 TEL.: +41.22.748.07.07

E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

· Embajada de México en Bruselas, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles, Bélgica.

Fax: +32 2 644 08 19

· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. TEL: +52 (55) 27891100 Fax: +52 55 527 72 376. + 52 55 27 89 11 13.

E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

· Licenciado Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: frjramirez@segob.gob.mx

· Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 55 5490 7400 Fax: +52 55 5681 7199 Tel.: +52 55 5490 7400

E-mail: correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx / aasatashvili@cndh.org.mx

· Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"), Correo Electrónico: ofproc@pgr.gob.mx

· Diputado Emilio Gamboa Patrón, Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, México, DF. Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00. E-mail: emilio.gamboa@congreso.gob.mx

También pueden escribir a las autoridades del Estado de Chiapas:

• Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas,

Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121 Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88

Fax: Ext. 21120, 21122 E-mail: juansabines@chiapas.gob.mx

• Licenciado Amador Rodríguez Lozano, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas,

Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

E-mail: fiscaliachiapas@prodigy.net.mx TEL.: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119

• Licenciado Juan Carlos Moreno Guillen, Presidente de la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Chiapas, Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. (961) 602 8980 y 602 8981 Lada sin costo: 01 800 55 28 242 E-mail: cdh@cdh-chiapas.org.mx

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

Ginebra, 13 de agosto de 2008

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

------------------------

[ver/descargar] caso-mex-130808

Es recurrente en gobierno el uso el presupuesto que se invierte en publicidad para influir o presionar sobre ciertas notas y temas que no es del agrado del grupo gobernante

Rubén Martín / Público, 14 agosto 2008

En esta mascarada de sistema político que los gobernantes intentan vendernos como democracia, es fundamental una aceitada relación con los medios de información, y de ser posible, un control sobre ellos o al menos una posibilidad de intervenir en la agenda y en los contenidos informativos.

Debido a que el actual sistema político es incapaz de ofrecer soluciones reales y duraderas a los problemas esenciales de las personas, quienes están a cargo de los aparatos de gobierno necesitan información adulterada o manipulada para buscar ahí la legitimidad que no pueden conseguir con el ejercicio cotidiano del gobierno. De modo que los políticos necesitan a los medios como un adicto la cocaína.

Y no es una cuestión de partidos. Lo mismo hace Enrique Peña Nieto (PRI), Marcelo Ebrard (PRD) que Emilio González (PAN). Una perla de relación de dependencia mutua ocurrió el 24 de abril, un día después de que Emilio González le mentara a la madre a sus críticos, y a pesar de que la altisonante declaración era comidilla en toda la ciudad (y en el país) aquí las televisoras abiertas ocultaron esa información y en su lugar presentaron únicamente las imágenes de un circunspecto gobernador entregando un cheque de quince millones de pesos. Este es un ejemplo concreto de intervención para manipular la información. Lo que es recurrente de la actuación de este gobierno es que se está usando el presupuesto que se invierte en publicidad para influir o presionar sobre ciertas notas y temas que no es del agrado del grupo gobernante.

Se ha observado que en lugar de solucionar el problema del empleo, nos recetan una costosa pauta publicitara donde se nos dice que Jalisco es uno; en lugar de resolver el problema de la contaminación en El Salto, se influye en los medios para cambiar la versión de la madre del menor Miguel Ángel López Rocha. En lugar de explicar a dónde y cómo se reparten cientos de millones de pesos en subsidios, se tacha de ignorante a los caricaturistas. En fin, hay infinidad de casos.

Emilio González saldrá a decir que él no presiona a nadie, que el no decide cómo y dónde se gastan los 85 millones de pesos que hay para pago de publicidad esta año. Y tiene razón.

Para eso tiene empleados. Desde su mano derecha que trabaja como coordinador general, hasta otros funcionarios de las áreas de asesoría en comunicación. El más eficaz es el funcionario que firma los contratos de publicidad y que se toma la libertad de hablar a los directores de comercialización en los distintos medios de la ciudad para quejarse de ciertas notas. Se ha llegado a escuchar que el actual gobierno estatal solo compra publicidad a los medios “que son cuates”.

Esta es la presión, directa o encubierta, sobre las empresas, pero existe además la presión sobre los reporteros. Los casos aquí van desde sospechosas auditorías, despidos, cambios de fuentes hasta la amenaza directa de muerte. Un compañero fue perseguido en su auto, se le apuntó con un arma y luego se le amenazó de muerte en una llamada telefónica. Obviamente no dijeron de parte de quien.

En este último caso, ocurrido hace unos dos meses, no se puede atribuir a alguien del gobierno, pero ocurre en un clima de presión sobre los medios y de molestia por el manejo de la información por el tema del donativo al Santuario de los Mártires y las repercusiones que dejó en la imagen Emilio González la mentada de madre. La opinión y percepción que tienen los gobernantes sobre los medios es meramente instrumental: una simple herramienta para llegar a las masas y de regreso, venderse mediante campañas publicitarias, o llegado el caso, con presiones, abiertas o encubiertas. Esta es una típica percepción de los hombres del poder que ven a los reporteros como meros recaderos de la clase política.

Para ellos no hay problemas sociales reales, sino medios o reporteros que crean en la opinión pública una imagen de que existe un problema. Según el actual grupo gobernante, la gente no se molestó por el placazo, el donativo o la mentada. Fue obra de algunos pocos activistas y de ciertos reporteros.

Un ingrediente adicional para que prospere esta actitud de presión y desprecio sobre algunos medios y reporteros es la ancestral desorganización y celo torpe que existe en el propio gremio de periodistas, pero eso es materia de otra opinión. Lo que parece relevante ahora es discutir públicamente estos asuntos y denunciar las presiones antes de que sean más graves. No esperemos a que haya más amenazas de muerte.

Por: Esteban Coronel (COPENOA)

Argentina, Jujuy: Desalojo de Comunidad Guaraní Jase Endi Guasu - El Talar

El 28 de julio a las 07:00 efectivos de la policía jujeña desalojaron a nuestra comunidad Guaraní Jase Endi Guasu en el Talar, departamento de Ledesma, Jujuy de las tierras que ocupábamos desde nuestros abuelos. El gobierno de Jujuy le cedió nuestras tierras a la firma Stresich, Francini y Farfan desconociendo nuestra ocupación y les dio permiso para desmontar más de 2000 hectáreas.

El Juez Argentino Juárez libró orden de desalojo para la comunidad, y el 28 de julio 40 efectivos sacaron de sus casas a familias enteras, con topadoras e incendiaron sus hogares. Stresich realizó amenazas de distintas maneras a la gente de la comunidad para que desocupen la tierra, como por ejemplo durante la noche grupos paramilitares acechaban la comunidad, con metralletas y fusiles FAL para fusilar el ganado y meter miedo, así y todo la comunidad no se movió de la ocupación. Hace dos meses intentaron comenzar el desmonte y la comunidad los frenó nuevamente.

En estos momentos se encuentran cortando la ruta 37 a 15 Km. de El Talar. Denunciamos al Estado provincial jujeño que a través de los Poderes Judicial y Ejecutivo desconocen las leyes que nos amparan como pueblos originarios en la Argentina.

Distintas organizaciones nos están acompañado el corte: Parques Nacionales ATE-CTA de Libertador Gral. San Martín Comunidades hermanas de la zona (Embarcación, Santa Victoria Este, etc.), Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora CAPOMA Centro de Accion Popular Olga Márquez de Aredes.

http://www.copenoa.com.ar/

http://www.argenpress.info/

Guatemala

La organización Seguridad en Democracia (SEDEM) manifestó su preocupación porque dos ataques contra activistas de derechos humanos estén relacionados con los cambios en la jefatura de instancias estatales de seguridad y justicia anunciados por el presidente Alvaro Colom esta semana y llamó a las autoridades a esclarecer los hechos.

Según información de SEDEM, el día en que el presidente anunció la destitución de los altos mandos militares, Ronald Chang, hermano de la activista de derechos humanos Helen Mack, fue atacado con arma de fuego cerca de su residencia; José Suasnavar, directivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) también recibió una amenaza en su teléfono celular.

Es preocupante que los ataques puedan ser parte de un proyecto de reacción por la destitución del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, del Inspector General del Ejército y otros integrantes de la cúpula militar o estén vinculados con sectores perjudicados con el cambio de la titularidad de la Fiscalía General, señaló la organización.

Chang forma parte de la querella contra el Estado por la ejecución extrajudicial de su hermana Myrna Mack y Suasnavar integra la FAFG, que en el marco de su trabajo en la exhumación de víctimas de las masacres y búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado interno ha recibido más de 50 amenazas.

Un día antes de estos hechos circuló un panfleto con el logotipo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), firmado por dos generales retirados, que llamaba a 'defenestrar y capturar, inmediatamente al Presidente de la República don Alvaro Colom y al Vicepresidente, don Rafael Espada'.

Según la organización, el contenido en el texto constituye un llamado para que el Ejército incurra en sedición, lo que implicaría un golpe de Estado, aunque el Mandatario indicó que no está relacionado con AVEMILGUA.

Sin embargo, SEDEM manifestó su temor porque la destitución de los altos mandos en el ejército sea una reacción gubernamental a conspiraciones de oficiales en activo y en situación de retiro, que puedan amenazar la estabilidad democrática en el país, y que en el marco de la disputa de poder y control político se produzca una nueva oleada de ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos.

Ante esta situación, SEDEM llamó a la presidencia y al Ministerio de la Defensa Nacional investigar sobre el origen del llamado a la sedición, a fin de eliminar cualquier intento de desestabilización institucional en el país, que pueda provenir de las filas castrenses.

Asimismo la agrupación solicitó investigar los ataques contra los activistas y garantizar la integridad física de Ronald Chang y de la Fundación Myrna Mack como de José Suasnavar y el personal de la FAFG.

http://cerigua.info/

De acuerdo con información proporcionada por el corresponsal de El Universal, en el primero de los casos, una persona de complexión delgada, tez morena, 1.70 de estatura, de entre 30 y 35 años de edad, fue ultimado a balazos en el fraccionamiento Providencia, de Culiacán.

La víctima vestía pantalón de mezclilla gris, camisa beige a rayas y calzaba unos huaraches de baqueta. Los impactos de bala los recibió en la cabeza y el tórax, mientras caminaba por la calle Santa Martha, de este fraccionamiento, cuando varios sujetos que viajaban a bordo de un Nissan Tsuru gris lo interceptaron y le dispararon a quemarropa; en el lugar quedaron varios casquillos calibre .45, según testigos.

Mientras tanto, en el acceso al rancho Tres Palmas, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, fue encontrada otra persona, envuelto en una sábana y con cinta canela de pies al cuello.

Los peritos confirmaron que junto al cuerpo había dos mensajes escritos, en los que se leían amenazas para otras personas, de las que no se proporcionaron los nombres.

Nuevas informaciones
GTM 007 / 0507 / OBS 055.2
Nuevas amenazas de muerte / Hostigamiento

Guatemala

31 de julio de 2008

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con preocupación nuevas informaciones de fuentes fiables sobre nuevas y recientes amenazas de muerte recibidas por el Sr. José Suassnavar, Subdirector de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)[1], amenazas que se extienden a los demás miembros de la Fundación.

De acuerdo con las informaciones, el 27 de julio de 2008, hacia las 23:17, el Sr. José Suassnavar recibió en su teléfono celular un mensaje que decía: “José a cada coche le llega su sábado”. Posteriormente, el día 28 de julio de 2008, hacia las 13h17, se recibió de nuevo en el teléfono celular del Sr. José Suassnavar otro mensaje proveniente del mismo número de celular de donde le habían enviado el primero. Este nuevo mensaje decía: “Que pasa coche cuidado con los derrumbes”. Luego de este segundo mensaje, el mismo día se envió una respuesta al número de donde se habían enviado los primeros preguntando: “No entiendo, me podría aclarar a que se refiere”.

Ante esta solicitud de aclaración, el mismo día, hacia las 16h58, se recibió en el mismo teléfono del Sr. José Suassnavar una respuesta que decía: “El antropólogo caba cuidado con los der”.

Posteriormente el martes 29 de julio del 2008, hacia las 08h32 se recibió un nuevo mensaje en el celular del Sr. José Suassnavar que decía: “Te vamos hacer caca estas vigilado”.

Según las denuncias, en razón a que existe una total ausencia de investigación sobre las amenazas contra los miembros de la FAFG, no se puede aproximar una individualización de los responsables de estos hechos. De otra parte, las informaciones destacan que estas nuevas amenazas han ocurrido en el contexto de la renuncia del Fiscal General de la República quien ha sido criticado por los altos niveles de impunidad, en particular en los casos de violaciones graves de los derechos humanos del pasado.

El Observatorio vuelve a rechazar con firmeza estos actos de hostigamiento y de graves amenazas en contra de los miembros de la FAFG y manifiesta su profunda preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de los Sres. José Suasnavar, Fredy Peccerely, Leonal Paíz, Omar Bertoni, la Sra. Bianka Peccerely (ver “Antecedentes y contexto de la situación), y la de todos los miembros de la FAFG. El Observatorio urge a las autoridades guatemaltecas a que adopten todas las medidas urgentes, oportunas y apropiadas para garantizar la seguridad y la protección de todas estas personas y de los miembros de sus respectivas familias.

Antecedentes y contexto de la situación:

El Observatorio destaca con mucha preocupación que la FAFG ya ha sido víctima de numerosas agresiones desde febrero de 2002 y que estas amenazas constituyen el tercer conjunto de amenazas que recibe la FAFG en lo que va corrido del presente año; siendo las anteriores, las que recibieran el Sr. Fredy Peccerelly, Director Ejecutivo, el Sr. Omar Bertoni Girón, Jefe del Laboratorio de antropología forense, la Sra. Bianka Peccerelly, hermana del Director y esposa del Coordinador de osteología forense, y el mismo José Suassnavar en el mes de mayo[2].

En efecto, la última intervención del Observatorio al respecto fue realizada consecuentemente a las informaciones de fuentes fiables sobre las amenazas de muerte recibidas durante el mes de mayo de 2008 por los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), entre ellos el Subdirector de la misma, el Sr. José Suassnavar[3].

De acuerdo con las informaciones, el 19 de mayo de 2008, hacia las 8h30 de la mañana, varios miembros de la FAFG, especialmente los Sres. Fredy Peccerely, José Suassnavar, Leonel Paíz, Jefe del Departamento de Arqueología, Omar Girón y la Sra. Bianka Peccerely recibieron nuevas amenazas de muerte a través de un correo electrónico.

Según las denuncias, el mismo correo fue enviado desde una cuenta electrónica proveniente de yax.pedro@yahoo.com, y registrada bajo el supuesto nombre de Pedro Yax, y que decía, entre otros lo siguiente: “Bueno malditos les ha llegado el día. Están vigilados y los mataremos. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos están vigilados”.

De acuerdo con las informaciones estas amenazas habrían podido estar relacionadas con la publicación, el 19 de mayo de 2008, de una foto de una exhumación realizada por la FAFG en Plan de Sánchez que acompañaba un artículo del periódico Prensa Libre informando sobre la investigación dirigida por el Juez Undécimo de Instancia Penal, Eduardo Cojolún, correspondiendo de esta forma a una comisión rogatoria solicitada por el Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional Española.

A raíz de dicho artículo de prensa se habría relacionado públicamente el trabajo que lleva a cabo la FAFG con las diligencias realizadas por el Juez Cojulún.

El Observatorio rechaza esos nuevos actos de hostigamiento y de graves amenazas en contras los miembros de la FAFG y manifiesta su profunda preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de los Sres. Fredy Peccerely, José Suasnavar, Leonal Paíz, Omar Bertoni, la Sra. Bianka Peccerely, y la de todos los miembros de la FAFG así como del juez Eduardo Cojolún y de los testigos que acuden a él y urge a las autoridades guatemaltecas a que adopten todas las medidas urgentes, oportunas y apropiadas para garantizar la seguridad y la protección de todas esas personas.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Guatemala urgiéndolas a:

1. tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. José Suassnavar y de todos los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), así como de todos los miembros de sus respectivas familias;
2. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a estas nuevas amenazas contra el Sr. José Suassnavar y en general en torno al frecuente hostigamiento contra los miembros de la Fundación FAFG con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
3. poner fin a todo tipo de hostigamiento, amenazas y de intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Guatemala;
4. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (art.12.2);
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.

Direcciones:

• Licenciado Alvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala, Casa Presidencial, 6 a. Avenida, 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, E-mail: cbarrientos@presidencia.gob.gt. Fax: +502.221.44.23; + 502.238.35.79
• Doctor Rafael Espada, Vicepresidencia de la República, E-mail: ipaloma@vicepresidencia.gob.gt
• Sr. Embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin de Sous-Bois 21, 1202 Ginebra. E-mail: mission.guatemala@ties.itu.int ; onusuiza@minex.gob.gt FAX: + 41.22.733.14.29. Tel.: + 41.22.733.08.50.
• Embajada de Guatemala en Bruselas, 185 avenue Winston Churchill, 1180 Uccle, Bélgica. Fax: + 32 2 344 64 99. Correo-E: embaguate.belgica@skynet.be
• Licenciado Oscar Humberto Vásquez, Corte Suprema de Justicia, E-mail: carresis@oj.gob.gt ; FAX: + 502.232.66.26,
• Doctor Carlos Vinicio Gómez, Ministro de Gobernación, 6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3, Ciudad de Guatemala, Fax:+502.362.02.39/ +502.362.02.37 E-mail: vgomez@mingob.gob.gt; gobernacion@mingob.gob.gt
• Sra. Comisaria General Isabel Mendoza Agustín, Directora General de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com, Tel.: + 502 2329.0000 ; + 502 5308.4825 Fax: + 502.2251.9382
• Doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, Procuraduría de los Derechos Humanos, (PDH), 12 Avenida 12-72, zona 1, Ciudad de Guatemala, Fax:+ 502.238.17.34, E- mail: gmasariegos@pdh.org.gt / opdhg@intelnet.net.gt
• Licenciada Ruth del Valle, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, E-mail: copredeh@copredeh.gob.gt ; 2ª Avenida 10-50 Zona 9, Ciudad de Guatemala, FAX:+ 502.2334.0119
• Sr. Fiscal General de la República, Jefe del Ministerio Público, E-mail: fiscalgeneral@pm.lex.gob.gt ; 15 Avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona, 8º nivel, Ciudad de Guatemala, FAX: + 502.2411-9124
• Sra. Isabel Mendoza Agustín, Directora General de la Policía Nacional Civil, 10ª. Calle 13-92 zona 1, Ciudad de Guatemala. E-mail: juarrozv@hotmail.com. Tel.: + 502 2329.0000 ; + 502 5308.4825 Fax: + 502.2251.9382
• Sr. Rodas Haroldo Rodas Melgar, Ministro de Relaciones Exteriores, 6 Calle y 7 Avenida, Zona 1, Ciudad de Guatemala. Fax: + 502.251.84.45 E-mail : mint@mieno.gt

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Guatemala en sus respectivos países.

-------------------------------------------------------------------

Ginebra-Paris, 31 de julio de 2008

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org

-------------------------------------------------------------------

[1] La FAFG es una institución no gubernamental, fundada en 1992, que mediante la investigación antropológica forense recupera restos óseos, hace esfuerzos por establecer identidades, intenta establecer las causas de su fallecimiento y además, a través de investigaciones de violaciones al derecho fundamental a la vida y en casos de muerte no esclarecidos, contribuye con evidencias y peritaje que auxilian al sistema de administración de justicia.

[2] Ver Informe Anual 2007 del Observatorio.

[3] Ver Llamado Urgente GTM 007 / 0507 / OBS 055.1, seguimiento difundido el 22 de mayo de 2008.

-------------------------

http://www.omct.org/

■ Ejidatarios afirman que han recibido amenazas de muerte y desalojo

■ La organización busca el control económico de la zona, incluidas las cascadas de Agua Azul

Hermann Bellinghausen

Campesinos tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón, Chiapas), adherentes de la otra campaña, denunciaron amenazas de desalojo y muerte por parte de integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), de filiación priísta.

Según la denuncia, los ejidatarios recibieron “amenazas de muerte, secuestro, quema de casas y violación de nuestra familia, prefabricando delitos y exigiendo a ciertas autoridades del gobierno desalojarnos”. Para ello se habrían abierto averiguaciones previas en los ministerios públicos de Bachajón, Yajalón, Tila y Ocosingo.

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó a su vez “temor de ataque armado o enfrentamiento por el control de la caseta de acceso al área natural protegida de las cascadas de Agua Azul”, así como “temor por los agentes de pastoral de la misión jesuita de Bachajón”.

Los indígenas amenazados exhibieron un documento anónimo, repartido en días recientes por Opddic en las inmediaciones de Agua Azul, donde se acusa a los ejidatarios de “secuestradores, maleantes, pandilleros, asaltantes que tienen retenida la caseta de cobro, personas que son miembros de la organización Yomblej pero se hacen pasar por zapatistas”. (En realidad, los “acusados” no pertenecen a ninguna de estas organizaciones, sino a la otra campaña).

El libelo atribuye sin fundamento a los ejidatarios tzeltales “golpear, secuestrar, torturar y violar mujeres”. Asegura que el gobierno estatal “ha dejado impunes” dichas acciones, y añade: “Damos a conocer al público en general para que nos apoyen a exigirle a las autoridades competentes, para darle solución a este conflicto agrario. También comunicamos a todos los turistas (que) tomen sus precauciones.”

De acuerdo con el CDHFBC, el temor de una agresión violenta se funda en este anónimo y en las agresiones del pasado 16 de julio cometidas por Opddic contra ejidatarios de San Sebastián Bachajón. “De acuerdo a testimonios de víctimas, testigos y otras fuentes confiables, ese día se presentó un grupo de Opddic a bordo de diferentes carros con la finalidad de ocupar la caseta de acceso a Agua Azul, de manera agresiva y realizando disparos al aire”.

La acción fue encabezada por el sexto regidor del municipio de Chilón, Antonio Jiménez García, quien “fue detenido por los ejidatarios junto con Amílcar Vilchis Estrada, de la Policía Estatal Preventiva (PEP), destacamentado en Yajalón, que habría llegado a bordo de la patrulla 044, evidenciando la complicidad de funcionarios en los hechos”. El despojo se frustró “y posteriormente ambos fueron entregados a la PEP”.

La amenaza anónima señala también: “Sabemos que esta creación de vandalismo y delincuencia organizada (sic) están patrocinados por el Centro de Derechos Humanos Indígenas (Cediac) con residencia (en el) colegio de los jesuitas de la iglesia de Bachajón”.

Se hace una mención dolosa a los Chinchulines y su violencia en 1996, lo cual “fortalece de manera sutil la amenaza”, apunta el CDHFBC. “En aquella ocasión, los Chinchulines, grupo de corte paramilitar, concertaron un ataque a la población de Bachajón para perseguir y agredir a los opositores al PRI y particularmente a la misión jesuita. A este centro le preocupa que Opddic realice nuevas agresiones”, debido los antecedentes y “las evidentes vinculación y protección” del grupo de Opddic por parte de funcionarios estatales y municipales.

La caseta (una de las existentes, pues Opddic controla las principales) a las cascadas de Agua Azul “colinda precisamente con el espacio que ha sido escenario de agresiones violentas de la propia Opddic contra comunidades zapatistas asentadas en la zona” (como Bolom Ajaw). Opddic disputa “el control de los ingresos del turismo” en un área donde se pretende desarrollar un corredor turístico del denominado Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul, impulsado por los gobiernos federal y estatal.

De acuerdo con el CDHFBC, los ingresos de la caseta “han sido utilizados tradicionalmente para el pago del impuesto predial de San Sebastián Bachajón, y han estado bajo control y administración de las autoridades indígenas de las tres zonas que conforman el ejido”. Opddic pretende arrebatar este ingreso económico “y controlar la región en la disputa por los presuntos beneficios de la inversión turística”.

http://www.jornada.unam.mx/

Por ello, tanto Arabia Saudí como Kuwait y EAU —Emiratos Árabes Unidos— han apostado por las alianzas estratégicas del tipo “win&win” con empresas petroleras o petroquímicas multinacionales que tienen el ‘know how’, al tiempo que les garantizan el control del ‘upstream’ que las multinacionales necesitarán cada vez más en el futuro. Se trata de unas alianzas estratégicas entre un país productor de gas natural y petróleo y una multinacional petrolera o petroquímica, donde, como en un juego de suma cero, los primeros que lleguen serán los ganadores. Incluso, se da el caso de que algunos países petroleros, que saben que el petróleo se agota, están apostando muy fuertemente por las energías renovables como fuentes de energía  alternativa a los hidrocarburos fósiles. Como podemos apreciar, en el negocio del petróleo, las reglas de juego están variando a pasos agigantados pues el que no corre vuela.

El mes pasado, la empresa nacional petrolera de Arabia Saudi, Aramco, y la empresa petrolera francesa, Total, crearon una empresa conjunta, ‘joint venture’, que dedicará al refino y a la petroquímica, ‘Jubail Refining and Petrochemical Company’. La empresa de refino y petroquímica se ubicará en Jubail, Arabia Saudí, y tendrá una capacidad de refino de 400.000 barriles diarios y estará dotada de una conversión profunda para poder trabajar con petróleos ultrapesados.

El proyecto de refinería de Jubail pretende que Arabía Saudi también empiece a rentabilizar sus reservas de petróleo, aportándolas un mayor valor añadido, al tiempo que reduce el desfase entre las infraestructuras de refino y las demandas de los diferentes tipos de petróleo que se dan en el mercado de los carburantes fósiles.

El proyecto de refinería de Jubail es un ejemplo de cooperación estratégica entre un gran país productor de petróleo y una compañía petrolera y/o petroquímica. Ambas empresas juntas, Saudi Aramco y Total, podrán responder en mejor medida a la creciente demanda de carburantes y de productos petroquímicos, sobre todo en Asia y Oriente Medio, pero también en Europa, donde la demanda de gasóleo y de queroseno no deja de crecer.

La refinería procesará petróleo ultrapesado, ‘Arabian Heavy’, y lo transformará en productos refinados de muy alta calidad que se adaptarán a las normas más estrictas. Su inicio operativo está previsto para finales de 2012. Jubail será una refinería totalmente convertidora y maximizará la producción de gasóleo y de queroseno. Además, el proyecto prevé producir 700.000 toneladas/año de paraxileno, 140.000 toneladas anuales de benzeno y 200.000 toneladas anuales de propileno de alta pureza.

La refinería se beneficiará de la proximidad de los campos petrolíferos de bruto pesado así como de las infraestructuras de calidad de la ciudad de Jubail, entre las cuales se encuentran un puerto industrial, redes eléctricas y de suministro de agua, así como una zona residencial.

Tras la firma de estos acuerdos, la empresa ‘joint-venture’, ‘Jubail Refining and Petrochemical Company’, se constituirá, definitivamente, durante el tercer trimestre de 2008. En un principio, estará controlada por Saudi Aramco en un 62,5 % y por Total en un 37,5 %. Más adelante las partes se plantean conservar una participación del 37,5 % cada una. El 25 % restante saldrá a bolsa en el mercado saudí, después de contar con la aprobación de las autoridades competentes, Saudi Aramco y Total se repartirán la comercialización de la producción.

Hace unas semanas, Dow Chemical, la empresa química más grande del mundo, vendió el 50% de las acciones de cinco de sus empresas a la empresa petrolera kuwaití, Kuwait Petroleum, por un valor aproximado de 9.500 millones de dólares. A su vez, tanto la empresa de Kuwait como Dow Chemical se comprometieron a utilizar parte de estos activos para la creación de una empresa conjunta, de manera que, cada una de las partes, tenga un 50% de las acciones de la nueva sociedad.

Kuwait, que controla, aproximadamente, el 10% de las reservas mundiales de petróleo está invirtiendo en ampliar sus actividades ‘downstream’, incluyendo refinerías y plantas petroquímicas, para poder sacar mejor partido de los activos que posee debido a sus reservas de petróleo. La empresa conjunta, ‘joint venture’, tendrá su sede en los Estados Unidos y se dedicará a la fabricación y comercialización de polietileno, etilenoaminas, etanolaminas, polipropileno y policarbonato. También se espera que la nueva empresa produzca una ventas de más de 11.000 millones de dólares y que ocupe a más de 5.000 personas, en todo el mundo.

De cualquier modo, Dow Chemical no es una empresa que sea ajena a las dunas de arena de Oriente Medio. Hace tan sólo dos meses, en mayo pasado, la empresa norteamericana creó otra ‘joint venture’ con ‘Saudi Arabian Oil’ para construir una instalación petroquímica, en la provincia oriental de Arabia Saudita. En realidad, se trata de la planta más grande de productos químicos y plásticos que se haya construido de una sola vez. Hace tan sólo unas semanas, también se rumoreó sobre un acuerdo entre Kuwait Petroleum y Dow Chemical, al objeto de adoptar conjuntamente proyectos en Kuwait y en terceros países.

Por  otro lado, hace algo más de una semana, nos llegó la noticia de que China había dado luz verde a unas inversiones de 5.000 millones de dólares en una refinería de petróleo cuyo proyecto sería compartido entre la empresa petrolera Sinopec de China y la empresa petrolera nacional de Kuwait, dándose, de este modo, un gran paso para fortalecer y estrechar los vínculos entre el Golfo Pérsico y sus leales clientes de Asia.

Al mismo tiempo, Gazprom anunció que su división química petroquímica, Sibur Holding, había firmado un acuerdo para establecer una empresa conjunta con Midland, una planta de Dow Chemical ubicada en Michigan. El acuerdo daría a Gazprom acceso a las nuevas instalaciones petroquímicas que Dow Chemical tiene en Alemania. A cambio de ello, Dow Chemical refinaría para Gazprom el gas natural que obtiene de yacimientos gasistas situados en la región de Yamalo-Nemets, en el norte de Rusia.

Recientemente, General Electric se acaba de asociar con Mubadala Development Co —empresa perteneciente al holding que controlan los fondos soberanos de Abu Dhabi— para impulsar las tecnologías energéticas limpias en Oriente Medio y África. Los Emiratos Árabes Unidos que apuestan por construir la primera ciudad con cero desechos y cero emisiones de carbono ciudad recibirá un importante apoyo financiero de General Electric Co, La empresa norteamericacana junto a Mubadala Development Co ha decidido establecer un Centro de tecnologías energéticas limpias en la ciudad de Masdar de los Emiratos Árabes Unidos.

En Masdar —una ciudad amurallada cuyo nombre significa "la fuente", en árabe— se pretende construir un gran número de viviendas para el alojamiento de unas 47.000 personas, así como un vivero de empresas de 'CleanTech' en tan sólo 8 km2 de terreno. El proyecto de la ciudad amurallada deberá concluir para 2015, y toda la energía que se consuma se obtendrá a partir de la energía eólica y de la energía solar. De este modo, las emisiones de gases de efecto invernadero, GEIs, se reducirán a cero.

El proyecto también contempla el hecho de que en Masdar se ubique el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Sostenible: Agua y Energía, financiado por General Electric. El Centro podrá albergar hasta a 100 técnicos especialistas en este campo del Desarrollo Sostenible. Éste es un proyecto que, casi con toda seguridad, será un gran éxito pues cumplirá la mayoría, si no todos, de los ambiciosos objetivos que se han propuesto, en cuanto a la comercialización de las energías renovables que, como sabemos, representan un porcentaje cada vez mayor del mix de energía en los países  desarrollado.

General Electric, GE, también tiene previsto abrir un centro de investigación para su iniciativa de Ecoimaginación en Masdar, cuyos primeros edificios se terminarán a finales del próximo año. La empresa Fairfield, con sede en Connecticut, prevé invertir 50 millones de dólares en el segundo fondo de inversiones de CleanTech de Masdar. El primer fondo de 250 millones de dólares se ha invertido en más de una docena de empresas especializadas en tratamiento y purificación de las aguas, tratamiento de residuos, tecnologías fotovoltaicas y tecnologías de transporte.

Por su parte, la empresa perteneciente al holding árabe de los EAU, Mubadala, se ha comprometido a invertir hasta 200 millones de dólares en ‘GE Industrial Investment Partners’, una nueva empresa que aportará capital a las empresas que trabajan sobre energía, transporte y atención a la salud.

Durante los próximos doce meses, la alianza formada por GE y Mubadala prevé para establecer, en Abu Dhabi, unos servicios financieros comerciales de empresas que centrarán su actividad en Oriente Medio y África. Cada empresa tiene previsto destinar 4.000 millones de dólares como capital de la empresa de servicios financieros comerciales, durante los próximos tres años, con el objetivo de generar 40.000 millones de dólares en acciones.

En definitiva, se trata de un importante acuerdo estratégico de una empresa multinacional con el Estado de EAU, a través de una empresa controlada, y que se basa en el convencimiento de que, tanto Oriente Medio como África, representan una gran oportunidad de invertir en tecnologías relacionadas con las energías renovables, el agua potable y la aviación. Además, en base a este acuerdo, Mubadala explorará la manera de que GE preste servicios de venta y mantenimiento de motores de aviación para las compañías aéreas que operen en la región.

De acuerdo al reporte de la Policía Municipal, los dos hombres ejecutados, quienes aún no han sido identificados, trataron de huir en un automóvil compacto, luego que los sicarios llegaron a bordo de una camioneta tipo suburban.

El parte policíaco, informa Notimex, indicó que los hechos ocurrieron en la colonia Cerro de la Cruz, al noroeste de la ciudad, donde una de las víctimas falleció dentro del vehículo, mientras que la otra murió sobre la cinta asfáltica al tratar de huir de los agresores.

En tanto, en Ciudad Juárez, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Roberto Orduña Cruz, recibió amenazas de muerte a través de una manta que apareció tendida cerca de la televisora privada del canal 44, reportó la fiscalía estatal.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el mensaje contra el jefe policíaco fue colocado por desconocidos en un alambrado sobre la avenida Gómez Morín, al poniente de la ciudad.

Mediante comunicado a la opinión pública nacional e internacional difundido por la dirección ejecutiva de la JUCO (Juventud Comunista Colombiana) se conocieron nuevas amenazas, atropellos y persecución contra los principales líderes de esta organización juvenil revolucionaria.

De acuerdo a la denuncia el pasado lunes sujetos armados asaltaron la residencia del dirigente juvenil Jaime Osorno Navarro, llevándose en el “extraño robo” únicamente los discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica los cuales se encontraban en la vivienda.

La dirección ejecutiva denuncia que la JUCO viene siendo objeto de persecución oficial, varios dirigentes de las organizaciones del estudiantado universitario colombiano han tenido que desplazarse a otras regiones y algunos están en el exilio. Las denuncias fueron puestas en conocimiento de las autoridades para que realicen las “exhaustivas investigaciones”.

La JUCO solicita la solidaridad mundial para continuar con sus batallas por la democracia autentica y para alcanzar la paz con justicia social en Colombia. Todos estos hechos se presentan en medio de la tan cacareada política de “seguridad democrática” o más bien será como muchos la califican de inseguridad democrática.

Aporrea

http://www.nodo50.org/isi/

http://www.aporrea.org/

El alcalde de Sierra de Yeguas ha presentado, en el mismo juzgado de Antequera, una denuncia por injurias, calumnias y amenazas condicionadas contra su Josefa, aunque ha reconocido rodeado por su mujer e hija, y con el permiso de su hijo, que "se dejó llevar por las emociones", que creyó "en una persona que ha intentado destruir a su familia" y que se siente culpable de cometer "la equivocación del engaño", por lo que ha pedido perdón públicamente.

Que se joda, por adúltero, mentiroso y follador... un tío de bien, casado y educado en la Fe Católica, no puede permitirse estas fantochadas. Ser polígamo, es decir, mantener relaciones con distintas señoras a la vez, y que se sepa siendo político, es de moros, y de subdesarrollados; no de un ciudadano de bien..., ¡a la cárcel con él!

Por J. Demata Levy

A pesar de que, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la libertad de expresión de todo individuo, en la práctica ésta no existe, porque los medios de comunicación, sujetos a los intereses gubernamentales y privados, se anteponen a ello y de una manera oficial practican la censura al periodista, la cual desde cualquier punto de vista ético o jurídico es totalmente condenable.

 En este sentido, podemos mencionar el caso del periodista Carlos Martínez Caamal, quien fungiera como Titular del Noticiero Sipsenoticias, que se trasmite diariamente a través de la radiodifusora KissFM de las dos de la tarde, mismo comunicador que por abrir los espacios a los radioescuchas, hizo de este programa el de mayor raiting en el Estado, incluso por encima la de la prensa escrita, lo cual provocó inconformidades en los tres niveles de gobierno, así como de algunos empresarios, quienes flagrante y cotidianamente violan las leyes estatales y los reglamentos municipales.

 Cabe recordar que este periodista ha sido amenazado en varias ocasiones, al igual que su familia, en su correo electrónico e, incluso, de manera personal lo hizo el senador Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la gubernatura por el Estado de Campeche, que se disputará el próximo año.

 Adolfo Cevallos fue uno de los primeros colaboradores en salir de la radio Kiss FM; esto complicó el formato del noticiero; sin embargo, Sipsenoticias seguía como el programa de mayor audiencia, lo cual complicaba a los directivos la forma de operar la salida del periodista Martínez Caamal; por fin, llegó el momento de que, como en casos anteriores se han censurado a periodistas, se le exigió a Martínez Caamal el cambio de formato del noticiero, bajo el esquema de cerrar los teléfonos al público, cerrar las opiniones de los comunicadores y limitar a éstos a leer exclusivamente las notas periodísticas, lo que fue inaceptable y obligó a la renuncia del periodista Martínez Caamal.

 De esta manera, la radiodifusora KissFM, trató de engañar al auditorio haciéndoles creer que el periodista Martínez Caamal había renunciado por voluntad propia y no por decisión de la empresa, es decir, se practicó la censura oficial, como pasó con Carmen Aristegui, Lydia Cacho, Francisco Rodríguez, José Gutiérrez Vivó y otros. El espacio en la Radiodifusora Kiss FM se cerró a la libertad de expresión.

 Sin embargo, la buena noticia es que, a partir del 2 de agosto próximo, de las 2 a las 4 de la tarde, saldrá al aire un nuevo noticiero dirigido por este periodista por el canal 63 de Cablevisión, W3radionet.com y elobservador.tv, el cual llevará por nombre "En la Barra", que al igual que en la radio tendrá el mismo formato, pero en versión televisiva, al cual deseamos el mayor de los éxitos.

Ciudad Juárez, Chih., 25 de julio. Emilio Gutiérrez Soto, periodista chihuahuense que se encuentra arraigado en el Centro de Detención Migratoria de El Paso, Texas, en busca de asilo político en Estados Unidos, tras huir del territorio nacional, presuntamente por amenazas del Ejército Mexicano, recibió una notificación del gobierno de ese país, en la que se le informa que existen elementos para aceptar su solicitud.

“Ya recibimos hoy una notificación de la Oficina de Asilo de Houston y después será más factible poder sacarlo del corralón”, aseguró Carlos Spector, representante legal del reportero de 44 años. Con el periodista, suman 645 personas de esta región las que buscan asilo político, entre ellos algunos jefes policiacos que han sido baleados en intentos de ejecución.

Sobre el caso de Gutiérrez Soto, Spector dijo que “su cliente trabajó hasta mayo de este año como corresponsal del periódico Diario en la zona noroeste de la entidad; su base estaba en el municipio de Ascensión, pero el 17 de junio cuando solicitó asilo político, con su hijo de 15 años, ambos fueron enviados al Centro de Detención y Deportaciones de El Paso, Texas, de la Patrulla Fronteriza. A partir de esa fecha no han podido verse, pues permanecen separados.

El 9 de mayo de este año, Gutiérrez Soto presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Ascensión, luego de que un grupo de 50 militares ingresaron a su casa de manera violenta, sin orden de cateo, causando daños y amenazándolo a él y su hijo, por lo que también presentó denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, está en el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza de El Paso el ex comandante de la policía municipal del poblado fronterizo Palomas de Villa Emilio Pérez, quien dijo que pidió protección a Estados Unidos “porque se dieron una serie de levantones por los comandos de sicarios”, y fue amenazado de muerte cuando trató de intervenir, al igual que los agentes a su mando, por lo que inmediatamente abandonaron sus puestos.

Junto con él fueron a El Paso varios agentes policiacos de quienes no se dieron sus nombres y también solicitaron asilo. De acuerdo con los registros en esa ciudad, en las oficinas de protección de fronteras y aduanas 63 personas han buscado protección en los puestos del oeste de Texas y Nuevo México, es decir en la zona fronteriza con Chihuahua.

http://www.jornada.unam.mx/

Los amenazados informaron que el Ministerio Público Federal aguarda la presentación de la denuncia por escrito y que cobijados por la recién creada Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Contra Periodistas, llevaron su caso a las autoridades federales porque la agresora, oriunda de la comunidad de San Antonio Oxtoyucan de ese municipio, “es una persona desequilibrada mentalmente que puede atentar contar su vida”, acusan.

Dieron a conocer que el pasado jueves 17 de julio, Guadalupe Baños, quien además es coordinadora del DIF en la comunidad, intervino para calmar a las participantes  en una riña callejera en que se encontraba Magdalena Escobedo. Pese a que su mediación fue para distensar los ánimos, ésta última pretendió golpearla con un bate de beisbol y luego le profirió amenazas de muerte.

Estas intimidaciones las hizo extensivas a César Peña Sánchez, quien en días pasados publicó una nota sobre la destrucción de árboles que Escobedo Islas realiza en esa comunidad sin contar con los permisos del ayuntamiento local ni del Consejo Estatal de Ecología (Coede) y sin tener ningún cargo en la comunidad.

El Ministerio Público de la Federación conoció que Magdalena Escobedo amenazó con tirotear a la pareja, al fin que si los mataba, con 100 mil pesos quedaba libre, como todavía se ufanaba ante Guadalupe Escobedo. Por estos hechos, ésta última,  la mañana del jueves, presentó además su querella ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH).

La agresora, quien se dice protegida del diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez y de la cúpula perredista, además advirtió que su marido, de nombre Ángel Mimila, propinaría una golpiza a los reporteros “donde los viera y para que se les quitaran esos aires de grandeza”.

Como antecedente, la tarde del miércoles 16 de julio, Magdalena Escobedo detuvo los trabajos de una retroexcavadora que hacia una zanja en el Barrio de El Tejamail de la citada localidad, poniendo a sus dos hijos de nombres Pedro Ángel y Antonio de 5 y 9 años de edad, debajo de la pala mecánica cuando trabajaba.

“Sin importarle el peligro en que puso” a sus hijos, Magdalena Escobedo,  acudió al Juzgado Menor Municipal a insultar al juez lo mismo que al alcalde, Vicente Suárez Hernández. Por los hechos de la tarde del miércoles, fue denunciada por el delegado de la localidad, Simón Valencia.

César Peña consideró que el asunto, pese a tener características del fuero local, puede entrar en los considerandos de la Fiscalía, toda vez que se trata de amenazas a reporteros por su actividad profesional y que el asunto de la intervención de Guadalupe Baños, fue sólo el pretexto  y “la gota que derramó el vaso”, que se utilizó para intentar saldar un rencor anterior de la agresora.

Actualmente César Peña Sánchez es colaborador y reportero de diversos medios de comunicación como Unomásuno, El Rollo y es director de la revista A Fondo de Hidalgo. Por su parte, Guadalupe Baños es reportera de ésta última publicación.

El Ministerio Público Federal dejó entrever la posibilidad de que la querella no llegue hasta la citada Fiscalía lo que fue cuestionado por César Peña, quien reveló que su caso tiene la misma relevancia como el de la periodista Dolores de la Vega, quien fue amenazada por un sujeto vía correo electrónico y su caso fue objeto de una indagatoria de parte de la PGR y meses después, resuelto.

Redacción

http://www.todohidalgo.com/

Las amenazas contra el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, volvieron a aparecer en sendas mantas que colocaron narcos que se autodenominaron "gente nueva", en la capital del estado y en esta ocasión también van dirigidas al comandante de la V Zona Militar, General Felipe de Jesús Espitia y al alcalde de Chihuahua, Carlos Marcelino Borruel Baquera, de extracción panista.

Las dos narcomantas aparecieron colgadas este miércoles sobre un puente de la avenida Tecnológico, una de las principales calles de la ciudad y la entrada por la zona norte de la ciudad.

En el mensaje se las atribuyen narcotraficantes del grupo llamado “gente nueva” que trabajan para Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo” e Ismael Zambada (a) “El Mayo”.

En cuanto las autoridades se dieron cuenta de las dos mantas, las retiraron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para iniciar indagatorias; las dos son similares a una docena de ellas que fueron colgadas en meses pasados en Juárez por los narcotraficantes llamados “gente nueva” ligados al Cártel de Sinaloa y otras por los de “la línea”, grupo operativo del cártel de Juárez.

Los narcotraficantes se refieren al comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones Martín Sías, versión que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente. Hace 15 días en la ciudad de Delicias, de donde es originario el gobernador, colocaron una manta amenazando al mandatario estatal si no lo corría.

La procuraduría estatal, Patricia González Rodríguez dijo que Sías sigue trabajando de comandante.

De acuerdo a versiones de personas interrogadas por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, las mantas fueron colgadas aproximadamente a las 12 de la noche por personas desconocidas y encapuchadas y las retiraron a las cinco de la mañana.

Esta joven politóloga colombiana (1981, Bucaramanga) investigó durante cuatro años la oscura trama de la parapolítica en el departamento de Antioquia, el lugar donde comenzó su carrera política el actual presidente del país Álvaro Uribe. Las conclusiones fueron tan escanda