“La legislación general es igual para las grandes ciudades que para los diminutos municipios”

La solvencia económica es el eje de la autonomía local. La despoblación rural nos trae situaciones verdaderamente escabrosas. Nos encontramos con ayuntamientos de nuestros pequeños pueblos que apenas tienen presupuesto para pagar al secretario municipal,

la mayoría de las veces compartido y del que reciben la visita por horas. La Junta de Castilla y León, responsable competencial de la organización territorial a efectos administrativos no piensa poner el dedo en la llaga, y en una reflexión pública que expuse al Consejero, Sr. Carriedo, en la reciente jornada de difusión del Estatuto, me respondió que para respaldar a los municipios en su falta de recursos ya están las diputaciones y que nos dirigiésemos a ellas.

Cuando el secretario entra con su coche por las calles del pueblo, los vecinos no pueden eludir el pensar en cuanto les cuesta el sueldo. No piensan lo mismo del médico, por ejemplo, porque no le pagan directamente. En el mundo rural todavía lo que no sea trabajo físico no es trabajo de verdad.

El secretario aparece como ese funcionario que hace fotocopias, pone sellos, abre y cierra las oficinas con su llave, enciende la calefacción si existe, despacha el correo, coloca avisos de multas de otras administraciones en el tablón de anuncios, hace volantes de empadronamiento, cambia de titular los recibos de agua, pone pegas, dice que no y recuerda a los deudores que lo son.

Nadie se para a pensar que ese funcionario es cuando menos licenciado universitario, y ha sobrevivido a una durísima oposición, que domina un amplio temario no solo de administración local sino de todo lo que venga al caso, que debe mantenerse al día en la vorágine legislativa, de las novedades y discordancias entre leyes estatales y autonómicas, que es quien informa y tramita todos los expedientes que se presentan, sean aprovechamientos forestales, montes, cotos, leñas, pastos, apicultura, sean arrendamientos rústicos y urbanos, repartos de bienes comunales, contrataciones de obras, servicios, suministros, etc. Que se encarga de la solicitud, ejecución y justificación de subvenciones, contrataciones laborales, planeamiento y gestión urbanística con sus desarrollos urbanísticos, licencias de obras mayores, menores y de “aquella manera”, ruinas que son muchas y su ejecución subsidiaria, licencias medioambientales con las conflictivas instalaciones de vertederos y antenas, placas fotovoltaicas y aerogeneradores. Informa las quejas, dudas y reclamaciones de todo hijo de vecino, incluidas las responsabilidades patrimoniales. Mantiene y actualiza el padrón de habitantes, el censo electoral y en muchas ocasiones hasta el Registro Civil y el Juzgado de Paz. Confecciona, tramita y pone en práctica las ordenanzas fiscales para allegar fondos a la economía municipal. Lleva la intervención contable en la gestión del gasto de los dineros públicos, el Presupuesto de la entidad, su liquidación, la Cuenta General y su rendición al Consejo de Cuentas, el asesoramiento jurídico y la fe pública en los plenos municipales, entre otras múltiples y variopintas funciones.

Tiene que conocer las leyes que regulan todos los aspectos, porque la legislación general es igual para las grandes ciudades que para los diminutos municipios y aunque los temas sean a escala, las leyes y los trámites son los mismos. Tiene que hacer una sola persona lo que en los grandes consistorios se tramita en múltiples servicios con técnicos especialistas en cada materia. Su coche siempre lleva documentos para presentar en registros públicos y enviar certificados porque la administración electrónica ni llega y el correo bajo mínimos.

Pero también tiene de hecho otro uso instrumental. Viene muy bien que sea de fuera y le pague el pueblo para con mayor facilidad convertirlo en escudo humano de los ediles que prontamente sueltan al ciudadano descontento aquello de “Lo ha dicho el Secretario”. También entra en el sueldo. Disponer o no de un buen funcionario municipal se traduce enseguida en visibles consecuencias, causa o ahorra disgustos personales para los dirigentes municipales. Hay secretarios buenos y los hay baratos, como en todo. www.elisadocio.com

A raíz de la reciente editorial de El País en relación con la corrupción urbanística, ahora de Estepona, un interesante párrafo rezaba así: “Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones políticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores”

Es común que los alcaldes elegidos de nuevo para un ayuntamiento la primera tarea que emprenden es, si son razonables, intentar comprender porque se encuentran con unos funcionarios, denominados Habilitados Nacionales, que no eligen, que reciben su nombramiento desde otra administración y del que dependen para todo paso que quieran dar en la pretensión de llevar a término su proyecto político. Si no son razonables, mejor ni hablamos.

El recelo mutuo está servido, tanto temen estos funcionarios municipales al resultado de las elecciones, que esperan con la maletas hechas, como miradas de reojo cursan los nuevos políticos recién llegados a quienes son el instrumento burocrático, medio, recurso y garantía de su quehacer como dirigentes.

Llevo veintiséis años en las maltratada administración local y ya conocí allá por el año 1982 la llamada “guerra de los secretarios” en el País Vasco, porque los alcaldes de aquellas tierras, en la recién estrenada democracia, se negaban airadamente a dar posesión de sus cargos a estos funcionarios designados por Madrid, por este simple y mero hecho de la procedencia de su nombramiento. Todavía hoy el debate no está clarificado. Desde la FEMP, el grupo de los grandes municipios ha ido diluyendo ésta figura independiente y por tanto garante de la legalidad, que tiene su función en el servicio a los ciudadanos y no en hacer la vista gorda a prácticas más o menos confusas en la política municipal.

Primero se inventaron los baremos específicos, que son libres designaciones encubiertas, con trajes hechos a la medida del que se los va a poner. Después abierta y llanamente se aplicó sin recato la figura de las libres designaciones en puestos estrictamente funcionariales, no de confianza, sino de gestión administrativa pura y dura, para la tramitación de expedientes de importante transcendencia y riesgo que requieren una independencia y una preparación excepcionales.

Es cierto, como en todos los colectivos, que también hay ranas y desastres, por supuesto, en todos lo gremios hay especímenes que avergüenzan a sus congéneres. También cuando el intrusismo se convierte en una mala costumbre y se hacen llamar secretarios o interventores, interinos sin preparación ni conciencia profesional que seguramente son del gusto de los alcaldes que los contratan pero dejan muy en entredicho la solvencia de una profesión creada como garantía del buen hacer y rigor jurídico.

La municipalidad es la piedra de choque que recibe todas las demandas de los ciudadanos, los políticos locales se sienten presionados por sus gentes y abandonados, cuando no denostados por las otras administraciones que se quedan los recursos que habrían de ir a parar directamente a los consistorios. En éste controvertido debate la solución es buscar respuestas rápidas y de efecto, pero los controles jurídicos internos entorpecen estas prontas salidas de corto plazo y prolongan la agonía del descontento ciudadano, normalmente alentado por los grupos de la oposición y utilizado por la prensa como el pan nuestro de cada día. Como es normal la solución vuele a ser matar al mensajero.

Los controles internos no solo protegen la legalidad del quehacer burocrático, son al mismo tiempo una garantía para los órganos decisorios. Ningún alcalde será condenado por atenerse en su resolución al informe jurídico del secretario de la corporación, y por el otro lado, un funcionario cuyo puesto no depende de quien pretende un informe amañado, aunque sí sus complementos salariales, tiene más fácil el camino de la honestidad en su trabajo que si pende sobre su cabeza el pan de sus hijos.

Cada día se está dando en mayor medida la judicialización de la vida local, cada día aumentan las reclamaciones que los ciudadanos presentan en vía judicial ante el presunto menoscabo de sus intereses a causa de resoluciones administrativas. Algunas sentencias pueden provocar la ruina presupuestaria en un pequeño municipio. De hacer o no hacer, de hacerlo bien o mal depende por un lado el buen asesoramiento y tramitación, por otro de la decisión política."Diario Palentino, 29 de junio de 2008" www.elisadocio.com

Esta propuesta se lleva un presupuesto de unos 1.300 millones de euros.

La construcción de autovías para mejorar las comunicaciones puede estar bien, pero el mayor tramo de los presupuestados no supera los 10 km, y suponen todos ellos un alto coste ecológico en el entorno. Además desembocan en la A-8, autopista de peaje.

La siguiente noticia que me ha sorprendido es la decisión de construir un segundo guggenheim en Bizkaia, en el paraje de Urdaibai, reserva de la Biosfera por la UNESCO. No obstante, de momento no hay ni arquitecto ni ubicación definitiva(las dos bazas son la de situarlo dentro del parque natural o en el nucleo urbano de Gernika) ni un presupuesto lo bastante alto como para llevar a cabo una obra, que ha sido recibida con alegría entre los alcaldes de la comarca de Busturialdea, pero la desconfianza entre quienes defienden que un museo de tales dimensiones(más o menos la mitad que el guggenheim de Bilbao) no resulta nada sostenible en un entorno tan sensible como las marismas del rio Oka.

En el caso de ser construido, esta ampliación harto demandada, del museo bilbaíno sería gestionada desde la capital bizkaina.

Agencias | 14:15 - 20/06/2008

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el texto refundido de la Ley de Suelo, cuyo objetivo principal es, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" la corrupción urbanística. Corredor ha asegurado que la política de vivienda contará con la dotación "correspondiente" y no se va a "resentir" por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Corredor destacó que esta norma recoge para evitar la corrupción urbanística, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.

Los convenios urbanísticos

En segundo lugar, añadió, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que la regulación somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento de formación que los planes urbanísticos generales.

Además, recordó que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, indicó Corredor, tiene que someterse a los registros públicos.

"Igualmente, existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".

El caso de Estepona

Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor señaló que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.

El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la FEMP y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.

De esta forma, el Gobierno cumple los plazos de aprobación del texto integrado, que expiraban el próximo 1 de julio, fecha en la que la Ley de Suelo cumple su primer aniversario desde su entrada en vigor.

Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio "sostenible", para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.

Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.

Austeridad presupuestaria

La política de vivienda contará con la dotación "correspondiente" y no se va a "resentir" por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos, aseguró Corredor. "En cualquier caso, la promoción de 1,5 millones de viviendas protegidas a diez años es un compromiso que podemos mantener", explicó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, Corredor recordó que para el desarrollo de este objetivo Vivienda cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos en los respectivos territorios.

La titular de Vivienda también se refirió al papel que la promoción de este tipo de pisos, junto a la rehabilitación de áreas urbanas, para absorber trabajadores que se queden sin trabajo en la edificación de viviendas libres. "Una de las políticas que el Gobierno quiere impulsar para que los trabajadores tengan una salida es la potenciación de la vivienda de protección oficial (VPO), y además en estos momentos se da una coyuntura muy adecuada para ser impulsada", subrayó la ministra.

En cuanto a la rehabilitación de áreas urbanas, Corredor destacó que presenta una posibilidad de absorber mano de obra y materiales de construcción de empresas auxiliares "incluso más intensiva que la construcción nueva".

Cuentan que el César, dijo una vez: No basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo. Aquí, en España, se ve que algunos han adaptado la máxima a nuestro peculiar espíritu y creen que con parecer honrados o con atacar políticamente al adversario, con grandes palabras sobre la corrupción, basta.

Es el caso del alcalde que ocupa el sexto lugar en el ranking de los mejor pagados de España, con 97241 euros brutos al año. Este sujeto se la pasó los últimos años hablando de honradez y mira tu por dónde aplicaremos otra máxima que le viene que ni pintada: Dime de que presumes....

En El Pais publicaron parte de una entrevista, dónde hablaba de su sueldo y lo comparaba con lo que cobraría en la empresa privada, lástima que según otras fuentes, Estepona digital, en la empresa privada no cobrase más de 150.000 pesetas al mes -900 euros, aproximadamente-, además trataba de justificarse afirmando que el 15 % -14586 Euros brutos- de su sueldo, lo destinaba a colectivos sociales del municipio, según publicaba el diario SUR y que mensualmente haría pública la lista de colectivos "agraciados".
Bien, ya sabemos lo que puede significar la expresión “colectivos sociales” para un alcalde socialista, no hay más que buscar en la hemeroteca lo ocurrido en Toledo con los fondos destinados a ONG`s y el concierto de cierta artista.

Volviendo a Estepona, no he logrado encontrar la relación mensual de colectivos a los que el alcalde afirmaba que iba a destinar ese 15%, lo más que he encontrado son unas subvenciones por valor de 5000 euros, entregadas por el ayuntamiento, con lo que parecen fondos públicos y no del señor alcalde. Si algún amable lector localiza esa relación, será de agradecer que diga algo, así podremos despejar una de las incógnitas sobre el “excelentísimo” señor.

A fin de cuentas, otro que no se apretaba el cinturón.

No contento con su sueldo, presuntamente habría estado cobrando un sobresueldo, mientras que sus jefes de partido miraban hacia otro lugar. Si como el alcalde afirmaba, el 5% de sus ingresos iban a las arcas de su partido, tiene cierta lógica que mirasen hacia otro lugar ¿No?
Aunque eso es ser muy mal pensado, asi que descartaré de mi mente ese planteamiento, por cierto que la Junta de Andalucía, gobernada desde hace más de 20 años por el mismo partido, tampoco parece que hubiese iniciado ninguna actuación contra el alcalde.

No seré yo quién dude de la honorabilidad y honradez del partido del señor alcalde, sólo me permito indicarte, querido lector, que visites las hemerotecas para hacerte tu propia idea sobre el particular, aunque tal vez fuese más justo hablar de los individuos que lo integran: gente poco honrada la hay en todos los colectivos.

Bueno pues ahora gracias a la intervención del sistema judicial, nos vamos a ahorrar 97.241 euros de la nómina de Julio, más otros tantos de la paga extra, no creo que tenga el cuajo de cobrar su sueldo. Ese dinero, tal vez podía ir destinado, esta vez si, a alguna organización cómo CRUZ ROJA o CARITAS y no a la Sociedad de Cazadores, que no parece que su fin sea ayudar a los más desfavorecidos de Estepona.

Confiaremos en que la justicia, que tan "magníficamente" funciona en España, dilucide con rapidez las responsabilidades de cada quién en este asunto, yo mientras tanto me vuelvo a lo mio, trabajar para continuar pagando sueldos cómo el del señor alcalde de Estepona.

Los Alcaldes de Peace 2020 Vision Campaign mandan su solidaridad y apoyo a los dos jóvenes Checos, Jan Tamas y Jan Bednar

Bruselas, 21 de Mayo de 2008 - Los Alcaldes de Peace 2020 Vision Campaign mandan su apoyo y solidaridad a los dos jóvenes Checos, Jan Tamas y Jan Bednar, que han estado sin comer desde hace 9 días en su esfuerzo por llamar la atención sobre la imposición de radar del "Sistema de Defensa de Misiles Nacional" de los EUA sobre la población Checa.

Los Alcaldes de Peace 2020 Vision Campaign están profundamente preocupados por que la implementación de este proyecto, que incluye misiles de interceptación en Polonia, está aumentando las tensiones internacionales, generando una nueva carrera armamentística, y es un paso más allá hacia la militarización y control del espacio. Ya que más de dos tercios de la población Checa está en contra de este proyecto, 2020 Vision Campaign apoya la petición de los huelguistas para que esta cuestión tan importante sea decidida en un referendum.

Los Alcaldes de for Peace 2020 Vision Campaign trabajan en estrecho contacto con el Alcalde Jan Neoral de la ciudad de Trokavec que se unió por un día a la huelga de hambre el pasado sábado. El Alcalde Jan Neoral lidera una asociación de Alcaldes Checos contra la instalación del sistema de radar en la República Checa.

Luc Dehane, Alcalde de Ypres y Presidente de la asociación internacionl Mayors for Peace 2020 Vision Campaign declaró: " Los Alcades Checos han pedido nuestro apoyo y es nuestro deber estar a su lado en el esfuerzo de evitar el aumento de tensiones en Europa. Como Alcaldes estamos demasiado a menudo enfrentados con los resultados de los juegos de poder internacional y los planes militares, con nuestras ciudades como víctimas potenciales. Ha llegado el momento para que surja la voz de las ciudades. Las ciudades no pueden seguir siendo el objetivo de los estrategas militares. Es nuestro deber proteger a nuestras ciudades y ciudadanos y aplaudimos a estos valerosos jóvenes que utilizan el camino no-violento de Gandhi para promover la expresión democrática del del deseo popular en la República Checa".

Mayors for Peace 2020 Vision Campaign es una asociación sin ánimo de lucro, de Alcaldes que aspiran a una prohibición global de las armas nucleares en el año 2020. El 14 de Mayo la red contaba con 2.226 ciudades miembro en 129 países.

Más información: www.2020visioncampaign.org

La norma obligará a los propietarios a rehabilitar su edificio

La Consellería de Vivenda ha tenido que desistir finalmente en su pretensión de que la futura ley gallega del sector prohíba expresamente que los alcaldes puedan compatibilizar esa función con actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria en los municipios que gobiernan, como establecía el artículo 16 del anteproyecto legislativo. El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas suprimirá ese artículo para favorecer que el borrador, que lleva dos meses estancado a la espera de su entrada en el Consello de la Xunta, pueda superar las objeciones que planteó la Consellería de Presidencia a esa regulación de la figura del alcalde promotor. Presidencia sostenía que el ánimo de Vivenda de legislar en ese ámbito entraba en colisión con la norma que regula la Administración local.

Para vencer esas reticencias, Vivenda ha llegado a un acuerdo con la consellería del socialista Méndez Romeu, por el que Presidencia acepta introducir una disposición adicional en la futura norma que implicará una modificación puntual de la Lei de Administración Local de Galicia 5/1997. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, ese ajuste recoge la obligación de los miembros de las corporaciones locales de ejercer su actividad evitando cualquier acción que ponga en riesgo el interés público o perjudique la imagen que los ciudadanos perciben de sus representantes. Esa fórmula pactada entre los dos departamentos establece también la prohibición de que los miembros de las corporaciones locales puedan invocar sus cargos en el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional vinculada al ayuntamiento del que forman parte.

Sin alusión explícita

Por contra, el artículo 16 determinaba que los promotores que accedan a un cargo representativo o sean personal directivo en un concello «non poderán desempeñar actividades de promoción no mencionado municipio durante o tempo que dure o seu cargo ou mandato».

En definitiva, el ajuste supone un atajo que sustituye la prohibición expresa prevista inicialmente para la Lei de Vivenda de que el alcalde pueda dedicarse a la promoción inmobiliaria por una cláusula en la norma de Administración Local que se limita a abundar en las obligaciones éticas de los munícipes. Con el acuerdo entre las consellerías gestionadas por BNG y PSOE, la alusión explícita a la figura del alcalde promotor no constará en la legislación autonómica.

La intención de Vivenda fue criticada por los alcaldes, si bien la Fegamp, que aún no ha dicho la última palabra sobre el recurso contencioso por las Normas do Hábitat, no planteó batalla sobre ese aspecto concreto. La consellería ya expedientó en el 2007 por cobro de sobreprecios a una promotora vinculada al portavoz de PP en Pontevedra, Telmo Martín.

Fuente: La Voz de Galicia

Un beso!
M. Meow

Touriño realizó ayer una apelación para que la lengua gallega “non divida e desuna politicamente” porque tampoco lo hace en la sociedad instó e instó a los políticos a que “aprendamos da sociedade que o galego debe ser un espacio de convivencia e liberdade” y no causa de enfrentamiento. 

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño mostró su respeto ante la manifestación convocada este domingo por la Mesa pola Normalización Lingüística, en la que se realizaron algunas críticas a la política de la Xunta en esta materia. Touriño reiteró el “compromiso activo” del Gobierno autonómico en este sentido, pero siempre a través del “consenso social” porque el gallego “debe unir e non desunir”.

Además, respecto a la participación del vicepresidente gallego, Anxo Quintana, en esta movilización, dijo que “cada un ten o seu estilo”, pero “cónstame que apoia plenamente e é solidario” con la postura del Gobierno gallego al respecto, ya que “é unha parte activa da Xunta y, por lo tanto, “defende en pleno a súa actuación e o seu traballo”.

Touriño afirmó que “o galego non é un problema de país, senón un ben preciado e unha riqueza” y destacó el compromiso “forte e inequívoco” de la Xunta con su normalización, mientras que el castellano “é evidente que é un idioma protexido, co que nos sentimos a gusto e que non necesita especial protección”. En todo caso, insistió en que la lengua debe ser “un espacio de convivencia e e liberdade” y aseguró que su aspiración es que Galicia sea “plurilingüe ou multilingüe”. En definitiva, una comunidad en la que los ciudadanos “podan utilizar o castelán, o galego e dende logo outros idiomas”, concluyó.

El titular de la Xunta realizó estas declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de participar en Río de Janeiro en una comida con empresarios gallegos en esta ciudad, como parte de la visita oficial que realiza estos días a Argentina y Brasil.

Antes Touriño, y el prefecto de la ciudad brasileña de Río de Janeiro (Brasil), César Maia, ratificaron un convenio para poner en marcha un centro iberoamericano de capacitación de profesionales, que estará destinado a la formación de personas discapacitadas y en situación de exclusión social.

Touriño explicó que la iniciativa pretende aprovechar la experiencia en la materia de ambas regiones, sumando recursos para lograr un gran centro “con vocación iberoamericana”, que abrirá la puerta a la iniciativa privada y tendrá su sede en la ciudad carioca que estos días visita el presidente gallego. César Maia, por su parte, destacó que la puesta en marcha del centro permitirá la calificación del personal de forma permanente.

Fuente: El Ideal Gallego

CINE: Unha curtametraxe prognostica a extinción do galego

TURNO DE OFICIO: La Xunta garantiza a los abogados que cobrarán por el turno de oficio

El BNG pide que los grupos reciban una paga y Márquez le responde que se la pida a Quintana

Los alcaldes de A Coruña y Ferrol se oponen a recibir la planta de celulosa de Ence

Quintana anuncia la puesta en marcha del Consejo Gallego de Mujeres antes del fin de la legislatura

Touriño insiste en el carácter «profundamente institucional» de su viaje a Iberoamérica

LA FRASE: Tello dice que los turistas «non veñen en voos de baixo custe»

Qué creen ustedes?
M. Meow

http://www2.elplural.com/andalucia/opinion/detail.php?id=20594

Autor: Ígor R. Iglesias 

Todo el mundo ya conoce a estas alturas la supuesta agresión y los presuntos insultos a la jefa de Fotografía del periódico Odiel Información de Huelva por parte de Pedro Rodríguez, presidente provincial del PP, diputado en el Parlamento de Andalucía y alcalde de la capital onubense. Hasta ahora sólo habían sido amenazas las que desde el PP llegaban a ciertos periodistas, pero nunca antes habían agredido a nadie.

Como digo, lo de la agresión y los insultos tan explícitos es algo nuevo. Sin embargo, las amenazas son algo habitual. De hecho, cuando yo estaba en la Cadena SER, un asesor de Pedro Rodríguez, que es el jefe de Prensa del Consistorio onubense, Manuel Suero, me dijo desde su puesto de trabajo, llamándome al mío, después de que yo pidiera una entrevista con un concejal, que “cuánto me pagaba el PSOE” y que “cuidado porque te puede ir muy mal; te lo digo por tu bien”. No soy el único que ha sido objeto de las ridículas e insignificantes amenazas de este buen soldado del PP, porque a otro compañero de Odiel este individuo le ha dicho esta misma semana que si con lo que escribe quiere “hacer méritos para ser asesor del Consejo de RTVE”, en referencia al reciente nombramiento de una periodista del gabinete de prensa del PSOE de Huelva.

Así es como se las gastan en el PP. Si Pedro Rodríguez pudiera quitarse de en medio a más de uno bailaría sevillanas, algo que se le da muy bien (eso es lo que le gusta se publique de él; de hecho hoy lo hace otro periódico que no ha informado todavía, ni lo hará, sobre la actitud matona del alcalde).

Los quiero!
M. Meow.

El PPdeG bloquea la renovación de los consejeros de la CRTVG

El PP supedita la renovación del Consello de la Crtvg a más cambios

Feijoo propone a los socios de la Xunta un pacto por las infraestructuras que vele por la ejecución del AVE

Los alcaldes y Vivenda retoman el diálogo que puede desactivar el recurso por las Normas do Hábitat

El PPdeG presentará una moción en todos los ayuntamientos para instar a la Xunta a que derogue “de inmediato” el decreto de las normas do hábitat porque, encarecerá el precio de la vivienda en un 30% “en un momento de crisis en la que los gallegos necesitan todo lo contrario”.

Así lo expresó el vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el popular Perfecto Rodríguez, quien insistió en que la normativa es “intervencionista” e invade competencias municipales, ya que, recordó que “son los ayuntamientos” los que tienen las competencias para dar licencias urbanísticas.

“Por eso no se entiende que ahora sea Vivenda la que quiera marcar el paso en este asunto despreciando a los ayuntamientos, sin hablar ni negociar con ellos y atacando, una vez más, al municipalismo en el que este Gobierno parece no creer”, expuso.

En la misma línea, el también alcalde de Ponte Caldelas opinó que las normas “bloquearán” la aprobación de muchos planes urbanísticos, algo que, a su entender, generará “innumerables problemas” en los municipios y la “paralización” del sector de la construcción.

Asimismo, incidió en que la normativa también afecta a los ayuntamientos desde el punto de vista recaudatorio y, al respecto, explicó que este hecho afectará tanto a la autonomía financiera de las administraciones locales como a su capacidad para ofrecer “unos servicios u otros a los vecinos”. “Genera inseguridad jurídica y el caos en muchos ayuntamientos gallegos, saturados por culpa de la improvisación de la Xunta”, sentenció.

Por su parte, el conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, se mostró convencido ayer en Lugo de que los alcaldes y Vivenda llegarán a un acuerdo para aplicar las normas en los ayuntamientos, porque “hay gente sensata por el medio”.

En cualquier caso, Varela matizó que las diferencias que se están produciendo “no tienen tanto que ver con el contenido de la propia ley” como “con las competencias que tienen los municipios en esta materia”, porque “así lo manifestaron los alcaldes y el partido que los respalda, en este caso el PSOE”. Según Varela, “lo que piden a través da Fegamp es que esas competencias sean respetadas”, porque “las normas hay que desarrollarlas, pero cada ámbito de la administración tiene sus parcelas y eso debe ser respectado, tanto en este caso como en las demás políticas que se pongan en marcha desde la Xunta”.

“Nosotros somos muy respetuosos con los ámbitos competenciales de cada una de las administraciones, ya sea la central, la autonómica y la local”, por lo que, según Varela, hay que desarrollar “conjuntamente” todas aquellas medidas que supongan “un avance para el país”. En su opinión, todos los alcaldes están de acuerdo en que “son necesarias unas normas que mejoren las condiciones de uso”. matizó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo, Hipólito Trinidad, manifestó ayer de nuevo su rechazo al decreto y se mostró convencido de que “es imposible que salga adelante en el tiempo”. “Estoy seguro de que en poco tiempo nos daremos cuenta de que eso no funciona y los políticos tomarán medida del tema”, indicó en la rueda de prensa que ofreció con el presidente de la Diputación José Ramón Gómez Besteiro, en la que reclamó diálogo con Vivenda.

Fuente: El Ideal Gallego

Un beso!
M. Meow.

Al compararlos, me pregunto "¿Esto tiene algún sentido?"

Aguadilla bajo los índices de la pobreza

Por Antonio R. Gómez – Primera Hora

Aguadilla es pobre.

El municipio que tiene ahora el alcalde mejor pagado del país tiene, además, al 60 por ciento de su población con ingresos por debajo del indice de pobreza y tasas de desempleo cercanas al 20 por ciento.

Los datos los ofrece la Oficina del Censo Federal y corresponden a su más reciente encuesta para el año 2006.

Según este documento oficial “2006 -"American Community Survey”-, el 99.4 por ciento de los hogares y el 99.5 por ciento de las familias tienen ingresos anuales menores que los que recibirá su alcalde.

El estimado que hace de la pobreza en Aguadilla concluye que el 54. por ciento de las familias y el 60.6 por ciento “de todas las personas” reciben ingresos por debajo de los niveles de pobreza.

El Censo estimó la población del municipio en 66,926 personas para el 2006, de las cuales 52,33 tenias 16 años o más.

De éstas, sólo 20, 138 (38.5%) estaba en la fuerza trabajadora y 16,105 empleados. El total de desempleados se estimó para el pasado año en 4,033 equivalente al 20 por ciento antes mencionado.

Según estos datos censales sólo 74 hogares y 40 familias en Aguadilla tienen ingresos anuales entre $100,000 y $149,000.

Otros 39 hogares, y el mismo número de familias, tienen ingresos entre $150,000 y $200,000 anuales.

El ingreso per capita lo estimó esta agencia federal en apenas $6,228 para el 2006.

Las cifras del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, aunque no tan detalladas ni precisas, reflejan un cuadro similar.

Estima dicha agencia que su área noroeste, donde Aguadilla es el municipio principal, la tasa de participación en la fuerza laboral era para el pasado agosto de apenas 41.3 por ciento. Superaba apenas a dos de las doce áreas en que la agencia divide la Isla.

La tasa de desempleo se estimo entonces en 16.1 por ciento para ese mes, la cuarta mas alta entre las 12 regiones.

La situación económica del municipio no es, por otro lado, tan color de rosa como la pinta su alcalde.

Al cierre de este año, cesaran en sus plazas los últimos 200 empleados que quedaban de la empresa Solectron. Estos eran parte de los 900 trabajadores que laboraban allí a principios de este mismo ano y que fueron despedidos gradualmente porque la empresa cerro operaciones en Puerto Rico.

Alcalde de Aguadilla con $127 mil al año

El mejor pagado

Asambleistas rojos y verdes no pudieron frenar el aumento salarial de Méndez

Por Maelo Vargas Saavedra – Primera Hora

Aguadilla- Alcalde-Rey: se corona Carlos Méndez Martínez, acalde penepé de Aguadilla, como el ejecutivo municipal con el salario más jugoso a lo largo y ancho de la Isla.

Ya no es una posibilidad, sino toda una realidad porque la mayoría de la Legislatura Municipal de Aguadilla le dio su bendición al alza salarial de Méndez Martínez, que de por si ya tenía un gran sueldo de $96 mil y ahora cobrará la friolera de $127 mil anuales.

Las minorías popular e independentista intentaron sin éxito detener el incremento salarial, para el que aseguraron no hubo explicación ni justificación válida.

Inicialmente, la portavoz de la mayoría penepé Ana Nilsa Méndez Barreto había presentado una ordenanza en que proponía que el salario de Méndez Martines fuera elevado a $139 mil anuales, pero al final, y por la fuerte oposición que presentaron las minorías, se enmendó el proyecto para que el alza fuera de $127 mil anuales.

Jorge Román, portavoz de la minoría popular, dijo que pidió a los legisladores municipales penepés que expresaran para el récord por qué se justificaba un aumento tan dramático. La respuesta, dijo, fue el silencio. Paso seguido, procedieron a enmendar el proyecto para que el alza fuera de $127 mil, lo que aún con la leve baja representa un gran aumento de $31 mil sobre los $96 mil que devenga el Alcalde.

“La votación final fue de los 13 legisladores municipales de la mayoría a favor y a los tres de las minorías en contra”, dijo Román, quien al igual que su compañero de la minoría popular Victor Grajales y el independentista Edgar Sanabria le votaron en contra.

Según Román, lo que buscaba la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura Municipal de Aguadilla era que Méndez Martínez se convirtiera en el alcalde mejor pagado de todo Puerto Rico, superando así a su homólogo en San Juan, Jorge Santini, que gana $125 mil anuales.

Añadió que, a su juicio, no se justifica que un alcalde que administra un pueblo con 64,685 habitantes y un presupuesto de $30 millones devengue un salario de $127 mil, mientras que San Juan con una población de 434,374 habitantes y un presupuesto de $646,4000,000 gana $125 mil anuales.

“Yo entiendo que la Legislatura estatal debe tomar acción en esto, porque esto abre la brecha para que muchas cosas surjan de ahora en adelante y otros alcaldes de pueblos con mayor numero de habitantes y presupuesto se les aumente el sueldo”, añadió Román.

Antes del aumento de sueldo a Méndez Martínez, los alcaldes mejor pagados en Puerto Rico eran Santini con $125 mil, seguido del Ponce, Francisco Zayas Seijo, con un sueldo de $110 mil; el de Caguas, William Miranda Marín, con una salario de $100 mil; el de Carolina, José Aponte, y el de Bayamón, Ramón Luis Rivera Torres, ambos con $98 mil.

Los alcaldes con los salarios más bajitos son el de Yauco, Abel Nazario, con $36 mil; el de Las Marías, Edwin Soto, con $41,532; el de Maricao y el de Arroyo, Gilberto Pérez y Basilio Figueroa, ambos con $42 mil; y el de Juana Díaz, Ramón Hernández, con $43, 200.

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Amar a a maria articulo

El BNG no logró sentar a ningún candidato

La designación autonómica se juega el martes a una carta

Los 16 senadores gallegos

De los dieciséis senadores que Galicia eligió el pasado 9 de marzo en las urnas -12 del PPdeG y 4 del PSdeG, ninguno del BNG-, sólo tres, lo que significa algo menos del 20%, repiten escaño en la IX legislatura, que se constituirá el próximo mes de abril. En cuanto al reparto de escaños, los partidos políticos obtienen los mismos que en las elecciones generales de 2004.

Los populares sólo mantienen a dos representantes en la Cámara Alta de la legislatura pasada -Amador Vázquez, por Ourense; y José Manuel Cores, por Pontevedra-, mientras que los diez escaños restantes logrados en las pasadas elecciones serán ocupados por nuevos parlamentarios. Si bien dos de éstos, mujeres en ambos casos -María Jesús Sainz, por A Coruña; y Corina Porro, por Pontevedra-, no es la primera vez que acceden a un acta en el Senado, aunque sí a través de la elección directa de las urnas, ya que ambas ocuparon escaños en la Cámara Alta por designación autonómica (entre 1986 y 1989, en el caso de la primera y entre 2004 y 2006, en el caso de Corina Porro).

Por lo que respecta a los socialistas, de los cuatro escaños obtenidos, sólo uno estará ocupado por el mismo que lo hizo los cuatro años anteriores -Luis Lago Lage- mientras que los otros tres se estrenan en la política nacional con sus respectivas actas en la Cámara Alta.

Más presencia femenina

Con la aplicación de la Ley de Paridad, la presencia femenina ha aumentado entre la representación gallega en el Senado. Ahora suman un total de seis, frente a las dos únicas representantes del PPdeG que tuvieron voz en la cámara territorial en la pasada legislatura.

Carmela Silva, por el PSdeG, representa una cuota del 25% dentro de su grupo, mientras que las cinco senadoras del PP gallego alcanzan una proporción del 41% en sus filas.

La popular Carmen Gueimunde (nacida en 1968) es la representante más joven enviada a la Cámara Alta desde Galicia.

APUNTES - Las mujeres pasan del 12 al 40%

La representación femenina llegada a la Cámara Alta desde la voluntad de las urnas en Galicia eleva de un 12 a cerca de un 40% su representación. En términos absolutos, se multiplica por tres el número de mujeres.

Pontevedra, la cara inversa de la norma

La circunscripción de Pontevedra ofrece la cara inversa de la norma generalizada en la pasada cita electoral, por lo que al Senado se refiere. De esta forma, sólo irá a Madrid un hombre frente a tres mujeres.

Cuatro compaginan funciones de alcalde

A pesar de la controversia suscitada en el PP por la entrada o no de alcaldes, los populares gallegos sentarán en la Cámara Alta a los regidores de Ribeira, Cartelle y Vilarmarín, al tiempo que el PSdeG hará lo propio con el de A Coruña .

Fuente: El Correo Gallego

Impulsa una ley que fija una provisión de suelo del 40% para municipios de más de 20.000 habitantes

Touriño desoye a los alcaldes del PSOE y apoya la ley de vivienda del BNG

Los constructores reclaman «sensatez» y se muestran preocupados por estas medidas

El Gobierno gallego se reserva el derecho a edificar vivienda protegida por decreto si, llegado el caso, los concellos no actuasen en el sentido que establece el nuevo proyecto de Lei de Medidas Urxentes en Materia de Vivenda e Solo, aprobado ayer por el Consello de la Xunta. La norma, que será remitida ahora al Parlamento, incrementa hasta el 40% el porcentaje de suelo reservado para edificarla, en ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, con lo que se duplica el mínimo del 20% vigente en la actualidad.

La ley fija los plazos para garantizar la construcción de vivienda protegida, que no podrán ser superiores a los que se establezcan para ejecutar las de mercado libre. «En caso de que se incumpran para construír vivendas protexidas, o concello decretará a inscripción obrigatoria no rexistro de solares e dous anos máis tarde decretará a edificación forzosa. Se transcorrido un ano o concello non adoptase estas medidas, a Xunta terá a capacidade de executalas por decreto», establece el proyecto de ley, que desgranó el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño.

En los municipios con menos de 20.000 habitantes la reserva de suelo para vivienda protegida será del 30%, aunque, en determinadas condiciones, el porcentaje puede rebajarse hasta el 20%. Se trata de considerar la situación de algunos ayuntamientos, en donde priman las segundas residencias, y, en este sentido, podrían acreditar que el 20% de vivienda protegida es suficiente para atender su demanda. Los concellos con menos de 5.000 vecinos pueden quedar exentos de reservar suelo, si crecen poco. Los porcentajes de reserva se aplicarán a la edificabilidad residencial prevista en planeamientos municipales para suelos «urbano non consolidado» y «urbanizable».

«Distritos cohesionados»

La ley fija normas para distribuir la vivienda en cada concello. No habrá distritos privilegiados, «supostamente de primeira e de segunda», según explicó Touriño, sino que los pisos protegidos, denominación que el presidente gallego alejó de las viviendas sociales «do franquismo», se construirán de forma que «se favoreza a cohesión social e se evite crear zonas marxinais».

El texto establece una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública. Y marca una cesión obligatoria a la Xunta de 2,5 metros cuadrados por cada cien de edificabilidad, «e non mingua o aproveitamento obtido polos particulares nin polos concellos». La norma tiene disposiciones transitorias para los planes generales de ordenación municipal en tramitación. Tendrán un año de plazo para la aprobación. Los sectoriales, aprobados antes, dispondrán de dos para su aprobación definitiva, y mantendrán como mínimo el 20% de edificabilidad establecida actualmente. Los planes de desarrollo que tengan ordenación detallada deberán ser ejecutados en un plazo máximo de tres años. Los nuevos planeamientos deberán cumplir la ley íntegramente.

Fuente: La Voz de Galicia

La Fegamp reclama diálogo. El presidente de la Fegamp ha remitido al vicepresidente una carta en la que le pide que, ante la elaboración de la Lei de Servizos Sociais, tenga en cuenta al municipalismo como «peza fundamental» en el desarrollo del sistema público de servicios sociales y atención a la dependencia.

Los representantes del PSOE y el PP en la ejecutiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) impusieron ayer su postura crítica frente a los «matices» que, según el presidente del órgano que representa a los 315 alcaldes, el socialista Carlos Fernández, expresaron los miembros del BNG para recriminar a Vicepresidencia que no haya recabado la opinión de los concellos en el borrador de la Lei de Servizos Sociais. Fernández advirtió que el municipalismo defenderá «con uñas e dentes» su autonomía y competencias frente a medidas unilaterales «que obrigan aos concellos e interfiren nas súas disposicións». Incidió en el malestar de los alcaldes por los «problemas» con el departamento de Quintana para gestionar las galescolas.

A preguntas de los periodistas sobre la posición del alcalde de Lugo, José López Orozco (PSOE), que supedita la entrada en el Consorcio de Servizos Sociais a que Vicepresidencia garantice la gestión municipal de las escuelas infantiles, el presidente de la Fegamp recordó que hay un compromiso para que los concellos puedan ocuparse de esos centros o bien dejar que lo haga la Xunta. Fernández objetó que «os alcaldes están tendo problemas». A modo de ejemplo, describió el caso de su concello, Ames. Señaló que, aunque su gobierno apuesta por que las dos escuelas infantiles sigan siendo de titularidad municipal, afronta una merma en la asignación presupuestaria para su gestión. Fernández aseguró que, ante la demanda de «moitos alcaldes», el órgano municipalista tratará el asunto en la próxima reunión de su ejecutiva.

En relación al anteproyecto de Lei de Servizos Sociais, Fernández rechazó la idea de que el plazo de exposición pública de alegaciones, anunciado el 30 de enero en el Diario Oficial de Galicia, sea la fórmula adecuada para que la Fegamp aporte sus «ideas e suxestións» a un texto que afecta al municipalismo «de xeito tan importante».

«Falta de respecto»

Carlos Fernández, que ha remitido una carta a Quintana en la que apela al diálogo entre Administraciones, reprocha que «non é de recibo» el argumento de que algunos concellos quieren más ladrillo y menos servicios sociales. Insistió en que lo que se discute es la interferencia en los presupuestos de los concellos por parte de la Xunta. Estas objeciones forman parte del informe en el que la Fegamp fundamenta su rechazo al anteproyecto de la Lei de Servizos Sociais, al que achaca una «falta de respecto» a la autonomía municipal, con decisiones que «condicionan o gasto dos concellos noutros ámbitos ata deixar completamente anulada a autonomía dos entes locais para deseñar os seus propios orzamentos». Critica que el texto no contemple la participación de los concellos en la Mesa de Servizos Sociais, en lo que ve una pretensión de «apartar do proceso de toma de decisións ás Administracións que máis experiencia teñen na materia».

Contra la política de vivienda

La reprobación de la política de vivienda completó el pleno del área nacionalista en las objeciones de la Fegamp. Su presidente lamentó que tampoco se ha contado con los concellos para elaborar el borrador de la Lei de Vivenda. Sostuvo que ese texto, las Normas do Hábitat y la Lei de Medidas Urxentes «poden facer inviable a edificación nos concellos». Fernández apostó por que la reserva del 40% del suelo para pisos protegidos sea general en los municipios de más de 20.000 habitantes y no para cada sector. Vivenda ya modificó la norma para que el resto de los concellos destinen entre el 20 y el 30% a pisos de precio tasado. Además, a petición de la Fegamp, los alcaldes podrán seguir vendiendo si lo desean del 50% del aprovechamiento urbanístico que ceden los promotores.

Fuente: La Voz de  Galicia

En resumen el nuevo alcalde de Envigado el abogado José Diego Gallo Riaño quien sigue el mismo enfoque político que llevaba el municipio; en Itagüi el gobernante es Gabriel Jaime Cadavid Bedoya, un economista que ya tiene muy claro el uso del presupuesto de su primer año de gobierno; en La Estrella y Caldas los nuevos mandatarios son Lisardo Antonio Acevedo Ortiz y Luis Guillermo Escobar Vasquez respectivamente.

El nuevo alcalde para Sabaneta es Guillermo Leon Montoya Mesa, quien ganó como gobernante después de salir electo primero por consulta popular entre los candidatos de su partido politico y después por la mayoría de votos de los sabaneteños. Hay que recordar que el doctor Guillermo Montoya fue el primer mandatario que tuvo el municipio de Sabaneta cuando dejó de ser un corregimiento de Envigado, y en esta segunda ocasión esta acompañado por un equipo de profesionales en su gabinete que le aseguran una alcaldia muy prometedora.

El gabinete sabaneteño esta conformado por Ivan Alonso Montoya Urrego, Secretario General; Mauricio Alberto Velasquez Correa, Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano; Juan David Cuartas Franco, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico; Gabriel Angel Alvarez Rua, Secretario de Transito y Transporte; Dora María Hernandez Holguin, Secretaria de Educación y Cultura; Iván León Goméz Giraldo, Secretario de Salud y Bienestar Social; Carlos Enrique Londoño Amariles, Secretario de Hacienda; Yolanda Maria Henao Peña, Directora Administrativa de Personal: Mauricio Edward Arbelaez Herrera, Director Administrativo de Convivencia Ciudadana; William Atehortúa Almanya, Director Administrativo Casa de la Cultura; Samuel Eugenio Diez Montoya, Tesorero; Luigi Santiago Guerra Castro, Director del Fondo de Vivienda de Interes Social; Juan Carlos Mejía, Gerente Indesa; Armando Espinosa Pulgarin, Gerente de la Empresa de Alumbrado Público.

De los cinco alcaldes de los municipios del sur del Valle de Aburra, solo tres, Sabaneta, Envigado y Caldas, ya han actualizado sus sitios web, lo que indica que son conscientes de este recurso como un medio de comunicación eficiente y ágil, mientras que los de Itagüi y La Estrella aun tiene datos muy viejos, aun de octubre de 2007.

Esto será posible debido a que la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), bajo la presidencia de Gutiérrez Cureño, logró que 150 ayuntamientos del país, entre los que se encuentra Ecatepec, reciban 3 mil 589 millones de pesos para enfrentar mejor a la delincuencia organizada.

Durante el año de gestiones que la CONAMM realizó ante el gobierno federal y la Cámara de Diputados, el alcalde de Ecatepec sostuvo diversos encuentros con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, diputados federales y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, hasta que el presidente espurio Felipe Calderón aceptó aumentar la partida presupuestal a los municipios en materia de seguridad pública, seleccionando el apoyo a los ayuntamientos bajo criterios de población e índice delictivo.

Ahora, Gutiérrez Cureño convocará a los alcaldes de la zona metropolitana a desarrollar en conjunto una estrategia de seguridad que permita optimizar y aprovechar estos recursos adicionales para las corporaciones y reducir la incidencia delictiva en el Valle de México.

Según informes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Ecatepec se ha colocado por segunda ocasión consecutiva como el primer lugar  de aseguramientos en la Región Pirámides con 118 detenciones en menos de un mes, lo que ha permitido disminuir los índices de robo en distintas modalidades.

Este resultado positivo, se debe a que el año pasado se aumentó el parque vehicular con 150 unidades para  patrullaje  y se  compró armamento, chalecos, cascos y diversos equipamientos para los cuerpos de seguridad pública, así como la capacitación en academia y contratación de nuevos policías.

La Xunta quiere impedir que alcaldes, ediles y funcionarios municipales con responsabilidades directivas ejerzan de promotores de viviendas en sus respectivos ayuntamientos. Con este objetivo, el anteproyecto de ley de vivienda de Galicia limita el ejercicio de la actividad de promoción y establece que "los agentes promotores que accedan a un cargo representativo o sean personal directivo en una Administración municipal no podrán desempeñar actividades de promoción en el mencionado ayuntamiento durante el tiempo que dure su cargo o mandato".

Con esta prohibición en vigor, el hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra, Telmo Martín, no podría seguir haciendo negocios en su ciudad, pero sí en el resto de Galicia. En la actualidad, promueve una urbanización de Campolongo.

La Consellería de Vivenda justifica esta limitación como "una reclamación de la sociedad", en la exposición de motivos del anteproyecto legislativo. En los últimos meses, han salido a la luz pública tramas urbanísticas que implican en supuestas ilegalidades a alcaldes y funcionarios municipales. En el ayuntamiento coruñés de Arteixo, la Fiscalía investiga al ex alcalde, el popular Manuel Pose, por supuesta concesión irregular de licencias urbanísticas a sus empresas. El arquitecto municipal y la teniente de alcalde también podrían estar implicados. En la villa coruñesa de Mugardos, un juez de Ferrol imputó a un policía local y un aparejador municipal por supuesta corrupción.

Sin alegaciones

El borrador de la Ley de Vivienda de Galicia está en estos momentos en fase de alegaciones. La Confederación de Empresarios de Galicia y la Federación de Promotores de Edificación y Suleo de Galicia ya han presentado las suyas y no han formulado ninguna objeción al artículo 16 de esta futura ley, confirmaron ayer fuentes del equipo de Teresa Táboas.

El anteproyecto de Ley de Vivienda de Galicia establece en ese artículo que no podrán promover viviendas en el consistorio las empresas o sociedades en las que el cargo representativo o el personal directivo del ayuntamiento "desempeñe cargos de toda índole o participe en su capital social, por sí o por persona interpuesta".

El borrador de la norma considera que incumplir esta obligación supondrá una infracción muy grave, que podrá ser sancionada con una multa que puede oscilar entre 60.001 euros y un millón de euros. Además esa empresa podrá ser inhabilitada para participar en promociones de viviendas protegidas de la comunidad durante seis años.

Por otra parte, la futura Ley de Vivienda de Galicia obligará a la realización de un estudio geotécnico del terreno cuando se vaya a construir un edificio o cuando se acometan obras de reforma o rehabilitación que afecten a la cimentación del inmueble o modifiquen significativamente los empujes que la estructura debe transmitir al terreno. Con este estudio se prevé poner fin a los derrumbes de edificios cuando se acometen obras en solares vecinos.

Ésta es una de las novedades de la Ley de Vivienda, que pretende convertirse en "un auténtico código de derecho a la vivienda de Galicia". La futura norma también obliga a los dueños a rehabilitar las viviendas, si éstas no alcanzan las condiciones de habitabilidad requeridas. En el caso de los pisos alquilados, favorece el derecho de retorno de las personas que allí se alojaban, que además deben tener garantizado otro hogar, mientras se acometen las obras de mejora. El anteproyecto legislativo fija que la superficie útil de la vivienda protegida que se levante en la comunidad autónoma oscilará entre los 40 y los 140 metros cuadrados.

Fuente: La Opinion

Al hacer un balance de su trabajo en la presidencia de la CONAMM, en la que ahora será copresidente, dijo que se están respetando los tiempos de todos e impulsando un modelo de representación único, que dará más fuerza política a su lucha y los pondrá en igualdad de condiciones con el movimiento municipalista de otros países.

Este año, la CONAMM, será encabezada por el alcalde de Pachuca, Omar Fayad Meneses, quien comentó que en el 2007 se tuvo mucho éxito porque todo lo que se gestionó cobró vida y fructificó en mayores recursos para los municipios y el 2008 tiene que ser igual.

“Ahora estamos tratando de consolidar los puntos finos, pero tenemos objetivos comunes, ya que lo único que queremos es un mejor desarrollo de los municipios y un federalismo mucho más equitativo”, agregó.

En lo que toca al presidente municipal de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, a quien le corresponde en el año 2009 sustituir al alcalde Omar Fayad Meneses en la presidencia de la CONAMM, según el acuerdo político suscrito en Cancún por las tres agrupaciones de alcaldes integrantes de la misma, este año fungirá también como copresidente junto con su homólogo Gutiérrez Cureño.

Durán Reveles indicó que “con el espíritu de la reunión de Cancún, hemos avanzado en acuerdos fundamentales para la construcción orgánica de la CONAMM, que en las próximas semanas se comenzará a conformar con la idea de hacer un solo bloque que represente el movimiento municipalista de México.

Sobre la reunión sostenida con Fayad Meneses y Durán Reveles, en su calidad ya de copresidente, Gutiérrez Cureño dijo, “hicimos un balance de lo logrado el año pasado, donde hubo un aumento sustancial de resultados y repasamos los asuntos pendientes, que tienen que ver con la lucha que daremos este año por las causas de los municipios de México”.

Asimismo anunció que a finales de enero la CONAMM se reunirá con el presidente espurio Felipe Calderón, la CONAGO, las Cámaras de Diputados y Senadores y la Asociación de diputados locales, mientras que en marzo llevará al Congreso sus propuestas para el Presupuesto del 2009 y la Reforma del Estado.

Gutiérrez Cureño se mostró satisfecho de la labor que realizó en el año en que la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) que preside, estuvo al frente de la CONAMM. Se está dando da un paso más hacia la consolidación de la AALMAC como un espacio de coordinación y trabajo conjunto”, concluyó.