Un sistema de estas características requeriría de una organización racional de la información pública de modo que se puedan cumplir los plazos estipulados por la norma para recibir la información solicitada (en el Reino Unido, por ejemplo, el plazo máximo es de 20 días).

Una veintena de organizaciones, reúnidas en la Coalición Pro-Acceso, luchan en nuestro país para que se apruebe una ley de acceso a la información pública.

Más información en El País ( 3.5.2008 )

Noticias del Estado de México, Toluca, Marzo 10 (Transparencia).- El Estado de México sacó cero en varios de los 17 indicadores sobre el acceso a la información pública que evaluó un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no obstante logró pasar de panzazo con una calificación de 6.4 como promedio, informó la Doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de dicha institución educativa.

El estudio dado a conocer por Gómez Gallardo en la Casa de Ecatepec de la Ciudad de Toluca durante el foro “El impacto de las reformas al Artículo 6º. Constitucional en la Ley de Transparencia Estatal” que organizó el Comité Municipal de Transparencia a la Información Pública de Ecatepec, indica que el estado de México ocupa el lugar 16 a nivel nacional en esta materia.

El estado de México sacó cero en los límites al derecho de acceso a la información, es decir, “tienen demasiadas limitaciones, cuando la lógica es menos restricciones”, explicó la Doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la UNAM, pero apuntó que aún se pueden hacer modificaciones que garanticen a los ciudadanos el acceso a la información.

La entidad, dijo, obtuvo también cero en materia de cultura de la transparencia, por lo que sugirió integrar un capítulo al respecto a fin de que el Órgano Garante promueva en todos los niveles de enseñanza los temas del derecho de la información.

“Es fundamental un capítulo expreso que integre la obligación de integrar planes y programas de estudio a todos los niveles. Es una falta de cultura desde el propio funcionario que debe saber que es una obligación dar información, guardar los datos personales y conservar archivos administrativos”, puntualizó la investigadora.

Además, agregó, se reprobó en los indicadores de versiones públicas, definición e interpretación, máxima publicidad y periodo de reserva, no obstante aclaró que se obtuvo 10 en cuanto a prueba de daño, formas de solicitud de acceso a la información y en afirmativa ficta.

Si bien la entidad pasó de panzazo la citada evaluación, hubo estados que la reprobaron totalmente como Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato.

La reforma al artículo 6 Constitucional permitió crear estándares mínimos, pero aún hay pendientes en cada entidad, pues “si alguien vive en Guerrero tiene menos acceso a la información pública que alguien que vive en Chihuahua, en Morelos o en el Distrito federal, comentó Gómez Gallardo.

Por otra parte, el diputado federal Salvador Ruiz Sánchez por el Distrito 11 de Ecatepec, señaló que es necesario impulsar la participación ciudadana en el acceso a la información para hacer efectiva la rendición de cuentas por parte de los funcionarios, pero para ello se requiere quitarle las limitaciones que tiene el derecho a la información pública en la entidad.

Teodoro Serralde, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México (ITAIPEM) propuso “dar autonomía a este organismo y darle facultades al Órgano Garante para sancionar con amonestaciones pública y privada, apercibimiento y multas.

El diputado local Domitilo Posadas hernández, otro de los participantes en el foro, demandó ampliar la lista de sujetos obligados, pues consideró importante que los líderes de partidos en el estado de México sean considerados. “El tema más incómodo es conocer cómo entran y cómo salen en cuestión patrimonial, por lo que sería importante conocer el salario de los dirigentes de los partidos en el estado”, añadió el legislador perredista.

También se deben dar a conocer los padrones de beneficiarios de los programas sociales y los montos, añadió.

Pero quien se llevó oreja y rabo como dicen en la fiesta taurina, fue Eleael Acevedo Velázquez del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, quien sin decir agua va, opinó que la clase política aún no está preparada para este cambio por lo que consideró que se debe modificar el ejercicio mismo del poder.

Y que bueno que Acevedo Velásquez haya puesto los puntos sobre las íes, pues mientras los políticos no dejen de hacer como que la virgen les habla y se decidan a formular una ley, que sin restricciones, verdaderamente ciudadanice el acceso a la información pública, seguiremos en la fascinante democratización de la simulación.

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