La formación política pretende denunciar el abandono que desde hace 33 años sufre el pueblo saharaui, exigir la independencia del Sáhara Occidental y el respeto a los derechos humanos en las zonas ocupadas por Marruecos. “Se trata –ha afirmado la diputada Rosa Díez-, de saldar una vieja deuda de justicia internacional” . Por eso, UPyD anuncia concentraciones y su adhesión a la manifestación convocada el próximo día 15 por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara

Unión Progreso y Democracia, UPyD, considera que la política exterior del Gobierno en referencia al conflicto del Sáhara ha carecido de firmeza y de una hoja de ruta clara a pesar de la vulneración de los derechos individuales que sufren miles de ciudadanos saharauis desde hace muchos años. En este sentido, España -como antigua potencia administradora del Sahara- tiene una responsabilidad que asumir, sobre todo, por no acometer la descolonización que le reclamaba la ONU desde los años 50.

Por eso, y dado que el próximo 14 de noviembre se cumplirán 33 años de los Acuerdos de Madrid, la formación política iniciará en los próximos días una campaña  de movilización que culminará con la asistencia de Rosa Díez y Mikel Buesa a la manifestación convocada el próximo día 15 de noviembre por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara en Madrid para pedir la independencia del Sáhara Occidental y el cumplimiento de la legalidad internacional. En ese sentido, Rosa Díez, destaca que “cualquier ciudadano que esté de acuerdo con los derechos que reivindica el pueblo saharaui, debe pasar de la solidaridad discursiva a la activa, acompañando el 15 de noviembre a los saharauis en la calle.

Aplazado el veredicto para el niño que comparó al Barça con Mohamed VI

Rabat/ “Estamos contentos porque Yassine está con nosotros, pero a la vez un poco preocupados porque no sabemos qué pasará finalmente”, dice a Acn Press al otro lado del teléfono Mohamed Belassal, padre del acusado de Ait Ourir, pueblo cercano a Marrakech, por faltar el respeto al monarca alauita Mohamed VI. El joven, estudiante de Bachillerato de 18 años, fue detenido durante el Ramadán, el 29 de septiembre, y estuvo internado en la prisión de Marrakech hasta la semana pasada, que el juez lo dejó en libertad provisional y fijó para esta mañana la siguiente vista del proceso de Apelación.

La familia esperaba contar hoy ya con un veredicto y confiaba en la total liberación de Yassine, ha referido su padre a esta agencia, pero el juez ha decidido aplazar su decisión una semana más, hasta el próximo miércoles 12 de noviembre. “Le rogamos a Ala cada día que no tenga que volver a la cárcel, es un niño, un niño muy bueno, estudioso y que ama al Rey”, repite su padre una y otra vez.

A Yassine se le acusa, según la declaración oral obtenida por la Gendarmería y en la que se basa el proceso, por escribir presuntamente en los muros del colegio la frase “Dios maldiga a tu padre”, en referencia al monarca Mohamed VI. Uno de los delitos más graves en Marruecos, que prohíbe por ley los ataques a la monarquía, la religión y la integridad territorial.

Según declaró el niño la semana pasada tras su salida de prisión, lo que escribió fue “Dios, Patria, Barça”, alterando la divisa nacional de Dios, Patria, Rey (Ala, El Watan, El Malik), sagrada en el reino alauita. Aunque Yassine aseguraba también que junto a esta frase había escrito la palabra Rey, “porque amo tanto al equipo como al Rey”. Su padre, que en los últimos días fue cambiando su versión de los hechos, siempre ha insistido en que “haya escrito lo que haya escrito, todo fue un juego de niños”.

Para Mohamed Belassal, “la declaración obtenida por la Gendarmería se extrajo tras aplicar prácticas poco ortodoxas” con el muchacho. “Utilizaron la fuerza, le pegaron”, afirma. Y critica duramente las condiciones en las que ha estado su hijo internado en la prisión. “Sin comida, con noventa presos comunes en una celda, y durmiendo en el suelo sobre una manta”. Mohamed relata que Yassine “ha mejorado mucho en esta última semana, porque se encontraba en muy mal estado de salud, psíquica y físicamente”.

La mediación del Barça
El caso saltó a los medios de comunicación hace dos semanas, cuando el padre del joven se atrevió a denunciar la situación en la que se encontraba su hijo. En un principio, el Barça, a través de la abogada Marga Oranich, aseguró que estudiaría las circunstancias por las que había sido encarcelado Yassine, para determinar si podían ayudar al chico. La aparición en el proceso de la frase “Dios maldiga a tu padre”, sin embargo, echó atrás la mediación del club de fútbol.

El padre de Yassine, no obstante, agradece tanto al Barça como a los medios de comunicación su interés por el caso de su hijo. No en vano, la presión internacional en casos similares ha tenido en otras ocasiones un peso importante en la decisión de los jueces, valora. Casos como el del blogger Mohamed Erragi o Fouad Mourtada, acusados también por falta de respeto a la familia real. Erragi fue acusado de insultar al Rey por un artículo en una página web sobre las presuntas prebendas que otorga Mohamed VI a sus súbditos y Mourtada, por crear un perfil falso del hermano del monarca, Mulay Rachid, en Facebook. Ambos fueron finalmente puestos en libertad.

Introducción

El Sáhara Occidental –o, hasta ahora, Sáhara Español- es un pequeño lugar. Su descolonización y la suerte de sus escasos 75.000 habitantes** no atraen la atención de la opinión pública ni por un instante. Sin embargo, o quizás en parte por esa misma razón, el tratamiento  de la cuestión del Sáhara por las Naciones Unidas ha sido garrafalmente mal llevado, creando así un precedente con un potencial de perjuicios futuros absolutamente desproporcionado con la importancia del territorio.

El “arreglo” de la cuestión del Sáhara a favor de la reivindicación, por Marruecos, de derechos históricos y la denegación de la autodeterminación al Pueblo saharaui se desvían radicalmente de las normas de descolonización establecidas y aplicadas coherentemente por las Naciones Unidas desde 1960. Ello habrá de tener una gran importancia para muchas otras reivindicaciones territoriales irredentistas, tales como la de Guatemala sobre Belize¹, de Somalia sobre Yibuti² y de Argentina sobre las Islas Malvinas³. Tan pronto como Marruecos y Mauritania solidificaron su ocupación del Sáhara en febrero de 1976, Marshal Idi Amin, [presidente] de Uganda, reclamó como propias extensas partes de Kenya y de Sudán basándose en la afinidad tribal y la historia⁴. En su momento, una Palestina árabe casi con toda seguridad planteará reivindicaciones territoriales contra Israel. De hecho, puede que no transcurra mucho tiempo antes de que Marruecos renueve sus intenciones –actualmente en reposo- sobre su socio, Mauritania⁵. Las reivindicaciones de derechos históricos sobre territorios han tendido a quedar limitadaas por la insistencia de la comunidad internacional en que las fronteras establecidas tienen que ser respetadas y sólo pueden ser modificadas con el libre consentimiento del pueblo que vive en cada territorio. Marruecos y Mauritania, con la ocupación del Sáhara sin el consentimiento de su población, han conseguido frustrar la aplicación de esta norma y han hecho que  el sistema internacional dé un paso claro hacia un nuevo conjunto de expectativas mutuamente compartidas  sobre el comportamiento de los Estados –incipientes nuevas normas- que son, con mucha mayor probabilidad que las reglas anteriores, generadoras de conflictos, aun cuando sus líneas generales sólo se perciben, de momento, vagamente.

Este precedente también es desestabilizador de otra manera más amplia. La exitosa utilización de la fuerza por parte de Marruecos y Mauritania para apoderarse del Sáhara Occidental ha reforzado la tendencia de los Estados del Tercer Mundo a perseguir sus intereses nacionales mediante la agresión militar, en lugar de mediante la ley y la diplomacia. Nada de lo que acontece en el terreno de las relaciones internacionales funciona tan bien como el éxito, y tanto en Angola como en el Sáhara el uso de la fuerza ha funcionado sin mucha oposición del resto de la comunidad internacional. Estos acontecimientos en África han sido imitados en Asia con la ocupación de Timor Oriental por Indonesia, otro lugar donde las reivindicaciones históricas, geográficas y étnicas fueron hechas valer mediante el recurso a las armas.⁶ En la medida en que esta lección se toma en serio, el mundo será un lugar cada vez más peligroso –consideración ésta agravada con el salto del Tercer Mundo al armamento sofisticado.

El tratamiento [que se ha hecho] del caso del Sáhara ya ha tenido consecuencias dramáticas para el orden mundial. Unos 60.000 saharauis han devenido refugiados⁷, lo que ha generado grandes dificultades y fuertes presiones en las instalaciones y el presupuesto del Alto Comisionado para los Refugiados de las NN. UU. Ha habido duros combates con el movimiento de liberación saharaui POLISARIO (Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) apoyado por Argelia, y el Gobierno de Mauritania ha informado de una batalla de dos días con cuantiosas bajas en abril de 1976⁸, tan sólo dos meses después de que el Sáhara hubiere sido “pacificado” por los ejércitos de Marruecos y Mauritania. Este asunto ha provocado fuertes divisiones en el seno de la Organización para la Unidad Africana (OUA). Su Comité Político había recomendado en el mes de febrero el apoyo al Ejército de Liberación [saharaui], lo que provocó que Marruecos y Mauritania amenazasen con abandonar la Organización.⁹ Aunque la división pudo evitarse temporalmente¹⁰, Argelia y otros países reconocieron unilateralmente al Gobierno saharaui en el exilio, y Rabat y Nouakchott rompieron inmediatamente las relaciones diplomáticas con Argelia¹¹. No pasará mucho tiempo antes de que otros Estados se vean forzados a elegir bando.¹²

También los Estados Unidos se han visto involucrados en la disputa. El anuncio, en febrero de 1976, de que EE.UU vendería una escuadrilla de 24 reactores de combate F-5E al rey Hassan II¹³, estuvo dictado indudablemente por la “realpolitik”. Marruecos, junto con España, es la llave de EE.UU al Mediterráneo. El Gobierno del Rey [Hassan II] es generalmente considerado pro-estadounidense, lo que no sucede con los gobernantes de Argelia. Por el contrario, los dirigentes del POLISARIO son anatemizados por su estrecha asociación con los argelinos. Para Washington, el derecho a la autodeterminación de unas 75.000 personas es algo de mucha menor trascendencia que la estabilidad del inestable trono del rey Hassan, y más considerando que aquéllas podrían tender a estar dominadas por Argelia. Así pues, en nombre del pragmatismo político, EE.UU ha desertado de su compromiso histórico con el principio de autodeterminación.¹⁴ En lugar de defender la primacía de una importante norma del orden internacional, EE.UU. ha consentido que la política dicte su posicionamiento internacional. Al actuar así, nos hemos encontrado, una vez más, enfrentados a la cuestión de si EE.UU., como potencia líder mundial tiene mayor interés en preservar y reforzar las reglas de juego que en ganar [determinadas] partidas subalternas sin tener en cuenta cómo nuestra acción afecta a las normas. Dicho de otra manera, el caso del Sáhara nos confronta con un conflicto clásico entre criterios legales y criterios políticos.

La población saharaui

El Sáhara Occidental está situado a lo largo de la costa atlántica del noroeste de África. Su escasa población habita una superficie territorial de 266.000 kilómetros cuadrados, casi exactamente el tamaño de Colorado.¹⁵ Muchos de ellos son pastores nómadas del desierto que cuidan rebaños de camellos, cabras y ovejas, si bien en el transcurso de los últimos años se ha producido un considerable asentamiento urbano en la capital, El Aaiún, que antes de la salida de España tenía una población civil de casi 30.000 personas, así como también en Smara y Villa Cisneros, con unos 7.000 y 5.500 habitantes respectivamente.¹⁶ Esas cifras no incluyen a los saharauis que han estado viviendo en países vecinos, especialmente Marruecos y Argelia, ya sea por razones políticas o económicas. Las mejores estimaciones del número de esos exilados han oscilado entre la cifra de 10.000 facilitada por España y un máximo de aproximadamente 50.000 según los movimientos de liberación y los Estados vecinos.¹⁷ Dado que tanto Marruecos como Mauritania han adoptado la posición de que los saharauis son ciudadanos suyos, no existían fronteras para contener o incluso registrar sus desplazamientos, ni siquiera en la época colonial [española]. Los vínculos sociales y étnicos entre los habitantes del Sáhara Occidental y aquellos otros cercanos de Marruecos, Mauritania y Argelia hacen particularmente difícil concretar de un modo definitivo quién es y quién no es saharaui. (Así por ejemplo, uno de los dirigentes exilados del POLISARIO es Ahmed Baba Miske, ex embajador de Mauritania ante las Naciones Unidas y Washington). Este hecho cobró relevancia política cuando se planteó el debate sobre un referéndum de autodeterminación. Mediante los apaños “correctos”, la votación podría fácilmente sesgarse importando marroquíes y mauritanos que aparentarían ser saharauis.¹⁸

Esta dificultad, aun siendo importante tenerla presente al valorar las tácticas de descolonización empleadas en el caso del Sáhara Español, en absoluto carece de precedentes en África. De hecho, es la regla, en lugar de la excepción, que las fronteras de esas nuevas naciones reflejen la arrogante indiferencia de las potencias coloniales para con los grupos tribales y las rutas de paso de los nómadas. En prácticamente todos los Estados africanos hay tribus con estrechos vínculos históricos y sociales que sobrepasan las fronteras políticas. En algunas regiones, como en el caso de Ogaden, en el Cuerno de África, el problema es tan grave como y similar al del Sáhara Occidental. Además, la Historia es un manantial de injusticias y, en muchos casos, la memoria de los agraviados se remonta a tiempos muy lejanos. La cuestión es si, por mor de reparar antiguos agravios habría que infligir nuevas injusticias traumáticas a los actuales habitantes de un territorio.

La primacía de la autodeterminación y la integridad de las fronteras

Los precedentes en tales casos, con anterioridad a los casos del Sáhara Occidental y Timor, son relativamente coherentes y sencillos. Por lo general, a los Estados vecinos no se les ha permitido robar territorios adyacentes por el mero hecho de alegar derechos históricos; los reajustes de fronteras deben ser el resultado de la expresión de la voluntad libremente expresada de quienes se ven sometidos al reajuste en cuestión. La supremacía de la autodeterminación contemporánea frente a las reivindicaciones históricas y la reparación de antiguas injusticias se basan en dos consideraciones. En primer lugar, se parte de la hipótesis  de que cualquier otro enfoque conduciría a conflictos interminables en la medida en que los Estados modernos se sometiesen a la presión de incorporarse a un proceso de revisión de fronteras para regresar a no se sabe cuál situación histórica previa  y de validez igualmente incierta. Y en segundo lugar, es un hecho ampliamente constatado que Estados o incluso colonias con fronteras establecidas y poblaciones bien definidas, independientemente de la manera injusta o fortuita como se haya llegado a ello, enseguida desarrollan una lógica propia de cohesión estatal que no debería descartarse a la ligera.

Es por esas razones por las que los Estados africanos han insistido en que cualquier colonia, en la fase final de la descolonización, tiene que ejercer su “derecho” de autodeterminación dentro de los límites de las fronteras establecidas. Incluso aunque, en algunos casos, esto tienda a perpetuar ciertas injusticias históricas o ciertos problemas culturales, se ha reconocido que otras alternativas son peores. Intentar un rediseño completo del mapa de África en base a antiguas reivindicaciones o a vínculos tribales sólo conduciría al caos, la guerra y a destejer el sistema de Estados del Continente. Los dirigentes del África post-independencia comprendieron que, aunque había injusticias, éstas podían resolverse mejor mediante arreglos funcionales entre Estados soberanos, tales como servicios y mercados comunes regionales, derechos de libre circulación a través de las fronteras y, tal vez, federaciones.

De manera que fue ante la insistencia del Tercer Mundo por lo que el que el hito de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales¹⁹, al tiempo que proclamaba que “todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación”²⁰, también advertía de que “cualquier intento de ruptura parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.²¹ Y la Organización para la Unidad Africana ha reforzado la norma de que los territorios tienen que ejercer su derecho a la autodeterminación dentro de las fronteras coloniales establecidas.²² Si un territorio desea unirse a uno o varios Estados vecinos, tendrá el derecho a manifestar esa preferencia en el proceso de descolonización, pero tiene que ser la libre decisión de la mayoría de esa colonia concreta; y un territorio con fronteras reconocidas no puede ser absorbido ni desmembrado en contra de la voluntad de sus habitantes.

La praxis de la ONU en la aplicación de la norma de la autodeterminación dentro de las fronteras coloniales establecidas

El historial de la democracia en los nuevos Estados (o, para el caso, en una mayoría de los viejos), difícilmente llenaría de alegría a Montesquieu o a J. S. Mill. Sin embargo, la aspiración democrática ha ido relativamente bien en un aspecto. Durante las últimas tres décadas fue una práctica corriente alentar a las poblaciones coloniales, en el momento justo antes de la independencia, a participar en un acto genuino de libre elección. En la mayor parte de los casos, ese acto determinaba qué partido y qué gobierno asumirían las riendas del poder. En otros casos, las cuestiones eran más complejas: ¿Debía la nueva nación acceder a su era de independencia como una sola entidad? ¿Debía la nueva nación, o parte de ella, unirse a otro Estado? ¿Debía reconstituirse en varias naciones independientes o federadas? Desde entonces, la mayor parte de los votantes de esos nuevos Estados no han vuelto a tener ocasión de participar mediante votación secreta en el proceso de toma de decisiones de sus propios países. Pero al menos, en lo que concierne a aquella primera elección decisiva, el principio de la participación popular ha sido generalmente respetado.

Ya en la temprana fecha de 1945, la Asamblea General de la ONU había aprobado que “si la Asamblea General lo estima oportuno, una Misión debería visitar, de acuerdo con el [Estado] Miembro Administrador, el Territorio-No-Autónomo antes de o durante el período en que la población es convocada a decidir sobre su estatus futuro…”.²³

En consecuencia, las Naciones Unidas supervisaron plebiscitos o elecciones en Togolandia Británica en 1956, en Togolandia Francesa  en 1958, en la británica Camerún del Norte  en 1959 y 1961, en Camerún del Sur en 1961, en la Ruanda-Urundi administrada por Bélgica en 1961, en Samoa Occidental en 1962, y en Papúa-Nueva Guinea en 1972.²⁴ Representantes del Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU (UN Trusteeship Council) también asistieron como observadores al controvertido plebiscito en las [Islas] Marianas en junio de 1975, en el cual la mayoría votó por separarse de las Islas del Pacífico en fideicomiso de EE.UU. y convertirse en Commonwealth en unión política con los Estados Unidos.²⁵

Con la creación, en 1961, del Comité Especial de Vigilancia de Naciones Unidas sobre la Situación relativa a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales²⁶, la adhesión a las normas para la descolonización de Territorios bajo Administración Fiduciaria [Trust Territories] –en los que las Naciones Unidas tenían un claro interés legal- empezó a ser reclamada también por las colonias ordinarias. Desde su creación, el Comité Especial –en palabras del Departamento de Asuntos Políticos y Descolonización de las NN.UU- “ha enfatizado la deseabilidad de la presencia de las Naciones Unidas en las fases finales del proceso de autodeterminación en los territorios-no-autónomos, particularmente en aquellas situaciones en que se pide a la población que decida sobre una formula constitucional muy cercana a la independencia o allí donde se ha manifestado preocupación con respecto al pleno cumplimiento de los procesos democráticos durante la consulta electoral”.²⁷ Así, en abril de 1965 el Comité Especial de Naciones Unidas organizó la supervisión de las elecciones para una legislatura que redactaría la nueva constitución de las Islas Cook, y que condujo a la ‘libre asociación’ con Nueva Zelanda.²⁸ En 1967, la Asamblea General recomendó la celebración de elecciones generales previas a la independencia en Guinea Ecuatorial con la participación de la ONU, y en 1968 España cumplió esa petición.²⁹ La ONU también ha participado en votaciones de autodeterminación en el Territorio neozelandés de Niue en 1974³⁰ y, en ese mismo año, actuó de observador en el referéndum de las Islas Ellice, mediante el cual los votantes decidieron convertirse en una colonia separada con el nombre de Tuvalu.³¹

No todas las iniciativas han provenido de la Asamblea General. En 1963, los gobiernos de la Federación Malaya, Indonesia y Filipinas pidieron al Secretario General [de la ONU] que enviase una Misión a los territorios británicos de Sarawak y Borneo del Norte para determinar si esas poblaciones deseaban integrarse con Malaya en una nueva Federación de Malasia. La Misión, compuesta por diplomáticos de alto nivel nombrados por el Secretario General, informó de que los votos a favor de la Federación en las circunscripciones de Borneo del Norte y Sarawak representaban la voluntad libremente expresada de la población de esos territorios.³²

Por supuesto, hay excepciones a la regla. En un caso, las Naciones Unidas adoptaron la posición de que en una determinada colonia no debía celebrarse una votación o plebiscito de autodeterminación libres. De hecho, la Asamblea General se opuso a la celebración de un referéndum en Gibraltar, en 1967³³, que pretendía pedir a los votantes que eligieran entre la unión con España o la continuación de los vínculos con Gran Bretaña. La ONU se negó a aprobar el envío de un observador de la Organización a ese plebiscito. De hecho, el Comité Especial deploró que aquél se hubiera celebrado, insistiendo, en cambio, en que el futuro de Gibraltar debiera resolverse mediante negociaciones entre España y Gran Bretaña³⁴.

En el caso de la descolonización de West Irian, la ONU, en una votación controvertida y profundamente dividida³⁵ que dejaba presagiar los debates sobre el Sáhara, votó aceptar como válido el “acto de libre elección” organizado por Indonesia, que implicaba no una votación secreta sino solamente “consultas colectivas” celebradas al tiempo que la Administración indonesia “ejercía en todo momento un férreo control político sobre la población”.³⁶ El delegado de Sierra Leona en la Asamblea General de la ONU manifestó su temor, de su propia delegación y de otras delegaciones, de que los mismos argumentos que estaban siendo utilizados por Indonesia en contra de aplicar a West Irian estándares internacionales de elecciones libres, abrirían la puerta para que otros países, como Sudáfrica, Portugal y Rodesia del Sur denegaran la autodeterminación a sus mayorías africanas negras, promoviendo, en cambio, unas “consultas” amañadas.³⁷

Ha habido otros pocos ejemplos, desde la creación del Comité Especial de Naciones Unidas en 1961, en los que una potencia colonial ha rechazado una petición de la ONU para supervisar unas elecciones o un referéndum de autodeterminación³⁸, así como también unos pocos casos (como el de las colonias de Portugal) en los que la descolonización se produjo esencialmente como resultado de una guerra nacional de liberación, en lugar de mediante una evolución política. Pero también ha prevalecido en la inmensa mayoría de los casos un modelo claro de descolonización pacífica mediante elecciones libres o plebiscitos, frecuentemente bajo la supervisión de la ONU, en los cuales la población local ha tenido la oportunidad de elegir su propio porvenir como nación. Es este modelo el que ha sido quebrantado de manera espectacular en el caso del Sáhara Español.

El infructuoso esfuerzo de Naciones Unidas para garantizar el derecho de los saharauis a la autodeterminación

El fracaso de las Naciones Unidas en garantizar unas elecciones o un plebiscito de autodeterminación en el Sáhara antes de su descolonización definitiva es una ruptura no sólo con un sólido y saludable modelo general de normas para las colonias en general, sino también en la política sistemáticamente defendida específicamente para el Sáhara en los debates y resoluciones de Naciones Unidas durante más de una década. Durante los dos últimos años [en cambio], el tratamiento de la cuestión del Sáhara en la NN.UU ha revelado la deriva extremadamente política de esa Organización y su ínfima consideración de los principios que la informan.

La cuestión del Sáhara Español ha sido exhaustivamente debatida en el Comité Especial de la Asamblea General desde septiembre de 1963, y en las sesiones plenarias de la Asamblea General desde diciembre de ese mismo año. La primera de toda una serie de resoluciones requiriendo a España a que materializara el derecho a la autodeterminación del Sáhara fue aprobada por dicho Comité el 16 de octubre de 1964³⁹; la Asamblea General siguió su ejemplo un año después⁴⁰. La posición de Madrid durante este período era que sus territorios africanos, en tanto que provincias de la España metropolitana, no estaban sujetos a la autodeterminación⁴¹.

Ya desde el principio mismo, los delegados de Marruecos eran ambiguos sobre si apoyar o no la autodeterminación. Por una parte, afirmaban que su país en última instancia recuperaría los territorios marroquíes que estaban bajo dominio colonial y que habían sido separados del país mediante una política arbitraria y anexionista (sic) llevada a cabo, a sus expensas, por las potencias, que los habían puesto bajo la jurisdicción de sus respectivos protectorados⁴². Sin embargo, admitiendo que la opinión pública española y mundial no tolerarían entonces una “reunificación” a la fuerza, el régimen de Rabat, en una reunión del Comité Especial de la ONU celebrada en Addis Abeba, en agosto de 1966, tomó de hecho la iniciativa al proponer que al Sáhara y a las otras colonias españolas “debería concedérseles la independencia tan pronto como fuera posible” ⁴³ (énfasis del autor). Esa independencia, añadían, tiene que ser genuina, “permitiendo a los habitantes de esos Territorios ejercer por sí mismos todas las responsabilidades del poder, sin presencia colonial alguna” y eligiendo “la vía más adecuada para sus intereses… dentro del marco de la unidad africana”⁴⁴, con lo que Rabat esperaba que libremente decidieran unirse a Marruecos.

Una posición similar fue adoptada en esa misma reunión de 1966 por el gobierno de Mauritania, cuyo representante también insistió en los derechos históricos de su país respecto al Sáhara Occidental, al tiempo que señalaba que el Presidente de Marruecos [sic; N. del T.: Evidentemente, se trata de un error] había caracterizado las reivindicaciones de Marruecos de “tan ridículas como las que Inglaterra pudiera hacer ahora contra Francia bajo el pretexto de que, en los tiempos de Juana de Arco, París y una gran parte de Francia habían estado ocupadas por los ingleses” ⁴⁵. No obstante, también Mauritania afirmó que el Sáhara Occidental, aún cuando históricamente había sido parte de sus dominios, “debiera ser completamente independiente”, lo que significaba independiente “de España, pero también, por supuesto, de Marruecos”.⁴⁶

La vigésimo primera sesión de la Asamblea General, [celebrada] en 1966, reafirmó el derecho del pueblo del Sáhara Español a la autodeterminación, pero fue aún más lejos al describir cómo debería llevarse a cabo aquélla. [La Asamblea General] invitaba a España

“… a determinar en el plazo más breve posible, en conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara Español, y en consulta con los gobiernos de Mauritania y Marruecos y cualquier otra parte interesada, el procedimiento para la celebración de un referéndum bajo los auspicios de Naciones Unidas con vistas a hacer posible que la población autóctona del Territorio ejerza libremente su derecho a la autodeterminación, y, para este fin:

(a) Crear un clima favorable para que el referéndum se lleve a cabo sobre una base completamente libre, democrática e imparcial, permitiendo, inter allia, el retorno de los exilados al Territorio;…

(d) Proporcionar todas las facilidades necesarias a una Misión de las Naciones Unidas, de manera que ésta pueda participar activamente en la organización y celebración del referéndum…” ⁴⁷

La Asamblea también pidió al Secretario General que nombrara y enviara al Sáhara una Misión especial “con la finalidad de recomendar medidas prácticas para el cumplimiento íntegro de las resoluciones relevantes de la Asamblea General, y en particular para determinar el grado de participación de Naciones Unidas en la preparación y supervisión del referéndum…” ⁴⁸

El 11 de mayo de 1967, el Gobierno de Madrid promulgó un decreto estableciendo una Asamblea General del Sáhara Español –o Yemáa-, una parte de cuyos miembros serían elegidos.⁴⁹ La Vigésimo Segunda Sesión de la Asamblea General no quedó muy convencida, viendo en ello un claro esfuerzo por parte de España en crear un Gobierno local pilotado por los miembros mayores de las tribus del establishment  y otros elementos conservadores que debían su posición a España y al status quo, y volvió a reiterar la resolución del año anterior.⁵⁰ De hecho, las seis resoluciones aprobadas por la Asamblea General entre 1967 y 1973 repiten las recomendaciones de la resolución de 1966 y, en particular, aquellos párrafos relativos a la organización de un referéndum y al envío de una Misión especial de Naciones Unidas para supervisar la autodeterminación en el territorio.⁵¹

A pesar de esa poco frecuente y reiterada exhibición de unanimidad pública de todos los Estados clave, las claras y normativas prescripciones de las resoluciones no fueron cumplidas. En lugar de ello, lo que se produjo durante los siguientes seis años decisivos fue una aceleración de los esfuerzos de todas las partes para amañar su solución preferida tras una fachada de apoyo a la autodeterminación. España siguió argumentando que, debido a la naturaleza nómada de la población y las características físicas del territorio, no podían acelerarse los preparativos para la autodeterminación.⁵² Marruecos y Mauritania interpretaron esto como una forma de ganar tiempo para atrincherar a los conservadores pro-españoles instalados en la Yemáa y asegurar su victoria en un eventual plebiscito. Al mismo tiempo, ambos países utilizaron el derecho a ser consultados por España sobre la evolución política del Sáhara (un derecho ampliado por las resoluciones de la Asamblea General) como una forma de impedir, en lugar de acelerar, la evolución hacia el autogobierno. En público, España, Marruecos y Mauritania compartían su adhesión a la autodeterminación. Pero en privado, los tres compartían una profunda desconfianza respecto a un proceso decisorio popular genuinamente libre.

También durante este período, Argelia empezó a emerger más visiblemente como protagonista. Si bien continuaba negando que tuviera reivindicación territorial alguna, pidió ser consultada en cualquier arreglo, insistiendo en que “sus intereses, basados en consideraciones geopolíticas obvias y en la necesidad de unidad regional…, no debían ser pasados por alto en la búsqueda de una solución al problema”.⁵³

Sin duda, un factor primordial en este endurecimiento de las posiciones fue la creciente evidencia de que el Sáhara Español, lejos de ser un erial sin utilidad alguna, contenía grandes riquezas minerales. Los abundantes yacimientos de fosfatos de Bu-Craa, directamente extraíbles, están situados a tan sólo 97 km. de la costa. Cuando estén plenamente operativas, esas minas producirán hasta unos 10 millones de toneladas de fosfato para la exportación.⁵⁴ Se han descubierto minas de hierro en varias zonas y hay expectativas de encontrar petróleo en la importante plataforma continental del Sáhara Occidental.⁵⁵ En opinión de las autoridades españolas, la industria de los fosfatos podría proporcionar a la actual población del territorio una renta por habitante “igual a la de algunos países desarrollados de Europa”.⁵⁶ Las autoridades marroquíes, por su parte, manifiestan que consideran una injusticia el restringir unos recursos tan enormes a una población pequeña y, en privado, dicen que “un Kuwait en el mundo árabe ya es suficiente”.

El 21 de septiembre de 1973, en respuesta a una petición de la Yemáa, el general Franco, en nombre del Consejo de Ministros de España, transfirió efectivamente a esa Asamblea un cierto grado de potestad legislativa interna, pero reteniendo [las competencias de] Asuntos Exteriores, Defensa y algunas otras potestades de veto e iniciativa. Franco también prometió que el Territorio podría votar sobre su futuro “cuando la población libremente así lo pida…”⁵⁷ La resolución de Naciones Unidas aprobada poco después reafirmaba nuevamente el principio de autodeterminación y, en los términos para entonces corrientes, pedía la “libre y auténtica expresión” de la voluntad de los saharauis.⁵⁸ Estos criterios fueron respaldados firmemente por el Tercer Mundo en las reuniones de los Estados Africanos y de los Países No Alineados.⁵⁹

En julio de 1974, España, después de haber informado a Marruecos, Mauritania y Argelia, reveló un nuevo ordenamiento jurídico para el Sáhara que aumentaba sustancialmente las competencias de la Yemáa.⁶⁰ Seis semanas después, Madrid anunció que, por fin, celebraría un referéndum bajo los auspicios de Naciones Unidas durante el primer semestre de 1975.⁶¹

Estos acontecimientos seminales habían estado precedidos por una serie de reuniones en las que España, infructuosamente, había intentado conseguir la cooperación de Marruecos y Mauritania en la realización de un plebiscito. El ministro español de Asuntos Exteriores se reunió con su homólogo marroquí en Rabat en marzo, y en Madrid en abril. Este último señaló en privado que su país permitiría un plebiscito sólo si a los saharauis se les limitaba a elegir entre la unión con Marruecos o permanecer como colonia española, excluyendo así la opción de la independencia. El ministro español [de Exteriores] también se reunió con su homólogo mauritano en Nouakchott, en abril, sin conseguir ningún compromiso de cooperación. Por otra parte, cuando los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, Marruecos y Mauritania se reunieron en Nouakchott el 10 de mayo y, nuevamente, en Agadir el 24 de julio, de nuevo públicamente “reafirmaron su adhesión al principio de autodeterminación para el Sáhara Español” y emitieron un comunicado conjunto declarando que “la autodeterminación habría de llevarse a cabo sin interferencia extranjera y de conformidad con las resoluciones relevantes de Naciones Unidas.⁶²

Éste, sin embargo, fue el último homenaje de Marruecos a la norma de la autodeterminación. Con España comprometida ahora a un referéndum supervisado por NN.UU, la hasta ahora oposición en privado de Marruecos a una votación libre empezó a emerger como política pública. El 8 de Julio, el rey Hassan II, en su discurso del Día de la Juventud, reafirmó la reivindicación histórica de Marruecos sobre el Sáhara y amenazó con una movilización general en caso necesario “para recuperar los territorios usurpados”.⁶³ Hasta ese momento, no obstante todas las resoluciones de NN.UU y las decisiones de las conferencias de los Países No Alineados y de los Países del Magreb, Rabat estaba convencida de que España en su momento se avendría a negociar una unión entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Pero cuando, en lugar de eso, España inesperadamente accedió a los requerimientos de la Asamblea General para llevar a cabo un plebiscito de autodeterminación, Marruecos tuvo que improvisar de repente toda una nueva estrategia. Tomó la decisión de que la cuestión fuera sometida al Tribunal Internacional de Justicia, con lo cual por lo menos se aseguraba el aplazamiento del referéndum durante el tiempo en que la Corte estuviera deliberando. También se decidió que la consulta al Tribunal se limitaría al examen de la validez de la reivindicación marroquí del título histórico, de tal manera que se hiciera de ese asunto una cuestión dispositiva. “Usted, el Gobierno español, afirma que el Sáhara era ‘res nullius’”, declaró el Rey Hassan. “Ustedes afirman que se trata de un territorio o de una propiedad sin heredero, usted afirma que en el Sáhara no había establecido poder ni administración algunos; Marruecos alega lo contrario. En consecuencia, vamos a solicitar el arbitraje del Tribunal Internacional…”⁶⁴

Inicialmente, Mauritania no se unió a la petición de someter el caso al TIJ, reiterando, en cambio, “su sincera intención de respetar fielmente la voluntad libremente expresada de las poblaciones concernidas…”⁶⁵ Sin embargo, en una reunión al más alto nivel celebrada en Rabat, en el mes de octubre, el rey Hassan y el presidente Ould Daddah de Mauritania acordaron la estrategia de acudir al Tribunal y, al parecer, repartirse el Sáhara con independencia del resultado de las deliberaciones del TIJ.⁶⁶

Argelia respaldó a regañadientes la iniciativa marroco-mauritana, habiendo sido persuadida de hacerlo así en nombre de la solidaridad del Tercer Mundo. Después de todo –se argumentaba-, el retraso no implicaría más de un año y en absoluto iba en contra del derecho de la población a adoptar la decisión definitiva⁶⁷. El error de cálculo de Argelia es comprensible: En los debates en NN.UU, un país tras otro, al tiempo que estaban de acuerdo en remitir el asunto al Tribunal, especificaban que esto no debía interpretarse como una dejación del principio de autodeterminación.⁶⁸ España, sin embargo, recelaba más de los motivos marroquíes. En un esfuerzo por contemporizar, Madrid ofreció apoyar la solicitud de un dictamen (advisory opinion), pero sólo si estaba formulada de tal manera que se pidiera al Tribunal examinar no solamente [la cuestión de] el derecho histórico (historic legal title), sino también, “considerar los efectos legales de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General sobre la Potencia Administradora, los países colindantes con el Territorio y, sobre todo, la población indígena”.⁶⁹ Marruecos, sin embargo, rechazó la reformulación propuesta.⁷⁰

La votación en el Cuarto Comité de la Asamblea General tuvo lugar el 11 de diciembre, y la resolución que solicita y elabora las cuestiones de cara a un dictamen consultivo del Tribunal fue aprobada por 81 a 0, con 43 abstenciones.⁷¹ España, que se abstuvo, señaló que las “cuestiones formuladas… eran, desde un punto de vista legal, ambiguas, incompletas e irrelevantes, puesto que no tomaban en consideración la evolución del Derecho Internacional contemporáneo en relación con los Territorios-No-Autónomos, tal como está consagrado en la Carta de la ONU y en las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General sobre descolonización”.⁷² El representante de Kenya, Sr. Francis Njenja, condenó el retraso en la celebración del plebiscito, y añadió: “El Tribunal debería ser el propio pueblo del Sáhara Español… De hecho, se está pidiendo a Naciones Unidas que trate a esa gente como muebles, en lugar de como personas.”⁷³ Guatemala, por su parte, admitió con franqueza que había apoyado la resolución como una forma de frenar el plebiscito, para crear así un precedente para impedir a Honduras Británica (Belize) pedir la autodeterminación.⁷⁴
El Informe de la Misión Visitadora de la ONU

El 13 de diciembre, la Asamblea General aprobó la acción del Cuarto Comité al aprobar la Resolución 3292 (XXIX)⁷⁵. Esta resolución contenía tres importantes mandatos: (1) el aplazamiento del referéndum, (2) el envío de una Misión Visitadora al Sáhara, y (3) la petición al TIJ de un dictamen consultivo. Si bien España se había resistido a (1) y (3), acogió favorablemente (2). Sobre la base de consultas con sus Miembros, el Presidente del Comité Especial nombró a los representantes de Cuba, Irán y Costa de Marfil para constituir la Misión, bajo la dirección de Siméon Ake, Representante Permanente de Costa de Marfil ante la ONU.⁷⁶ Se encomendó a la Misión la responsabilidad de “obtener información de primera mano sobre la situación prevaleciente en el Territorio, incluyendo información sobre las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y educativas, así como también sobre los deseos y aspiraciones de la población”⁷⁷ (énfasis del autor). Para cumplir su mandato, tendría que estudiar las medidas que España proponía adoptar para garantizar la descolonización del Territorio, y llevar a cabo “contactos directos con el mayor número posible de habitantes autóctonos del Territorio, incluyendo aquellos que actualmente estuviesen viviendo fuera del mismo”, con el fin de “verificar los deseos y aspiraciones de la población autóctona…”⁷⁸.

El viaje de la Misión duró desde el 8 de mayo hasta el 9 de junio, empezando en Madrid y terminando en Mauritania. Entre medias, viajó ampliamente por el interior del Sáhara, así como también a Marruecos y Argelia. Mantuvo conversaciones con los dirigentes de los gobiernos y con miembros de los partidos políticos que habían empezado a formarse en el Sáhara y entre los refugiados y exilados en los países vecinos. Todo indica que se hizo un esfuerzo concienzudo de investigación rigurosa de los hechos, y la Misión informó de la ausencia de cualquier medida, en los países visitados, para interferir en la libertad de movimientos de la Misión.⁷⁹

Lo que se desprende de esa amplia investigación de un mes de duración no es nada ambiguo. La página inicial del informe unánime de la Misión sobre la situación política señala de manera inequívoca que:

Gracias a la amplia cooperación recibida de las autoridades españolas, la Misión pudo, a pesar de la brevedad de su estancia en el Territorio, visitar prácticamente todas las poblaciones principales y averiguar las opiniones de la abrumadora mayoría de sus habitantes. En cada uno de los lugares visitados, la Misión fue recibida con manifestaciones políticas masivas y celebró numerosas reuniones privadas con representantes de todos los sectores de la comunidad saharaui. Del conjunto de todas ellas, se hizo evidente para la Misión que había un consenso aplastante entre los saharauis del Territorio a favor de la independencia y en contra de la integración en cualquiera de los países vecinos ⁸⁰ (énfasis del autor).

Se constató que la independencia era el objetivo del conservador PUNS (Partido de la Unión Nacional Saharaui), el único movimiento [político] legalmente reconocido en el Territorio y con el que la mayor parte de los miembros de la Yemáa dijeron estar identificados.⁸¹ La independencia también era el objetivo del POLISARIO, que se oponía al PUNS y lo consideraba un instrumento de los españoles.⁸² El POLISARIO demostró que podía organizar manifestaciones masivas dondequiera que fuera el equipo [de la ONU], y durante la estancia de la Misión consiguió la deserción de dos patrullas de las Tropas Nómadas y la captura de sus oficiales españoles.⁸³ También paralizó la cinta transportadora que une las minas de fosfatos con la costa. Como mínimo, esas actividades disiparon cualquier tipo de duda, en la mente del equipo de la ONU, de que el mayor de los movimientos independentistas no era precisamente el vehículo de las autoridades españolas. Lejos de estar orquestada, la acogida dispensada [por la población] a la Misión “sorprendió a las autoridades españolas, que, hasta entonces, sólo habían sido parcialmente conscientes del profundo despertar político de la población”.⁸⁴

Ningún otro movimiento político fue considerado ser, ni remotamente, una expresión tan importante de la opinión de los saharauis como el POLISARIO.⁸⁵ Así que “la Misión pudo llegar a la conclusión, después de visitar el Territorio, de que la mayoría de la población en el Sahara Español estaba claramente a favor de la independencia”.⁸⁶ Esa impresión estaba basada “en las manifestaciones públicas de que [la Misión] fue testigo y en el extremadamente amplio número de entrevistas con grupos e individuos que representaban los diferentes matices de opinión. Todas esas entrevistas se hicieron en privado, en ausencia de cualquier representante de las autoridades españolas. También se mantuvieron conversaciones, de forma aleatoria, con personas de entre el público en general”.⁸⁷ En El Aaiún, por sí solo, varios miles de personas acudieron a manifestarse a favor del POLISARIO.⁸⁸ La Misión está convencida de que, dentro del Territorio,”la población, o al menos casi todas las personas encontradas por la Misión, estaba categóricamente a favor de la independencia y en contra de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y Mauritania”, aunque fuera del Territorio, entre los pequeños y fragmentados movimientos de refugiados, las opiniones eran más variadas, reflejando las respectivas políticas de sus anfitriones marroquíes, mauritanos o argelinos.⁸⁹

La Misión concluía con la recomendación de que “”la Asamblea General debería tomar medidas para permitir a esos grupos de población decidir su futuro en completa libertad y en un ambiente de paz y seguridad…”⁹⁰ Con ese fin, la Asamblea General debería autorizar al Secretario General a nombrar una nueva Misión Visitadora para definir las condiciones en que habría de celebrarse la consulta, “que se realizaría bajo los auspicios de las Naciones Unidas.”⁹¹

La unanimidad de la Misión Visitadora instando a la convocatoria de un plebiscito de Naciones Unidas sobre la cuestión de la independencia es tanto más notable por cuanto que el miembro [de la Misión] de Irán y el presidente [de la Misión] de Costa de Marfil estaban ambos sometidos a una considerable presión de sus respectivos gobiernos, para que informasen de unos resultados más favorables a la causa marroquí. Sin embargo, quedaron tan convencidos de las pruebas, que tuvieron que resignarse a complacer a sus respectivos gobiernos con poco más que rebajando el tono, en el proyecto de informe, de algunas de las referencias más críticas con las aspiraciones de Marruecos.

El Dictamen consultivo del Tribunal Internacional

Unos días después de la publicación del Informe de la Misión Visitadora, el Tribunal Internacional emitió su Dictamen.⁹² España había argumentado que las cuestiones planteadas en la petición de dictamen, por parte de la Asamblea general, no deberían ser contestadas en absoluto, ya que, al centrarse exclusivamente en la cuestión de res nullius y título histórico, las respuestas serían “carentes de objeto…irrelevantes”.⁹³ En opinión de Argelia, “no pueden tener ningún efecto práctico”⁹⁴ porque no afrontan “el principio fundamental que rige la descolonización”, la autodeterminación.⁹⁵ El Tribunal atendió esas objeciones afirmando que, en efecto, cualesquiera que fueran las preguntas que le habían sido formuladas, sus respuestas, para ser completas, indudablemente tendrían que tener en cuenta “los principios aplicables de la descolonización”, porque “son una parte esencial del contexto de las preguntas contenidas en la solicitud. No cabe pensar que la referencia en esas preguntas a un período histórico encadenen u obstaculicen al Tribunal en el desempeño de sus funciones judiciales.”⁹⁶

Al negarse a ceñirse estrictamente a las preguntas formuladas, el Tribunal pudo replantear la cuestión esencialmente en la forma anteriormente propuesta por España, esto es, ¿Qué importancia tiene, en el acto final de la descolonización, el título histórico, en comparación con el derecho a la libre determinación? Planteándose a sí mismo esta pregunta diseñada por el propio Tribunal, éste determinó que, al menos durante los últimos cincuenta años, la libre determinación ha sido la norma; que la independencia, la libre asociación con otro Estado, o la integración en otro Estado, si bien todas ellas formas legítimas de descolonización, deben producirse sólo como “resultado de los deseos libremente expresados de los pueblos del territorio actuando con pleno conocimiento del cambio en su situación [status], expresándose sus deseos mediante un proceso informado y democrático, llevado a cabo con imparcialidad y basado en el sufragio universal.”⁹⁷

El Tribunal citaba con aprobación las diversas resoluciones de la Asamblea General que establecen esos prerrequisitos de una consulta popular, así como otras que aplican esas normas específicamente para el propio Sáhara.⁹⁸ “Todas esas resoluciones desde 1966 a 1973”, observó el Tribunal, “fueron adoptadas ante los recordatorios, por parte de Marruecos y Mauritania, de sus respectivas reivindicaciones de que el Sáhara Occidental constituía parte integrante de sus territorios.”⁹⁹ El Tribunal concluía [señalando] que las normas aplicables a la descolonización exigen respeto a “el derecho de la población del Sáhara Occidental a determinar su estatus político futuro mediante la expresión libremente ejercida de su propia voluntad. Este derecho no se ve afectado por la presente solicitud de dictamen…”.¹⁰⁰ [Así pues,] el Dictamen del Tribunal sobre el título histórico en modo alguno podía considerarse como una excepción del derecho del pueblo a decidir su destino contemporáneo.¹⁰¹ Mediante una lectura más bien generosa de la solicitud de dictamen, el Tribunal pudo llegar a la conclusión de que no se pretendía tal excepción, [sino] que el interés por la cuestión del título histórico era probablemente sólo para hacer posible que la Asamblea General decidiera “la celebración de consultas entre los Estados interesados, y los procedimientos y garantías necesarias para asegurar una libre y genuina expresión de la voluntad del pueblo”.¹⁰²

Con lo cual, el Tribunal pasó a considerar la cuestión del título histórico. Después de un minucioso examen de las pruebas de las prácticas [usos, costumbres] en los terrenos político, militar, religioso y fiscal en la región antes de la llegada de España, los jueces concluyeron que “la información presentada al Tribunal no apoya la reclamación de Marruecos de haber ejercido soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental.”¹⁰³ Si bien “la información aportada indica la manifestación de alguna autoridad por el Sultán [marroquí] sobre alguna, pero solamente alguna, de las tribus nómadas de la región, las pruebas no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y ese Estado. No evidencian que Marruecos ejerciese actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental.”¹⁰⁴ Las “inferencias que pueden extraerse de la información proporcionada al Tribunal relativa a actos internos de la soberanía marroquí y de la que se refiere a actos internacionales están de acuerdo, por tanto, en no proporcionar indicios de la existencia, en el período pertinente, de cualquier vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el Estado marroquí.”¹⁰⁵

En el caso de la reclamación de Mauritania, la respuesta del Tribunal fue esencialmente la misma. Si bien hay indicios de “la existencia de derechos, incluidos algunos derechos relativos a la tierra, que constituyeron vínculos jurídicos entre la Entidad Mauritana, como lo entiende el Tribunal, y el territorio del Sáhara Occidental…, la conclusión del Tribunal es que los documentos y la información que le han sido presentados no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y… la Entidad Mauritana.”¹⁰⁶

La decisión relativa a la reclamación de Marruecos fue aprobada por 14 votos contra 2; y la relativa a Mauritania, por 15 contra 1.¹⁰⁷ Uno de los votos disidentes con respecto a Marruecos y Mauritania fue emitido por un juez ad hoc, M. Boni, nombrado por Marruecos conforme a las normas del Tribunal. El segundo voto disidente en el caso de la reivindicación marroquí fue el del juez Ruda, quien, lejos de apoyar la reclamación sheriffiana, consideró que el Tribunal debería haber rechazado sin reservas la afirmación de vínculos jurídicos históricos. “Manifestaciones esporádicas de lealtad y autoridad”, manifestó, “incluso si estuvieran probadas, no son suficientes para declarar la existencia de vínculos jurídicos, ya sean éstos de carácter territorial o personal.”¹⁰⁸ El juez Ammoun, de Líbano, Vicepresidente del Tribunal, votó con la mayoría, pero en una opinión separada podía apreciarse su inclinación a favor de Marruecos y Mauritania. En conjunto, sin embargo, los resultados fueron un rechazo nítido y esencialmente unánime tanto de la reivindicación histórica de Marruecos como de la de Mauritania. Y lo que es más importante aún, el Tribunal rechazó enfáticamente la afirmación de que la “retrocesión automática”¹⁰⁹ puede tener prioridad sobre el derecho de los habitantes a la autodeterminación.

El uso de la fuerza para impedir la autodeterminación

La Misión Visitadora había encontrado pruebas sólidas de la preferencia por la independencia en el pueblo del Sáhara y recomendó la celebración de un plebiscito bajo los auspicios de Naciones Unidas. El TIJ había dictaminado que Marruecos y Mauritania no tienen ninguna reclamación válida sobre el Sáhara basada en derechos históricos; pero que, incluso en el supuesto de que lo tuvieren, el Derecho Internacional contemporáneo otorga prioridad al derecho de los saharauis a la autodeterminación. Cuando estos resultados estuvieron claros, el Gobierno de Marruecos llegó a la sorprendente conclusión, digna de la perversa Reina Roja de la obra de Lewis Carroll Alicia a través del espejo (Through the Looking Glass), de que “el Dictamen del Tribunal sólo puede significar una cosa: el así llamado Sáhara Occidental fue parte del territorio marroquí sobre el cual la soberanía era ejercida por los reyes de Marruecos y que la población de este territorio se consideraba a sí misma, y era considerada, marroquí… Hoy, las demandas de Marruecos han sido reconocidos por el órgano de asesoramiento jurídico de las Naciones Unidas.”¹¹⁰

Al día siguiente de que el TIJ hiciera público su dictamen, el Gobierno marroquí anunció que habría una marcha masiva de 350.000 “civiles desarmados” desde Marruecos al interior del Sáhara “para obtener el reconocimiento del derecho [de Marruecos] a la unidad nacional y la integridad territorial.”¹¹¹ El representante de España ante Naciones Unidas respondió que esto “amenaza la paz y la seguridad internacional”, e invocó el artículo 35 de la Carta de la ONU para llevar la situación a la atención del Consejo de Seguridad.¹¹² Dos días más tarde, Costa Rica presentó al Consejo de Seguridad un conciso proyecto de resolución exigiendo “que el Gobierno de Marruecos desista inmediatamente de la proyectada marcha sobre el Sáhara Occidental.”¹¹³

Los miembros del Consejo de Seguridad no estaban dispuestos a dar el paso incondicional propuesto por Costa Rica. En lugar de ello, propusieron pedir al Secretario General “emprender consultas inmediatas con las partes concernidas e interesadas” –palabras en código para España, Marruecos y Mauritania (países “concernidos”) y Argelia (país “interesado”)- e “informar al Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible sobre los resultados de sus consultas, con el fin de que el Consejo pueda adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a la situación actual…”¹¹⁴ La resolución evitaba cualquier mención específica al derecho de autodeterminación, si bien “reafirmaba” la Resolución 1514 (XV) “y todas las demás resoluciones relevantes de la Asamblea General sobre ese Territorio.”¹¹⁵ Tampoco ordenaba a Marruecos no llevar a cabo su marcha. En lugar de ello, de forma poco convincente, apelaba “a las partes concernidas e interesadas a ejercer contención y moderación y a posibilitar que la misión del Secretario General se emprendiera en condiciones satisfactorias.”¹¹⁶ Esto representó una victoria de algún tipo para Marruecos, en la medida en que [la resolución] suponía aún más retraso en los preparativos para el referéndum y sustituía la función de Naciones Unidas en preparar y supervisar el acto de la autodeterminación, por un papel de negociador.

El secretario general, Sr. [Kurt] Waldheim, actuando conforme al vago mandato del Consejo de Seguridad, realizó un viaje de tres días, manteniendo conversaciones con el Rey de Marruecos y los jefes de Gobierno de Mauritania, Argelia y España, así como también con los ministros relevantes. A esto le siguió un breve viaje adicional de su representante personal, Mr. André Lewin. De esas negociaciones salió lo que Waldheim consideró como un consenso de que “todas las partes… estarían dispuestas a reconocer a Naciones Unidas como elemento esencial en la búsqueda de una solución aceptable”.¹¹⁷ España, en particular, “estaba dispuesta a cooperar plenamente con las Naciones Unidas, que podrían ser llamadas a desempeñar un papel apropiado, pudiendo incluir la administración temporal del Territorio por Naciones Unidas hasta el momento en que pudieran determinarse los deseos de la población.”¹¹⁸

El 1 de noviembre de 1975, el día después de la publicación del Informe del Secretario General, España volvió a pedir urgentemente la reunión del Consejo de Seguridad.¹¹⁹ La “Marcha Verde”, como vino a conocerse la invasión marroquí, había sido anunciada por Rabat para el 4 de noviembre, y Madrid había declarado ahora que defendería el territorio del Sáhara con la fuerza militar, si fuera necesario.¹²⁰ La resolución aprobada por el Consejo, sin embargo, fue poco más dura que la anterior. Simplemente, reiteraba el llamamiento a “todas las partes concernidas e interesadas a evitar cualquier acción unilateral o de cualquier otro tipo que pudiera elevar aún más la tensión en la zona…” e invitaba al Secretario General a “continuar e intensificar sus consultas.”¹²¹ Varios miembros del Consejo, en particular Costa Rica y Suecia, mostraron su disgusto por el hecho de que la necesidad de un consenso hubiera impedido la redacción de una decisión más concreta dirigida a Marruecos. “Una vez más”, dijo el representante de Costa Rica, Sr. Salazar, “el Consejo de Seguridad… ha eludido llamar a las cosas por su verdadero nombre” y “el no haberlo hecho así puede dar a entender que no pudo llegar a un acuerdo sobre la verdadera causa de la crisis.”¹²² Estados Unidos y Francia, sin embargo, se opusieron con éxito a todos los intentos de exigir a Marruecos que “cesara y desistiera”.

El representante de Argelia dijo concisamente que su país “considera que esta marcha, si llega a cruzar las fronteras del territorio del Sáhara, constituiría una violación de la soberanía de ese territorio; un acto contrario al Derecho Internacional; una iniciativa de tal naturaleza que alteraría el equilibrio de esta región; y, finalmente, una decisión cuyas incalculables consecuencias afectarían directamente la paz en esta región y las relaciones futuras de todos los países limítrofes con el territorio del Sáhara Occidental.”¹²³ Denunció que otros países africanos estaban siendo ganados para la posición marroquí bajo “condiciones” secretas y advirtió de que la conquista del Sáhara por la fuerza “constituiría sin duda uno de los más serios precedentes que jamás hayamos tenido ocasión de ver. Si situamos esa iniciativa en el contexto africano…, estoy convencido”, añadió el Representante [argelino] Sr. Rahal, “de que ni un solo país africano dejará de ver las consecuencias, tanto en lo inmediato como a largo plazo, del éxito de tal solución si se aplica a las diversas fronteras y problemas territoriales que se presentan en el continente africano.”¹²⁴ Y a continuación, manifestó:

“He sido autorizado por mi Gobierno para manifestar aquí, con toda la solemnidad que esta declaración merece, que si el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional no están en condiciones de asumir su responsabilidad, Argelia sí asumirá sus propias responsabilidades…”¹²⁵

Una vez que la Marcha marroquí hubo cruzado la frontera, el Consejo de Seguridad volvió a reunirse otra vez, en la noche del 5 de noviembre. En una inusual sesión a puerta cerrada, Francia y Estados Unidos, de nuevo, impidieron eficazmente que el Consejo ordenase al Rey [de Marruecos] desconvocar la marcha. En lugar de ello, el Presidente del Consejo fue meramente autorizado a dirigir una “petición urgente” al Rey Hassan “para poner fin inmediatamente a la anunciada marcha al Sáhara Occidental.”¹²⁶ Todos y cada uno de los miembros del Consejo, sin embargo, fueron conscientes de que este gesto no sería suficiente para dar marcha atrás, y a la mañana siguiente el Consejo recibió una respuesta negativa del rey Hassan.¹²⁷ No obstante, el Consejo, ese mismo día más tarde, aprobó una ineficaz resolución más que “deploraba” la Marcha y hacía un llamamiento a Marruecos para que se retirase del Territorio y reanudase las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General.¹²⁸

La Marcha, por supuesto, continuó. La pacífica agresión procedió de conformidad con un inmutable guión escrito en otros casos de “Anschluss” [anexión, en alemán]. Y justo antes de que se iniciara [la Marcha] tuvo lugar el obligatorio acto de defección: Khatri Ould Joumaini, el presidente electo de la Yemáa, huyó a Agadir y rindió ritual vasallaje al rey Hassan.¹²⁹

España vende el Sáhara

Entre el 3 y el 6 de noviembre, el representante del Secretario General, Mr. André Lewin, volvió a visitar Marruecos, Mauritania, Argelia y España. En esta ocasión quedó claro que, desde su anterior viaje, se habían producido cambios importantes en las posiciones de las partes, que convertían en obsoleto el plan del Secretario General para una administración provisional de Naciones Unidas. Aunque la Marcha todavía no había empezado, enseguida quedó claro para Lewin que algo había ocurrido que había endurecido la posición de los marroquíes y suavizado la de España. Ahora los marroquíes rechazaban de plano cualquier administración provisional de NN.UU, afirmando que esa idea había sido “superada por los acontecimientos.”¹³⁰ Lewin también halló que, mientras que España todavía fingía estar de acuerdo con la propuesta del Secretario General, “el Presidente del Gobierno español expresó la opinión de que un acuerdo trilateral también podría proporcionar una fórmula apropiada si Naciones Unidas estuviera dispuesta a aceptarla.”¹³¹ Así pues, se había preparado el escenario para el abandono del principio de autodeterminación, con los dirigentes de Marruecos, Mauritania y España amañando cómodamente una solución en Madrid para repartir el botín. Con evidente disgusto, el Secretario General informó de que él continuaría con sus consultas.¹³²

El 9 de noviembre, el rey Hassan pidió a los participantes de la “marcha Verde” que volviesen al punto de partida. El 11 de noviembre empezaron en Madrid las negociaciones tripartitas a nivel de ministros, culminando el 14 de noviembre con un Comunicado conjunto de Marruecos, Mauritania y España que señalaba que las negociaciones se habían llevado a cabo con “un espíritu de suma amistad, comprensión y respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas” y “han conducido a unos resultados satisfactorios conforme al firme deseo de comprensión entre las partes y su objetivo de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.”¹³³

Esos resultados fueron, efectivamente, “satisfactorios” para aquellos que participaron. Aunque comprensiblemente los términos [del acuerdo] permanecen en secreto¹³⁴, la esencia de los mismos ha sido objeto de amplias conjeturas. España estuvo de acuerdo con una fórmula de descolonización que permitía dividir el Sáhara de la manera previamente acordada entre Marruecos y Mauritania.¹³⁵ El referéndum sería enterrado en silencio. España, a cambio, seguiría detentando el 35 por ciento de las acciones de Fos-Bucraa, la planta de fosfatos del Sáhara valorada en 700 millones de dólares.¹³⁶ Además, hubo concesiones, por parte de Marruecos, de derechos de pesca en las aguas saharauis y marroquíes, concesiones de particular importancia para la industria pesquera de las cercanas Islas Canarias, que están pobladas casi en su totalidad por españoles.

España acordó que establecería inmediatamente un régimen provisional en el Sáhara con un Gobernador Adjunto marroquí y otro mauritano; que traspasaría su responsabilidad en la administración del Territorio el 28 de febrero de 1976; y que la Yemáa, “la cual expresará la opinión de la población saharaui, colaborará con esa Administración.”¹³⁷

En este último aspecto, sin embargo, los tres padrinos del acuerdo se equivocaron. En un irónico giro final, la hasta entonces servil Yemáa –ideada primero para ser esencialmente un dócil amigo apolítico de España y reivindicada después por Marruecos como si se hubiera “pasado” a su bando- se negó a seguir jugando papel alguno en el proceso. Ella misma se autodisolvió con el fin de evitar tener que ratificar un rumbo de acontecimientos en los que no había sido consultada.¹³⁸ Para las potencias anexionistas, este gesto importaba poco.

¿Cómo logró Marruecos esta victoria incruenta? Una de las claves parece haber sido la enfermedad terminal, primero, y la muerte, después, del general Franco, que fue el contrapunto en aquellos acontecimientos. Al tiempo que la incapacidad del Caudillo paralizaba a gran parte del Gobierno español, la iniciativa pasó a un pequeño grupo de conservadores en Madrid respaldado por el Ejército y encabezado por el Presidente del Gobierno, Sr. Carlos Arias Navarro. Esos “ultras”, algunos de los cuales se habían convertido a regañadientes a la independencia del Sáhara sólo en el supuesto de que ello ocurriera bajo los auspicios de la pro-española Yemáa y el pro-español PUNS, ahora estaban a favor de una solución marroquí y en contra de un Sáhara independiente dominado por el POLISARIO. Hacia finales de octubre, el Sr. José Solís Ruiz, ministro y secretario general del Movimiento falangista, fue autorizado a entablar negociaciones con los ministros de Asuntos Exteriores marroquí y mauritano. Al tener conocimiento de ello, Argelia envió su propia representación a Madrid con la intención de participar en las negociaciones y conseguir el apoyo de los “no-ultras”, en particular del príncipe Juan Carlos, que en esos mismos momentos asumía los poderes del agonizante Franco, y del ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cortina Mauri. En esos esfuerzos, Argelia tenía cierta capacidad de maniobra, al ser España fuertemente dependiente de aquélla para el abastecimiento de gas natural.

Por un momento, este punto final pareció tener éxito. Las negociaciones tripartitas fueron aplazadas por el Príncipe, que, habiendo devenido Jefe del Estado en funciones voló a El Aaiún y, el 2 de noviembre, se comprometió a dirigir el Ejército español para defender el Territorio. Aún así, sin embargo, el primer ministro marroquí, Ahmed Osman, llegó a Madrid y, tras una reunión con Juan Carlos, se reanudaron las negociaciones con los “ultras” españoles encabezados por Arias [Navarro]. A Juan Carlos, o no le hicieron caso o consiguieron que desistiese de su idea. Después de dos días de negociacione